Resumen Latinoamericano / 24 de enero de 2018 / Sputnik
Honduras continúa viviendo una situación de alta tensión y polarización política tras los polémicos comicios de noviembre, calificados de fraudulentos por la oposición contra la dictadura, cuando apenas quedan unos días para que el actual presidente Juan Orlando Hernández asuma un nuevo Gobierno, dijo a Sputnik la abogada Marcia Aguiluz.
“Estamos observando una situación de mucha conflictividad y polarización, sin un mecanismo de escape que permita resolver las tensiones y los reclamos de la oposición y de la gente que se siente indignada por los resultados de las elecciones”, que dieron como ganador al actual presidente, explicó la directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Hernández hizo un llamado al diálogo entre todos los sectores con el objetivo de aliviar tensiones, continuó Aguiluz, “sectores que no están ahí sentados consideran que el diálogo deber tener algunas condiciones, de manera que se debe discutir el fraude electoral, y el Gobierno no está aceptando eso”.
Tras los polémicos comicios de noviembre, en los que la Alianza de Oposición encabezada por Salvador Nasralla denunció fraude, el Tribunal Supremo Electoral proclamó el 17 de diciembre ganador a Hernández.
Las protestas por los resultados electorales no han cesado desde entonces, y bajo ese escenario, el sábado asumiría el nuevo Gobierno.
Las manifestaciones han sido reprimidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de que organismos internacionales hicieron un llamado a que se protegiera el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a que no se utilizaran armas letales, añadió la especialista.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras instaron en diciembre al Estado a cumplir con sus obligaciones respecto del “pleno ejercicio de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, y los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”, según consta en un comunicado de la CIDH.
En ese sentido, Aguiluz asegura que desde la celebración de los comicios ha habido “una estrategia de mucho más autoritarismo y violencia por parte del Gobierno” hondureño.
“Las fuerzas militares y las de seguridad están utilizando balas vivas para reprimir las manifestaciones y esto es muy riesgoso”, aclaró a esta agencia.
OEA defrauda
Lamentablemente, añadió, tampoco la Organización de los Estados Americano (OEA) estuvo a la altura de las circunstancias, pues “no fue capaz de intervenir”.
“La OEA no ha logrado tener un rol determinante; hay un informe que indica que efectivamente hubo irregularidades que no permiten certificar la veracidad de los resultados electorales, pero la OEA no hace nada al respecto y eso es un mal precedente para el continente”, sostuvo.
La abogada se refiere a los dos informes preliminares de la misión electoral de la OEA que observó los comicios hondureños, que daba cuenta de múltiples irregularidades, y de hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recomendó que se repitieran las elecciones.
Además, Almagro mostró el lunes en un comunicado su disposición a trabajar con las autoridades hondureñas electas, ante lo cual Aguiluz se preguntó: “¿Qué pasó entonces con lo que reclamaba la misión (de observación electoral de la OEA)?”.
La defensora de los derechos humanos también criticó el papel de la comunidad internacional por haber mantenido silencio ante el fraude electoral denunciado por la oposición y la crisis poselectoral.
“La comunidad internacional ha estado bastante silenciosa y quienes han hablado lo han hecho en función de evadir esa realidad que se denuncia; hay temor, frustración, rabia e impotencia, no solo por la represión a manifestantes, sino a personas que son líderes (sociales) que están siendo detenidos”, concluyó.
El CEJIL es una organización que defiende a personas cuyos derechos han sido vulnerados y denuncia los casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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