Un largo proceso de remilitarización del país como estrategia para ralentizar la caída del partido colorado que implica un proceso de pauperización de les trabajadores y enriquecimiento rápido de las elites.
Por Pelao Carvallo
1. Casos
Mirian González, cocinera, de larga trayectoria, trabajaba en uno de los puestos de venta de comidas del “Kure Luque Ára”, evento municipal gastronómico de la ciudad de Luque, a inicios de julio de este año. Ella sufrió quemaduras en todo el cuerpo luego de incendiarse su delantal y ropa producto de un accidente laboral. Murió tras días de agonía en un hospital. La organización del evento no disponía de protocolos ni elementos antiincendios, siquiera extintores en el lugar. La empresa para la cual la señora Mirian trabajaba deslinda toda responsabilidad al decir que “ella estaba a cargo de su lugar de trabajo”. No hay indemnización, ni seguro de vida o salud ni fiscalía que considere esto crimen o negligencia empresarial.
Raúl Martín Couchonal Cancio y Aurora Ysapy Lezcano, estudiantes de la Universidad Católica de Asunción están procesados por la toma de la sede central de esa universidad que se extendió durante 45 días el año pasado, tendrán audiencia ante el juez de garantías el próximo 06 de agosto. Será una audiencia preliminar para decidir si se va a juicio oral o no. La causa es producto de una denuncia hecha por el rectorado de esa universidad, que judicializó un conflicto académico y estudiantil, acusando a profesores y estudiantes, así como castigó a sindicalistas que apoyaron esta lucha, despidiéndoles arbitrariamente. Por cierto, a los “estudiantes” de derecha usaron la violencia para intentar quebrar la toma, la rectoría no les acusó de nada. El juez Rolando Duarte, a cargo del caso, ya dejó claro su intención de condenar, sin juicio ni sentencia, a quienes se ha imputado. Tres personas ya recibieron una condena disfrazada de “suspensión condicional del procedimiento” puesto que quedan con prohibición de salir del país por el plazo de dos años sin comunicar previamente al juzgado de ejecución, la prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de repetir los hechos y realizar “donaciones” de dinero a “Hogares” para personas carenciadas. La fiscalía en este caso trabajó solícitamente para el rectorado de la Universidad Católica.
El 13 de julio de 2018 se desplegaron cerca de 400 agentes de policía en la Comunidad Campesina de Guahory, Departamento de Caaguazú, dada la decisión de los fiscales intervinientes del caso de implementar el Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno. En la zona 200 familias se encuentran en riesgo inminente de desalojo forzoso, en un proceso judicial que tiene todos los vicios que son de rigor: favorece a los ricos que aducen documentos adulterados o francamente
inexistentes para apropiarse de terrenos destinados a familias campesinas pobres y usa la fuerza para lograr este propósito aún antes de resolver el litigio sobre la tierra, como en el caso Marinakue. Estos desalojos forzosos suceden sin aviso previo, en cualquier momento, violando múltiples derechos.
Estanislao Ortiz Colmán, de 38 años, mecánico de una empresa de buses urbanos, en la ciudad de Itá, departamento central. Un ómnibus sin conductor, estacionado frente al taller, estaba con el motor en marcha. El vehículo empezó a moverse por una pendiente en el terreno. El trabajador Estanislao Ortiz, intentó evitar que el bus saliese a la vía pública a la calle y trató de atajar el vehículo con sus manos. Cayó al suelo y fue atropellado por el ómnibus. La empresa no contaba con protocolos para estos casos, ni elementos de seguridad, ni de primeros auxilios, ni seguros ni indemnizaciones. La fiscalía pasa de este tema.
Meliza Fleitas, de 19 años. está desaparecida hace un año, se le vio por última vez junto a su novio en un hostal de la zona de Ypacaray, departamento Central. El novio, que le dobla en edad, fue visto por última vez una semana después que a ella. La fiscalía local no investiga, pese a que hay una denuncia sobre la desaparición de Meliza. Pese a que es una adolescente ni la secretaría de gobierno del área se involucra, ni las fiscalías especializadas en trata o secuestro se suman a investigar. No es famosa, no es rica, no es de una familia poderosa. Si ahora sabemos algo del tema es porque un grupo feminista, La Feroz Colectiva, hace una campaña reclamando la aparición con vida de Meliza Fleitas.
