Boston Review
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
La bandera siria independiente ondeando sobre los asistentes a una manifestación en Idlib en 2012. Asad está en estos momentos preparando una gran ofensiva sobre la zona, último baluarte rebelde. Foto: Freedom House
Una vez más, una tragedia humanitaria inminente, aunque evitable, está a punto de cernerse sobre Siria. El jueves pasado, las fuerzas de Bashar al-Asad arrojaron octavillas sobre uno de los últimos baluartes rebeldes –la provincia de Idlib-, instando a sus habitantes a rendirse ante su gobierno y asegurándoles que los siete años de guerra están llegando a su fin. A continuación, desataron una oleada de ataques aéreos, indicando así Asad que su siguiente prioridad es recuperar el control total de Idlib.
En muchos sentidos, Idlib es un microcosmos de la gran guerra. Hasta tres millones de personas –de las cuales, al menos la mitad están desplazados internamente - se hacinan en esta región. Cientos de miles de civiles se vieron forzados a trasladarse a Idlib como consecuencia de la lucha en otras partes del país. Y más recientemente, la provincia se ha convertido en la única “zona de desescalada” que queda de las cuatro originalmente establecidas bajo los auspicios rusos como zonas controladas por la oposición donde el gobierno acordó un alto el fuego. Las otras tres áreas han sido ya invadidas por el régimen de Asad, forzando a los derrotados combatientes de la oposición y a sus familias a retirarse a Idlib. La inminente ofensiva del régimen dejaría ahora a los civiles y a los rebeldes armados sin una vía de escape, y a la oposición sin representación alguna sobre suelo sirio. Una nueva campaña militar podría desencadenar una cifra aún mayor de víctimas civiles que en anteriores ataques. Temiendo un éxodo masivo hacia su frontera, un gran número de muertos y la caída del último puesto de avanzada de la oposición, Turquía ha declarado que Idlib es una “línea roja”. La necesidad imperiosa de una solución negociada que evite la ofensiva militar es obvia e incluso el ministro de Asuntos Exteriores ruso apoyó la idea, de dientes afuera, en una conferencia conjunta de prensa con Turquía esta semana.
Sin embargo, a pesar de todos estos desarrollos, la cobertura de los mismos es escasa en EE. UU. y apenas hay conciencia de ellos entre la gente. En un reciente ensayo, analizábamos la Cumbre de Helsinki entre Trump y Putin, comentando la poca atención prestada a sus implicaciones para Siria. El punto de vista dominante en EEUU era, y sigue siendo, que su gobierno tiene que abstenerse, para bien o para mal, de intervenir en Siria. Por el contrario, nosotros sostuvimos que EE. UU. ha sido un actor central en la militarización del conflicto desde el principio. En la medida en que Idlib es la última versión de tan intensa militarización, EE. UU. está directamente implicado. De hecho, comparte la responsabilidad por todos los desastres de los últimos siete años y, en consecuencia, tiene la obligación de ayudar a resolver el conflicto y aliviar el sufrimiento en curso.
Proponíamos que para descargarse de esa obligación, Estados Unidos debería: 1) admitir un número significativo de refugiados sirios (sosteníamos que unos 400.000 en los próximos cuatro años); 2) proporcionar ayuda humanitaria sustancial a los desplazados en la región, así como ayuda para reconstruir Siria; 3) presionar por un acuerdo político inclusivo del conflicto, en lugar de considerar al país como un apoderado para la creciente confrontación con Irán o como una ficha a regatear con Rusia; y 4) reorientar la región como un todo iniciando el diálogo con Irán sobre futuras relaciones.
Hemos recibido críticas razonadas ante esa posición, tanto de nuestros supuestos como de nuestras conclusiones. Debido a la importancia política y moral de estos temas, nos sentimos agradecidos de tener la oportunidad de seguir reflexionando sobre estas complicadas cuestiones. Los últimos hechos que se han producido en Idlib subrayan lo esencial que resulta mantener una conversación sincera sobre la guerra y confiamos en que nuestras aportaciones ayuden a ir avanzando en tal diálogo.
