Por Maitte Marrero Canda
Guatemala, 9 sep (Prensa Latina) Fuerzas del Ejército, del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil permanecen hoy en la comunidad Semuy II, en El Estor, Izabal, departamento donde impera el estado de sitio y el miedo en parte de su población.
Guatemala, 9 sep (Prensa Latina) Fuerzas del Ejército, del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil permanecen hoy en la comunidad Semuy II, en El Estor, Izabal, departamento donde impera el estado de sitio y el miedo en parte de su población.
El operativo de ocupación militar es extensivo para otros cinco departamentos, Zacapa, El Progreso, Petén y Alta y Baja Verapaz, en total 16 municipios que el gobierno de Jimmy Morales cataloga como fuera de control del Estado y en manos del narcotráfico.
La medida, calificada como desmesurada por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, logró el pasado sábado el respaldo de 88 votos en el Congreso -de 85 necesarios-, después de tres días de debate en los que diputados de izquierda levantaron su voz para alertar sobre las consecuencias de generar más violencia en una zona ya de por sí explosiva.
Cinco días atrás, Morales anunció el decreto gubernamental 01-2019 en conferencia de prensa ante la muerte de tres soldados en Semuy II en circunstancias que aún se esclarecen debido a incongruencias entre la versión oficial y de pobladores del lugar, donde también resultaron heridas de gravedad tres personas en el incidente armado.
Rodeada de palma africana y ahora de unos 300 militares, incluso con los Jeeps J8 blindados prestados por Estados Unidos para la protección de las fronteras, transcurre el estado de sitio, un duro golpe para las comunidades indígenas y una vuelta a los años más duros de la guerra, reseña el medio digital prensacomunitariaKm169.
Organizaciones de derechos humanos como la Fundación Guillermo Toriello, la Unión de Mujeres de Guatemala y el Comité de Unidad Campesina, llamadas por Morales como 'pseudo defensores', anunciaron que se han visto obligadas a paralizar sus actividades hasta que existan garantías constitucionales.
Miembros de estas agrupaciones expresaron su preocupación de que esas comunidades situadas en el Valle del Polochic puedan ser atacadas y desalojadas, ya que el estado de sitio limita derechos constitucionales.
En opinión de Omar Jerónimo, de la organización Nuevo Día, la situación de vulnerabilidad física y psicológica que viven las personas de las comunidades en resistencia es alarmante y estos 30 días podrían significar un aumento acelerado de violaciones contra líderes y lideresas comunitarias, sus familias y pobladores afines a las luchas sociales.
Analistas apuntan que la oligarquía y los finqueros tienen la intención de ejecutar acciones para despojar a las personas de sus tierras con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual podría estallar la mecha del gran polvorín en El Estor, regiones donde la conflictividad social es muy elevada por los despojos y daños causados a causa de la industria extractiva y la agroindustria.
Los ataques y la desinformación en las redes sociales forman parte, además, de la estrategia, pues ante la divulgación del perfil de uno de los supuestos atacantes de los soldados, la víspera apareció el cuerpo colgado de una viga de un comunitario, en su casa en Semuy II, un hecho que suscita varias dudas.
Un presunto narcotraficante muerto y otro herido dejó también un enfrentamiento armado con el Ejército, luego de que una patrulla militar sufriera una emboscada en el departamento norteño de Petén, informaron voceros del Ministerio de la Defensa Nacional.
Según Albin Dubois, jefe del Estado Mayor de la cartera, el despliegue militar es para resguardar y apoyar a la población, y buscar a los que están haciendo cosas fuera de la legalidad.
Dubois enfatizó a sus subalternos que respeten la vida, los derechos humanos y la propiedad privada de las personas, y les recordó que siempre deben estar acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, que hasta ahora, por cierto, no ha presentado su informe sobre el incidente armado.
jf/mmc
La medida, calificada como desmesurada por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, logró el pasado sábado el respaldo de 88 votos en el Congreso -de 85 necesarios-, después de tres días de debate en los que diputados de izquierda levantaron su voz para alertar sobre las consecuencias de generar más violencia en una zona ya de por sí explosiva.
Cinco días atrás, Morales anunció el decreto gubernamental 01-2019 en conferencia de prensa ante la muerte de tres soldados en Semuy II en circunstancias que aún se esclarecen debido a incongruencias entre la versión oficial y de pobladores del lugar, donde también resultaron heridas de gravedad tres personas en el incidente armado.
Rodeada de palma africana y ahora de unos 300 militares, incluso con los Jeeps J8 blindados prestados por Estados Unidos para la protección de las fronteras, transcurre el estado de sitio, un duro golpe para las comunidades indígenas y una vuelta a los años más duros de la guerra, reseña el medio digital prensacomunitariaKm169.
Organizaciones de derechos humanos como la Fundación Guillermo Toriello, la Unión de Mujeres de Guatemala y el Comité de Unidad Campesina, llamadas por Morales como 'pseudo defensores', anunciaron que se han visto obligadas a paralizar sus actividades hasta que existan garantías constitucionales.
Miembros de estas agrupaciones expresaron su preocupación de que esas comunidades situadas en el Valle del Polochic puedan ser atacadas y desalojadas, ya que el estado de sitio limita derechos constitucionales.
En opinión de Omar Jerónimo, de la organización Nuevo Día, la situación de vulnerabilidad física y psicológica que viven las personas de las comunidades en resistencia es alarmante y estos 30 días podrían significar un aumento acelerado de violaciones contra líderes y lideresas comunitarias, sus familias y pobladores afines a las luchas sociales.
Analistas apuntan que la oligarquía y los finqueros tienen la intención de ejecutar acciones para despojar a las personas de sus tierras con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual podría estallar la mecha del gran polvorín en El Estor, regiones donde la conflictividad social es muy elevada por los despojos y daños causados a causa de la industria extractiva y la agroindustria.
Los ataques y la desinformación en las redes sociales forman parte, además, de la estrategia, pues ante la divulgación del perfil de uno de los supuestos atacantes de los soldados, la víspera apareció el cuerpo colgado de una viga de un comunitario, en su casa en Semuy II, un hecho que suscita varias dudas.
Un presunto narcotraficante muerto y otro herido dejó también un enfrentamiento armado con el Ejército, luego de que una patrulla militar sufriera una emboscada en el departamento norteño de Petén, informaron voceros del Ministerio de la Defensa Nacional.
Según Albin Dubois, jefe del Estado Mayor de la cartera, el despliegue militar es para resguardar y apoyar a la población, y buscar a los que están haciendo cosas fuera de la legalidad.
Dubois enfatizó a sus subalternos que respeten la vida, los derechos humanos y la propiedad privada de las personas, y les recordó que siempre deben estar acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, que hasta ahora, por cierto, no ha presentado su informe sobre el incidente armado.
jf/mmc
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