Esto es el cotidiano paraguayo, más bien el cotidiano contra el que la gente en Paraguay vive. Porque se vive, con alegría, solidaridad, esfuerzo, creatividad, música, artes, trabajo y estudio. Se vive contra lo que los poderosos y sus secuaces nos quieren obligar: la miseria, la muerte, el desamparo. Se vive contra eso y luchando por algo mejor.
2. Fraudes:
Paraguay hoy vive momentos de cambio de gobierno, pero no de partido de gobierno. Desde 1947 que, salvo el breve período que fue de 2008 a 2013, gobierna el Partido Colorado, dictaduras y elecciones mediante.
En abril se produjeron elecciones que hicieron ganar al candidato colorado Mario Abdo Benítez. Hicieron ganar porque como va saliendo en prensa, estas elecciones fueron nuevamente fraudulentas (o muy fraudulentas). Sobre el fraude electoral el Partido Colorado sostiene el fraude país en que envuelve a las clases desfavorecidas. Hay la certeza de que este año, las elecciones presidenciales, si no es por el fraude, hubiesen sido ganadas por la oposición. Un alto cargo del organismo encargado de las elecciones (el tribunal superior de la justicia electoral) está siendo investigado por unos audios en los que se le escucha negociar quién ganará el conteo de votos. Sus superiores se hacen los desentendidos.
Demostró el gobierno del saliente Horacio Cartes que el fraude es una forma de hacer administración y política. Es fraude la forma en que se cedió en las negociaciones por la ampliación de la hidroeléctrica Yacyretá, en el Paraná, binacional con Argentina. Es fraude como se aplica la ley de Alianza Público Privada (ley APP) para favorecer los intereses del presidente y su entorno. Es fraude la forma en que el gobierno ha favorecido los ex negocios del presidente en las grandes tercerizaciones del Estado.
Lo único no fraudulento ha sido comprobar que un presidente empresario maneja al país como una empresa: buscando siempre el beneficio personal en ello.
3. Obra$ Pública$:
El gobierno que termina se apura inaugurando obras públicas, estén o no terminadas. Al igual que el gobierno anterior (y el anterior y el anterior) el gobierno que vendrá insistirá en lo mismo: cambiar el país cambiando el paisaje, rural y urbano, siempre y cuando sea negocio.
El Paraguay rural, campesino e indígena, está siendo intervenido por grandes obras públicas de transporte que permita un gran y expedito flujo de los productos de las grandes empresas terratenientes. Carreteras, la Hidrovía Paraguay-Paraná, los múltiples pequeños aeródromos legalizados para el servicio del (narco) tráfico, y el sueño de una rentable (para la empresa privada) reactivación del tren en el país. El motor de estas obras de las redes de transporte sigue siendo el IIRSA y ahora el interés de conectar el atlántico con el pacífico para agradar al imperio chino. Tantas ganas de complacer a ese naciente imperio que el presidente electo del Paraguay ha declarado su interés en potenciar las relaciones con China “popular” … lo que pone en entredicho la alianza de Paraguay con China Taiwán.
El Paraguay urbano también está siendo cambiado a la fuerza por las obras públicas con propósito de especulación inmobiliaria. En Asunción los bañados, poblados por gente pobre con arraigo de dos siglos en algunos casos, están siendo desalojados con la excusa y la fuerza de la construcción de una carretera que recorre toda la ribera del río Paraguay en la ciudad, la Costanera (centro, ahora norte y próximamente la sur). El antiguo puerto será convertido en un barrio cívico de edificios de altura y marinas para yates de lujo. El gran Asunción será partido en pedazos por el trazado del metrobus, que desintegrará los barrios por donde pase. Iniciativas de tren urbano con la plaga de desalojos y erradicaciones que implica están a la espera de que, en algún lugar de poder, se resuelva quiénes se repartirán el negocio y la ganancia. Por cierto, a los pobres se le desaloja del centro de la ciudad y se les conduce a barrios modélicos, al modelo de una cárcel, como el “San Francisco”, inaugurado a las apuradas con motivo de propaganda electoral.
