Las denuncias de la corrupción pública cometida durante el gobierno de Rafael Correa y los aislados eventos de sanción que ha habido hasta ahora se han convertido en el detonante del ejercicio del poder de Lenín Moreno. Más allá de sus efectos en la coyuntura, se requiere examinar su importancia en la definición de la política ecuatoriana que se encuentra contextualizada en una situación der corrupción generalizada en la región.
Para comprender y explicar este fenómeno de corrupción pública se requiere hacer una disección de la política. Vale decir, examinar su carácter y desentrañar su modelo y principales componentes sistémicos. En tal sentido, es necesario identificar los elementos que han estructurado el poder en relación con la acumulación en esta década, la misma que ha requerido para su realización de una determinada forma de estado y régimen político.
Al desentrañar el modelo político de esta forma de gobernar, aparecen de cuerpo entero las grandes empresas transnacionales y sus relaciones de alto nivel gubernamental, que actuaron en el campo del extractivismo y la re-primarización de las economías locales. Sus tentáculos y formas corruptoras se evidenciaron especialmente en la explotación petrolera y minera, y se extendieron a las millonarias obras de construcción de presas, represas, plantas hidroeléctricas, acueductos, poliductos, proyectos de vialidad así como proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos.
Dicha comprensión requiere, por otro lado, examinar el proceso coyuntural del gobierno de Lenín Moreno en su definición y posición democrática y anti-corrupción, teniendo en cuenta el contexto internacional que se ha visto matizado por la disputa hegemónica mundial, con la presencia de China en la región, dando lugar a un momento y ciertos cambios en el carácter de la dependencia de los países latinoamericanos [1] .
I. Coyuntura y conflicto
En forma sintética, tres resultados o temas principales arroja la coyuntura del gobierno de Moreno hasta enero de 2018: la convocatoria a consulta popular y referéndum, como recurso institucional y democrático para modificar puntualmente algunos aspectos del régimen político implementado por el anterior mandatario; luego, el enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glas acusado de asociación ilícita, que pone de manifiesto una relativa disposición e independencia de los órganos de Justicia; y finalmente, la elección de la vicepresidenta Vicuña para reemplazar a Jorge Glas.
Estos resultados muestran aspectos decisivos de la configuración política actual del Ecuador, donde se revelan aspectos relativos a un proceso de recomposición de la legitimidad gubernamental, un estado de la correlación de fuerzas que ha enfrentado a un facción reducida del movimiento oficialista Alianza País, dejándoles sin legalidad y sin posibilidad de actuación política relevante, y además, una suerte de coincidencias y apoyos de sectores políticos de derecha y de los movimientos sociales, donde se destacan las organizaciones sindicales e indígenas. No cabe duda que el apoyo al SI en la consulta y referéndum a realizarse el 4 de febrero de 2018 muestra la capacidad y fuerza del presidente Moreno para dirimir posición y definir políticas públicas en el futuro inmediato del presente año. Una doble presión y disputa -así mismo- se ha dado durante este primer periodo de Moreno, referidas a la división de Alianza País y la presión empresarial y de la derecha política, para incidir en la toma de medidas económicas neoliberales.
Visto en conjunto, se puede afirmar que estos resultados muestran un proceso de transición gubernamental que deja previsto lo más importante de la transición del régimen político, mismo que por la naturaleza de su estructura ha engendrado y facilitado la corrupción pública, todavía no lo suficientemente investigada y peor sancionada. En tanto proceso de transición gubernamental se han puesto en juego estilos de gobernar, límites y posibilidades para superar la etapa correísta en este nuevo periodo, colocando entonces como dilema determinante del desenlace político la continuidad o la ruptura, a sabiendas que la categoría transición muestra en el proceso tanto aquellos aspectos que se mantienen y aun no mueren, como aquellos que surgen como novedad. Este es al parecer el sentido principal de la coyuntura. [2]
Uno de los aspectos principales que evidenció la coyuntura es la maduración de las condiciones y los cambios en la correlación de fuerzas institucionales, partidarias, de la sociedad civil, ideológicas, etc. En este sentido, poco esperó la coyuntura para poner de manifiesto la correlación de fuerzas expresada en el conflicto y la contradicción de la escena, principalmente entre los dos sectores de Alianza País, el uno liderado por Rafael Correa y el otro, representado por el actual Presidente Lenín Moreno. Antecede a esta significativa tensión la situación que se originó en julio de 2016, en torno a la decisión asumida al interior del movimiento correísta, para definir las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República .Efectivamente, el binomio Moreno - Glas se concretó y terció en las elecciones presidenciales de 2017, habiendo obtenido el triunfo en segunda vuelta.
