MARIO HERNÁNDEZ
La ministra de seguridad amenazó a la CGT con aplicar su protocolo represivo durante la huelga de este miércoles 24, y lo hizo con una advertencia: “Hay que dar pelea de vida o muerte”
El Fondo sólo garantiza hasta abril fondos para el repago de la deuda que el propio Caputo negoció en 2018 y Guzmán y Massa validaron posteriormente. El acuerdo entre el gobierno y el FMI tiene gusto a poco para las expectativas que el propio Milei había generado.
El gobierno nacional volvió a atacar a los gremios, esta vez por los amparos presentados contra los puntos del DNU 70/2023 que atacan los derechos laborales. Lo hizo a través del vocero de la presidencia Manuel Adorni, quien ninguneó a las organizaciones sociales que recurrieron a la Justicia y ratificó los descuentos a los estatales que adhieran al paro general.
“Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la Justicia” y “no hay ninguno de quienes dan trabajo y crean empleo en el país”, sostuvo Adorni en su habitual unipersonal en Casa de Gobierno y a solo cuatro días del paro general de la CGT.
La expresión fue lanzada luego de ponderar la decisión de la Unión Industrial Argentina (UIA) de respaldar el capítulo laboral del DNU a través de un amicus curiae en favor del Gobierno. De esta manera, la administración de Javier Milei encontró un fuerte aliado en su intentona para chocar de frente con la suspensión del decreto decidida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Adorni ponderó la decisión de la cúpula industrial, una de las patronales más grandes del país, y la elogió por “defender lo que corresponde a cuestiones laborales". Por el contrario, repudió la intervención de los gremios contrastando la función social entre empleados y empleadores.
“Llamativamente, todos los amparos fueron presentados por gremios. Los amparos presentados por empresarios e inversores son cero”. Obviamente quienes defienden las reformas laborales son los favorecidos por ella, y no los perjudicados.
Precisamente, las presentaciones de los gremios dieron cuenta de cómo las anulaciones y reformas de leyes laborales incluidas en el cuestionado DNU dejan a los trabajadores en una mayor situación de vulnerabilidad y pérdida de derechos. Ese fue el motivo por el cual la Cámara de Apelaciones del Trabajo -puesta en el blanco de los enemigos por el Gobierno- ordenó la suspensión del decreto que alega urgencia y, por ende, frenó su vigencia.
En otro tramo de su conferencia frente a la prensa acreditada en Casa Rosada, Adorni volvió a desafiar a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la carta documento que esta le enviara tras el anuncio de descontarles el día a los trabajadores de ese sector que adhieran al paro de la CGT.
“Reafirmo cada palabra: quien no trabaje no va a cobrar”, dijo el vocero arrogándose un rol de empleador y arriesgó una explicación con la corta lógica a la que suele apalear el oficialismo. “El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre”, dijo.
Ese tipo me medidas “operan sobre la voluntad del trabajador” y “no solamente afectan su libertad sino, tangencialmente, resultan atentatorias del derecho a huelga”, explicó la jueza María Ventura Martínez cuando en marzo de 2017 la gobernadora Vidal intentó algo parecido con los docentes bonaerenses.
Por lo tanto, los descuentos “alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual deberán en adelante abstenerse de realizarlas”, fundamentó en su fallo. Adorni omitió esa interpretación fundamentada en la Constitución Nacional y se arrogó representatividad y poder de decisión: “Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen a un empleado estatal que no vaya a trabajar”.
La ministra Patricia Bullrich quiere que le paguen su show represivo
El ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, envió una carta documento a varios sindicatos intimándolos a pagar 40 millones de pesos en concepto de “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público“, por la movilización al Palacio de Tribunales, convocada por la CGT , las dos CTA y otros movimientos sociales y políticos para respaldar el amparo contra el capítulo laboral del mega DNU de desregulación económica.
Pero además de esperar que otros le paguen el show represivo, Bullrich pareciera querer quedarse con un excedente: en todas las intimaciones justifica que el monto total del operativo fue de 40 millones de pesos y les pasó facturas a varios sindicatos.
La carta documento que llegó, por ejemplo, a las sedes de Sipreba y Camioneros, fue firmada por el secretario de Coordinación Administrativa de la cartera de Seguridad, Martín Siracusa, y se respalda en el decreto 943/23, que ordena el Protocolo “antipiquetes”, y el decreto 949/23, que instruye a las cinco fuerzas federales a estimar los gastos de los operativos de seguridad para cargar los gastos contra las organizaciones que ejercen el derecho a la protesta.
La intimación, de acuerdo al artículo 8 del protocolo “antipiquete” que habilita la inteligencia sobre las marchas, enumera a más de una decena de sindicatos –UOM, UOCRA, UEJN, Conadu, Sipreba, Sutna–, organizaciones gremiales como las dos CTA y la UTEP y partidos políticos de izquierda que acompañaron la movilización. Además de la intimación económica –para el cual se solicita que se genere el volante de pago a través del portal del Sistema de Recaudación de la Administración Pública–, la carta anticipa que de no concretarse en diez días corridas se avanzará con una presentación judicial.
