Por Marcia Perdomo, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2022.
El PCM 29-2022 que decreta estado de excepción en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula, profundiza la estigmatización y discriminación contra poblaciones ya vulnerabilizadas por el abandono del Estado que ahora quedan bajo la tutela de una policía agresora.
“Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”, lee el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución de la República de Honduras.
Además, Honduras es signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , conocido como “Pacto de San José”, y en su primer artículo establece: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Bajo estos lentes es incomprensible que ninguno de los asesores caucionó a la presidenta Xiomara Castro sobre cómo a través del establecimiento de un estado de excepción en 162 barrios y colonias de bajos ingresos en el Distrito Central y San Pedro Sula, estaría discriminando y estigmatizando a un sector de la población.
“En efecto, uno de los fuertes cuestionamientos que tiene el decreto de estado de excepción es precisamente haber focalizado una serie de barrios y colonias y comunidades. Consideramos que esto viola un principio clave en materia de derechos humanos de no discriminación de la población por su raza, sexo, condición económica, lugar de vivienda”, dijo a Criterio.hn el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra.
ESTADO DE EXCEPCIÓN PUEDE PROFUNDIZAR ESTIGMATIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN
El defensor de derechos humanos señaló que esta segmentación de la población no debió haber ocurrido y advirtió que puede generar una tendencia peligrosa que profundice grados de estigma y discriminación hacia las personas por los lugares donde vive y que repercuta en temas laborales.
“No fue correcto, reitero, porque violenta este principio de no discriminación cuando se desarrollan estas medidas de estados de excepción o disminución de garantías constitucionales”, remarcó Sierra.
El coordinador de proyectos de Ciprodeh señaló que ya se ha observado cómo en México, El Salvador y Colombia, a raíz de guerras contra el narcotráfico y pandillas, acciones similares a las señaladas en el decreto PCM 29-2022 a manos de la policía profundizaron grados de discriminación hacia las personas por los lugares donde viven.
El defensor de derechos humanos apuntó que levemente ya se ha detectado en el país una política de exclusión, no formal, en instituciones privadas a no contratar a personas que residen en ciertos sectores. Advirtió que con un estado de excepción que focaliza a estos territorios, puede incrementarse esta situación y “es una problemática que si llega a darse, cuesta mucho revertir”.
LA AMENAZA DE UNA POLICÍA AGRESORA Y UN DECRETO QUE ESTIGMATIZA
La abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, remarcó el peligro latente de estar en un estado de excepción bajo el cual el gobierno deja a criterio de la policía la determinación sobre si una persona puede o no circular en estas colonias o si debe ser detenida.
“Es peligroso porque todos conocemos en este país cuál ha sido el actuar de la policía. La policía […] no conoce sobre el respeto a derechos humanos. Son los primeros que salen a las calle a golpear, a agredir a las personas y cuando lo hacen en estos barrios y colonias lo hacen con un estigma de que todas las personas somos sospechosas de ser criminales y, por lo tanto, la policía se siente empoderada con este decreto de poder detener, golpear y torturar, eso es lo peligroso”, remarcó la defensora de derechos humanos.
La profesional del derecho opinó que la policía todavía no está lista para actuar en este tipo de situaciones y recordó que todavía no se ve que los policías que detuvieron y torturaron gente, hayan sido sancionados. En cambio, cuando detienen a una persona argumentan que usaron la fuerza necesaria y esta suele ser golpes.
“Me parece peligroso, me parece que la policía no debería —mucho menos los militares—tener esa facultad o tener la venía de decidir a quién detiene y a quién no. Creo que debe ser clara la presidenta con el tema de derechos humanos, entiendo que tiene una agenda sobre derechos humanos, pero no lo demuestra con este estado” de excepción, puntualizó la abogada.
En efecto, en su “Plan de gobierno para refundar Honduras 2022-2026” la presidenta Xiomara Castro prometió apostar por el desarrollo e implementación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual “construirá una base amplia de inclusión de grupos sociales que sufren discriminación, proponiendo el respeto pleno de todos los derechos de los partidos, los gremios, los individuos, los colectivos y los pueblos originarios”.
Asimismo, prometió desmilitarizar la seguridad ciudadana y atribuirles a los militares los roles que con base a la Constitución de la República les corresponden, es decir, limitar su función a la defensa del territorio y soberanía. Sin embargo, la seguridad sigue atribuida a los militares y, ahora con el estado de excepción, se les ha asignado con base a prejuicios, junto a la Policía Nacional, las pesquisas y detenciones de los ciudadanos que, bajo su discreción, consideren responsables de delitos
Fuente: Criterio
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