¿De qué calibre es este conflicto? ¿Es tan solo un “tongo” entre aliados que circunstancialmente se distancian? ¿Representa un reacomodo de fuerzas dominantes, como han sostenido algunos analistas? ¿O como dicen otros, es tan solo una “pelea entre mafias” de Alianza País? ¿O es la coartada para impulsar una línea política de derecha neoliberal que está al acecho? Finalmente ¿es un conflicto que revela una tensión estructural del poder y dominio político?
En medio de estos cuestionamientos que han marcado la situación coyuntural conflictiva caben también otro tipo de preguntas: ¿Se han abierto ciertos resquicios democráticos que pueden permitir que se modifiquen situaciones anteriores y se generen procesos democráticos que fortalezcan la organización social y el desarrollo ideológico-cultural de los sectores subalternos?
Entre otros aspectos, en la coyuntura se ha expresado también de cuerpo entero el fenómeno de la corrupción tantas veces denunciado en los 10 años anteriores, como uno de los saldos y manifestaciones más representativas del tipo de ejercicio del poder en la etapa correísta. Fenómeno que ha sido uno de los ingredientes que ha gestado la expresión tanto de contradicciones y conflictos al interior del partido gobernante, como de tensión entre algunas tendencias de la oposición política y el movimiento social, respecto a Alianza País.
Se observa -por otro lado- que en este momento se ha encarnado un renovado tipo de legitimidad gubernamental, que ha conducido a limitar la palabra y participación de la derecha representada por el excandidato presidencial, Guillermo Lasso. Actor de primera línea en la escena hasta el 2 de abril de 2017 (ballotage) y relativamente ausente en los avatares presentes. Al mismo tiempo, el Presidente Moreno ha generado acuerdos estratégicos con otro sector de la derecha situada en Guayaquil y representada por el alcalde Jaime Nebot.
Así mismo, Lenín Moreno ha logrado morigerar diferencias con las organizaciones sociales y sindicales, principalmente la CONAIE, al mismo tiempo que ha generado a su favor una adhesión mayoritaria en Alianza País, donde se debate, según aparece en escena, el dilema “continuidad” o “ruptura”, entre el correato y el morenismo. Precisamente aquí radicaría el nudo gordiano de la coyuntura y la posibilidad de su desenlace. Por eso cabe plantearse la cuestión ¿será posible sostener un equilibrio entre esas fuerzas y dar lugar a una conducción de tipo “bonapartista” que le permita a Lenín Moreno representar en hábil juego de fintas el uno y el otro aspecto del dilema sin que se llegue a la plena y total ruptura?
Así mismo, Moreno obtuvo importantes coincidencias y apoyos sociales e institucionales, como es el caso d el espaldarazo de Fuerzas Armadas, por parte del Jefe del Comando Conjunto, cuando proclamó el respeto militar a la libertad y el respaldo a la lucha contra la corrupción. El Presidente de la Republica también ha garantizado -¡sin meter las manos en la justicia!- el respeto a la autonomía institucional, en las decisiones de la Fiscalía General del Estado, para que se investigue y sancione a determinados ex funcionarios vinculados a diversos casos de corrupción.
Ensayando una síntesis de tan intrincada coyuntura, digamos que luego de las elecciones del 2 de abril de 2017, en los primeros meses de gobierno del nuevo mandatario se ha configurado una expresión democrática y en consecuencia, se ha generado un proceso de ruptura que marca la diferencia con las formas autoritarias de ejercicio del poder, de las que hizo uso y abuso el ex presidente Rafael Correa, como expresión populista y bonapartista [3] del ejercicio del poder, ejercicio que se combinó y articuló -como causa y efecto- con la corrupción pública al más alto nivel y en magnitud inimaginable.
En estas circunstancias coyunturales, la convocatoria a consulta popular para el 4 de febrero por el Presidente de la República constituye en lo inmediato la “madre de todas las batallas”, y abre un nuevo momento político. Podría constituirse , e n efecto, en la espada que corte el Nudo Gordiano, de continuidad y/o ruptura. Un nuevo momento de conflicto político y de resolución de contradicciones. Su comprensión debe partir –usando el lenguaje médico-de una tomografía, que examine la situación estructural y permita percibir la situación coyuntural más allá de la radiografía que deja ver tan solo sus formas aparenciales.
Efectivamente, Lenín Moreno convocó a consulta popular y referéndum , planteando siete preguntas a la ciudadanía , mismas que acogieron en parte, tímida e inconsistentemente algunas de las propuestas de los sectores sociales, sindicales, movimiento indígena y ciudadanos agrupados en colectivos cívicos . En este punto, la Comisión Anticorrupción sugirió algunas propuestas y conjuntamente con el colectivo de organizaciones sociales, sus mandantes, participó en movilizaciones realizadas en todo el Ecuador, coincidiendo con la necesidad de la consulta.
