Más de 80 organizaciones reivindican la “protección del territorio” y “un mundo rural vivo”
La multinacional española Iberdrola y Norges Bank Investment Managment (gestor del fondo soberano de Noruega) anunciaron, el 17 de enero, una inversión conjunta de más de 2.000 millones de euros (en el próximo trienio), con el fin de alcanzar los 2.600 megavatios (MW) de energías renovables en España y Portugal; de la última capacidad incorporada (674 MW renovables), el 60% corresponde a la energía fotovoltaica y el 40% a la eólica.
El Gobierno español aprobó, el pasado 27 de diciembre, una modificación del proceso administrativo para los nuevos proyectos (de energías renovables) que establecía el Real Decreto-ley 23/2020; el cambio se anunció como un incremento del apoyo a la Industria renovable.
En concreto, informó el Consejo de Ministros, “el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses; además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación (…); el plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años”.
En el País Valenciano, donde gobiernan en coalición el PP y Vox, la consellera de innovación e Industria, Nuria Montes, se refirió el 15 de diciembre a un plan de choque que llevaría a cabo su departamento -a partir de enero- para “desbloquear los expedientes de fotovoltaicas” así como “agilizar los procedimientos”.
Uno de los ejes, detalló Montes, consiste en la reorganización del personal administrativo de la Conselleria con el fin de “solucionar todos los expedientes que están a punto de caducar el próximo 24 de enero”; la consellera realizó estas declaraciones en una jornada organizada por la agencia Europa Press y la compañía noruega de renovables Statkraft.
Más allá de las tramitación, plazos y autorizaciones burocráticas, la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables ha convocado el 20 de enero una manifestación en Valencia, respaldada por 85 organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas.
La consigna de la movilización es Ministeri de Transició Ecológica. Heu de protegir el territori, no destruir-lo! Per un món rural viu (el 17 de enero la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pasó a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE).
Integrada por 65 colectivos en defensa del territorio y ecologistas del País Valenciano, la Coordinadora adjuntó a la convocatoria -en las redes sociales- una serie de carteles informativos; por ejemplo, “una pista de hielo necesita 70 litros de agua por metro cuadrado y mucha energía continua para su mantenimiento; ¿son imprescindibles para la diversión?”.
Las organizaciones mencionan asimismo tres de las compañías (“terratenientes del suelo”) líderes en la presentación de macroproyectos fotovoltaicos: EnerHi (más de 2.000 hectáreas); Renovalia (1.306 hectáreas) y Statkraft (1.248 hectáreas).
Como ejemplo del volumen de suelo ocupado por los grandes polígonos fotovoltaicos, apuntan los casos de los municipios de Turís (comarca de la Ribera Alta, 7.200 habitantes) y Alborache (la Hoya de Buñol, 1.400 habitantes); los proyectos solares de Statkraft en los dos municipios –Los Predios y Los Hierros– suman 420 hectáreas (“el 99% de las macroplantas están alejadas de los grandes centros urbanos”).
“¿No será que a las compañías eléctricas no les conviene las instalaciones de autoconsumo porque beneficiaría a las pequeñas empresas?, se preguntan los colectivos en otro cartel, con la imagen adjunta del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (el ejecutivo percibió una retribución de 13 millones de euros en 2022; Iberdrola alcanzó un beneficio de 3.640 millones de euros entre enero y septiembre de 2023).
La Coordinadora señala que Iberdrola “instalará 400 megavatios de fotovoltaica sólo en la comarca de Valle de Ayora-Cofrentes” (interior provincia de Valencia); otra representación gráfica es la de hogares en el ámbito de la macroplanta solar de la empresa Enerhi, en el municipio de Les Useres (985 habitantes, comarca de l’Alcalatén, Castellón); la planta solar proyectada suma 351 hectáreas y una potencia de 136 megavatios.
El pasado 29 de diciembre Acció Ecologista Agró informó, con datos de la Generalitat Valenciana, sobre los desequilibrios territoriales en la implantación de los parques solares; “unas pocas comarcas han sido el objetivo de las empresas fotovoltaicas”, resalta Agró en un comunicado.
La estadística alcanza hasta agosto: 85 plantas aprobadas en el País Valenciano, con una potencia total de 2.190 megavatios (una veintena de plantas fueron aprobadas por la Administración estatal, mientras que 65 por la autonómica); “los parques aprobados por la Administración estatal alcanzaban 1.760 megavatios de potencia, frente a las 459 aprobadas por la Generalitat”, subraya el colectivo ecologista.
En el apartado de actuaciones ya autorizadas, el informe constata cómo “ciertas comarcas son las damnificadas”; Acció Ecologista Agró detalla los ejemplos de El Vinalopó (Alicante), 1.000 megavatios (principalmente L’Alt Vinalopó y municipios como Villena); y la comarca del Valle de Ayora (Valencia), con 583 megavatios.
Además del balance citado, “en agosto se estaban tramitando 321 parques solares en el País Valenciano, con una potencia total de 7.610 megavatios”; según Agró, la elección se realiza por criterios únicamente económicos, el precio bajo del suelo y la disponibilidad de mayor número de hectáreas (“esta situación es contraproducente, injusta y asimismo ilegal”).
También en diciembre, Ecologistes en Acció-País Valencià presentó un documento de 13 alegaciones al proyecto de planta solar denominado Valentia Edetanotum FV3, de 200 megavatios, que -incluida la infraestructura de evacuación- afecta a los municipios de Alcublas (Valencia); Jérica y Altura (Castellón).
Las alegaciones de Ecologistas en Acción hacen referencia, entre otros contenidos, al “incumplimiento de la mayoría de planes de ordenación del territorio -como el PORN de la Serra Calderona- y áreas de protección paisajística, agraria, forestal, hidráulica o patrimonial”.
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