En el megaoperativo del 27 de diciembre, los sindicatos limitaron al mínimo el corte de vías, la concentración se desarrolló en una plaza pública, desbordada sobre las calles por la masiva convocatoria, que a pesar de desarrollarse de forma pacífica terminó en un operativo de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Esta acción de criminalización de la protesta fue aplicada también por el gobierno de Javier Milei contra las organizaciones de izquierda que se movilizaron el 20 de diciembre, en el marco del aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Entonces, el vocero Manuel Adorni informó la identificación de 14 agrupaciones como organizadores de la movilización –algunas de ellas que no habían participado, una responsabilidad en ausencia que se busca transformar en ley en el proyecto de Ley Ómnibus que Bullrich defendió el miércoles en el Congreso— y adelantó el envío de una intimación económica por 60 millones de pesos.
Según el decreto 949/23 firmado por la ministra Bullrich, los costos que las cinco fuerzas federales deben calcular 24 horas después del despliegue ordenado por la ministra para transformarlo en una intimación económica contra quienes ejercen el derecho a la protesta son:
• Las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron.
• El combustible utilizado.
• Los elementos consumidos en los operativos.
• Otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.
“Hay que dar pelea de vida o muerte”
Patricia Bullrich amenazó a la CGT con aplicar su protocolo represivo durante la movilización de este miércoles 24, y lo hizo con una grave advertencia: “Hay que dar pelea de vida o muerte”. La singular expresión de la ministra de Seguridad fue acompañada de una serie de provocaciones que echan un manto de sospechas sobre cuáles serán sus intenciones para enfrentar lo que se prevé como una masiva marcha en repudio del DNU y la Ley Omnibus de Javier Milei.
“Se van a encontrar con un gobierno que no va a ceder tan fácil”, amenazó y dejó claro que la intención es aplicar su mentado protocolo que castiga a quienes cortan una calle y ejercen el derecho de protesta garantizado por la Constitución Nacional.
Esta mañana, Mario Manrique, diputado y dirigente del gremio SMATA (Mecánicos y Afines), adelantó que la movilización será tan masiva que “no van a alcanzar las veredas” para que la gente marche. “Naturalmente lo van a hacer por las calles”, dijo y aclaró que no fue una amenaza sino una percepción sobre la magnitud de la convocatoria.
Pese a los pronósticos de masividad debido a la alta adhesión de sindicatos y organizaciones que tendrá el paro general de ese día, Bullrich dejó claro que su ministerio “seguirá adelante con el protocolo para que el país viva en orden”, para que “la calle no sea un desastre”. Luego disparó otra frase desafortunada: “Algunos están aportando al cambio que necesitamos y otros defendiendo intereses que se han ido creando a lo largo del tiempo. Las oligarquías defienden sus intereses. Hay que dar una pelea de vida o muerte”.
La ministra insistió en que la “Argentina necesita orden económico y social en las calles para ser un país ordenado”. Para Bullrich, el Gobierno está diseñando “una operación fuerte” y para ser exitosa necesita “que los diputados y senadores ayuden sacando las leyes” que mandó a derogar y sancionar. Luego se refirió al dudoso sistema de denuncias anónimas que el Gobierno puso en marcha para que supuestas víctimas denuncien aprietes gremiales a la línea telefónica 134. La ministra dijo que ese número está “colapsado” y afirmó que están “acumulando muchísima información de gente que dice que la obligan a hacer paro”.
Columna independiente el 24
El miércoles pasado se reunieron en Ademys (sindicato docente porteño) referentes de sindicatos recuperados, el sindicalismo combativo, organizaciones piqueteras, asambleas populares, Centros de estudiantes, activistas de Unidxs por la Cultura y todas las organizaciones de izquierda. Resolvieron impulsar masivamente el paro general, la movilización y el cacerolazo del 24, así como organizar una columna independiente que exija la continuidad de un plan de lucha. El martes 23 a las 13:30 en Congreso realizarán una conferencia de prensa.
Comunicado acordado tras la reunión
Resoluciones de la reunión unitaria hacia el paro del 24 de enero
Más de 200 dirigentes y referentes de organizaciones sindicales combativas, sociales, piqueteras, culturales, asambleas vecinales, de Derechos Humanos, ambientalistas, de jubilados, de mujeres, estudiantiles y partidos de izquierda nos reunimos en la sede de Ademys.
Allí resolvimos llamar a garantizar el paro nacional del 24 de enero y la gran movilización a Plaza Congreso.
Participar bajo la consigna de "Plan de lucha hasta derrotar el ajustazo de Milei y el FMI", el DNU, la ley Ómnibus, el Protocolo represivo de Bullrich y toda la ofensiva patronal.
Con este planteo impulsar una gran columna independiente, combativa y unitaria de todos los sectores que coincidan.
Participar en la columna independiente con una cabecera común donde estén representadas todas las organizaciones convocantes.
Al finalizar el acto de la CGT, nos uniremos todos los sectores que adhieren a esta política para desconcentrar marchando en una gran columna independiente unitaria.
Impulsar también el 24/01 en las horas posteriores al acto de la CGT a un gran cacerolazo nacional.
Además, se resolvió que el día en que sesione la cámara de diputados para tratar la Ley Ómnibus, llamamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir su rechazo total.
También se resolvió participar del plenario del 20/01 en la sede del Sutna en Ezeiza para llevar esta propuesta y garantizar una gran columna independiente unitaria.
Preparar una Conferencia de Prensa para difundir estas resoluciones. La misma se realiza el día martes 23 a las 13:30 en Congreso. Y volver a convocarnos en la primera semana de febrero para evaluar nuevas acciones.
La Haine
https://www.lahaine.org/mundo.php/el-fmi-paga-por-ver
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