Dos son los énfasis políticos principales puestos en el listado de preguntas propuestas por el Presidente de la República para la consulta . De un lado, la no reelección inmediata y la cesación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que serán reemplazados por un Consejo provisional ad hoc elegido por la Asamblea Nacional de las ternas enviadas por el Presidente de la República, con el mandato de evaluar y/o reemplazar a las autoridades designadas en el periodo anterior. De otro lado, se pone énfasis en la pregunta sobre la reelección inmediata, con lo cual se pretende dar una definitiva estocada a la posibilidad del retorno de Rafael Correa a la Presidencia de la República, y modificar uno de los mecanismos y dispositivos del régimen político anterior, abriendo el camino para decidir sobre las autoridades de control monopolizadas y manipuladas por la gestión presidencialista del anterior mandatario.
Adicionalmente, en el listado de preguntas se coloca dos de carácter ambiental-ecológico. Aquella referida a modificar la explotación al Yasuní, y la otra relacionada con la restricción a la explotación a la minería en gran escala. Ambas preguntas han recibido cuestionamientos y se ha planteado ante la Corte Constitucional un recurso de esclarecimiento, Amicus Curiae (Amigos de la Corte). En todo caso, lo importante es que en la consulta se destaque este importante asunto ambiental-ecológico que ha permitido formular demandas por parte del movimiento indígena especialmente el movimiento Ecuarunari.
Junto con este llamado a consulta y referéndum, en octubre del año pasado, Lenín Moreno lanzó su Plan de Reactivación Económica, del cual se requiere destacar dos medidas centrales: el aumento de 22% al 25% del impuesto a la renta a las grandes empresas, que Correa lo había disminuido en el 3%. Por otro lado, e l apoyo y promoción a la pequeña y mediana empresa, así como la restricción a la importación de productos de consumo suntuario. En conjunto, estas medidas aquí destacadas intentan equilibrar, en parte, ciertos desequilibrios del ingreso fiscal a fin de salvar la grave situación de déficit que soporta la economía, producto de la disminución de los precios internacionales del petróleo y del aumento del endeudamiento externo generado por el gobierno anterior.
El mencionado Plan de Reactivación Económica fue modificado por la Asamblea Nacional y luego de un tira y afloja con asambleístas y sectores empresariales, se lo aprobó incluyendo en el mismo -entre otras disposiciones de relevancia- la potestad de los bancos privados de manejar el dinero electrónico. Plan Económico definido por algunos sectores como “una propuesta sin rumbo”, que deja intocado aspectos importantes de política económica creados e implementados por Rafael Correa, asuntos en disputa que deberán volver a debate luego de la consulta del 4 febrero, cuando retorne a la escena la presión social y los requerimientos neoliberales. En efecto, en los últimos días se han expresado diversos foros económicos de distinto signo, donde se destacan posiciones neoliberales ortodoxas y posiciones heterodoxas que en un dialogo fecundo podrían influir en la definición de la política económica del gobierno considerando plazos menos coyunturales.
En todo caso, junto con el llamado a consulta popular y referéndum, se ha afianzado una línea democrática gubernamental coincidente con algunas demandas sociales y ciudadanas expresadas durante el largo periodo correísta, como es el caso de la derogatoria del Decreto 16 que restringía la organización de la sociedad civil. Sin embargo de aquello, han sido postergadas importantes demandas sociales y democráticas que el gobierno de Moreno ha prometido incluir en próximas medidas e inclusive en nuevas consultas. Lo cierto es que en principio la convocatoria al 4 de febrero ha debilitado y desequilibrado a la reacción correísta, al mismo tiempo que ha neutralizado a los sectores de derecha. Adicionalmente, ha consolidado el apoyo manifiesto y público de importantes sectores sociales, sindicales, indígenas, así como de organizaciones ciudadanas, que durante los años anteriores estuvieron opuestos a Rafael Correa.
En la línea de modificación de la correlación de fuerzas, Lenín Moreno ingresó en una franca ofensiva de disputa de la mayoría del bloque legislativo de Alianza País, al que demandó su apoyo, logrando cooptar a su favor una mayoría significativa del mismo. Así también, se ha lanzado a disputar la dirección y el control de bastiones partidarios de base y la cúpula de Alianza País, logrando indudables éxitos en esta tarea. Moreno ha puesto de manifiesto su disposición a modificar la correlación de fuerzas en este ámbito donde -en principio- parecía imposible ganar una batalla dada la fortaleza de la presencia del liderazgo caudillista de Rafael Correa, quien, por el contrario, ha demostrado tremenda debilidad y decadencia en las últimas semanas.
