“Quién dijo que las deudas por recursos de crédito campesino, en el marco de programas de transformación agraria, no deben honrarse”. (Margarita Murillo, dirigente campesina, activista de derechos humanos y defensora del ambiente)
El cambio o transformación de las estructuras agrarias de los países latinoamericanos, durante la década de los 60s y parte de los 70s, se acompañó de políticas de apoyo por parte del Estado a la producción alimentaria a grupos y cooperativas campesinas y de aquellas unidades tipificadas como minifundios o microfundios, que todavía hoy son las que más contribuyen a la seguridad alimentaria de la población, especialmente de personas de menos ingresos y que no puede acercase a un supermercado a comprar alimentos importados, supuestamente más baratos.
Esta transformación se truncó con las políticas de estabilización económica y ajuste estructural propias del modelo neoliberal que oficialmente inició en Chile con el derrocamiento (léase golpe de Estado) al presidente Salvador Allende en 1973 y los “Hijos de la Luz” en economía, llamados Chicagos “Boys”, un grupo de economistas beneficiados de un convenio de cooperación entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago.[2]
Estas políticas y acciones de los gobiernos, penalizaron los programas de reforma agraria y demás servicios de apoyo a la producción alimentaria generada por grupos campesinos, cooperativas y unidades familiares, vistas como un claro retroceso por ser evidente la alta concentración de la propiedad rural, ociosidad, migración y pobreza, y por el sustento público a una “clase” social parasitaria con poco compromiso con los cambios estructurales que demandaban y demandan los países y sus pueblos.
Con la primera “ola” de gobiernos progresistas en Latinoamérica, se dio de nuevo vida a programas de reforma agraria y entrega de tierras improductivas y por “sobre techo” a los campesinos y campesinas, donde destaca la voluntad política de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia; pero también se institucionalizaron, bajo el auspicio del Banco Mundial, programas de acceso a la tierra vía mercado, o sea tierra adquirida por el Estado (mediante compra a terratenientes) y entregada a los campesinos para ejecutar planes de negocios que muestren rentabilidad.
El Gobierno del presidente Lula Da Silva en Brasil-curiosamente- apoyó este tipo de programas, como parte de una estrategia más amplia para reducir la pobreza. En Honduras igual, en el Gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2001), pero sin abandonar las acciones por reivindicar derechos adquiridos con la Reforma Agraria y la lucha por la justicia social en el campo, tal como fue ideado por Aníbal Delgado Fiallos y su equipo en la dirección del Instituto Nacional Agrario (INA), al apoyar la creación del Movimiento Campesino del Aguan (MCA).
Estos programas de acceso a la tierra asistidos por el mercado, fueron un paliativo a la presión y demanda de tierras y servicios de apoyo a la producción por los campesinos, en tanto no contaban con recursos suficientes para su sostenibilidad financiera y asumían que los beneficiarios podían adoptar una lógica mercantil con la ejecución de proyectos empresariales para la explotación de rubros destinados al mercado, no de bienes salarios como los granos básicos, propio de una lógica de producción y reproducción material familiar.
Las acciones sirvieron para debilitar-aún más- la institucionalidad creada a favor de los campesinos. En Honduras, por ejemplo, se empezaron a cerrar oficinas regionales y reducir el presupuesto del Instituto Nacional Agrario (INA), asignar la ejecución de programas de la cooperación internacional a otras instituciones de gobierno y unidades independientes que operaban y operan con una lógica empresarial; pero, ante todo, se debilitó el Banco Campesino, caso del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), que tiene rango constitucional.
En el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio2009), se apoyó con más recursos al BANADESA, pero la mora creció, al debilitarse los mecanismos de control y recuperación de los créditos. “Mel” Zelaya era del criterio de apoyar a los campesinos para aumentar la producción agroalimentaria, aun cuando ratificó el RD-CAFTA con EEUU, con lo cual se permite la importación de granos básicos, una especie de subsidio o venta garantizada por productores “gringos” que recibían y reciben apoyos y subsidios del Gobierno. La mora agraria de BANADESA en enero de 2009 era menor de 40%, considerada manejable por el Gobierno, pero también con beneficios mayores para la población por el aumento de las áreas de siembra y producción de alimentos.