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Algunos de los críticos, como Nader Hashemi, mantienen que nuestra presentación del conflicto “exagera sumamente el papel de EE. UU. y rebaja gravemente el papel de Rusia, Irán y el régimen de Asad, a quien Human Rights Watch culpa del 90% de las atrocidades”. Otros críticos, como Lama Abu Odeh, afirmaron que a pesar de su título (“¿Se acuerdan de Siria?”), nuestro primer artículo aportaba bien poco para mostrar “cómo los sirios experimentaban la intervención de Irán en Siria y el papel destructivo jugado por ese país apuntalando a Asad (sectarización, limpieza étnica, colonización de territorios sirios, arresto y tortura de nativos sirios)”. Todos subrayan que la inmensa mayoría de la violencia fue perpetrada por Asad y sus patronos regionales, Rusia e Irán. La administración Obama podía haber ofrecido ayuda a los rebeldes, pero en cambio decidió no intervenir militarmente a través de campañas aéreas, botas sobre el terreno o el tipo de apoyo armado que hubiera cambiado decisivamente el curso de la guerra. Al exagerar la culpabilidad estadounidense, dicen, absolvemos implícitamente a Asad, Rusia e Irán de su brutalidad.
Estamos totalmente de acuerdo en que el régimen de Asad tiene la mayor cuota de responsabilidad en todo lo que ha acontecido en Siria, que es ante todo consecuencia de sus décadas de gobierno corrupto y autoritario. Además, el régimen reprimió violentamente un levantamiento popular de masas similar a los que se estaban produciendo en la región en 2011, facilitando la militarización y sectarización del conflicto. Estamos también de acuerdo en que el apoyo exterior de Rusia e Irán impidió la caída del régimen y que esta coalición de fuerzas pro-Asad es directamente responsable de la inmensa mayoría de la violencia, desplazamiento, atrocidades y destrucción en Siria.
Nuestro argumento es que, no obstante, EE. UU. ha desempeñado un papel significativo en la trayectoria de Siria posterior a 2011. Nos centramos en este rol no porque sea el factor más destacado en el conflicto, sino porque ambos somos académicos en EE. UU. y escribimos para analizar qué es lo que piensan los activistas y responsables políticos sobre la política exterior estadounidense. No escribimos desde un antiamericanismo rotundo, ni pensamos que Estados Unidos es la única potencia imperial relevante. El comportamiento ruso e iraní en Siria ha sido profundamente imperialista. Pero dado que existe un cierto grado de culpabilidad estadounidense, consideramos que es responsabilidad nuestra ofrecer un camino que EE. UU podría seguir.
Así pues, ¿cuál fue el papel de EE. UU.? Al comienzo del conflicto, los políticos estadounidenses se opusieron a una solución diplomática inclusiva a favor del enfoque “Asad debe marcharse”. Apoyaron la formación del Consejo Nacional Sirio, se opusieron a negociaciones que incluyeran a Irán y ofrecieron apoyo a sus aliados regionales financiando y armando grupos sobre el terreno, contribuyendo también de esa forma a la militarización y sectarización. A medida que el conflicto avanzaba, EE. UU. empezó además a armar y entrenar a apoderados locales a través de un programa secreto dirigido por la CIA. Pero todo esto estaba guiado por una suposición errónea: que una fuerza limitada inclinaría la balanza y llevaría al derrocamiento del régimen. La intervención inicial en 2011 y 2012 proporcionó apoyo suficiente para que diversos grupos rebeldes continuaran la guerra contra Asad pero no bastó para que ganaran, asegurando de esa forma la prolongación de la violencia.
Ya en 2012, EE. UU. mismo predijo que la financiación de los rebeldes, junto con la retirada de las fuerzas del régimen sirio del norte y este de Siria, crearían las condiciones para la aparición –en las palabras de un documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa- de una región salafista controlada en Siria. Una vez que allí surgió el Estado Islámico, EE. UU. empezó en 2014 a financiar, entrenar y armar directamente a los rebeldes sirios para que combatieran al ISIS. Los ataques estadounidenses y una campaña aérea más amplia contra el ISIS prosiguieron, con un record de víctimas civiles por todo Iraq y Siria. La campaña anti-ISIS se convirtió asimismo en un conducto de fondos y armas estadounidenses para las fuerzas kurdas del YPG.