Este conjunto de aspectos de la coyuntura han llevado a que la reacción correísta cuestione al menos dos de las siete preguntas formuladas para la consulta: aquella de la reelección inmediata y la de la cesación de funcionarios del cuestionado Consejo de Participación Ciudadana. Más aún, en el trayecto del enfrentamiento con Lenín Moreno, el correísmo ha tocado fondo pronunciándose por la total oposición a las siete preguntas con el argumento leguleyo de que en el proceso de aprobación de la consulta no se cumplieron con todos los requisitos constitucionales . Llamando a votar por el No . Pronunciamiento que en el fondo evidencia la profundidad de la disputa del bloque de Alianza País en la Asamblea , del control del partido y su organización. En esta arena también es posible observar el cambio en la correlación de fuerzas. Ciertamente hay división en las filas oficialistas, y todo puede terminar con que en el tránsito de la coyuntura, Lenín Moreno termine recuperando no solo la dirección nacional del partido y sus bastiones provinciales , sino la mayoría de asambleísta, que bordea 44 de los 74 integrantes de Alianza País.
Modelo político y corrupción
Más allá de los avatares y conflictos sistematizados expresados en la “radiografía” tomada a la coyuntura, se requiere observar y calibrar la correlación de fuerzas, clave de la política, la misma que nos coloca frente a los límites y posibilidades de una efectiva línea gubernamental anticorrupción, democrática y con cierto sesgo a favor de lo social. Esto nos recuerda “l os dilemas e incertidumbres ” [4] que fueron observados cuando Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República el 24 de mayo pasado. Inquietud que, por otro lado, nos coloca ante la necesidad de ahondar el análisis y la comprensión de la situación estructural de la política , vale decir transitar de la “radiografía” a la “tomografía” del fenómeno político .
En los diez años de gobierno, Rafael Correa estructuró un modelo político que tal como se ha mostrado públicamente, incentivó y facilitó la corrupción pública, en medio de las posiciones antidemocráticas reiteradas . En esta perspectiva analítica surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son entonces las determinaciones estructurales que han llevado a estos conflictos y límites de coyuntura y, sobre todo, a engendrar situaciones propicias al cometimiento de actos de corrupción generalizada?
Se vuelve necesario identificar ahora los intereses y conflictos abiertos o soterrados que se dieron en el gobierno correísta entre grupos económicos y fracciones sociales, que a lo largo de este proceso han demandado y usufructuado repartos de poder en el aparato del estado en beneficio de sus negocios e intereses privados, y que podrían configurar relaciones mafiosas que actúan y disputan en la coyuntura relaciones institucionales de poder e impunidad.
Metodológica mente , cabe en primer lugar referirse a la relación mantenida por parte de determinadas fuerzas dominantes con el gobierno de Rafael Correa, y que se expresó en los procesos de acumulación en el contexto de la modernización capitalista implementada en la etapa correísta. Durante esta fase se pusieron de manifiesto importantes privilegios y vinculaciones con grupos económicos como Eljuri de Cuenca, o el grupo Novis, de la empresaria guayaquileña Isabel Noboa Pontón, como también relaciones con nuevos sectores económicos, algunos de los cuales se formaron a raíz de la crisis del año 2000, en circunstancias del crak de los bancos, o la dolarización de la economía, asentados principalmente en Guayaquil, y fortalecidos gracias a su apalancamiento en el aparato de Estado durante el gobierno de Rafael Correa. En esta línea de interpretación cabe identificar la existencia de un grupo liderado por el hermano del expresidente Correa, altamente dependiente de los contratos con el gobierno. [5] Algunos de los sectores beneficiados en los procesos de acumulación en el contexto de la modernización capitalista implementada en la etapa correísta se han encontrado vinculado s especialmente en proyectos extractivistas y de construcción de infraestructura con la importante y significativa inversión de la Republica China.
En dicha configuración y articulación se observa la presencia de personajes relevantes del gobierno de Rafael Correa, como el cuestionado vicepresidente destituido Jorge Glas, o los hermanos Alvarado Espinel, o el asesor jurídico presidencial Alexis Mera, entre otros tantos. Personajes y nuevos grupos que han usado el aparato de estado y sus recursos para generar –como dice Harvey– una “acumulación por desposesión” [6] , que no solo se ha manifestado en la actividad extractivista, en los sectores minero e hidrocarburífero referidos, sino –en este contexto– se ha expresado a través de actos de corrupción vinculados, que en un cálculo aún estimado, llegarían a un monto de prejuicio al Estado de 40 mil a 60 mil millones de dólares, en los últimos diez años. [7] En este mismo proceso de estructuración de intereses emergentes se observa la relación de grupos y capitales que han surgido de la corrupción y que se insertan en la dinámica del capital financiero internacional, tal es el caso de los paraísos fiscales a escala planetaria que han sido mencionados al indagarse los nexos y las redes de corrupción .
