Resumen Latinoamericano / 15 de mayo de 2018 / Jaime Caycedo, Pacocol
El traslado del compañero Jesús Santrich a una sede de la Conferencia Episcopal debe interpretarse como un efecto de la opinión que defiende el Acuerdo de paz en los términos precisos en que fue concebido y en los efectos desastrosos de los montajes previsibles por parte de la DEA y la fiscalía General de la nación para anular sus logros esenciales.
La amenaza de otras extradiciones es un insulto a la voluntad de paz del pueblo colombiano. Así como una parte del Estado se presta para matar el logro más importante del Acuerdo, como es la conquista de la libertad política en perspectiva de la ampliación de la democracia, como paso para superar el pretendido Estado de derecho excluyente, la fuerza de la opinión se levanta en contra de la imposición autocrática que intenta destruir un camino a la convivencia.
Más allá de las diferencias en la disputa presidencial, Humberto de La Calle resaltó dos elementos planteados por el Partido Comunista en su comunicado del 10 de abril: la presunción de inocencia y la soberanía del país, ignorados por el presidente y el fiscal general. Ese acto de genuflexión es inaceptable, induce al suicidio de un ser humano, al incumplimiento mayor de un tratado de paz, al desconocimiento de la JEP y a la burla a la Comunidad internacional.
En medio de una campaña presidencial estos hechos creados desde las cumbres del poder tienen un sentido político erosivo. Intentan demostrar anticipadamente a la elección presidencial el derrumbe del proceso de paz, objetivo preciado de la ultra derecha. Como respuesta, en el creciente campo de la dignidad y la decencia se reactiva la convergencia de fuerzas en defensa del Acuerdo y de la JEP. Se trata hoy de subrayar su importancia, la amnistía inmediata para los más de seiscientos presos políticos restantes, la transparencia y el flujo de recursos del Fondo de Paz a los proyectos productivos, el respaldo en las calles y en las movilizaciones de plaza al proyecto de la paz democrática.
Tan inaceptable como la amenaza de extradición es el exterminio de activistas de FARC, que se añaden a los de Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Congreso de los Pueblos, Cabildos indígenas, Consejos comunitarios, reclamantes de tierras, defensores de DDHH. Hay un claro sesgo criminal contra la izquierda que se mueve en el campo popular y que exige todas las garantías de que dispone la Constitución. Denunciamos la incompetencia y complicidad de la Registraduría Nacional, ahora privatizada, frente a las sospechas de fraude y pedimos a toda la ciudadanía que actúe como vigilante de su voto, que se active el control social popular en las calles y se amplíe la participación de la Comunidad internacional como veedora y garante.
La provocación que hoy pone en vilo la paz, la legitimidad de las elecciones y la vida de Jesús Santrich no se cocina solo en las caballerizas del Uberrimo o en los clubes de Bogotá. Se calcula, sopesa y ejecuta también desde el Departamento de Estado y el Comando Sur. Toda una hostilidad, diplomática y militar, se proyecta para desconocer la elección presidencial del próximo domingo en Venezuela. Ahora bien, los que intentan intervenir en Venezuela son los mismos que intentan destruir el proceso de paz en Colombia. Un gobierno democrático de transición tiene que poner fin al vasallaje inmoral y colonial impuesto por el imperialismo al pueblo colombiano con la mediación de mafias y maquinarias, ancladas en la corrupción y en el paramilitarismo.
Es el reto para la formidable movilización popular que acompaña a la Colombia Humana – Decentes.
Editorial Voz
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/15/colombia-santrich-soberania-y-fraude-electoral-fin-al-vasallaje-colonial/
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