Entre 2010 y 2021, el BANADESA se debilitó más, ya que los gobiernos del Partido Nacional, sobre todo en los dos periodos (2014-2021) de Juan Orlando Hernández (JOH), profundizaron las políticas de ajuste económico y asumieron como único mecanismo de intervención en el agro hondureño, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) aprobada en el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993). Incluso, trasladó parte de su cartera no contaminada al Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BAHPROVI) e intentó cerrar el banco campesino, pero chocó con la Constitución al ocupar 86 votos válidos en el Congreso Nacional que no tenía. Se acusó a JOH de apoyar las operaciones del Banrural en Honduras, un banco chapín, donde él era o es socio del mismo.
En 2021, último año de Gobierno de JOH, la cartera total del Banco Campesino era de 3,183 millones de lempiras de préstamos a productores, de la cual se encontraba en mora 2,649 millones de lempiras, y sólo recuperaron 389 millones. “Durante 2020, el primer año de la pandemia, la cartera en mora se colocó en Lps 3,048 millones (la cifra más alta de los últimos tres años), de los cuales recuperó Lps 231 millones. El valor total de cartera fue de Lps 3, 556 millones. Aunque de enero a diciembre de ese año readecuó Lps 250 millones debido a los efectos de la emergencia sanitaria. (…) En 2019, el año previo a la pandemia, el contexto del Banadesa tampoco fue el más alentador. De los Lps 3, 779 millones que acumuló en su cartera, Lps 2,959 millones correspondieron a mora. El valor recuperado, en tanto, apenas fue de Lps 384.7 millones.”[3]
Una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, fue la reactivación de BANADESA; ya en el poder, ha aumenta el presupuesto de la institución en más de 2,000 millones de lempiras, igual de las instituciones relacionadas, caso de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y del Instituto Nacional Agrario (INA). No obstante, los funcionarios nombrados no han aprendido de experiencias pasadas como la necesidad de reactivar el Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA)[4] para formular y aprobar una política agroalimentaria multisectorial con la participación de los propios beneficiarios, con lo cual, y en evidente ausencia de esta, se debilitan las intervenciones de BANADESA en la entrega de recursos financieros a las unidades campesinas productoras de granos básicos, y la recuperación de los créditos para garantizar su sostenibilidad.[5]
La SAG como instancia coordinadora de las intervenciones en el Sector Agroalimentario, no ha votado el lastre del pasado, donde se evidencia una fuerte influencia de terratenientes y exportadores de “postres” en las decisiones, aferrada a la LMDSA, desconociendo al clamor de organizaciones campesinas y pueblos indígenas que demandan la evaluación de los resultados e impactos en más de 30 años de vigencia, mucho menos la urgencia de reformas o derogación. El INA tiene en mente una reforma para permitir que los campesinos sin tierra (mayormente mujeres) accedan a este recurso y otros servicios como el crédito agrícola de BANADESA, pero no hay voluntad en el Congreso, Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), ni en el mismo Gobierno; por lo que el banco campesino trabaja con un cartera vieja y podrida.
En 2023, el presupuesto de BANADESA fue superior a los 3 mil millones de lempiras, con una cartera de 2,400 millones de lempira para financiamiento; sin embargo, a Enero de 2023, el índice de morosidad era de 52%. (Dinero.hn, 8 de marzo de 2023). Hoy se sitúa arriba del 63%, con lo cual pone a la institución en cuidados intensivos que amerita un tratamiento de “Shock”.
Además de la reactivación del CODA ampliado por la convocatoriaa sus miembros por la Ministra de la SAG como cabeza de sector, conviene un revisión completa de la política agroalimentaria que está en fase de aprobación, destacando acciones puntuales en el corto y mediano plazo, como ejemplo la aprobación de una política de Financiamiento Rural Alternativo para el Agro, que complemente las acciones de Bandesa al incorporar e integrar los mecanismos comunitarios como las cajas rurales al crédito publico destinado a las economías campesinas y organizaciones sociales que trabajan con campesinos, especialmente con mujeres; haciendo visible los mecanismos, instituciones y actores que otorgan recursos de crédito bajo la modalidad de créditos informales.