“Los paraísos fiscales se encuentran orgánicamente articulados – dice Pablo Iturralde – al sistema financiero internacional, son consustanciales a la globalización financiera y, como es bien sabido, permiten la acumulación secreta de riqueza proveniente de delitos. Esta trama financiera es empleada por los grupos económicos para dirigir su proceso de ampliación y concentración económica, al tiempo que incrementan su poder sobre las estructuras políticas del Estado.” (…) “Un análisis rápido sobre la posición económica del grupo Eljuri, nos muestra que estos actos de corrupción dependen de un sistema de normas, instituciones y poderes que sirven principalmente para garantizar la concentración económica, utilizando mecanismos que normalmente no son ilegales, pero debido a la desigualdad social que crean, se puede acordar que son mecanismos injustos e ilegítimos.” [8]
Cabe así mismo poner de manifiesto el vínculo de sectores y fracciones dominantes con los intereses y necesidades del capital financiero internacional, en disputa con la significativa inversión financiera China; dando lugar a la estructuración del bloque en el poder y su hegemonía . Contexto en el que resultaron subordinados ciertos sectores económicos de la tradicional oligarquía guayaquileña y grupos serranos, especialmente quiteños, vinculados a la actividad industrial, comercial y financiera, y que hoy se manifiestan como tensión entre grupos económicos asentados más que todo Quito y Guayaquil.
En esta perspectiva de estructuración del bloque de poder durante el decenio del gobierno de Rafael Correa, los procesos políticos y electorales que se sucedieron en el periodo, así como los conflictos de coyuntura expresaron en la escena las diferencias y contradicciones entre los mencionados grupos, sectores y fracciones. Forcejeo que, por otra parte, se ha manifestado en la coyuntura política descrita en el apartado anterior, y que ha aflorado a su modo durante los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno, poniendo a la corrupción pública como el elemento central y detonante de los conflictos en escena. Esto nos conduce a formular la siguiente conjetura: existe en lo inmediato una “in correspondencia” entre la dinámica de acumulación o reproducción económica, y su expresión en el ámbito político -estratagemas y cambios de personajes de la escena- mostrando así la significación y singularidad de lo político en los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno. Al respecto, se requiere observar el matiz y la tensión regional en el conflicto de estructuración y afianzamiento del bloque de poder . Las diferencias y oposiciones por otro lado, en la escena tienen como contexto disputas en la configuración del bloque dominante, entre intereses de grupos ligados a la República Popular China, y los vinculados con los tradicionales capitales financieros-transnacionales de origen norteamericano o europeo. Aspectos que determinan un cambio y tensión en la estructuración del bloque dominante, y que eventualmente tendería a expresarse como ofensiva del neoliberalismo, principalmente de ciertos sectores articulados a uno de estos intereses.
En segundo lugar, desde otro ángulo de enfoque, en la fase correísta y condicionado por las necesidades de acumulación y reproducción de la economía principalmente extractivista, se configuró una forma de estado intervencionista que ha suplantado a la sociedad y ha reducido al mínimo la incidencia de los actores sociales en las determinaciones del estado y su aparato. En este sentido, se debe reconocer que en los diez años pasados se recuperó la acción e intervención del estado frente a las ejecutorias neoliberales que en la etapa anterior a Correa buscaron desmantelar su participación e injerencia con el propósito de reducirlo a la condición de apéndice directo e inmediato de los intereses privados hegemónicos. Forma de estado que en el periodo anterior al correísmo limitó la participación social y ciudadana independiente, y la institucionalizó en un aparato del estado denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según la Constitución de Montecristi tiene la facultad de seleccionar y designar a los más altos funcionarios del Estado, v.gr. el Contralor General, el Fiscal General, los Jueces de la Corte Constitucional de Justicia, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre otros. Todo esto se ha manifestado coherente en el contexto de la concentración de poderes o régimen híper-presidencialista de la década correísta, para imponer de modo arbitrario funcionarios públicos claves que han coadyuvado y protegido situaciones y hechos de injuricidad, corrupción e impunidad, como se ha demostrado en los últimos años, y se ha evidenciado de modo dramático en la coyuntura de los últimos meses.
