Por Osvaldo Rodríguez Martínez
Panamá, 20 abr (Prensa Latina) El Código Electoral panameño que se estrena en el actual proceso de elecciones generales, recibe a diario andanadas de críticas, con énfasis en aquellos aspectos que se debaten entre lo legal y la moral.
Panamá, 20 abr (Prensa Latina) El Código Electoral panameño que se estrena en el actual proceso de elecciones generales, recibe a diario andanadas de críticas, con énfasis en aquellos aspectos que se debaten entre lo legal y la moral.
Las campañas sucias están prohibidas en el Código Electoral panameño, entendidas como ofensa a la 'dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por tribunales competentes'.
Por lo demás, vale todo, incluso insinuaciones (no aseveraciones) de ilegalidades, ataques a presuntas irregularidades de gobiernos de tal o cual partido político y cuestionamientos abiertos, que rozan con lo ilegal, a candidatos cuando ocuparon cargos públicos anteriormente.
'Echemos a las ratas de la cloaca' reza un lema de campaña de uno de los candidatos presidenciales, al referirse a quienes ocupan cargos electivos, sin que alguna demanda o prohibición pese sobre esa propaganda en vallas y medios de prensa.
Entre las inconsistencias más debatidas está la amplia diferencia en el tratamiento a los aspirantes de partidos políticos y quienes optan por la libre postulación, tanto en las exigencias para su inscripción en la boleta de votación, como el financiamiento estatal para el proselitismo.
La clásica 'compra de votos' tiene la prohibición de que no se puede hacer con dinero, pero es 'legal' la entrega de regalías, como artículos de primera necesidad y bolsas de comida, lo cual generó recientemente un fuerte debate por la denuncia pública de tales prácticas hecha por un periodista, a quien agredieron los partidarios del candidato criticado.
Candidaturas múltiples permite la ley, por lo que unos 40 aspirantes optan por hasta tres cargos de elección popular de forma simultánea, algo que molesta a sectores de la llamada sociedad civil organizada, quienes lo ven como inseguridad o estrategia para hacerse de alguna plaza en los comicios del 5 de mayo próximo, a cualquier costo.
En este sentido, la confrontación más relevante está en las aspiraciones del expresidente Ricardo Martinelli, quien desde su celda de detención preventiva en la cárcel El Renacer lanzó sendas campañas para alcalde capitalino y diputado por su área de residencia.
Hasta el momento, a pesar de una impugnación, podrá engrosar la papeleta por fallo favorable de la primera instancia del Tribunal Electoral y están a la espera del resultado de una apelación cuyo argumento es que el reo no residía en el lugar un año antes de las elecciones como establece el Código.
Ante tal escenario, hay fuertes señalamientos como el de la organización social Polo Ciudadano, la cual consideró que la campaña es 'una trampa' para engañar al ciudadano de 'que decide su futuro democráticamente y afinque sus esperanzas en que el próximo gobierno resolverá los problemas que no solucionaron los anteriores'.
El grupo, integrado por académicos, intelectuales y estudiantes universitarios, niega que posterior a la invasión estadounidense de 1989, en Panamá haya democracia, sino 'un régimen político corrupto controlado por una oligarquía que ha impuesto un modelo económico neoliberal excluyente' y responsable de la alta desigualdad.
Sobre el tema, el profesor Juan Jované, excandidato presidencial independiente en los comicios de 2014, dijo a Prensa Latina que, en unas elecciones justas, hay que darle igualdad de posibilidades a todos, pero cambiar lo establecido requiere transformar lo que actualmente está en un círculo vicioso de los centros de poder político.
La aspiración debe ser una reforma electoral y 'mientras la población no tenga una fuerza que le de voz política, no va a pasar nada', vaticinó y expresó que cree en la 'constituyente originaria, pero bien hecha', al referirse a una asamblea autoconvocada por fuerzas populares.
De la Constitución hay cosas que se deben cambiar, pero otras 'hay que defenderlas' y ejemplificó el tema del canal de Panamá, sobre el cual la carta magna obliga a un referendo para cambiar cualquier aspecto de ese enclave, y 'eso nadie lo debe tocar'.
Recordó que el texto prohíbe el 'monopolio privado', y aunque se viola, debe quedar plasmado, al igual de que los casinos de juego deben ser públicos, pero tampoco se respeta, y 'por lo menos cuando alguien vaya a usar eso, ahí está escrito', y debe mantenerse, sentenció.
