Por Tania Peña*
Bogotá, (PL) Cuando la escritora colombiana Laura Restrepo conoció el escalofriante crimen de Yuliana Samboní se preguntó qué límites se habrían roto para llegar a algo así.
Bogotá, (PL) Cuando la escritora colombiana Laura Restrepo conoció el escalofriante crimen de Yuliana Samboní se preguntó qué límites se habrían roto para llegar a algo así.
Tras mucho pensar nació su novela Los Divinos, basada en la horrible historia de la niña indígena de siete años de edad que el 4 de diciembre de 2016 fue secuestrada en un barrio de Bogotá y luego violada y asesinada por un acaudalado arquitecto de 38 años.
Consultada sobre su obra en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, Restrepo reflexionó sobre la enorme brecha que hay en Colombia entre ricos y pobres, génesis de la violencia en su expresión más descarnada.
Hace apenas dos semanas impactó en Colombia el caso de otra niña, esta vez de tres años de edad, que fue quemada con ácido y violada en una guardería ilegal de la capital.
La niña, hija de una prostituta, fue intervenida de urgencia y tras pasar varios días en cuidados intensivos logró sobrevivir.
'Pareciera que el país padece de un cáncer que hizo metástasis en el tema de violencia contra la niñez', afirmó esta semana la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen.
Ilustró la alta funcionaria cómo en los últimos 10 días en el ICBF se atendieron cinco mil 600 denuncias de abusos contra menores.
Puso algunos ejemplos que han trascendido a la opinión pública en las últimas horas: el caso de un bebé con tres días de nacido dejado en un matorral en el departamento de Risaralda y otro caso de una madre en el departamento de Tolima que lanzó su hija de siete años a un río y luego se suicidó.
'Me pregunto ¿dónde están las familias colombianas?, ¿será que el ICBF debe ser la única institución encargada de proteger a los niños? Toda la sociedad, todas las instituciones, las administraciones, municipales y departamentales, deben ser responsables, subrayó.
Similar alarma lanzó el Instituto de Medicina Legal en diciembre del año pasado, cuando dio a conocer que de los 22 mil casos de abuso sexual presentados en Colombia en 2017, el 80 por ciento fue contra menores de edad.
'Cuidemos más al ser humano; estamos haciendo grandes campañas para cuidar a los animales y no hacemos ni una sola para cuidar a nuestros niños que son las mayores víctimas de los delitos', afirmó el director de la institución, Carlos Valdés.
Solo 72 horas antes de la advertencia del director de Medicina Legal, habían sido capturados 19 violadores de niños en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.
Los detenidos fueron acusados de acceso carnal violento y acto sexual abusivo con menores de 14 años de edad.
Según las autoridades locales muchos de los autores de abuso sexual contra menores en Colombia son familiares cercanos a las víctimas.
De hecho, el reporte de Medicina Legal acotaba que el 90 por ciento de los victimarios de los niños eran familiares: padrastros, padres, abuelos, tíos y hermanos. Solo el cinco por ciento son extraños.
A esa aberrante expresión de violencia contra la niñez, se suman también los casos de secuestro de menores para ser explotados sexualmente.
En octubre de 2017 se conoció de la desarticulación de una red de explotación sexual de niños y adolescentes que operaba en el centro del país.
Según el general Julio César González, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, fueron capturadas 13 personas que contactaban a sus víctimas a través de las redes sociales y las seducían con todo tipo de engaños para luego empujarlas a la prostitución.
Se trataba, sobre todo, de niñas por debajo de los 14 años de edad residentes en Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, sometidas a todo tipo de vejámenes, incluida la adicción a las drogas.
Las niñas eran obligadas a ejercer la prostitución en bares y centros nocturnos, precisó Mario Gómez, asesor del Despacho del Fiscal General de la Nación.
A juicio de Claudia Quintero, directora de una agrupación dedicada al enfrentamiento de la trata de personas, en Colombia se ha producido una naturalización de la explotación sexual de los menores, debido a que familias que viven en la pobreza empujan a sus hijos a la prostitución.
Estima el abogado y filósofo de la Universidad de los Andes, Alejandro Moya, que Colombia está enferma de violencia cultural.
Ilustró cómo una estudiante de séptimo grado de un colegio de Medellín fue apuñalada en días recientes con unas tijeras por una de sus compañeras, quien era tan solo un año mayor.
'La violencia cultural es el producto combinado de una alta exposición a serios grados de violencia, por un lado, y del bombardeo de mensajes que justifican, promueven y glorifican la agresión. Es, en otras palabras, el resultado de ver y de acostumbrarse a la violencia', expresó.
El miércoles último el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a los presidenciables de Colombia jerarquizar en sus programas de gobierno la atención a la niñez y la adolescencia y enfrentar sobre todo el tema de la violencia y de los abusos sexuales contra los menores.
Unicef dio a conocer al respecto los resultados de una consulta con casi 18 mil niños colombianos de todos los departamentos del país y con edades entre los cuatro y 17 años.
