Mundubat y la CCPV presentan en Valencia un estudio sobre la producción de tomate en la región saharaui de Dakhla
“¡Siemens Gamesa, deja de apoyar la ocupación del Sahara Occidental!” “Siemens Gamesa: ladrones”. Un grupo de activistas saharauis se manifestó a primeros de diciembre frente a la sede en Bilbao de esta firma hispano-alemana dedicada a las energías renovables, informó WSRW.
La concentración se produjo el día anterior a la llegada de un buque a Bilbao, para recoger componentes de molinos de viento con destino al parque eólico de Bojador (Sáhara Occidental ocupado por Marruecos), añade la ONG.
¿Un caso excepcional? El pasado 19 de noviembre la ONG Mundubat; la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui; la Coordinadora Camperola del País Valencià (CCPV)-COAG y València Defensa presentaron el estudio Derechos humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental, de los investigadores Celia Murias y Jesús García-Luengos (junio-julio 2020).
Promovido por Mundubat y la CCPV-COAG, el informe se centra en la producción de tomate en la región de Dakhla (Sáhara Occidental ocupado). Los autores concluyen que los planes de expansión de Marruecos en el sector están relacionados con una estrategia “por reforzar la ocupación”.
Se trata, en el caso concreto de Dakhla, de “un sistema de explotación (agraria) intensiva e insostenible, orientado a la exportación, y que únicamente beneficia a las empresas implantadas en Dakhla –propiedad del rey de Marruecos y de empresarios marroquíes y franceses-, que exportan ilegalmente sus tomates principalmente a Europa”.
Otra conclusión relevante es la “opacidad” del sistema, lo que hace difícil el seguimiento de las diferentes etapas de producción y distribución (trazabilidad); el tomate de Dakhla es marroquinizado –certificación como producto originario marroquí en la ciudad costera de Agadir (Reino de Marruecos). Este proceso “irregular” de certificación y etiquetado no está siendo controlado por la Unión Europea (UE), señalan Celia Murias y Jesús García-Luengos.
El citado modelo de desarrollo agroindustrial -para la exportación en los mercados europeos- está integrado en el denominado Plan Generation Green (2020-2030) que hizo público –en febrero de 2020- el rey Mohamed VI.
El entorno de la ciudad de Dakhla (70 kilómetros) es uno de los focos de la producción agrícola en el Sáhara Occidental, basada en productos como el tomate en invernadero y el melón, cuya gran expansión comenzó a inicios de los años 2000; uno de los elementos favorables es la meteorología (mayor número de días soleados al año, en comparación con el Souss, región productora de Marruecos). Otro factor favorable es el agua de riego, con fosfato, que permite la obtención del tomate cherry de calidad.
El estudio de Mundubat reseña datos sobre la evolución y crecimiento del sector agrícola en el Sáhara Occidental, a partir de las capturas satelitales de WSRW: “Entre 2002 y 2009 la producción de hortalizas –principalmente tomate y pepinos- experimentó un crecimiento del 2.800%; y la producción de frutas –sobre todo melón-, un 500%”.
Asimismo, “las estimaciones más habituales sobre la producción de tomates y melones que se exportan desde Dakhla es de 65.000 toneladas anuales”, detallan Murias y García-Luengos, aunque el volumen podría ser muy superior.
ONG han advertido que, junto a los tomates de Dakhla, están exportándose ingentes cantidades de agua que se han utilizado en el riego, con las implicaciones que ello tiene respecto a la disponibilidad de recursos para el consumo humano. En relación con la la irrigación y las nuevas plantaciones en la región, el informe detalla que Marruecos también proyecta la construcción de una central desaladora y un parque eólico.
Una parte de las empresas implantadas en Dakhla estuvieron emplazadas, anteriormente, en Agadir. El informe de Mundubat cita cuatro grandes grupos empresariales que operan en Dakhla, en 11 plantaciones, según los datos de WSRW de 2012.