Estatismo que ha determinado formas de comportamiento gubernamental que en el ejercicio del poder ha puesto el énfasis en la coacción antes que en el consenso, en las políticas regresivas antes que progresivas, o como lo dice Zibechi al analizar la situación ecuatoriana:
“… Un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un ‘Estado capilar’ complemento del ‘Estado fuerte’. (…) Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. (…) Mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador o progresista partidario del Socialismo del Siglo XXI”. [9]
En tercer lugar, en esta perspectiva de reforzamiento del Estado, se ha configurado una forma de régimen democrático representativo, un modelo político que ha puesto el acento en el carácter presidencial-reforzado –conocido como híper presidencialismo– , que ha ejercido el poder de forma verticalista y autoritaria por diez años. Régimen político que se ha constituido a través de dispositivos caudillistas y populistas, causa y efecto de la forma presidencialista y verticalista del ejercicio del gobierno anterior, lo que me llevó a comprender el fenómeno como un tipo de “bonapartismo/cesarismo”, es decir, como una forma de ejercicio del poder que arbitra, equilibra e impone las decisiones del estado, gracias a la concentración de funciones y la arbitrariedad, para lo cual es indispensable una intervención estatal fuerte en correspondencia con los intereses y necesidades de estructuración de la nueva hegemonía y del bloque dominante. [10]
Además “… la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales, da paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como ‘enemigo público’ a todo aquel que se le enfrente o disienta”. [11]
En esta línea de interpretación, en el gobierno de Rafael Correa se expresó la concepción de Carl Schmitt sobre la política, quien la concibe como enfrentamiento entre “amigos-enemigos”. [12]Un régimen de corte bonapartista, que pone por delante la representación personal o el carisma del liderazgo, y lo combina con una fuerte presencia y dirección vertical de corte populista. En este sentido, en los diez años pasados se ha construido un régimen político centrando la actividad gubernamental en torno a la simpatía y/o antipatía a la figura carismática y su política.
En cuarto lugar, otro de los aspectos estructurales más importantes de la implementación del régimen correísta ha sido la constitución de un “sistema” de partidos disperso y débil, que creó las condiciones propicias para la constitución de un partido de gobierno predominante: Alianza País, que en el curso del gobierno de Rafael Correa ensayó convertirse en partido único, ligado al aparato del Estado, y a su alrededor unos cuantos “partidos” satélites débiles y funcionales a dicho sistema. En todo caso , Alianza País fue el partido predominante que en consecuencia articuló relaciones sociales y cooptó organizaciones populares, vinculando procesos que derivan a favor de situaciones de corrupción flagrantes. Importante estructuración que construyó un aparato partidario centrado y al servicio del líder carismático, y una conducta incondicional de sus dirigentes de cúpula. Una suerte de réplica de los partidos populistas-caudillistas tan conocidos en la historia de América Latina. Agrupación que, paradójicamente, ha engendra do a la postre debilidad sustancial en tanto partido moderno, pero que en las sucesivas coyunturas en esos diez años se comportó como una fortaleza orgánica, funcional al momento de conducir a las “masas” detrás del caudillo, de implementar mecanismos clientelares, de copar las instancias del aparato del Estado, de representar políticamente a amplios sectores de la población, de resguardar y proteger actos de corrupción.
Carácter del Estado y régimen, entonces, que ha desarticulado organizativa, ideológica y simbólicamente la voluntad social y colectiva a escala nacional, como contrapartida en el proceso de consolidación de la hegemonía para modernizar el capitalismo ecuatoriano “desde arriba”, implementando un patrón de reproducción o acumulación extractivista de los recursos naturales, y la re-primarización de la economía, en el marco de una renovada forma de dependencia a las necesidades de penetración y articulación del capital financiero mundial, modificado como consecuencia de la crisis de 2008.
En este documento se ha podido exponer una breve descripción de algunos de los elementos estructurales del modelo político correísta, el estatismo, el régimen político verticalista y autoritario, el sistema de partido predominante (y excluyente) combinado con la débil estructuración partidaria en general. Modelo, en consecuencia, que ha tejido una urdimbre de factores jurídicos , los mismos que han creado las condiciones de posibilidad para extender, multiplicar y profundizar la corrupción, en el marco de políticas antidemocráticas que se implantaron a lo largo de los 10 años precedentes. Todo esto, al mismo tiempo que se afianzó el régimen a través de una arquitectura jurídica creada ad-hoc, vía la consulta se “metió la mano a la justicia” en el 2011, las llamadas “enmiendas constitucionales” en el 2015, y otras reformas ex profeso, así como actuaciones arbitrarias y autoritarias contrarias a la Constitución de Montecristi.
III. Conducta política y perspectiva futura
Concluida la etapa de despegue del gobierno de Lenín Moreno y considerando las condiciones existentes y descritas en los párrafos anteriores; evidenciadas las contradicciones que dan cuenta de las condiciones de estructuración del bloque dominante, los conflictos y retos, las incertidumbres y dilemas; se ha abierto un periodo de impulso de ciertas reformas democráticas y sociales que influir á n en el cambio del modelo estatista y antidemocrático afincado principalmente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ámbito que será reformado a través de una de las preguntas de la consulta popular del 4 de febrero.
