Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2023.
Caracas presentó el quinto informe periódico en el 139.° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En representación del Estado venezolano, el canciller Yván Gil presentó este martes ante el 139.° periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el quinto informe periódico del país suramericano en materia de protección y garantía de derechos, donde también aludió al sesgo presente en las intervenciones de algunos evaluadores.
En su exposición, Gil recalcó el efecto negativo de la “perversa estrategia de cambio de régimen promovida por el Gobierno de los EE.UU. de América y la ultraderecha internacional”, apoyada en la imposición de sanciones y diversas estrategias para derrocar al Gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido tanto documentado como rechazado por distintas agencias de la ONU.
En este contexto, llamó a recordar que “desde el año 2013, sectores radicales de la ultraderecha venezolana, con apoyo internacional, han promovido y financiado recurrentemente manifestaciones violentas en el país, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas, personas lesionadas y graves daños a la propiedad pública y privada”.
Los avances
En su inventario, Gil dio cuenta de la aprobación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional electa en 2020 destinadas a la “protección de los derechos civiles y políticos de la población venezolana”, políticas públicas orientadas a la igualdad y la justicia social, diálogo con todos los sectores de la vida nacional, garantías plenas para el ejercicio del activismo en pro de los derechos humanos, avances en los derechos para las mujeres y la población sexodiversa y libertad efectiva de asociación, entre otros asuntos.
Apuntó asimismo que, de conformidad con el enfoque de diálogo y reconciliación, en 2020, “el jefe de Estado otorgó un indulto a cientos de personas procesadas penalmente por su participación en hechos contra la estabilidad democrática del país”.
Con respecto a la consulta ciudadana en las urnas, el diplomático precisó que entre 2012 y 2021, “se desarrollaron 10 procesos electorales de carácter nacional, incluyendo tres elecciones presidenciales”, en los que la ciudadanía ha podido ejercer su derecho al sufragio –o se ha abstenido de participar–, sin que mediaran otros límites que su propia decisión.
Además indicó que como parte de lo acordado con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ha recibido “asistencia técnica (…) para la actualización de los estándares policiales aplicados a los servicios de mayor complejidad, incluyendo los protocolos de actuación de grupos tácticos y el control de reuniones públicas y manifestaciones”.
También aludió a la “lucha frontal” desplegada por Caracas para combatir la corrupción, que se ha traducido en la sanción de más de 5.000 funcionarios que perpetraron delitos contra la cosa pública, así como en la sanción de leyes en el Parlamento “para combatir con eficiencia las prácticas delictivas contra el patrimonio público”.
Las réplicas
Antes de concluir su presentación, el delegado venezolano recalcó que es importante que “el tema de los derechos humanos sea tratado de manera objetiva e imparcial, sin selectividad, dobles raseros ni politización”.
Seguidamente, representantes del Comité de Naciones Unidas para evaluar el examen periódico, formularon señalamientos hacia el Estado venezolano de diverso calado, entre las que destacaron afirmaciones como que en Venezuela supuestamente se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Frente a esto, Gil lamentó que integrantes del Comité como Héléne Tigroudja “minimizaran” el impacto de las sanciones en el disfrute de los derechos humanos, la acusó de burocratizar el tema, una conducta que calificó de “inaceptable” y contraria “a cualquier principio de protección a los ciudadanos y ciudadanos de un país”, aun en el contexto pandémico, al tiempo que consideró que actuaba “como vocera de quienes imponen las medidas coercitivas unilaterales”.
“Venezuela tiene más de 40.000 millones de dólares retenidos ilegalmente por potencias extranjeras, incluyendo europeas, que le impiden utilizar esos recursos para las venezolanas y venezolanos”, ejemplificó Gil.
Del mismo modo, apuntó que Tigroudja basó sus aseveraciones en lo contenido en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, rechazado públicamente por Venezuela, al estimar que “ha sido el producto una posición política del antiguo Grupo de Lima”, que en interés de socavar al Gobierno venezolano, recolectó datos sesgados y no verificados a través de las redes sociales para tratar de construir “un expediente” con procedimientos “poco profesionales”.
Estos dichos fueron secundados por el fiscal general, Tarek William Saab, quien aprovechó la ocasión para invitar a los miembros del Comité a visitar Venezuela y exhortarlos a desistir de emplear las plataformas virtuales como fuente de información principal en investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Los representantes venezolanos estarán en Ginebra el resto de la semana, aunque se espera que este miércoles concluya el debate sobre el examen periódico del país suramericano y se hagan públicas las correspondientes recomendaciones.
Fuente: RT.
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