Por Roberto Briceño Jiménez, Resumen Latinoamericano, 22 octubre 2017
Las elecciones que se están realizando en la República de Honduras tienen diferentes significados y fines porque quienes las dirigen y quienes son dirigidos en este proceso son diferentes y diversos con distintos objetivos e intereses racionales de clases y de fracciones de clases, en consecuencia, diferentes significados motivacionales para razonar su participación o no.
La fracción de clases del bloque en el poder que coyunturalmente dominan lo que ha quedado de Estado de Honduras después del golpe de 2009, las elecciones realizadas en tres actos, tienen el objetivo de afirmar su legitimidad y auto protegerse de las amenazas a su impunidad por los actos criminales cometidos en contra de los derechos humanos, la ciudadanía y las comunidades originaria los bienes comunes expropiados a la nación hondureña.
La fracción de clase dominante desplazada del dominio estatal, en alianza con sectores de clase media, fuerzas sociales de la resistencia popular: campesinos, proletarios, estudiantes, diversidad de género y movimiento étnico e intelectuales orgánicos, tienen la expectativa de liberarse de la élite que con prácticas de mafias criminales se ha posicionado de los espacios estatales para des institucionalizarlo y acotarlos para sus propios fines de acumulación corrupta aboliendo convirtiendo las instituciones de Estado democrático de derecho en Estado con un régimen político autoritario, dictatorial y usurpador de los derechos humanos.
Un alto porcentaje de la población potencialmente en capacidad de ejercer el derecho de sufragio racionaliza en sentido de desconfianza en los liderazgos de las élites políticas y por esa razón se abstienen de participar en la contienda electoral, porque objetivamente la democracia electoral, se limita a una forma procedural que no resuelve los problemas fundamentales mas sentidos por la mayoría excluida y hasta segregada del acceso a los bienes que eran nacionales y que ahora pertenecen a grupos del bloque en el poder que por posición privilegiada de poder los expropia.
Los datos electorales oficiales, que nunca son definitivos y menos confiables en las elecciones anteriores, indican que minorías ciudadanas han elegido gobernantes y sin embargo, se auto-definen legítimos y democráticos, con polares desigualdades sociales, inmensas mayorías segregadas y extrañas en lo que habría de ser su propio estado Nación.
Si las elecciones se realizan en las condiciones de absoluto dominio del actual régimen político, el triunfo para la mafia gobernante estaría legitimado en dos objetivos y significados:
El primero es la afirmación de sus políticas autoritarias y corruptas e impunes.
El segundo es que implícitamente se legitimaria el cambio constitucional en lo referente a la forma de gobierno y haría necesaria la legalización por reforma constitucional.
Los recientes antecedentes de políticas del bloque en el poder, en razón de los intereses de la fracción de la burguesía vinculada a los intereses del capital corporativo transnacional, de hecho, han modificado el derecho constitucional referente a las posesiones territoriales y lo han hecho impunemente sin todavía ser juzgados por delitos de traición a la Patria porque sucesivamente han estado bajo el escudo de formalidades democráticas que son realmente acuerdos legítimos de impunidad.
En esta coyuntura, la alianza de fuerzas de oposición al régimen está frente al desafío de convertirse en un bloque histórico si logra desplazar la mafia criminal que bajo la forma de democracia electoral o procedimental fraudulenta escuda su régimen autoritario y corrupto con impunidad.
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