Una semana atrás el matutino Clarín publicó un ranking de las cien empresas con mejor reputación de la Argentina.
El relevamiento con el que se pondera el prestigio de las corporaciones es confeccionado anualmente por una organización española denominada Monitor Empresarial Merco, que divulgó sus resultados de forma exclusiva a través de las plataformas comunicacionales manipuladas por Héctor Magnetto.
El resultado de la jerarquización contiene significativas coincidencias con las empresas responsables de la última etapa de la fuga de capitales –ejecutada durante el gobierno de Mauricio Macri–, cuyos beneficiarios fueron identificados inicialmente a partir de la investigación divulgada por El Cohete en mayo de 2020, y que actualmente es profundizada y examinada por los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que preside el senador José Mayans, a partir de la documentación recibida del Banco Central.
Una gran parte de las empresas más reputadas son las mismas que deberán ser investigadas en relación a las irregularidades con las que se contrajo el crédito de 44.000 millones de dólares que terminaron –gracias a la aquiescencia de los cambiemitas– en poder de esas empresas y/o sus máximos CEOs y ejecutivos. La instrucción sobre las irregularidades cometidas en relación al endeudamiento externo con el FMI tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, bajo la procuración del fiscal Franco Picardi. En los dos últimos meses, la jueza se encuentra abocada –entre otras tareas– a indagar si el acuerdo con el organismo multilateral y la subsiguiente fuga de capitales contienen correlaciones: si el crédito, entre otros factores, fue requerido para garantizarle a los compradores de divisas una capitalización en dólares en el marco de un seguro de cambio acordado previamente.
El Estado nacional fue aceptado como querellante en marzo de 2021, luego de que se formalizara la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous. La querella la lleva adelante la Procuración del Tesoro, cuyo titular es Carlos Zannini, y los imputados son el ex Presidente Macri, su ex ministro Nicolás Dujovne y los tres ex titulares del Banco Central: Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A los cinco se les atribuyen tres delitos:
- incumplimiento de los deberes de funcionario público,
- malversación de caudales públicos, y
- defraudación por administración indebida de los recursos públicos.
Las coincidencias entre los galardonados con mayor reputación y los acumuladores de divisas –que endilgaron 44.000 millones de dólares de endeudamiento a todxs lxs ciudadanos argentinxs– abarcan a:
- Mercado Libre (Marcos Galperin);
- Telecom (del Grupo Clarín);
- Pampa Energía (Marcelo Mindlin, conjeturado como socio o testaferro del ex Presidente);
- Farmacity (propiedad del ex vicejefe de gabinete Mario Quintana);
- Grupo Caputo (Luis Caputo, ministro de Finanzas desde enero de 2017 a junio de 2018 y presidente del Banco Central de junio a septiembre de 2018, y primo de Nicolás, cónsul en Singapur durante la presidencia cambiemita);
- La Nación (familia Saguier);
- Arcor (familia Pagani);
- FIAT/IVECO (Cristiano Ratazzi) y
- Techint (Paolo Rocca).
Todas esas empresas figuran en ambos listados: ponderadas por los ejecutivos y al mismo tiempo responsables de desvalijar al Banco Central, en complicidad con los cinco imputados.
Para hacer posible el vaciamiento de las arcas públicas, el macrismo destruyó, desde su asunción en diciembre de 2015, el andamiaje regulatorio que les impedía a las empresas reputadas las operaciones de evasión fiscal y fuga. Con ese cometido, en 2016 flexibilizó el Régimen Informativo de Operaciones de Cambio (RIOC), que exigía mayores estándares de detalle en relación a las transacciones con divisas.
Además de coincidir la reputación con la cantidad de divisas fugadas, la inmensa mayoría de los consignados son socios de las estructuras patronales más poderosas del país: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresarial (AEA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA). Esas entidades son también las que reclaman, en forma insistente, la flexibilidad laboral, el recorte de los impuestos a los sectores privilegiados, la eliminación de las retenciones, la reducción de los aportes patronales y el ajuste fiscal.
Prestigio y evasión
La empresa que aparece con la máxima consideración para Merco/Clarín es Mercado Libre, comandada por Galperin, quien decidió informar su residencia en la República Oriental del Uruguay con el objeto de tributar lo menos posible en el país que le concedió la posibilidad de edificar su unicornio. Doce días antes de que el gobierno de Juntos por el Cambio anunciara el “reperfilamiento” de la deuda soberana en agosto de 2019 –que implicaba la postergación de los vencimientos de los títulos públicos de corto plazo–, una indudable filtración de información privilegiada le permitió al reputado empresario vender 1.300 millones de pesos en títulos públicos.
Dos años antes, en 2017, el propio Galperin se había ofrecido en forma militante para participar como fiscal cambiemita en las elecciones de medio término, y había advertido que no volvería a residir en la Argentina en el caso de que el Frente de Todxs obtuviera la victoria. Cumplió.
El ranking de Merco, que puso en el tope de los reputados a la empresa Mercado Libre, se llevó a cabo durante los últimos seis meses mediante una consulta a 15.265 informantes claves, provenientes de 23 fuentes de información. Se los interrogó sobre una veintena de dimensiones organizadas en torno al liderazgo, innovación, proactividad, promoción de los recursos humanos, sustentabilidad, inserción comercial global, reconocimiento público y mediático, vínculo con proveedores y clientes, entre otras.
