A través de sus segundos, Pablo Casado exigió a Isabel Díaz Ayuso que suspendiera las cenas de Navidad del PP en Madrid porque la sexta ola está «provocando 100 muertos al día» y ella, como «militante disciplinada» que ha dicho que es, ha aceptado y no tendrán lugar esas cenas.
De estos hechos, así resumidos, se deducen las siguientes conclusiones:
Primera. Que Ayuso sí acepta las normas contra la pandemia que dicta la dirección del partido al que pertenece, pero no las del Gobierno del país al que también pertenece, tal como demuestran las decisiones contrarias a la protección de la salud que ha ido tomando en la C.A. de Madrid, casi desde que comenzó el COVID. Esas decisiones, unilaterales y contrarias a las establecidas por el Ministerio de Sanidad, convirtieron a Madrid en la región europea con mayor exceso de mortalidad el año 2020, según informó Europa Press el día 12 de octubre de 2021 al hacerse eco de los resultados del Barómetro Anual publicado por el Comité de las Regiones, un organismo perteneciente a la Unión Europea. En 2022 se conocerán los excesos de mortalidad producidos en 2021.
Segunda. Que para Ayuso tiene mucho más valor la salud de unos miles de afiliados del PP de Madrid que la de millones de personas que también viven en la Comunidad de Madrid, pero que pueden votar a otros partidos políticos, pues para proteger a los suyos está dispuesta a adoptar medidas mucho más rigurosas que para proteger la salud de los madrileños en general.
Tercera. Que Pablo Casado, el mismo que tanto critica a Pedro Sánchez, ha sido y sigue siendo incapaz de obligar a la presidenta de la C. A. de Madrid a que proteja por igual a todos los madrileños, y a estos igual que al resto de los españoles. Hace mucho tiempo que se conocen las fatales consecuencias de las decisiones adoptadas por Ayuso y, en cambio, ni siquiera ha ordenado iniciar contra ella un simple expediente disciplinario en el partido, pues en otras CC.AA. donde también gobierna el PP sí se han respetado unas decisiones contra la pandemia aprobadas por el Gobierno central que, por cierto, eran siempre debatidas en las reuniones virtuales del presidente Sánchez con los presidentes de las CC.AA.
Y cuarta. Ha quedado demostrado que a los poderes del Estado, y para mal, le importan mucho menos las vidas de los madrileños que el ejercicio de las libertades políticas de los catalanes, pues, especialmente el Ejecutivo y el Judicial, se han empleado con mucha más intensidad a la hora de intervenir, incluso invadiendo competencias, en Catalunya que en Madrid, a pesar de que, a diferencia de Ayuso, ningún presidente de la Generalitat puso jamás en peligro la salud ni la vida de los catalanes con sus decisiones orientadas al ejercicio del derecho a decidir el futuro de Catalunya en relación con España. En este momento, Pablo Casado vuelve a exigir la aplicación del mismo artículo 155 con el que Pedro Sánchez, entonces en la oposición, estuvo de acuerdo en 2017.
Que el episodio de las cenas del PP suspendidas en Madrid sea un rifirrafe más de los relacionados con la batalla por el poder que mantienen Ayuso y Casado es algo que no quita ni un ápice a la gravedad de unas decisiones políticas que afectan a la libertad principal, la de seguir viviendo, y que, comparadas unas con otras, y por muy odiosas que nos parezcan, sirven perfectamente para conocer la realidad de la España que sufrimos.
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