Como se desprende de este breve informe, la intervención de EE. UU. en Siria ha buscado continuamente tanto facilitar el papel de los aliados regionales en el conflicto a través de sus milicias intermediarias elegidas, como intervenir directamente donde los intereses geoestratégicos de EE. UU. así lo requerían. Nada de esto cambia nuestra opinión sobre la brutalidad del régimen sirio y sus patrocinadores externos, pero pone de relieve que EE. UU. también desempeñó un papel. Es posible que no haya perpetrado directamente gran parte de la violencia, aunque sus ataques aéreos sí han afectado a un gran número de civiles, pero sus decisiones tuvieron un efecto claro en la metástasis del conflicto.
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En última instancia, el enfoque de la administración Obama ha estado plagado de medias tintas. Para muchos intervencionistas, incluidos los exfuncionarios de Obama, la ausencia de una mayor implicación militar es el fallo principal de la política estadounidense respecto a Siria. Según ese argumento, si EE. UU. hubiera intervenido con una campaña aérea en Siria como finalmente hizo Rusia, el equilibrio militar hubiera sido muy diferente y Asad habría caído. Al menos, las fuerzas de la oposición no estarían ahora acorraladas en una única región con la perspectiva de un ataque abrumador en Idlib. Siria, desde esta perspectiva, es un ejemplo sorprendente de cómo las dudas estadounidenses para utilizar la fuerza tras la guerra de Iraq han funcionado en detrimento de los sirios atrapados bajo un dictador terrible.
No obstante, ¿habría alterado el curso de la guerra una intervención estadounidense más contundente? La presunción subyacente es que la fuerza militar estadounidense –aunque sea burda en ocasiones- es esencialmente positiva, mientras que las otras opciones aplacan a los dictadores terribles. Incluso muchos de los opositores a la guerra de Iraq han llegado a pensar que el baño de sangre en Siria es tan espantoso que probablemente fuera necesario emplear alguna fuerza estadounidense.
Es indudablemente cierto que el ejército estadounidense tiene capacidad para arrollar a las fuerzas militares convencionales del gobierno sirio, como se ilustró anteriormente en Iraq y Libia. Pero al igual que en el caso de Libia, sin la voluntad política de comprometer inmensos recursos -incluyendo desde botas en el terreno hasta una financiación masiva de la reconstrucción-, cualquier intervención coercitiva para derrocar al régimen dejaría a los civiles convertidos en rehenes de la escalada de la violencia en lugar de proporcionarles capacidad para emprender una transición política. En otras palabras, una intervención más contundente podría haber dejado como secuela tantos desplazamientos y violencia como ya hemos visto.
Esto es aún más cierto porque el régimen de Asad, a diferencia de Sadam Husein o Muamar Gadafi, tiene poderosos partidarios externos que podrían haber entrado antes en el conflicto si EE. UU. hubiera intentado despachar directamente a Asad. Esto habría creado la amenaza potencial de que los principales ejércitos de la región lucharan en un conflicto directo sobre suelo sirio, en desconexión total con las preocupaciones de los mismos sirios.
Por supuesto, los intereses geoestratégicos estadounidenses están en el centro de cualquier decisión de intervención de ese país. Sin embargo, el problema es que estas prioridades - ya sea apuntalando o derrocando gobiernos, inclinando el equilibrio de poder regional hacia aliados como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, persiguiendo objetivos contraterroristas contra actores como ISIS o bien asegurando los intereses israelíes- asumen, en el mejor de los casos, una relación contingente y fácilmente reversible con los objetivos de los sirios que iniciaron el levantamiento. Las prioridades estadounidenses tampoco tienen mucho que ver con la protección de los civiles atrapados en una guerra catastrófica, incluidas las innumerables víctimas civiles de la campaña contra el Estado Islámico emprendida directamente por EE. UU. Hemos sostenido desde el principio que la primera exigencia de cualquier posible intervención debería ser: no hacer daño. En 2011 o 2012, había muy pocas evidencias de que una intervención militar total estadounidense en Siria pudiera cumplir esa exigencia.