Teniendo presente el límite de este mecanismo democrático, se requiere tomar conciencia de la necesidad de avanzar, haciendo madurar las condiciones que conduzcan al conjunto de la sociedad hacia una Asamblea Constituyente o Constitucional, espacio legítimo para debatir y aprobar una nueva Carta Política, salvaguardando principios y derechos fundamentales, especialmente el Estado Plurinacional, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, entre otros, consignados en la Carta de Montecristi, corrigiendo sobretodo el híper-presidencialismo que fue sutilmente montado en tal ocasión con el propósito ex profeso de facilitar el ejercicio del poder de Rafael Correa y la consecución del “modelo” de acumulación capitalista tantas veces analizado. En esta perspectiva, también se requiere reformar la Ley de Comunicación, el Código Penal e innúmeros decretos ejecutivos dictados al arbitrio de Rafael Correa, que deben ser derogados.
Frente a esta situación coyuntural que perfila el carácter y principales tensiones del gobierno de Moreno, se propone los siguientes temas para la reflexión y decision política:
· La conducta política de los movimientos sociales, trabajadores e indígenas, y la izquierda junto a ellos, debe partir de la definición del carácter del gobierno de Lenín Moreno -cuestión que ha quedado descrita al analizar la coyuntura- alrededor de la constatación objetiva de un gobierno que ha recuperado algunos aspectos de la democracia representativa. Que se ha alejado -en principio- de los intentos de imposición de corte neoliberal, al costo de aparecer como un gobierno con “política sin rumbo” según el criterio de algunos grupos. Que ha tomado tímidamente partido por medidas ambientales ecológicas, abriendo el camino para profundizarlas, así como también algunas medidas sociales y democráticas postergadas.
· Se requiere definir el campo de coincidencias con el gobierno de Lenín Moreno, no de subordinación, el mismo que se exprese el 4 de febrero como un SI CRITICO a las preguntas de la consulta. Comportamiento que busque recuperar y fortalecer la independencia de las organizaciones sociales, de tal manera que se pueda configurar un programa económico y social democrático que debe concretarse y madurar mediante la movilización y resistencia.
Cabe señalar que en el campo de los sectores sociales y ciertos grupos de izquierda se observa un modo de comprensión dualista-maniqueo de la relación entre coincidencia e independencia, lo que ha llevado a desconocer las condiciones de la actuación política y a promover un estéril voluntarismo. Interrelacionar dialécticamente estos dos aspectos del quehacer político constituye una clave de la conducta y recuperación social y política de las izquierdas, en un momento de grave reflujo del movimiento social, claro está, sin caer en la subordinación en nombre de la coincidencia, y privilegiando la independencia social y política de la izquierda. Dicha posición entonces -según ciertos analistas- ubica la conducta política entre “ … ponerse a la cola del régimen o sentar las bases de reconstitución autónoma de los de abajo” [13] . Dualismo-maniqueo que paraliza, simplifica e impide actuar efectivamente en una perspectiva autónoma y estratégica contra-hegemónica.
· Comprender entonces que la actuación en la coyuntura demanda de coincidencias, alianzas y acuerdos, que deben partir privilegiando la movilización y resistencia de los sectores sociales. Participación coyuntural que debería orientarse a la creación de condiciones políticas institucionales para transitar en la organización y desarrollo desde abajo. En esta perspectiva, la izquierda y los movimientos sociales deben identificar los puntos en los que se puede acordar y coincidir con otros actores, en el contexto del gobierno de Lenín Moreno.
· La táctica de unidad social y política de la izquierda y el movimiento social, como de acuerdos con sectores democráticos, para exigir reivindicaciones sociales, reformas institucionales y mayor apertura democrática al gobierno de Lenín Moreno, se diferencia de las estrategias y medidas económicas que busca la restauración conservadora, so pretexto de su oposición a Rafael Correa y al remanente del correísmo, reclamados por sectores de la derecha tradicional, es decir, por las fuerzas retrógradas que presionan y aspiran a volver a dirigir el Ecuador.
· Singular característica de la realidad ecuatoriana que tiene en esta política de coincidencias, alianzas y acuerdos la clave para el efectivo cambio y el desmontaje -aunque fuere parcial- del correísmo, y en esa medida, poner fin a esta etapa histórica que hemos vivido desde el 2006. Política que incluya a las posiciones, actores y organizaciones democráticas, y se convierta en un marco de apoyo y fortalecimiento de todos aquellos procesos que se emprenden y desarrollan desde abajo, para conducir el cambio estratégico de los sectores subalternos en perspectiva contra-hegemónica. Que se diferencie y separe del pacto o unidad hegemónica del bloque dominante, que busca nuevamente hacer caer el peso de la crisis económica y de las medidas correctivas en las espaldas de los trabajadores y los sectores populares y medios.