Jované propone una nueva Constitución que implique un gran debate nacional sobre cual es 'el proyecto de país' a que aspiramos; y por otra parte está la selección de los asambleístas, porque 'si es por partido' se repite el 'dominio de la partidocracia', por tanto, debe ser por sectores sociales argumentó.
Al responder a quien dará su sufragio en la jornada del 5 de mayo venidero, el veterano académico hizo gala de su fino humor al afirmar: 'voy a votar por un señor de apellido Blanco'.
agp/orm/cvl
Por lo demás, vale todo, incluso insinuaciones (no aseveraciones) de ilegalidades, ataques a presuntas irregularidades de gobiernos de tal o cual partido político y cuestionamientos abiertos, que rozan con lo ilegal, a candidatos cuando ocuparon cargos públicos anteriormente.
'Echemos a las ratas de la cloaca' reza un lema de campaña de uno de los candidatos presidenciales, al referirse a quienes ocupan cargos electivos, sin que alguna demanda o prohibición pese sobre esa propaganda en vallas y medios de prensa.
Entre las inconsistencias más debatidas está la amplia diferencia en el tratamiento a los aspirantes de partidos políticos y quienes optan por la libre postulación, tanto en las exigencias para su inscripción en la boleta de votación, como el financiamiento estatal para el proselitismo.
La clásica 'compra de votos' tiene la prohibición de que no se puede hacer con dinero, pero es 'legal' la entrega de regalías, como artículos de primera necesidad y bolsas de comida, lo cual generó recientemente un fuerte debate por la denuncia pública de tales prácticas hecha por un periodista, a quien agredieron los partidarios del candidato criticado.
Candidaturas múltiples permite la ley, por lo que unos 40 aspirantes optan por hasta tres cargos de elección popular de forma simultánea, algo que molesta a sectores de la llamada sociedad civil organizada, quienes lo ven como inseguridad o estrategia para hacerse de alguna plaza en los comicios del 5 de mayo próximo, a cualquier costo.
En este sentido, la confrontación más relevante está en las aspiraciones del expresidente Ricardo Martinelli, quien desde su celda de detención preventiva en la cárcel El Renacer lanzó sendas campañas para alcalde capitalino y diputado por su área de residencia.
Hasta el momento, a pesar de una impugnación, podrá engrosar la papeleta por fallo favorable de la primera instancia del Tribunal Electoral y están a la espera del resultado de una apelación cuyo argumento es que el reo no residía en el lugar un año antes de las elecciones como establece el Código.
Ante tal escenario, hay fuertes señalamientos como el de la organización social Polo Ciudadano, la cual consideró que la campaña es 'una trampa' para engañar al ciudadano de 'que decide su futuro democráticamente y afinque sus esperanzas en que el próximo gobierno resolverá los problemas que no solucionaron los anteriores'.
El grupo, integrado por académicos, intelectuales y estudiantes universitarios, niega que posterior a la invasión estadounidense de 1989, en Panamá haya democracia, sino 'un régimen político corrupto controlado por una oligarquía que ha impuesto un modelo económico neoliberal excluyente' y responsable de la alta desigualdad.
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La aspiración debe ser una reforma electoral y 'mientras la población no tenga una fuerza que le de voz política, no va a pasar nada', vaticinó y expresó que cree en la 'constituyente originaria, pero bien hecha', al referirse a una asamblea autoconvocada por fuerzas populares.
De la Constitución hay cosas que se deben cambiar, pero otras 'hay que defenderlas' y ejemplificó el tema del canal de Panamá, sobre el cual la carta magna obliga a un referendo para cambiar cualquier aspecto de ese enclave, y 'eso nadie lo debe tocar'.
Recordó que el texto prohíbe el 'monopolio privado', y aunque se viola, debe quedar plasmado, al igual de que los casinos de juego deben ser públicos, pero tampoco se respeta, y 'por lo menos cuando alguien vaya a usar eso, ahí está escrito', y debe mantenerse, sentenció.
Jované propone una nueva Constitución que implique un gran debate nacional sobre cual es 'el proyecto de país' a que aspiramos; y por otra parte está la selección de los asambleístas, porque 'si es por partido' se repite el 'dominio de la partidocracia', por tanto, debe ser por sectores sociales argumentó.
Al responder a quien dará su sufragio en la jornada del 5 de mayo venidero, el veterano académico hizo gala de su fino humor al afirmar: 'voy a votar por un señor de apellido Blanco'.
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