El segundo frente de trabajo es la depuración de la cartera morosa. Hay, en primer lugar, clientes que no son considerados campesinos, sea por los activos que poseen, lógica de producción, recursos financieros demandados y empleados en el proceso productivo; también, como en el pasado, hay políticos beneficiados. En segundo lugar, debe desatacarse el compromiso que los beneficiarios del crédito campesino están dispuestos asumir, permitiendo un acompañamiento de técnicos del mismo banco y de otras instituciones sociales/comunitarias en la formulación de sus planes de inversión y negocios.
Un tercer frente es el otorgamiento de recursos de crédito mayormente a mujeres campesinas, que han demostrada honrar más las deudas que sus cónyuges. Los programas de crédito agrícola para beneficio de las mujeres campesinas se cuentan con los dedos y tienen pocos recursos, aun cuando se reconoce que son las que más contribuyen a la producción alimentaria por el mayor grado de sobrexplotación de trabajo en la parcela y fuera de esta, el hogar y las comunidades.
Hay que mejorar la efectividad en las intervenciones de BANADESA, tanto en las entrega de recursos como en la recuperación de los créditos. En el pasado, cuando la reforma agraria no había perdido vigencia, se fijaban metas de áreas de siembra, producción, entrega de créditos, insumos, asistencia técnica y compra de granos básicos, conocidas por las propias organizaciones de productores y establecidas en los planes de las instituciones con competencias en el campo bajo la coordinación de la Secretaria de Planificación. Estas metas eran consolidadas por región, departamento y municipio y por rubros.
El financiamiento rural, tal como sucede en Nicaragua, debe ser parte de una estrategia más amplia para superar la dependencia alimentaria y reducir el hambre, abriendo líneas de crédito de apoyo a la producción directa, comercialización, distribución y procesamiento y venta.[6] Con ello se permite ampliar y complementar el servicio en los eslabones del proceso productivo, integrando las cadenas de valor en productos básicos y hortalizas principalmente.
Finalmente, se necesita urgentemente que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lidere el proceso de levantamiento de la encuesta agrícola, que alimente el proceso de toma de decisiones en materia de formulación de políticas y programas agroalimentarios, donde los servicios de crédito agrícola por instituciones de gobierno y ONG juegan un papel importante.
Notas:
[2]Hubo un disidente de este grupo, André Gunder Frank, que es de los principales exponentes de la teoría de la dependencia, junto a Marini, Banbirra, Do Santos, entre otros. Pero también, hay que meter las manos por Ricardo Ffrench Davis, uno de los mayores críticos de las políticas neoliberales ejecutadas en países latinoamericanos. Ricardo Lagos, expresidente de Chile, reconoció públicamente la mala decisión de no incorporarlo como parte del gabinete de gobierno ya que se demostró que tenía mucho que aportar.
[3]“Cartera en Mora del Banadesa, un reto para las autoridades en 2022”. Tunota.com, 28 de marzo de 2022.
[4]Se ha confundido al CODA con el Consejo Directivo de Banadesa, integrado por finanzas, economía, INA, SAG y el banco, sin la participación de otras instituciones como la Secretaria de Desarrollo Social, Banhprovi y el programa Semprende, y las asociaciones de productores de granos, café y ciertas organizaciones de sociedad civil, lo que se denomina CODA ampliado.
[5]Con apoyo de la FENAGH, la SAG ha venido trabajando en la formulación de una Política de Estado para el Sector Agroalimentario 2022-2043, pero con un fuerte sesgo en contra de las unidades de producción campesina y a favor del mantenimiento del statu agrario, o sea sin acciones para modificar la estructura de tenencia de la tierra, distribución y uso de la misma.
[6]Ver “Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026”, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Nicaragua Triunfa,2021.
Javier Suazo, economista hondureño con Maestría en Política Económica y estudios doctorales en economía; catedrático de la facultad de ciencias sociales de la UNAH. Se base en resultados del Foro-Taller de Piso sobre Desarrollo Humano celebrado con estudiantes de la Carrera de Desarrollo Local.
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