No obstante, asumamos que EE. UU. en 2012 hubiera comprometido todos los recursos necesarios para una intervención militar que derrocara a Asad y mostrara la voluntad política de seguir comprometido en facilitar una transición. Volviendo al principio de “no hacer daño”, los defensores de esta esta suposición tendrían aún que proporcionar escenarios plausibles para el día de después y tener en cuenta su posible impacto en los civiles. Una vez más, Iraq y Libia son ejemplos recientes de la violencia a largo plazo que puede seguir a la intervención para un cambio de régimen. Además, debido a los intereses rusos e iraníes en Siria, esos actores habrían tenido una amplia motivación y capacidad para desestabilizar cualquier frágil transición posterior a Asad. Los prointervencionistas podrían entonces argumentar a favor de una presencia a largo plazo de las fuerzas estadounidenses en el territorio sirio a fin de crear las condiciones necesarias para una transición estable, pero los antecedentes de un esfuerzo similar en Iraq, donde EE. UU. tenía la voluntad política y estaba profundamente involucrado en el resultado, son poco recomendables. Debido sobre todo a toda la inestabilidad en Iraq, ni Irán (que estaba ansioso por ver a Sadam irse) ni Rusia se opusieron activamente al cambio de régimen que los estadounidenses impusieron allí; uno puede imaginar fácilmente cómo sus cálculos, muy diferentes en Siria, hubieran hecho inmensamente más difícil conseguir la estabilidad tras el cambio de régimen en este último país.
A pesar de las debilidades de las diversas opciones militares y del historial de décadas de política exterior estadounidense fallida en la región, rechazamos la idea de que EE. UU. debería simplemente haberse abstenido de actuar en absoluto. Creemos que EE. UU. tenía la obligación de apoyar a los civiles sirios que se alzaron contra el gobierno autoritario de Asad. Esto no es menos importante porque la agresión estadounidense contra Iraq impuso costos significativos a su vecina Siria (uno de los factores que contribuyeron al levantamiento de 2011). No obstante, el caso de Siria es complicado precisamente porque no había buenas opciones que pudieran desplegarse fácilmente para producir decisivamente una transición sostenible desde el autoritarismo y asegurar el control de los locales.
Entonces, ¿qué debería haber hecho EE. UU.? En aquel momento, apoyamos políticas de embargo de armas internacionales al régimen de Asad, la protección de los cruces fronterizos abiertos en Líbano, Jordania y Turquía (para facilitar canales a los sirios para huir del conflicto), aceptando una proporción significativa de refugiados sirios para su reasentamiento en EE. UU. y proporcionando asistencia humanitaria sustancial. Pero defendimos enérgicamente que, desde el principio, EE. UU. debería haber centrado sus esfuerzos en un verdadero proceso diplomático que reuniera en la mesa a todas las facciones sirias, así como a los interventores externos, para llegar a un acuerdo político. Tales conversaciones deberían haber tenido como objetivo terminar con la violencia en lugar de cambiar el statu quo regional a favor de EE. UU. y sus aliados. En cambio, la posición estadounidense socavó los primeros esfuerzos del Enviado Especial de las Naciones Unidas, inicialmente Kofi Annan, para garantizar un cese del fuego en 2012, que podría haber permitido que se desarrollara un proceso diplomático semejante. Al obstruir los acuerdos políticos, Estados Unidos también señaló a los grupos locales y actores externos que estaba considerando luchar contra Asad, estructurando las expectativas y estrategias de manera que sólo sirvieron para prolongar la violencia.
