Resumen Latinoamericano, 16 de febrero de 2022.
El expresidente Juan Orlando Hernández llegó la mañana de este miércoles a los tribunales de justicia para comparecer a la audiencia de información ante un juez que conoce la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos.
La salida se llevó a cabo al filo de las 9:15 am mediante fuertes medidas de seguridad a través de vehículos blindados, una caravana de carros de seguimiento cargados de policías, así como monitoreo aéreo con helicópteros. Debido a la aglomeración de personas, el expresidente fue ingresado arriba de las 9:30 am por la parte trasera de la Corte Suprema de Justicia.
Juan Orlando Hernández llegó en compañía de su equipo de abogados, con chaleco antibalas, encadenado de pies y esposado de manos. A su salida del carro en que se transportaba, elementos policiales lo rodearon para evitar cualquier riesgo contra su vida.
A su entrada a las salas de audiencia y mientras era custodiado por agentes, le fueron quitadas las esposas. En la audiencia entraron únicamente Hernández Alvarado, su equipo de abogados y el magistrado que conoce la causa.
Se espera que la audiencia se desarrolle de manera expedita y es allí donde se le detallarán los cargos por parte de la justicia norteamericana, se le van a leer sus derechos y se le indicará la fecha de la siguiente audiencia a la cual deberá presentarse. Será allí cuando se dará a conocer si hay acusaciones locales en su contra a través de un monitoreo de información en el Ministerio Público y demás entes jurisdiccionales a nivel nacional.
También el magistrado Edwin Ortez, como la autoridad a cargo del expediente de solicitud de extradición, tendrá la facultad de determinar si tras la finalización de la primera audiencia regresa al cuartel de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales o si es enviado al Primer Batallón de Infantería para cumplir la prisión preventiva.
Las autoridades indicaron que se destinaron al menos 40 miembros policiales a cargo de su seguridad. En los alrededores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se instalaron fuertes anillos de seguridad a fin de evitar daños contra la humanidad de Hernández Alvarado.
Paralelamente a los simpatizantes del Partido Libre, a las instalaciones de la Corte llegaron varios seguidores del Partido Nacional, quienes exclamaron su apoyo a Hernández Alvarado y gritaron pidiendo imparcialidad por el caso del que se le señala.
Los nacionalistas cuestionaron que los 44 diputados de su partido que están en el Congreso Nacional han mostrado una posición “cobarde” ante lo ocurrido con el expresidente del Poder Ejecutivo, por lo que demandaron su solidaridad.
Pasadas de las 10:00 am aumentó el nivel de tensión entre los nacionalistas y opositores, quienes realizaron disturbios, incluyendo gritos, manotazos, golpes con palos y lanzamiento de piedras. Algunos agentes policiales, mientras trataban de mediar para disuadir el enfrentamiento, también resultaron agredidos, por lo que se vieron a redoblar las vallas de defensa.
Juan Orlando Hernández fue capturado en una operación dirigida por la Policía Nacional en coordinación con agencias estadounidenses, especialmente de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Durante la operación de captura se siguió el protocolo policial para garantizar la seguridad del ahora arrestado, así como de su familia.
La captura se produjo poco tiempo después de que el juez natural Edwin Ortez, designado el mismo martes por la Corte Suprema de Justicia, dictó la orden de detención, en un ambiente de mucha expectación en su país y el júbilo de un pueblo que esperaba la llegada de ese momento desde hace varios años.
El exmandatario salió caminando por el portón principal de su casa, en la zona residencial exclusiva de San Ignacio, en el oriente de Tegucigalpa, vestido con un pantalón vaquero de color azul, una chaqueta, mascarilla del mismo color y camisa blanca.
Desde 2004 conspiró en el narcotráfico, según EEUU
Según una extensa nota de la Embajada de Estados Unidos, Hernández es acusado de conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.
Además, se le señala de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.
El segundo cargo es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las armas y los dispositivos destructivos serían en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno.
Hernández también es acusado de una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.
La solicitud de “arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición” fue hecha el lunes por la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, 20 días después de que Hernández finalizó su segundo mandato consecutivo, el 27 de enero, cuando fue sucedido en el poder por Xiomara Castro.
Luego de que el pasado lunes trascendió la solicitud de Estados Unidos, centenares de policías y militares montaron un dispositivo de seguridad como medida preventiva para evitar una eventual fuga del exgobernante, quien a primeras horas de ayer martes anunció que estaba “presto y listo para colaborar” a entregarse a las autoridades.
“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”, expresó Hernández en un audio difundido en Twitter.
Horas más tarde el Supremo designaba al magistrado Edwin Ortéz para que conociera de la petición de Estados Unidos hecha a través de la Cancillería en Tegucigalpa. De su casa, Hernández fue llevado en un vehículo hasta una estación especial de la Policía Nacional.
El exmandatario, conocido por sus iniciales JOH, es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.
Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad. El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández fue incluido en julio en un listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, y ordenó “restricciones de visa contra el expresidente (…) debido a actos corruptos”.
Durante el juicio de Tony Hernández, fiscales estadounidenses aseguraron que el expresidente “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares” a Tony para sobornar a su hermano.
Fiscales estadounidenses calificaron a JOH de “co-conspirador” en la acusación contra su hermano Tony, y afirmaron que convirtió a Honduras en un “narcoestado”.
En el juicio de otro narco hondureño en Nueva York, Geovanny Fuentes, un testigo contó que escuchó a Juan Orlando jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.
Fuentes fue condenado en febrero en Nueva York a cadena perpetua por enviar a Estados Unidos “toneladas” de cocaína en connivencia con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Hernández, según la acusación.
“Según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”, afirmó Blinken.
Hernández lo niega y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.
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