En la última semana la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) de la India denunció el exponencial incremento de vuelos de drones de última generación provenientes de Pakistán, con cargamento de estupefacientes y armas. La proliferación del narcotráfico y el contrabando de piezas de armas que luego son ensambladas para su comercialización ilegal supone una gran preocupación para el Gobierno de la India porque los cargamentos sobrevuelan a través del límite fronterizo para aterrizar en algunos campos adquiridos por los mismos narcotraficantes, situación que hace más difícil su detección.
Narcodrones
Los funcionarios de Nueva Delhi denuncian que los aparatos aéreos no tripulados varían entre hexacópteros con dimensiones de más de dos metros de ancho y mini drones de 50 centímetros. Muchos de ellos cuentan con tecnología de silenciamiento y cámaras remotas de visibilidad aptas para cambiar de dirección cuando advierten la presencia de detectores de drones y personal de vigilancia. Muchos de los aparatos utilizados por los narcotraficantes y traficantes de armas son indetectables para los satélites porque poseen volúmenes y formatos similares a las aves.
En 2019 se detectó el primer dron con cargamento de heroína y desde ese momento han sido interceptados un promedio de cinco naves por semana. Las autoridades del BSF calculan que miles de esos aparatos ingresan anualmente y que el incremento se ha visto complejizado por la adquisición de tierras por parte de narcotraficantes que las utilizan de fachada para garantizarse el aterrizaje de los drones. Los funcionarios hindúes se encuentran abocados a estudiar alternativas para limitar la compra de fincas por parte de extranjeros para reforzar la soberanía territorial.
La situación analizada por los funcionarios de la India se repite en diferentes países del mundo. En España, las autoridades policiales incautaron en 2021 el narco-drone de mayor envergadura conocido, un Mugin 4450 de 5 metros de largo (foto), que posee una gran autonomía de vuelo y que alcanza una velocidad de 160 kilómetros por hora. La nave tiene un valor de mercado de 150 mil dólares y es capaz de transportar alrededor de 100 kilos de carga.
Seguridad nacional
La problemática del control de las fronteras y la prohibición de adquisición de tierras en los límites soberanos ha sido abordada por muchos países. Uno de los Estados más activos en la limitación y prohibición de acceso a dichas zonas limítrofes es Estados Unidos. En la actualidad la mitad de todas las divisiones federales de los Estados en Estados Unidos cuenta con leyes que limitan la propiedad extranjera de bienes raíces. Según el informe del American Land Title Association (ALTA), unas dos docenas de estados prohíben o limitan específicamente la propiedad extranjera de tierras al interior de los Estados, sean limítrofes o no, en el marco de justificaciones ligadas a la “seguridad nacional”.
El senador Sherrod Brown, de Ohio, presidente de la Comisión Financiera del Senado afirmó recientemente que “No podemos permitir que extranjeros compren sin control tierras de cultivo en todo el país. Es una amenaza para las economías rurales y para nuestra seguridad nacional”. En Florida una normativa reciente exige a los compradores de tierras o bienes raíces situados a menos de 10 millas de infraestructura crítica o de una instalación militar que confirmen que son ciudadanos estadounidenses, y que, además, dichos bienes registrados no son adquiridos como mandantes o socios de inversores extranjeros. Existen además, seis Estados que estipulan la total prohibición de la compra de tierras por parte de extranjeros: Hawaii, Iowa, Minnesota, Mississippi, Dakota del Norte y Oklahoma.
Jake Davis, director de políticas de Family Farm Action, una asociación que se opone a la presencia de inversores extranjeros, reclamó recientemente la adecuación de le Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras Agrícolas –sancionada en 1978–, que requiere información pormenorizada sobre la comercialización de tierras a la Agencia de Servicios Agrícolas. Davis considera que la ampliación de las regulaciones debiera estar justificada en el marco de la “la seguridad alimentaria” de los estadounidenses.
Milei
Los drones para el narcotráfico, la seguridad alimentaria y la defensa del patrimonio soberano es lo que el gobierno de Javier Milei ha puesto en duda al anular -en el Decreto de Necesidad y Urgencia- la Ley de Tierras (26.737) sancionada en el 2001, que ponía límites a la titularidad y posesión del suelo de personas físicas y jurídicas extranjeras, y prohibía su venta en zonas ribereñas y fronterizas. La extranjerización de la tierra para posibilitar el contrabando y el narcotráfico y para mercantilizar los recursos naturales beneficiando a las corporaciones y transnacionales extranjeras es lo que los países admirados por Milei no consienten ni toleran. Sucede que la mente colonizada, habitualmente, sobreactúa aquello que sus ídolos de barro blanco experimentan y practican.
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