¿Se imaginan ustedes cuántos desempleados habrá dentro de pocos meses en Argentina si el ultraderechista y futuro presidente Javier Milei logra eliminar unos 10 ministerios en los que laboran miles de trabajadores?
Antes de ser elegido se hizo viral en los medios de comunicación y en las redes sociales su aparición donde con gestos prepotentes iba arrancando de una pizarra los nombres de los diferentes ministerios que eliminaría y gritaba, ¡se va!
Tras su elección ratificó que prescindirá de una decena de esos organismos vigentes, y algunos de ellos concentrarán las tareas que están repartidas en varias carteras de Estado, por los que nacen dos super-ministerios: Capital Humano e Infraestructura.
Capital Humano unificará las carteras de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación y estará dirigido por Sandra Pettovello, una conservadora del Partido Unión del Centro Democrático y de la derechista Propuesta Republicana cuyo líder es el expresidente Mauricio Macri, quien apoyó en el balotaje a Milei.
El Ministerio de Infraestructura aglutinará a los de Transporte y Obras Publicas así como las secretarías de Minería, Energía y Comunicaciones, y estará a cargo de Guillermo Ferraro quien de 2010 a 2023 figuró como director de Infraestructura y Gobierno de la transnacional KPMG, una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios profesionales.
Los únicos ministerios que se mantendrán son: Economía, Relaciones Exteriores, Seguridad, Interior, Defensa y Justicia.
Con su proverbial prepotencia, el presidente electo (tomará posesión el 10 de diciembre) ha sentenciado que hará ajuste de shock para generar un equilibrio fiscal, y advirtió que en caso de conflictividad social, usará «toda la fuerza de la ley porque el orden se respeta». O sea ya anunció las represiones contra los movimientos sociales.
Siguiendo esa línea, suspenderá todas las obras públicas y las entregará al sector privado, incluso las que están en ejecución.
Privatizará los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la compañía de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y medios públicos como la agencia de noticias Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública.
De un solo plumazo le cortará al Estado las entradas de capital provenientes de la comercialización de los hidrocarburos; aumentará los servicios de agua y alcantarillado a la población, y reducirá a la mínima expresión la libertad de prensa. Solo se permitirá publicar lo que decida el régimen.
La otra medida anunciada es la de cerrar el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ligado directamente a la dolarización de la economía.
Los Bancos Centrales tienen entre sus facultades la de emitir monedas y billetes; regular el funcionamiento del sistema financiero; aplicar la Ley de Entidades Financieras; sistematizar la cantidad de dinero y las tasas de interés; normalizar y orientar el crédito y ejecutar la política cambiaria.
El Banco Central funge como instrumento para canalizar las políticas públicas y al eliminarlo se le reduce de forma brusca e indiscriminada las acciones del Estado. En la actualidad ningún país desarrollado funciona sin esa institución.
Los analistas indican que dolarizar sin resolver los problemas fiscales no es sustentable porque el país debe endeudarse en dólares. Argentina no emite billetes verdes y tendrá gran restricción para conseguirlos.
Y aquí aparece la otra fórmula mágica que le agrada a Washington y a los sistemas financieros internacionales, pues al no poder emitir dólares, el prestamista de última instancia será el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Reserva Federal (banca central de Estados Unidos) y por tanto, se dependería de la voluntad norteamericana para aportar fondos.
La dolarización como consecuencia directa, bajaría los salarios y destruiría la economía nacional. Los llamados “libertarios” como Milei (están contra el control del Estado) aseguran que esa medida sería prácticamente irreversible para que no puedan llevarse a cabo ideas “populistas”.
Recordemos que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa no pudo desdolarizar la economía del país la cual había sido impuesta en 2000 por el expresidente Jamil Mahuad.
De esa forma, las decisiones democráticas quedarán subordinadas al poder económico. A la Argentina la controlarán las compañías transnacionales y las instituciones financieras internacionales dirigidas desde Estados Unidos.
En el actual contexto varias preguntas afluyen: ¿Podrá el nuevo gobierno implementar las medidas pese a contar solo con una pequeña minoría en las dos Cámaras? ¿Permitirán las organizaciones sindicales y el pueblo que avancen esos proyectos? ¿Cuántas personas serán arrojadas a las calles en una nación donde ya la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), afecta al 40,1 % de la población? Lo cierto es que serán años difíciles para la mayoritaria población argentina.
Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.
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