¿Qué significa todo esto para el presente en el contexto del ataque a Idlib? Más concretamente, implica buscar inmediatamente una solución negociada para limitar el daño humanitario. Tal esfuerzo diplomático sólo puede tener éxito si las partes actualmente involucradas, o cómplices, en la ofensiva militar sobre Idlib -Rusia, Irán y el régimen de Asad- están en la mesa, además de EE. UU., Turquía y los actores locales sobre el terreno. EE. UU. ha perdido gran parte de su influencia en Siria, pero todavía hay algo de margen para ejercerla. Rusia estima que la reconstrucción de Siria puede eventualmente requerir hasta 450 mil millones de dólares, una suma inmensa que no es probable que proporcione ninguna potencia externa. Con sus vínculos constantes con las fuerzas kurdas y Turquía, así como su capacidad para ofrecer fondos sustanciales para facilitar la reconstrucción y atender las necesidades de los refugiados y las personas internamente desplazadas, EE. UU. puede aún desempeñar un papel constructivo. Esto significaría no sólo facilitar las conversaciones sino también insistir en que los grupos de oposición locales tengan un lugar destacado en la mesa. Es absolutamente necesario que EE. UU. se comprometa con esto ahora y sin demora alguna.
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Nuestro enfoque en la diplomacia inclusiva y en la crítica a la intervención armada ha planteado interrogantes respecto a si creemos que en algún momento es políticamente viable para un pueblo oprimido tomar las armas contra su gobernante. El régimen consiguió apoyos militares, entonces, ¿por qué somos tan recelosos de permitir que los grupos de oposición tengan la misma posibilidad? Si los opositores al régimen no pueden contar con la fuerza de los EE. UU., ¿no es esta acaso una receta para la inactividad y la resignación ante la opresión interna?
Creemos firmemente en la autodeterminación local como principio básico y apoyamos el derecho de los grupos oprimidos a enfrentarse a regímenes opresores, incluso a través de la resistencia armada. Por lo tanto, ninguno de nuestros argumentos postula la pasividad. Tampoco condenamos todos los casos de apoyo militar externo a la resistencia armada.
Sin embargo, existen numerosos factores contextuales que los grupos locales deben tener en cuenta para determinar si, en general, el apoyo militar externo les ayudará a avanzar en el objetivo de una mayor autodeterminación o a mejorar las condiciones opresivas. La intervención externa puede exacerbar tanto la violencia y la represión como los fines liberacionistas avanzados. En última instancia, al igual que siempre se ha hecho, los actores locales deben sopesar los costes y los beneficios de la resistencia armada, así como optar por buscar asistencia externa de determinados poderes regionales y mundiales, que tienen sus propios objetivos competitivos en cuestiones de seguridad. Sopesar estos factores no implica someterse a la opresión, sino más bien de evaluar las condiciones políticas a que se enfrenta cualquier movimiento popular.
De manera similar, cuando los poderes externos intervienen, también actúan dentro de un contexto específico. Nuestro argumento no defiende que nunca se deba respaldar a los grupos locales, sino que tales intervenciones sólo están justificadas si -en función de una fuerza de juicio anterior- no se incurre en hacer más daño que bien. Les incumbe a los estadounidenses, o a cualquier posible fuerza interventora, hacer esta evaluación de una manera que incluya la pérdida predecible de vidas civiles, los costes para la infraestructura del país y la perspectiva de una transición sostenible lejos del autoritarismo. Por las razones expuestas anteriormente, hace tiempo que nos oponemos a la militarización del conflicto en Siria, incluso a través de la fuerza armada directa de EE. UU. (es decir, ataques aéreos y botas sobre el terreno), porque creemos que tal fuerza simplemente habría intensificado la violencia. En nuestra opinión, no habría ofrecido un camino creíble hacia una solución política y una transición significativas.
Aunque rechazamos la afirmación de que esta posición está impulsada por una oposición reflexiva ante la política estadounidense, en general nos hemos opuesto a sus intervenciones armadas, especialmente en Medio Oriente. Y esto por una serie de razones. En primer lugar, existe una visión convencional entre los estadounidenses de todo el espectro político en que, aunque una intervención militar esté guiada por buenas intenciones, EE. UU. tiene la prerrogativa de recurrir a la fuerza. Esto es peligroso porque es inconsistente respecto a un orden internacional diseñado para poner límites a los usos no defensivos de la fuerza. Cuando EE. UU. afirma su derecho a la fuerza armada donde cree que su causa es legítima, ese precedente debilita las protecciones contra la guerra en todo el sistema internacional.