· La izquierda y los movimientos sociales así como las fuerzas democráticas de oposición obligaron al correísmo a dar un paso atrás y en tal sentido deponer la participación de Rafael Correa como candidato presidencial en el 2017. Ahora se trata de superar ese momento e ir más allá, haciendo posible los cambios necesarios de la transición que debe operativizar el presidente Lenín Moreno, como resultado de estas exigencias y coincidencias, de tal manera que se emprenda en las reformas y rupturas, para superar la etapa que ha vivido el Ecuador y avanzar en el periodo de transición.[14]
· En esta perspectiva, la Consulta del 4 de febrero abre un nuevo momento político de disputa de un programa. Es necesario afianzar esta conducta de autonomía de los sectores sociales y la izquierda para alcanzar las demandas sociales y democráticas que requiere la transición del periodo. En definitiva la pos-consulta abrirá un escenario a la disputa en torno principalmente a la orientación de la política económica donde volverán a expresarse las posiciones neoliberales para presionar la orientación del gobierno de Moreno.
Referencias bibliográficas
· Harvey, David. “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”.
· Iturralde Pablo. Eljuri más allá de la corrupción o sobre la lupemburguesía.
· Muñoz, Francisco; Mario Unda, Carlos Michelena Ordóñez, “Coyuntura Política e Izquierda Ecuatoriana, Régimen, Crisis, Elecciones e Izquierda”.
· Muñoz, Francisco, editor, et.al. “Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa”. Universidad Central del Ecuador. Primer Premio Universidad Central 2016.
· Muñoz, Francisco, “24 de Mayo 2017: Dilemas e incertidumbres”. Publicado en Plan V, versión digital. Quito, 2017.
· Ospina Pablo. Coyuntura Política septiembre 2017.
· Poulantzas, Nikos. “Fascismo y Dictadura”.
· Rodríguez, Jorge. Corrupción: una década encubierta (varios autores).
· Saltos Napoleón. Tres Relatos sobre la Transicion
· Schimitt, Carl. “ Teología política”.
· Volenweider, Camila. “La revancha de las élites y el teatro del golpe”.
· Zibechi, Raúl. “La construcción de un nuevo modelo de dominación”.
Notas:
[1] El presente artículo toma en cuenta investigaciones y reflexiones realizadas, de manera especial la que se conoció en un artículo intitulado 24 de mayo. Dilemas e incertidumbres, que interpretó la situación política antes de la posesión de Lenin Moreno como Presidente de la República. Recoge además elementos de la ponencia presentada al encuentro por los cincuenta años de la carrera de Sociología de la U. Central.
[2] Los detalles del proceso coyuntural vivido por el Ecuador han sido expuestos en otros artículos. Donde principalmente se ha descrito la escena politica de la nueva situación.
[3] Muñoz, Francisco ed. Varios autores. “Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa”. Universidad Central del Ecuador. Arco Iris Artes Gráficas. Quito. 2014. Investigación que obtuvo el Primer Premio Universidad Central 2016.
[4] Muñoz, Francisco. “24 de mayo 2017: Dilemas e Incertidumbres”. Publicado en: Plan V, versión digital. Quito. 2017.
[5] Ospina, Pablo, “Coyuntura septiembre 2017”, Quito, 2017.
[6] Harvey, David. “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005.
[7] Rodríguez, Jorge. Artículo en el libro “Corrupción en la década encubierta”, CNA, Quito, febrero, 2018.
[8] Pablo Iturralde, Eljuri más allá de la corrupción o sobre la lumpen burguesía . “De los grupos económicos del país, Eljuri es el que registra el mayor número de empresas que se encuentran domiciliados en paraísos fiscales, el 14% de todos sus integrantes son entidades offshore. Sólo en los registros de los Panama Papers se descubrieron 39 integrantes y empresas relacionadas al grupo”.
[9] Zibechi, Raúl. “La construcción de un nuevo modelo de dominación”. Publicado por la CEDHU, versión digital. Quito. 2015.
[10] Muñoz, Francisco, editor, et.al. “Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa”. Universidad Central del Ecuador. Primer Premio Universidad Central 2016.
[11] Ibíd.
[12] Schmitt, Carl. “Teología política”. Trota. Buenos Aires. 2009.
[13] Saltos Napoleón. Tres Relatos sobre la Transición. Pág. 4. Diciembre 2017
[14] Ibíd.
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