El primer filtro fueron 851 consultas a altos ejecutivos de empresas pertenecientes a corporaciones con una facturación superior a los 30 millones de dólares. Luego se consultó a 60 analistas financieros, 77 periodistas de información económica, 50 funcionarios gubernamentales, 60 dirigentes gremiales, 80 referentes de asociaciones de consumidores, 50 profesores universitarios ligados a la economía empresaria, 41 consultores de redes sociales y 42 directores de comunicación corporativa.
Tres de los consultados para la investigación, que solicitaron su anonimato, confirmaron que los cuestionarios omitían toda referencia al compromiso de las empresas consideradas prestigiosas en la reinversión de sus utilidades, los márgenes de rentabilidad equilibrados, la consideración sobre la fuga de capitales y la opinión sobre las prácticas de evasión fiscal.
La ponderación de los atributos evaluados como satisfactorios, de esa manera, sólo coincide con los beneficios que pueden brindar dichas empresas –en forma potencial– a quienes las evaluaron: los 851 electores iniciales catalogaron con alto puntaje a las empresas que les garantizan altos beneficios, sin evaluar el aporte real o potencial realizado al desarrollo de su entorno, a la inclusión social efectivizada, ni a la sustentabilidad socioeconómica que les permite la continuidad y extensión de sus actividades.
Lo que los consultados entienden por prestigio y predicamento se ajusta a los salarios, premios y bonos que se otorgan a los puestos más elevados de la pirámide organizacional. En síntesis: la reputación adjudicada a las empresas se basa en una imagen impuesta por dispositivos de comunicación entrenados para invisibilizar a las pymes, soslayar las responsabilidades económicas de las grandes corporaciones respecto a la fuga de divisas, y obviar las consecuencias de su participación especulativa en torno a las pujas distributivas. En el cuestionario aplicado por Merco no aparece ninguna clasificación orientada a develar su aporte a la solución de los graves problemas que atraviesan sus conciudadanos.
El listado que publica Clarín no sólo busca legitimar a las grandes corporaciones. Intenta dotarlas, además, de una autoridad apta para enfrentar las regulaciones promovidas desde el Estado, orientadas a limitar las prerrogativas oligopólicas. La reputación instituida por Merco contribuye, además, a desvalorizar todo aquello asociado a lo público: esa es la razón por la cual el ranking publicado el martes relega a Aerolíneas Argentinas al final de la lista, al dictaminar que su prestigio se vio debilitado desde el puesto 57 al 81 durante el último año. Lo mismo sucede con YPF, cuya jerarquía, para los ejecutivos opinantes, desciende desde el puesto 17 al 45.
Como contraste, Telecom –propiedad de Clarín–, asciende 25 lugares (del 75 al 54), acompañando el hecho de que aparece como la plataforma informativa mejor rankeada. Los sesgos de los consultados, acorde a la metodología empleada, también denotan su perfil patriarcal y cuasi misógino: entre lxs empresarixs relevantes sólo aparecen nueve nombres de los cien jerarquizados. La desvalorización de lo nacional también es una característica del ranking: sólo 36 de las 100 jerarquizadas pertenecen a accionistas mayoritarios argentinos. El resto son trasnacionales. Comparado con relevamientos en los que se aplicó la misma metodología (España, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, México, Bolivia, Costa Rica, Panamá y Portugal) la Argentina es el que exhibe mayor cantidad de percepciones extranjerizadas.
El informe del “Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 2021” se legitima mediante la auditoría de una de las consultoras más grandes el mundo (KPMG), que ofrece contralor sobre los procedimientos metodológicos utilizados por el ranking que difunde Merco. Durante 2021, KPMG fue condenada por el Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión de Portugal a pagar un millón de euros de multa por complicidad en la adulteración de documentos y balances. En el Reino Unido, en julio de este año, el Financial Reporting Council (FRC) –el organismo que evalúa las actividades de auditoría y consultoría que se brindan a las empresas– consideró que “los resultados de las inspecciones de KPMG no muestran mejoras. Y resulta inaceptable que, por tercer año consecutivo, la FRC haya detectado nuevas fallas en las auditorías que la consultora hace a los bancos y a otras entidades”.
La sociología del prestigio estudia los mecanismos que operan –y que se proyectan– para dotar a actores individuales (personas) e instituciones de determinadas formas de poder capaces de intervenir, e influir, en un entorno social, económico o político: la reputación está basada en el reconocimiento, la autoridad y el respeto. Todos esos atributos son utilizados como herramienta de presión en los debates públicos y la puja de intereses. La concertación discursiva que impone un ranking –como el difundido por Clarín– no es más que un dispositivo orientado a disciplinar, someter y sentarse en la mesa de negociaciones con el Estado con un escudo protector de legitimidad capaz de imponer sus reglas de juego al resto de la sociedad.
En su libro No nos lo creemos. Una lectura crítica del lenguaje neoliberal , Clara Valverde cita una frase de Norman Fariclough que describe las búsquedas solapadas de estas operaciones: “Las palabras no son neutras: sirven para hacer algo al que las escucha. Las palabras y las frases que utilizan las élites políticas y económicas neoliberales intentan que la ciudadanía se comporte de ciertas maneras y, sobre todo, que adopte opiniones y comportamientos sin que los poderosos tengan que ejercer la fuerza de manera obvia”.
Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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