La posición es también peligrosa porque la creencia en el carácter benigno de las acciones estadounidenses da como resultado una expectativa de impunidad. Esta expectativa se hace a menudo explícita, como cuando EE. UU. exigió introducir una disposición en una resolución del Consejo de Seguridad que inmunizaba a los estadounidenses de su responsabilidad internacional en caso de que cometieran crímenes de guerra en Libia en medio de una supuesta intervención humanitaria. Pero incluso cuando esta expectativa no es explícita, la tendencia a tratar a los actores locales como beneficiados de una acción bien intencionada permite a los estadounidenses escapar a su responsabilidad por las secuelas de la violencia. La visión común de que los iraquíes tienen una deuda de gratitud por haber sido “liberados” de la tiranía bajo Saddam Hussein es sólo un ejemplo de esta tendencia.
Además, el enfoque predominante para la intervención de EE. UU. depende en gran medida de los bombardeos aéreos y está diseñado para minimizar las bajas estadounidenses. La dependencia del poder aéreo aumenta enormemente los daños a la población civil local y a las infraestructuras. Y esto a pesar de todas las afirmaciones de EE. UU. de que se están haciendo esfuerzos para minimizar el daño colateral mediante el uso de municiones “guiadas con precisión”. Una y otra vez, desde Afganistán hasta Iraq, Yemen y Siria, la evidencia demuestra que las muertes de civiles son una magnitud mucho mayor de lo que admite EE. UU. Además, como escribieron recientemente Jomana Qaddour e Ibrahim Al-Assil en The American Interest, “los 66 misiles de crucero Tomahawk disparados a Siria en un solo día en abril de 2017 le costaron a Estados Unidos 92,4 millones de dólares”. Estamos de acuerdo con su opinión de que un mejor uso de tales fondos sería para una asistencia no letal que fortaleciera a la sociedad civil siria.
Por todas estas razones, nos sentimos por lo general escépticos de que la doctrina militar actual de EE. UU. (combinada con los juicios sobre los fines de la seguridad nacional regional) pueda producir intervenciones armadas que cumplan con la prueba de no hacer daño. De hecho, esta es una razón más por la que creemos que cambiar el enfoque hacia Siria debería ser parte de un replanteamiento más amplio de la orientación de EE. UU. hacia Oriente Medio en su conjunto.
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A pesar de nuestras afirmaciones, algunos críticos siguen manteniendo que, en última instancia, nuestro enfoque diplomático y humanitario ignora las aspiraciones locales de autodeterminación y trata a los sirios simplemente como víctimas o peones en una lucha de poder regional. O peor aún, que es muy poco probable que tenga éxito, fortaleciendo ingenuamente de esa forma la posición de Asad en el terreno. Qaddour y Al-Assil ofrecen “tres razones por las cuales Estados Unidos debe seguir comprometido y resultar creíble en Siria”… Primera, las ambiciones iraníes en Siria van en aumento, sin indicios de retroceso… Segunda, si toda Siria vuelve al control totalitario de Asad, será imposible que los refugiados regresen a casa… Tercera, los fondos de estabilización estadounidenses están presupuestados para los trabajos de la sociedad civil… Recortar estos fondos de estabilización, por no hablar de ponerles fin por completo, deshabilitaría a los socios estadounidenses sobre el terreno de poder establecer cualquier base de estructuras de gobernanza democráticas y sostenibles”.
Estamos de acuerdo en que EE. UU. debe seguir comprometido en Siria en todas las formas que hemos descrito, incluido el apoyo a un acuerdo político inclusivo y la prestación de una amplia asistencia para la reconstrucción y estabilización. En el caso particular de Idlib, hemos abogado para que EE. UU. juegue un papel positivo facilitando las negociaciones para evitar la inminente violencia y asegurar que se incluya a la oposición en cualquier proceso político que determine el curso de los acontecimientos. Por el contrario, nos preocupa que el marco del compromiso estadounidense, que continúa basándose en la premisa de bloquear las ambiciones iraníes, sea simplemente otra fórmula para una mayor militarización.