El estudio reveló que seis de cada 10 niños en Colombia consideran que no son importantes para el gobierno y nueve de cada 10 afirmaron que los parques no son lugares seguros.
Uno de los entrevistados dijo: 'Señor presidente: los niños de Tumaco necesitamos agua potable, buena alimentación, mejor colegio y parques y mejor hospital con medicinas para que no muera la gente'.
*Corresponsal en Colombia. rr/tp
Consultada sobre su obra en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, Restrepo reflexionó sobre la enorme brecha que hay en Colombia entre ricos y pobres, génesis de la violencia en su expresión más descarnada.
Hace apenas dos semanas impactó en Colombia el caso de otra niña, esta vez de tres años de edad, que fue quemada con ácido y violada en una guardería ilegal de la capital.
La niña, hija de una prostituta, fue intervenida de urgencia y tras pasar varios días en cuidados intensivos logró sobrevivir.
'Pareciera que el país padece de un cáncer que hizo metástasis en el tema de violencia contra la niñez', afirmó esta semana la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen.
Ilustró la alta funcionaria cómo en los últimos 10 días en el ICBF se atendieron cinco mil 600 denuncias de abusos contra menores.
Puso algunos ejemplos que han trascendido a la opinión pública en las últimas horas: el caso de un bebé con tres días de nacido dejado en un matorral en el departamento de Risaralda y otro caso de una madre en el departamento de Tolima que lanzó su hija de siete años a un río y luego se suicidó.
'Me pregunto ¿dónde están las familias colombianas?, ¿será que el ICBF debe ser la única institución encargada de proteger a los niños? Toda la sociedad, todas las instituciones, las administraciones, municipales y departamentales, deben ser responsables, subrayó.
Similar alarma lanzó el Instituto de Medicina Legal en diciembre del año pasado, cuando dio a conocer que de los 22 mil casos de abuso sexual presentados en Colombia en 2017, el 80 por ciento fue contra menores de edad.
'Cuidemos más al ser humano; estamos haciendo grandes campañas para cuidar a los animales y no hacemos ni una sola para cuidar a nuestros niños que son las mayores víctimas de los delitos', afirmó el director de la institución, Carlos Valdés.
Solo 72 horas antes de la advertencia del director de Medicina Legal, habían sido capturados 19 violadores de niños en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.
Los detenidos fueron acusados de acceso carnal violento y acto sexual abusivo con menores de 14 años de edad.
Según las autoridades locales muchos de los autores de abuso sexual contra menores en Colombia son familiares cercanos a las víctimas.
De hecho, el reporte de Medicina Legal acotaba que el 90 por ciento de los victimarios de los niños eran familiares: padrastros, padres, abuelos, tíos y hermanos. Solo el cinco por ciento son extraños.
A esa aberrante expresión de violencia contra la niñez, se suman también los casos de secuestro de menores para ser explotados sexualmente.
En octubre de 2017 se conoció de la desarticulación de una red de explotación sexual de niños y adolescentes que operaba en el centro del país.
Según el general Julio César González, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, fueron capturadas 13 personas que contactaban a sus víctimas a través de las redes sociales y las seducían con todo tipo de engaños para luego empujarlas a la prostitución.
Se trataba, sobre todo, de niñas por debajo de los 14 años de edad residentes en Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, sometidas a todo tipo de vejámenes, incluida la adicción a las drogas.
Las niñas eran obligadas a ejercer la prostitución en bares y centros nocturnos, precisó Mario Gómez, asesor del Despacho del Fiscal General de la Nación.
A juicio de Claudia Quintero, directora de una agrupación dedicada al enfrentamiento de la trata de personas, en Colombia se ha producido una naturalización de la explotación sexual de los menores, debido a que familias que viven en la pobreza empujan a sus hijos a la prostitución.
Estima el abogado y filósofo de la Universidad de los Andes, Alejandro Moya, que Colombia está enferma de violencia cultural.
Ilustró cómo una estudiante de séptimo grado de un colegio de Medellín fue apuñalada en días recientes con unas tijeras por una de sus compañeras, quien era tan solo un año mayor.
'La violencia cultural es el producto combinado de una alta exposición a serios grados de violencia, por un lado, y del bombardeo de mensajes que justifican, promueven y glorifican la agresión. Es, en otras palabras, el resultado de ver y de acostumbrarse a la violencia', expresó.
El miércoles último el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a los presidenciables de Colombia jerarquizar en sus programas de gobierno la atención a la niñez y la adolescencia y enfrentar sobre todo el tema de la violencia y de los abusos sexuales contra los menores.
Unicef dio a conocer al respecto los resultados de una consulta con casi 18 mil niños colombianos de todos los departamentos del país y con edades entre los cuatro y 17 años.
El estudio reveló que seis de cada 10 niños en Colombia consideran que no son importantes para el gobierno y nueve de cada 10 afirmaron que los parques no son lugares seguros.
Uno de los entrevistados dijo: 'Señor presidente: los niños de Tumaco necesitamos agua potable, buena alimentación, mejor colegio y parques y mejor hospital con medicinas para que no muera la gente'.
*Corresponsal en Colombia. rr/tp
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