Desde la aprobación de la ley de vivienda estatal, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha negado a aplicar algunos de los artículos que podrían beneficiar a los madrileños.
Los precios del alquiler continúan subiendo y parecen no tener techo. Según Datadicto, en la Comunidad de Madrid, una persona deberá invertir un 112% del salario mínimo interprofesional para poder residir en una vivienda de 60m². En julio, Isabel Díaz Ayuso, que siempre se ha posicionado en contra de la ley de vivienda del Gobierno que entró en vigor hace seis meses, recurrió la normativa ante el Tribunal Constitucional y aseguró que no la aplicaría “donde no sea obligatorio”. Desde entonces, el precio se mantiene en alza y muchos de los barrios de Madrid sufren el impacto de que su Ejecutivo autonómico no aplique muchas de las medidas con las que se podría aliviar el precio y las condiciones de la ciudadanía.
Los distritos en los que más porcentaje del salario se destina a pagar el alquiler son Usera, Centro, Puente de Vallecas y Carabanchel. Todos por encima del 30% según la plataforma de big data inmobiliario Brainsre. La ley de vivienda determina que todas estas zonas tienen los requisitos necesarios para considerarse “zonas tensionadas” y requerirían de una intervención para bajar los precios y determinar medidas a tres años vista para que las familias tengan mejores condiciones. Sin embargo, esta decisión está en manos de las comunidades autónomas y este es uno de los aspectos de los que Ayuso ha prescindido. Tampoco aplicará la congelación o limitación de rentas, herramientas que se proporcionan al declarar las “zonas tensionadas”.
El incremento que sufre el centro de la comunidad también repercute en el extrarradio, inflando considerablemente los precios y haciendo que lugares como Fuenlabrada o Alcalá de Henares se encuentren con costes de 10,9 euros por metro cuadrado, o Leganés, con 11,9 euros por metro cuadrado, tan solo ocho euros por debajo de la capital.
Dificultades para la juventud
Los jóvenes tienen mayores dificultades en relación al alquiler, no sólo por las condiciones laborales precarias en las que se encuentran muchos de ellos, lo que les obliga a buscar vivienda lejos de sus puestos de trabajo y compartir piso como única opción viable, sino porque la Comunidad de Madrid tampoco permite aplicar los artículos de la ley de vivienda que podría beneficiarlos: las deducciones en renta.
Estas establecen una reducción para los arrendadores cuando reducen las rentas de sus arrendamientos en un 5% en relación con las últimas rentas pagadas o cuando los inquilinos tengan entre 18 y 35 años. Estos últimos tendrán unos incentivos fiscales de un 90% cuando el mismo arrendador formalice un nuevo contrato de arrendamiento en una zona de mercado residencial tensionado, y que la renta inicial se rebaje en más de un 5% en comparación con la última renta del anterior contrato de la misma vivienda y una vez aplicada la cláusula de actualización anual del contrato anterior –2% en 2023, 3% en 2024 o un nuevo porcentaje a partir de 2025–. Cuando se trate de la incorporación al mercado de viviendas destinadas al alquiler en zonas tensionadas y se dispongan a los jóvenes de esas áreas, o bien se trate de vivienda asequible incentivada o protegida, cedida a la administración pública, entidades del tercer sector, colectividades sin fines lucrativos o que pertenezca a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler, los incentivos fiscales podrán alcanzar hasta el 70%.
Por otro lado, las medidas propuestas por el gobierno autonómico en el ámbito de adquisición o alquiler de vivienda de los jóvenes tampoco terminan de arrancar. El Plan Vive Madrid, una de las más conocidas, aseguraba que pondría a disposición de los madrileños 25.000 pisos de alquiler a 500 o 600 euros de renta mensuales, de los cuales finalmente sólo se permite optar a 274 y cuya entrega se debería realizar en el primer trimestre de 2024.
Además, el Abono Joven del Alquiler tampoco será un consuelo para los habitantes de la capital. La administración autonómica sólo ha pagado hasta la fecha un 24% de las ayudas, lo que ha despertado quejas hasta tal punto de que diferentes jóvenes afectados han creado comunidad en “X” bajo el nombre de @SinBonoJovenCM en el que actualizan su situación y se organizan para manifestarse. La administración reconoce problemas ante el volumen de solicitudes y la incapacidad de poder gestionar todas las ayudas, pero esto podría agravarse aun más si se confirma que estos incentivos, responsabilidad de las comunidades autónomas, serán ampliados tal y como aseguraba Pedro Sánchez en la investidura.
Los pisos turísticos se comen la ciudad
Otro de los aspectos a destacar de la Comunidad de Madrid es que encabeza el aumento de viviendas turísticas con 19.406 inmuebles, 4.500 más en solo doce meses y un 24% del total de España a mucha distancia del segundo, según Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), lo que encarece las viviendas de la mayoría de distritos de la capital, complica considerablemente su búsqueda y reduce el número disponible para asentarse. Además, un porcentaje muy elevado de los pisos turísticos de la capital que se pueden hallar en todos los barrios se encuentran fuera de la legalidad desde hace tiempo, aproximadamente más de 24.000.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se refería a este tema como “una de las prioridades” para la legislatura tras ser reelegido en los pasados comicios. Achaca esta situación a la administración que le precedió, la de Manuela Carmena, “es obvio que la regulación anterior no ha funcionado porque ahí está la realidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de inspección y de sanción de viviendas de uso turístico de carácter ilegal”, aseguraba el edil. A pesar de ello las competencias de vivienda y turismo residen en gran medida en manos de la Comunidad de Madrid.
Las denuncias a los pisos turísticos han aumentado considerablemente en este último tiempo. Según un informe de gestión de la Agencia de Actividades, estas han aumentado en Madrid un 70,92% en los últimos doce meses. El crecimiento pasó de 282 denuncias entre enero y septiembre de 2022 a 482 en el mismo período de 2023. El problema al que se enfrentan todas las grandes ciudades europeas y que repercute directamente en el precio del alquiler parece tener difícil solución. Sin embargo, Almeida asegura que en “tres o cuatro meses” habrá una nueva ley con la que “regularán” a los pisos turísticos.
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