Nuestro enfoque en las obligaciones de EE. UU. de hacer frente a los costes civiles está motivado por la profunda preocupación por el sufrimiento en Siria y sus efectos desestabilizadores en toda la región. Pero nuestras sugerencias de políticas de asistencia a los refugiados o ayuda a la reconstrucción no están impulsadas por una concepción de los sirios como simples víctimas. Más bien destacamos estas responsabilidades de EE. UU. porque creemos que este país es en parte culpable de sucesos catastróficos y, por lo tanto, tiene una deuda palpable con Siria. Una vez más, uno de los grandes problemas de la intervención militar actualmente es el grado en que los poderes externos en general -y no sólo EE. UU.- disfrutan de absoluta impunidad por sus acciones. Ciertamente, podríamos hacer afirmaciones políticas similares sobre Rusia, Irán, Turquía, los Estados del Golfo e Israel con respecto a sus actuaciones en Siria. Al escribir desde EE. UU., subrayamos la necesidad de que este país se comprometa con la asistencia porque es una manera clara de enmendar los costes de la política estadounidense.
Al mismo tiempo, queremos saber cuál es la mejor manera de garantizar que los sirios controlen realmente su propio futuro político. No hay un camino obvio, dada la complejidad del conflicto, el número de injerencias internas y externas y la pura violencia. Pero entre la variedad de opciones disponibles, la mejor manera de preservar cierto grado de control local es crear el espacio político para que los diversos grupos sobre el terreno negocien una transición a través de un proceso diplomático inclusivo. Esto requeriría un movimiento inicial por parte de EE. UU. y de todas las intervenciones externas para hacer cesar las hostilidades en todos los lados, creando así las condiciones para una discusión significativa.
Sin embargo, estamos de acuerdo en que incluso esto puede fracasar, y el fracaso es realmente más probable que en 2012, cuando la posición de Asad era mucho más débil. Pero creemos que sigue siendo la única vía viable para la paz y el control político local. Algunos críticos dirán que tenemos una fe ingenua y utópica en la diplomacia, pero consideramos que sigue siendo la opción más aceptable desde el punto de vista moral y político entre varias opciones difíciles.
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Un último pensamiento a modo de conclusión. La izquierda estadounidense está ahora más organizada y se está haciendo oír a nivel político mucho más que en anteriores décadas. Aquellos de nosotros que trabajamos en la izquierda para influir en la política y mucho menos para ejercer el poder, debemos tener enfoques claros en las cuestiones políticas más difíciles. Iraq y Vietnam fueron casos relativamente fáciles para la posición antibélica. Siria, sin embargo, es más complicada y la izquierda necesita proporcionar una alternativa creíble de política exterior a los conflictos donde todas las soluciones están comprometidas de alguna manera y no hay respuestas simples.
No basta con permanecer en silencio -como la mayoría de los miembros electos del ala progresista del Partido Demócrata- o retroceder irreflexivamente hacia el aislacionismo o en pro de la soberanía y el antiintervencionismo, dadas sus preocupantes implicaciones para las aspiraciones locales y el bienestar humanitario. El establishment de la seguridad nacional prefiere los enfoques basados en suposiciones erróneas sobre alianzas regionales y alrededor de la fuerza de EE. UU. Este país debe ofrecer su propia alternativa. Al intentarlo, esperamos restablecer los términos del compromiso de EE. UU. con Siria, ganando espacio para que EE. UU. cumpla sus obligaciones éticas y políticas con ese país e inicie a un cambio más fundamental en relación a Oriente Medio.
Asli U. Bâli es profesora de Derecho en la UCLA School of Law, directora del claustro docente del Law Promise Intitute for Human Rights de la UCLA y directora del UCLA Center for Near Eastern Studies. Sus estudios se han publicado en el American Journal of International Law Unbound , International Journal of Constitutional Law , UCLA Law Review , Yale Journal of International Law , Cornell Journal of International Law , Virginia Journal of International Law , Geopolitics , Studies in Law , Politics and Society, Cambridge University Press y Oxford University Press.
Aziz Rana es profesor de Derecho en la Cornell University y es autor del libro The Two Faces of American Freedom
Fuente: https://bostonreview.net/war-security/asli-u-bali-aziz-rana-us-debt-syria
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