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27 junio 2019

La Ley D’Hont no favorece la verdadera demo­cracia




Son muchas las manifestaciones de que la democracia en Es­paña es más de nombre que de realidad. A lo sumo lo es en unos niveles muy bajos. Hasta la sentencia del TS sobre los cinco miem­bros de “La Manada”, casi podríamos decir que el sistema es­pa­ñol de libertades se reducía a la libertad sexual en todas sus fa­cetas. En ese aspecto de la sexualidad, se diría que España, tras un ayuno de cuarenta años, está a la cabeza de los países occiden­tales. Así nos va. Así les va a las generaciones que van lle­gando, de padres y madres múltiples o hijas del “poliamor”… Pero en lo demás, por eso cito esa sentencia, ni si­quiera el poder judicial ha contribuido a su desarro­llo; más bien, como lo demuestran numero­sas sentencias de los tribunales de instancia y bastan­tes jue­ces, ha empujado hacia la involución…

Pero a lo que voy. La Ley D’Hont favorece las mayorías absolu­tas de manera escandalosa. Esa ley excluye de manera au­tomática a los partidos que tengan menos de un 3%, aunque por porcentaje le correspondiese un escaño. La manera de contar para el resto, como decía, favorece de manera escandalosa a los parti­dos gran­des. No es en absoluto proporcional. Es un sistema pen­sado para favorecer las mayorías absolutas y el bipartidismo. Esta ley, combi­nada con el modo de repartir los escaños por distritos electo­rales provoca situaciones absurdas y antidemocráticas. Casi cada legislatura asistimos al espectáculo bochornoso de periodis­tas y politólogos intentando explicar el motivo de esas paradojas, sin convencer a nadie, salvo a los favorecidos por ellas...

Lo peor del asunto es que estamos ante una ley que conduce al círculo vicioso de ver cómo los partidos grandes impiden cual­quier reforma del sistema electoral. Nos quedamos roncos quie­nes hacemos llamamientos a la mesura, a la ponderación y a la lógica democrática. Puede que tuviese sentido la Ley D’Hont co­mo “ayuda” para arrancar la democracia en 1978 y evitarla exce­siva fragmentación. Pero 43 años después, ya estamos viendo la in­capacidad de comprender por parte de los propios políticos o la mayoría de los acostumbrados en su partido al ordeno y mando, que la función del político y de los gobiernos no está en decretar hipotéticas soluciones sino en pactar, en dialogar, en llegar a pac­tos con amplios grupos políticos, en llegar a acuerdos que benefi­cien al mayor número de personas posibles.

Las dificultades, que parecen insuperables, para formar actual­mente gobierno provienen de esta incapacidad. La Ley D’ Hont ha generado el bipartidismo crónico, y la situación actual se ha hecho tan sumamente anómala por eso mismo, que la única sa­lida posible no es esforzarse en pactar, sino en volver a las anda­das de una mayoría absoluta que, hoy por hoy sería indeseable que vol­viese a repetirse. Por lo que debiera ser una prioridad, sea cual fuere el resultado de este proceso actual en que nos encontra­mos casi encallados, en paralelo con el procés catalán que va por otro camino, derogar la maldita Ley D’Hont y buscar otra fórmula exis­tente en cualquiera de los países miembros de la Unión Euro­pea...

Jaime Richart, Antropólogo y jurista

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=257660

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