4. Remilitarización
La remilitarización de Paraguay avanza a marcha forzada. El presidente electo anunció que relanzaría el Servicio Militar Obligatorio, condena juvenil que un fuerte movimiento de objeción de conciencia había casi logrado convertir en historia. La fuerte
ola conservadora y patriarcal mundial trajo como secuela en Paraguay este apasionado alegato derechista por el servicio militar obligatorio, que en su versión local esconde trabajo esclavo infantil y adolescente, así como una buena partida de negocios para los comandantes y superiores del área. Eso sin considerar la carne de cañón gratuita para la guerra antiguerrillera que se implementa en el norte legalmente militarizado desde fines de 2013.
En los tres departamentos del norte (Concepción, Amambay y San Pedro) se lleva a cabo una guerra contra el campesinado, las comunidades indígenas y la gente pobre en general bajo la excusa de enfrentar a uno, dos o tres grupos armados (Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP; Agrupación campesina Armada, ACA; y Ejército del Mariscal López, EML) y ningún grupo narco de origen brasileño. Para enfrentar a estas guerrillas se constituyó una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que ha obtenido ingentes ingresos para su actuación -14 millones de dólares este año- que ha destacado por su ineficiencia en cuanto a sus objetivos declarados y su alta eficiencia en violaciones de derechos humanos, falsos positivos y persecución a comunidades y líderes locales en apoyo a grandes propietarios y a poderosos locales y nacionales.
La remilitarización del país, que se puede constatar en el aumento constante del gasto militar en el último quinquenio, forma parte de la estrategia del partido colorado para detener su salida del poder legal y mantenerse en el fáctico. No en vano ha apostado por favorecer oposiciones militaristas desde 2008. En las últimas elecciones de las 10 candidaturas presidenciales, dos provenían del ámbito militar. También se constata en la insistente militarización de la policía que ahora se despliega en lo urbano con el grupo Lince, policía encapuchada, sin identificación, que se pasea en motos con armas largas persiguiendo jóvenes pobres por las ciudades. Anteriormente la militarización de la policía se vio en grupos como la FOPE, de fatal actuación en los sucesos de Marinakue. La policialización de las fuerzas armadas es coincidente y concordante con esto, la misma FTC es una prueba de este proceso. Uno de los mayores problemas con el “grupo Lince” es que más que un aparato represivo policial es un “modelo de negocios”: pronto veremos a gente imitando esa táctica por fuera de la policía.
5. Oposición no es lo mismo que resistencia.
La opción electoral de la oposición paraguaya, clara y prioritaria para partidos tradicionales como el PLRA (partido liberal radical auténtico) y PRF (partido revolucionario febrerista) se ha vuelto un destino para las izquierdas paraguayas, incluso para aquella que en un giro oportunista de realismo financiero llamó a votar en blanco esta vez. Un destino fatal y ciego. La incursión parlamentaria de la izquierda paraguaya ha demostrado su capacidad para adaptarse a la élite y su incapacidad para constituir una oposición como resistencia. Tras el golpe parlamentario de 2012, no solo no boicoteó las siguientes elecciones en 2013, legitimándolas de paso, si no que una parte de ella se asoció a la iniciativa golpista de la maniobra pro enmienda para reelegir presidente de marzo del año pasado que se saldó con un muerto, cientos de detenidos, el congreso quemado en parte y la izquierda castigada electoralmente por su participación
en esa maniobra y por su asimilación a la elite parlamentaria. En las elecciones recién pasadas, el conjunto de la izquierda perdió toda participación en las juntas departamentales (especie de congreso departamental) y en Diputados y disminuyó de 8 a 6 sus representantes en el Senado.
Por ello la resistencia está en otras partes y asume rasgos distintos al electoral. Está en las mujeres que desde el Vivas nos queremos de octubre de 2016 vienen ganando la calle y las mentes. Está en las comunidades indígenas y campesinas que resisten la soja, el ganado y la marihuana. Está en la lucha de las comunidades indígenas del Chaco por recuperar tierras que legalmente son de ellas. Está en las movilizaciones estudiantiles, en las movilizaciones de las bañadenses con arraigo histórico, Está en la gente que hace cultura, arte y comunidad autogestionadamente. Está en las personas de las ciudades que resisten la especulación inmobiliaria, las erradicaciones forzosas y la subida de alquileres. Está en quienes se organizan para incomodar y no para adaptarse al sistema en su especifidad paraguaya.
http://kaosenlared.net/paraguay-en-espera-del-nuevo-mismo-gobierno/
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