Resumen Latinoamericano*, 23 de Junio de 2018
Militantes critican al ministro de Justicia, Torquato Jardim, por rechazar pedidos de amnistía sin justificación.
Una comisión de representantes de amnistiados políticos ofició el miércoles la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), órgano del Ministerio Público Federal, pidiendo que se tomen medidas en relación con la postura del ministro de Justicia, Torquato Jardim , ante procesos que tratan de concesión de amnistía a perseguidos políticos de la época de la dictadura civil-militar en Brasil.
El grupo denuncia que Jardim estaría negando peticiones de amnistía sin justificación. Según datos del Diario Oficial de la Unión (DOU), en el período comprendido entre el 6 de septiembre de 2017 y el 11 de junio de este año, 367 solicitudes fueron negadas.
De acuerdo con la Ley Federal Nº 10.559 / 2002, el colegio examina los requerimientos y funciona como órgano de asesoramiento del ministro de Justicia, a quien corresponde la decisión final sobre los pedidos.
El presidente de la Asociación de los Metalúrgicos y Anistiados del ABC Paulista (AMA-ABC), João Paulo de Oliveira, destaca, sin embargo, que el trámite exige una nueva consulta a la Comisión, por parte del ministro, en caso de negativa de solicitudes que tengan recibido del colegio un dictamen de aceptación.
“Tiene que enviar un documento motivado a la Comisión y ella tiene que pronunciarse nuevamente. Él no está haciendo esta fundamentación legal. “Está haciendo de su cabeza, negando sin presentar las fundaciones de ese denegatorio”, refuerza.
La lentitud de los procesos también es una queja actual del movimiento de los amnistiados. Según Oliveira, la AMA-ABC espera desde hace dos años la publicación de las ordenanzas de seis solicitudes aprobadas por la Comisión que aún no han sido firmadas por el ministro. La entidad apunta que habría cerca de 800 procesos pendientes desde 2016.
“Nosotros entendemos que el ministro está tomando actitudes no compatibles con la función”, critica.
Influencias políticas
La amnistía es un acto oficial del Estado que declara imputables actitudes que, por motivos políticos, hayan sido consideradas en el pasado como criminales. Se concede especialmente en casos de ex perseguidos políticos del régimen dictatorial.
El grupo que ofició la PFDC apunta además que la Comisión de Amnistía estaría sufriendo influencias políticas indebidas que estarían resultando en la negativa injustificada de procesos.
Ya tramita en la Fiscalía, desde el final de 2017, un procedimiento para apurar esas denuncias en particular.
La amnistiada Rosa Cimiana dos Santos, integrante del grupo, destaca que la postura de Torquato Jardim en relación a ese tipo de proceso sería “inédita” en el país. Añade que la concesión de amnistía a ex perseguidos es una pauta que encuentra refugio en las más diferentes tendencias políticas.
“La amnistía no es de un partido. Es la tarjeta de visita de cualquier gobierno, es donde se hace justicia realmente “, puntualiza.
Deuda
En cuanto al perdón político, Brasil tiene como marco legal la Ley 6683/79, que fue regulada solamente en 2002, por medio de la Ley 10.559, que aborda diferentes facetas de la persecución política, como violencias física, psicológica y sexual, la tortura y el exilio, entre otros.
La diputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), presidenta de la Subcomisión Parlamentaria de Memoria, Verdad y Justicia, destaca que el país sigue en deuda con las personas que fueron perseguidas por la dictadura.
Los datos de la Comisión Nacional de la Verdad indican, por ejemplo, que todavía hay 443 desaparecidos desde la época del régimen. Los estudios extraoficiales apuntan, sin embargo, que el número puede llegar a 4 mil personas.
De acuerdo con la diputada, esas y otras cuestiones, como, por ejemplo, las actuales negativas de solicitudes de amnistía, serán investigadas por la Subcomisión, que fue reinstalada el pasado martes después de cuatro años de inactividad. El colegio funciona dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara.
“Esta es una lucha necesaria, porque la dictadura militar no ha terminado”, refleja Erundina.
Otro lado
El Brasil de Hecho buscó la asesoría de prensa del Ministerio de Justicia para tratar de las críticas hechas por las fuentes escuchadas en esta materia.
En una nota enviada al reportaje, el órgano respondió que, desde su nombramiento, en mayo de 2017, Torquato Jardim firmó 616 ordenanzas relacionadas con la amnistía política. Según la asesoría, “la gran mayoría obtuvo el dictamen del Consejo de la Comisión de Amnistía opinativa por la denegación”, pero no se informó el número exacto.
La nota dice además que Jardim analiza individualmente cada uno de los requerimientos y que, según la Ley 10.559 / 2002, “la decisión final sobre amnistía política es del ministro de Justicia, y no de la Comisión de Amnistía”.
Sobre las demás críticas, el órgano prefirió no responder al reportaje.
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* Brasil de fato
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/23/brasil-bajo-el-poder-de-temer-el-estado-brasileno-deja-de-reconocer-crimenes-de-la-dictadura/
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