La suspensión total de fondos a la UNRWA por parte de Washington contradice la orden de la Corte Internacional de Justicia y contrasta con su gran ayuda militar y apoyo diplomático a Israel
El pasado viernes, el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia -máximo tribunal de la ONU- establecía que es verosímil investigar por genocidio a Israel, se hacía pública una denuncia israelí que acusa a doce trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de haber participado en los atentados de Hamás del 7 de octubre. El comisionado general de dicha agencia emitió ese mismo viernes un comunicado indicando que los doce acusados habían sido ya despedidos -en la agencia trabajan en total 30.000 personas, 13.000 de ellas en Gaza- y que la ONU está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre esos presuntos hechos.
De forma inmediata Estados Unidos anunció públicamente la retirada total de su financiación a la UNRWA, algo que solo había ocurrido una vez en la historia, bajo el mandato de Donald Trump. A Washington se unieron rápidamente otros países: Italia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Canadá, Suiza y Australia. Las incriminaciones de Israel eran conocidas desde hacía días, pero la cascada de reacciones se produjo precisamente el viernes.
Con ello, el hecho de que por primera vez Israel vaya a ser investigado por genocidio y de que la Corte Internacional haya ordenado a Tel Aviv que evite la muerte de más palestinos quedó relegado a un segundo plano en multitud de medios de comunicación del mundo.
“Israel ha estado construyendo un caso contra la UNRWA durante mucho tiempo. Independientemente de la veracidad de la acusación, la decisión de aceptar esta noticia anoche [el pasado viernes] parece un intento de distraer la atención del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio en Gaza”, señaló la analista israelí senior del International Crisis Group, Mairav Zonszein. El pasado mes de diciembre se filtró a la prensa israelí un plan del Gobierno de Netanyahu diseñado para deshacerse de UNRWA en Gaza, cuya primera fase implicaría “un informe exhaustivo sobre una presunta cooperación de la agencia con Hamás”.
No es la primera vez que Israel lanza acusaciones contra la UNRWA. En el pasado justificó bombardeos contra escuelas de la agencia de la ONU -en los que murieron civiles- y ambulancias alegando que dentro se escondían armas o militantes de Hamás, algo que en varios casos resultó ser falso y, en otros, no pudo ser probado.
Fondos a Israel sí, a la UNRWA no
La celeridad de la Casa Blanca para suspender los fondos a la mayor agencia de la ONU en Gaza contrasta con su negativa a paralizar su financiación militar y su apoyo diplomático a Israel. Esto es más llamativo aún si se tiene en cuenta la envergadura de la masacre provocada por la ofensiva israelí y la admisión por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la denuncia por genocidio contra Israel, un hecho sin precedentes.
En ese sentido se ha pronunciado el abogado estadounidense Keneth Roth, director de Human Rights Watch hasta 2022: “¿Por qué no existe una reacción ni remotamente comparable ante la amplia evidencia de los crímenes de guerra israelíes en Gaza o al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre probable genocidio?”
En sus ataques de estos meses Israel ha matado a 152 trabajadores de la ONU y ha bombardeado 145 instalaciones de UNRWA. A ello se suman pruebas de crímenes de guerra que el Estado israelí comete no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, con la transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado.
El doble rasero de Washington es notable, puesto que las medidas cautelares establecidas por la Corte Internacional de Justicia exigen, entre otras cosas, la protección de la población palestina y la llegada de la ayuda humanitaria necesaria. Sin embargo, con la suspensión de los fondos a la UNRWA esto será aún más difícil de garantizar a partir de ahora. El paso dado por EEUU y otros países contribuye en sí mismo a un castigo colectivo a la población de la Franja y supone un obstáculo añadido al cumplimiento de la orden del máximo tribunal internacional de la ONU (CIJ).
De hecho, el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, ha advertido de que esta suspensión de la financiación supondrá un colapso “en su capacidad de asistencia para salvar vidas en Gaza” y ha afirmado que le “sorprende que tales decisiones se tomen basándose en el supuesto comportamiento de unos pocos individuos y, mientras la guerra continúa, las necesidad se agravan y la hambruna se avecina. Los palestinos no necesitaban este castigo colectivo adicional. Esto nos mancha a todos”.
Las diferencias son evidentes. Tras las acusaciones israelíes, la UNRWA reaccionó de inmediato con despidos y una investigación en curso. Israel, por el contrario, no ha adoptado las medidas solicitadas por la Corte Internacional de Justicia. Ni siquiera ha prometido que las acatará. Ante ello, una parte importante de los gobiernos occidentales no solo no empujan a Israel para que cumpla, sino que operan en sentido contrario, retirando los fondos a la UNRWA mientras continúa la ayuda militar a Israel.
“Alentarles a que se vayan”
Si no se remedia, este riesgo de colapso conducirá a una crisis humanitaria mayor. Los planes barajados por ministerios del Gobierno israelí para la expulsión de población palestina de Gaza hacia Egipto y a otros países árabes podrían ser más fácilmente realizables de este modo. Esa es la propuesta que defienden varios ministros del Gobierno de Netanyahu.
