Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021.
Asesinatos y secuestros perpetrados en varios distritos de Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas, dictan el clima de inseguridad en la nación.
Haití transita por una profunda inestabilidad política generada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la profunda crisis económico-social, la presencia y accionar de bandas armadas y el reciente caos migratorio, entre otras cuestiones.
La Oficina de Protección Ciudadana (OPC) recientemente señaló un deterioro marcado en materia de seguridad, tras el asesinato del diácono Sylner Lafaille y el secuestro de su esposa por parte de bandas armadas el pasado domingo 26 en la entrada de la primera iglesia Bautista, en la Rue de la Réunion.
La acción, señalada por las autoridades como repugnante se suma a casos de violación, homicidios y secuestros por parte de estas pandillas.
Al respecto, La Federación Protestante de Haití denunció con indignación el resurgimiento del fenómeno de la inseguridad que azota a la sociedad haitiana y pidió “el fin de estos actos inhumanos que siembran el duelo en el país”.
Otros casos similares dan fe del secuestro y liberación de Sébastien Saint-Vil, luego del pago de rescate por su familia; y el cantante Money G, este último tras un mes cautivo.
En tal sentido, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh) hizo un llamado al Ejecutivo para que tome medida ante el regreso a clases de los niños de los distritos de Martissant, Bas Delmas y Cité Soleil, enfrentados a la violencia impuesta por las pandillas que controlan dichas zonas.
“Ignorando la situación de la niñez en estas áreas con motivo de la reapertura oficial de clases, el Gobierno de facto no cumple con las obligaciones de respetar, proteger e implementar los derechos humanos, universales, indivisibles, inalienables y no discriminatorios”, señaló Cardh en su comunicación.
Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, revocó este lunes el Consejo Electoral Provisional (CEP) quebrando el acuerdo entre el Gobierno y alrededor de 200 organizaciones sociopolíticas para la gobernanza pacífica del país caribeño, quedando aplazados de manera indefinida los comicios presidenciales y legislativos previstos para los primeros días del mes de noviembre.
A esto también se suma la situación que patentan los migrantes haitianos en su afán de llegar a los Estados Unidos (EE.UU.) desde que se iniciara la más reciente crisis migratoria en la frontera sur con el país norteamericano.
Según registros, unos 3.500 haitianos han sido repatriados y otros 12.400 fueron sacados de los campamentos donde permanecían retenidos por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.
En Necoclí, departamento colombiano de Chocó, la situación se presenta igual de grave.
En este ambiente de inestabilidad al cual hay que añadirle la renuncia o destitución de funcionarios públicos, el canciller haitiano Claude Joseph se reunió con la Representante Permanente de los EE.UU. de América ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.
Ambos coincidieron en «la necesidad de un apoyo sostenido de la comunidad internacional a los esfuerzos del Primer Ministro, Dr. Ariel Henry, con miras a encontrar un consenso sobre la mejora de la gobernanza política, el apaciguamiento social y el “espinoso problema de la inseguridad».
Las autoridades electorales de Haití rechazaron su revocación, decretada por el primer ministro Ariel Henry.
Las autoridades electorales de Haití rechazaron su revocación, decretada por el primer ministro Ariel Henry, quien también pospuso las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional previstos para noviembre y enero.
Funcionarios del Consejo Electoral Provisional (CEP) indicaron que el decreto emitido por el jefe de Gobierno es ilegal, pues la ordenanza del presidente asesinado Jovenel Moïse solo puede ser derogada por alguien de igual rango.
Moïse había instaurado el ahora disuelto Consejo en septiembre de 2020, con el objetivo de organizar las elecciones y el referendo constitucional; sin embargo, el Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país, rechazó juramentar a sus miembros.
Antes del magnicidio en julio pasado, la situación política en Haití se había agravado, luego de una diferencia que surgió sobre cuándo terminaba el periodo del presidente al mando del Gobierno.
Tras haber elaborado varios calendarios electorales durante el año, el CEP fijó la fecha del 7 de noviembre para la organización de la primera vuelta de la elección presidencial y de las legislativas, así como de un referéndum constitucional.
Las segundas vueltas de los comicios estaban previstas para el 23 de enero de 2022, junto con elecciones municipales y locales.
La orden del despido ejecutada por Henry se produce cuando el país caribeño se ha quedado sin fecha para las elecciones pero se espera que sean hasta el año 2022.
«El tren se ha descarrilado durante algún tiempo en Haití. Queremos avanzar lo más rápido posible hacia la restauración de la democracia a través de elecciones», declaró Henry, al justificar el retraso en la celebración de los comicios.
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