La tensión se elevó esta semana tras que políticos de ultra derecha y militares retirados pidieran la anulación de las elecciones, cometiendo un acto abiertamente sedicioso contra la democracia
Este sábado se realizaron manifestaciones a favor de Pedro Castillo, quien ganó la elección Presidencial de acuerdo con el computo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, pero aún falta la proclamación oficial de su victoria.
Agrupaciones de trabajadores y de derechos humanos, así como partidos progresistas, participaron en la Gran Marcha Nacional en defensa de la democracia y de la victoria de Castillo, ante las maniobras golpistas del fujimorismo.
Ciudadanos llegaron de diferentes provincias hasta la capital, Lima, para demandar que se respete el resultado electoral a favor de Castillo, con un nítido triunfo de Perú Libre con más de 44 mil votos de diferencias contra su oponente, la ultraderechista Keiko Fujimori.
Movilizaciones similares se efectuaron en provincia, donde Castillo obtuvo mayor votación que en Lima, el bastión electoral de la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
El Pleno del Jurado Nacional Electoral, JNE,, la última instancia para apelar, avanza lentamente en las auditorías para dirimir los pedidos de impugnación presentados por la candidata Fujimori, antes de proclamar al vencedor. Muchos líderazgos sociales y políticos han caracterizado como peligrosa esa misma incertidumbre, sobre todo cuando se acentúa un clima golpista sobre el país andino.
La tensión se elevó esta semana tras que políticos de ultra derecha y militares retirados pidieran la anulación de las elecciones, cometiendo un acto abiertamente sedicioso contra la democracia.
El presidente interino Francisco Sagasti rechazó el viernes 18 de junio una convocatoria de militares jubilados para que las Fuerzas Armadas intervengan mediante la violencia militar para evitar que Pedro Castillo sea proclamado ganador.
La titular del Mindef respaldó al presidente Francisco Sagasti, quien este viernes en un mensaje a la nación solicitó al Ministerio Público investigar la carta de los militares en retiro por ser “actos reñidos con la Constitución”.
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