La representación designada por el líder golpista Juan Guaidó se hace con el control de la embajada venezolana en San José, 20 de febrero de 2019.
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Venezuela ha denunciado penalmente a la representante del golpista Juan Guaidó en Costa Rica por la usurpación de su embajada en San José.
Según afirmó el lunes el Ministerio Público de Costa Rica a la agencia de noticias española EFE, la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José (capital costarricense) recibió el mismo día la querella presentada por el apogado Celso Gamboa, quien se desempeña como el apoderado legal del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el país centroamericano.
El ente añadió que la pesquisa se encuentra en la etapa inicial y en “una fase que es privada para terceras personas”.
La denuncia tiene que ver con los hechos que ocurrieron el pasado 20 de febrero, cuando María Faría, tras ser designada de manera ilegal “embajadora” en Costa Rica por el líder opositor golpista Juan Guaidó, ocupó, junto a varios otros venezolanos, la sede administrativa en San José, conforme dijo ella misma, en cumplimiento de las asignaciones del autoproclamado “presidente interino” de Venezuela.
“El despojo violento y clandestino es tipificado en la legislación costarricense como delito de usurpación”, indicó Gamboa al portal local Ameliarueda.
El despojo violento y clandestino es tipificado en la legislación costarricense como delito de usurpación”, indicó el abogado, exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa sobre los hechos ocurridos en febrero en la embajada venezolana en Costa Rica.
La representación de Guaidó —actual jefe de la opositora Asamblea Nacional (AN) venezolana —declarada en desacato desde 2016— obtuvo también la titularidad de las cuentas bancarias de la embajada de Venezuela en Costa Rica. Gamboa dijo que, por ese hecho, pidió levantar el secreto bancario de esas cuentas.
En su día, el Gobierno de Costa Rica consideró “inaceptable” el procedimiento de la oposición venezolana y aseveró que el hecho “lesiona elementales normas de respeto y del derecho internacional”. Costa Rica también obligó a salir de la embajada de Venezuela a la “diplomática” designada por Guaidó.
Todo esto pese a que el Gobierno costarricense ha reconocido la autoproclamación de Guaidó, junto a EE.UU. y varios aliados regionales de Washington, y establecido en enero un plazo de 60 días para la salida de su país del personal diplomático designado por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, que vencerá el 15 de abril.
Caracas, por su parte, ha tildado de “ladrones” al personal designado por Guaidó en Costa Rica. El mismo lunes, Carlos Vecchio, “embajador” venezolano en EE.UU. nombrado por Guaidó, manifestó que tomó el control de tres sedes diplomáticas en ese país e informó de que pronto se reabrirían al público, una acción vista como una “ocupación forzosa” por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Maduro, quien, de acuerdo con varias encuestas, sigue contando con el respaldo de su pueblo, ha denunciado que Guaidó sirve a los intereses de EE.UU. y el régimen de Israel en la región, y que “tarde o temprano” tendrá que responder ante la Justicia por sus intentos golpistas.
mtk/anz/snz/rba
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