“Debemos alentarlos a que se vayan”, clamó este fin de semana el máximo responsable de Seguridad Nacional del Gobierno israelí, Ben Gvir, en un congreso en defensa de la construcción de colonias ilegales en Gaza, al que asistieron doce ministros. “Hemos regresado para heredar la tierra”, anunció el ministro de Finanzas. “La emigración ‘voluntaria’ es a veces una situación que se impone hasta que dan su consentimiento”, afirmó el responsable de la cartera de Comunicaciones.
Violación de la Convención sobre Genocidio
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha indicado que la retirada de fondos a la UNRWA por varios países un día después de que la Corte Internacional de Justicia “considerara verosímil que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza” supone un castigo “a millones de palestinos en el momento más crítico y, muy probablemente, violando sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio”.
En la misma línea se ha expresado también el abogado estadounidense y profesor de derecho internacional Francis Boyle, el primero en ganar un caso de protección de genocidio –Bosnia– ante un tribunal. Boyle ha advertido de que los estados que respaldan a Israel con envío de armamento pueden estar ayudando e incitando al genocidio contra los palestinos “en violación del artículo 3e de la Convención sobre Genocidio, que penaliza la complicidad”. Además, señala que la suspensión de fondos a UNRWA añade una “violación directa del artículo 2c de la Convención de Genocidio: ‘Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial’”.
También el ex fiscal general fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha resaltado la complicidad de genocidio: “Ese es el límite que la Corte Internacional de Justicia impone a Estados Unidos: apoyar el desplazamiento y la hambruna de los palestinos en Gaza puede ser complicidad de genocidio”.
Por su parte, el profesor experto en genocidio, Raz Segal, ha indicado que con la decisión del máximo tribunal de la ONU “todas las universidades, empresas y países del mundo tendrán que considerar con mucho cuidado su compromiso con Israel y sus instituciones. Estos vínculos ahora pueden constituir complicidad con el genocidio”.
Tras el anuncio de la Corte Internacional de Justicia ha tenido lugar en San Francisco, Estados Unidos, la primera audiencia ante un tribunal federal en torno a una denuncia -presentada en noviembre por el Centro de Derechos Constitucionales de Washington DC- contra el presidente Biden y otros funcionarios estadounidenses por “no cumplir con las obligaciones legales de la ONU para prevenir el genocidio en Gaza”.
La tensión de Israel con Naciones Unidas
La ofensiva contra la UNRWA se enmarca en la estrategia del Gobierno israelí de intentar criminalizar a toda la población palestina y, por ende, a todos aquellos organismos que procuran proteger sus derechos. Este nuevo episodio no puede sustraerse de la tensión creciente que Israel mantiene con Naciones Unidas desde el momento en que representantes de este organismo criticaron los ataques indiscriminados en Gaza.
El 25 de octubre, el Gobierno de Netanyahu declaró ‘non grata’ a la ONU después de que su secretario general, António Guterres, dijera que los “terribles ataques” de Hamás no pueden justificar el “castigo colectivo del pueblo palestino” y hablara de “las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza”. A lo largo de las semanas la tensión ha continuado. A esto se suma ahora la decisión inédita de la Corte Internacional de Justicia, con su exigencia de medidas cautelares a Israel y su admisión a trámite de la denuncia por genocidio.
La primera reacción de Washington y otros aliados es hacer caso omiso a la orden de la Corte y castigar a la agencia de la ONU más importante en el sostenimiento de la vida de la población palestina en Gaza. Con este cierre de filas, la Casa Blanca escenifica su sólido respaldo a un país investigado por genocidio y añade dificultad a la atención humanitaria en la Franja. Esto supone un grave riesgo no solo para los palestinos, sino para el sentido y las bases del derecho internacional.
“Honestamente, no quiero saber cómo sería un mundo en el que Israel convence a Occidente de que las entidades y los órganos de la ONU son brazos de una red terrorista global”, ha advertido el profesor universitario del King´s College London, Alonso Gurmendi.
En el plazo de un mes Israel tiene que presentar pruebas ante el máximo tribunal de Naciones Unidas de que está haciendo todo lo posible para proteger la vida de los palestinos y para permitir la llegada de la ayuda que necesitan. Sus primeros pasos han ido en dirección contraria. La Corte Internacional examinará los resultados y podrá exigir más medidas.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá esta semana sobre las órdenes establecidas por el tribunal de La Haya. Tras ello, la Asamblea General de Naciones Unidas podrá ser escenario de nuevas decisiones. Por muchos desvíos de atención que se intenten, es un hecho que la Corte Internacional de Justicia ha facilitado herramientas políticas y jurídicas para la protección de la población palestina. Israel, EEUU y buena parte de la comunidad occidental mantienen un pulso contra ellas. El mundo observa. Más de dos millones de personas en Gaza aguardan.
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