Se trata de Les Domaine Agricole, inserta en el holding del rey Mohamed VI y productora de tomates y melones; una de sus filiales –Grup d’Exportation des Domaines Agricoles (GEDA)- se dedica al almacenamiento, empaquetado y transporte, además tiene como partenaire a la francesa Frulexxo. Por otra parte se menciona al grupo Soprofelldyl, que exporta y distribuye en Europa tomates a través de su centro logístico en Chateurenard, en Francia.
O a la empresa Maraissa, del grupo Azura, que comenzó en 2006 su producción en Dakhla: “Los tomates son transportados para su empaquetamiento a Agadir, donde son certificados como tomates marroquíes”, detalla la investigación. Y la sociedad Domaines Abbes Kabbage (DAK), del grupo Kabbage, que cuenta asimismo con empaquetadoras de tomate en Marruecos.
Según informaciones a las que tuvieron acceso los investigadores, “varias empresas españolas comercializarían productos como plástico para invernaderos, material agrícola y de irrigación, fertilizantes y tienen como clientes a empresas instaladas en Dakhla”.
La gran mayoría de los empleados en la producción agraria de Dakhla son marroquíes, provenientes del Souss, pero se da una tendencia creciente a la contratación de población subsahariana, en coherencia con los procesos globales de migración y explotación de la mano de obra. Pese al discurso oficial en sentido contrario, trabajadores marroquíes han denunciado “condiciones deplorables” en las plantaciones agrarias, según el estudio de Mundubat.
Otro informe relevante es Empresas europeas y vulneración del Derecho Internacional en el Sáhara Occidental, de Mundubat y el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, realizado entre junio y octubre de 2021 por la investigadora Eva Rodríguez Zaragoza. El estudio incluye un listado de 28 empresas europeas que realizan inversiones –o las han ejecutado- en el Sáhara Occidental ocupado.
“Estas inversiones (realizadas) sin el consentimiento de la población saharaui contravienen el derecho internacional, convirtiéndose las empresas europeas en cómplices de la ocupación ilegal y la violación de los derechos humanos de la población saharaui”, concluye el estudio.
Figuran, en el sector de las energías renovables, la compañía suiza ABB, que en 2017 logró un contrato de 16 millones de dólares en el parque eólico de Aftissat (Sáhara Occidental ocupado), y se puso en marcha dos años después; asimismo la italiana Enel Green Power, que junto a Siemens Wind Power y la sociedad Nareva, del rey de Marruecos, obtuvo una licitación para el desarrollo de dos parques eólicos; también la francesa Engie SA; o la hispano-portuguesa Laso Lasarte Wind.
En el campo de la extracción y la minería, el listado de Mundubat y La Izquierda menciona a la holandesa Archirodon Group NV: construcción de un muelle nuevo para extraer fosfato en el puerto de El Aaiún (capital del Sáhara Occidental); la alemana Continental/Contitech; o la francesa Tractrafic Equipement Corporation/Caterpillar, con intereses en la mina de fosfato de Bou Craa.
Además, en el sector de los áridos y la construcción se incluyen cinco españolas, entre ellas ANFI Sales SA; o Tranportes y Excavaciones Benal SA (“rehabilitación de una playa turística artificial en Gran Canaria, con arena de los territorios ocupados”).
En el campo militar destaca la multinacional española Indra, que tiene como accionista mayoritario (18,5% de los títulos) a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); Indra, según el estudio, “proporciona capacidades de sonido y sistemas de combate a la marina marroquí y apoyo al ejército de Marruecos a través del suministro de radios tácticas”.
Otras empresas se centran en los sectores agrícola y pesquero (la francesa CMA CGM SA; la española Discefa SLU o la germana Köster Marine Proteins GmbH); el turismo (Booking Holdings Inc, de Países Bajos); la consultoría (Vigeo Eiris); o de la mensajería (DHL, subsidiaria de Deutsche Post, que en 2018 abrió una sucursal en El Aaiún)
Además de hacer público el listado de sociedades, el estudio constata que la UE “subvenciona a empresas que invierten en el territorio ocupado del Sáhara Occidental a través de programas tan inapropiados como el European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) y el European Neighbourhood Instrument (ENI), entre otros”.
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