El año 2015, Ominami declaró ante el SII que, «en el mes de mayo o junio del 2009 concurrí a las oficinas de SQM y me entrevisté con el señor Patricio Contesse, gerente general de SQM, quien comprometió un aporte a mi campaña senatorial». Fueron 60 millones los que recibió Ominami.
«Entre la impunidad y el crecimiento del negocio: un futuro prometedor para SQM»
* Fragmentos de los capítulos 2 y 4 de «SOQUIMICH. El negocio del litio y el financiamiento irregular de la política (1968-2017)» de Alejandro Carrasco.
«Superado el proceso de reestructuración neoliberal, esta nueva elite empresarial surgió ya no solo como un actor económico, sino también fuertemente ideológico y político, permitiéndole dejar atrás su etapa defensiva y cambiar su relación con el Estado. Dispuestos a defender el proyecto que les permitió forjar su riqueza, nacía una nueva cultura política empresarial, que se proyectará en el tiempo, dotándolos de un papel central en la posdictadura.»
Soquimich y una nueva elite empresarial
La revolución capitalista inaugurada con el golpe de Estado en 1973 también fue una revolución para el mundo empresarial. Las reformas estructurales, las crisis y las privatizaciones fueron empujando un constante proceso de destrucción y reconstrucción de la elite empresarial. En dicho proceso, algunos grupos económicos perecieron y otros surgieron, dando forma a una nueva elite empresarial que, mediante una nueva cultura empresarial, se proyectó en el tiempo y jugó un papel determinante durante la posdictadura en Chile. Dentro de este proceso debemos enmarcar la historia de Soquimich y Julio Ponce Lerou.
El desarrollo de la propiedad del capital en Chile, así como también la cultura empresarial actual, se encuentran fuertemente marcadas por la reestructuración llevada a cabo durante la dictadura. Durante la segunda mitad de los setenta, hasta antes de la crisis de 1982, grupos como Cruzat-Larraín, quienes llegaron a poseer más de cien empresas, y el grupo BHC, encabezado por Javier Vial, aprovecharon la coyuntura económica para convertirse en los grupos más ricos del país. El primero sucumbió cuando en 1983, posterior a la crisis, fue intervenido por el Estado y posteriormente liquidado casi en su totalidad. Por su parte, el grupo encabezado por Vial se negó a ser liquidado y, como consecuencia, recibió una querella por parte del Estado que terminó por llevar a los principales ejecutivos y a Vial a la cárcel. El comportamiento pragmático de estos grupos nos les permitió sobrellevar la crisis y ser parte de la nueva generación empresarial.
Quienes sí integraron esta nueva elite empresarial, o «capa geológica» de la historia empresarial, fueron por un lado los sobrevivientes de los primeros años de la dictadura y la crisis de 1982, y por otro, quienes se beneficiaron de las distintas reformas estructurales que se implementaron en dictadura, especialmente el proceso de privatización de las empresas del Estado. Conglomerados tradicionales como Luksic, Matte y Angelini, al enfrentar la crisis del 82 sin deudas y con liquidez, pudieron sobrevivir a la crisis y tomar parte dentro del proceso de privatizaciones. Otro grupo se compone por los capitales transnacionales que ingresaron como consecuencia de la apertura y liberalización económica. También emergieron grupos ligados a diversas áreas de la economía (finanzas, retail, industria inmobiliaria, comunicaciones) que se han consolidado más recientemente, entre los cuales se encuentran Said, Saieh, Guilisasti, Piñera, Paullman y Falabella, entre otros. Finalmente, se encuentran una serie de funcionarios públicos vinculados estrechamente a la dictadura cívico-militar, quienes usufructuando de las redes y diversas ventajas (espacios de decisión, manejo de información, etc.) que les proporcionaba su participación en instituciones del Estado, también se beneficiaron de las privatizaciones de las empresas estatales, sobre todo de las realizadas desde 1985 en adelante. Más que beneficiarse, como lo revisamos con la trayectoria de Soquimich, por entonces parte de la Corfo, fue desde las propias instituciones públicas que dichos funcionarios dieron los primeros pasos en pos de amasar sus primeras fortunas. Dentro de este último grupo destacamos a Yuraszeck (Enersis), De Andraca (CAP) y ciertamente a Julio Ponce Lerou y Soquimich.
Superado el proceso de reestructuración neoliberal, esta nueva elite empresarial surgió ya no solo como un actor económico, sino también fuertemente ideológico y político, permitiéndole dejar atrás su etapa defensiva y cambiar su relación con el Estado. Dispuestos a defender el proyecto que les permitió forjar su riqueza, nacía una nueva cultura política empresarial, que se proyectará en el tiempo, dotándolos de un papel central en la posdictadura.
Además, siguiendo la tesis de Álvarez, dicho papel central en la política no se habría desarrollado desde un circuito extrainstitucional del poder, sino más bien desde una incorporación e institucionalización, a través de diversos mecanismos, a la toma de decisiones del país: siendo invitados a comisiones legislativas, dialogando con partidos políticos y actores sociales, a través de los medios de comunicación y think tanks, la participación del gran empresariado se institucionalizó en el sistema político. Por último, el propio diseño de la transición le confirió un papel central al empresariado, proyectándolos como un actor político que defendiera el modelo neoliberal en plena democracia. En suma, más que una adaptación de los empresarios a una nueva realidad, fue esta la que debió adaptarse a la nueva cultura empresarial. Si bien el escenario despertó algunos temores, nunca estuvo en riesgo el modelo económico. Ahora protagónicos, con avanzados niveles de unidad ideológica, legitimados y ensalzados como actores democráticos y fundamentales para el paradigma neoliberal, consolidaron su poder estructural e instrumental en el Estado.
Durante la década de los noventa, la participación política institucionalizada del gran empresariado tuvo como característica principal una actitud permanente de obstrucción, ya sea frente a las medidas económicas que intentaban reformar los aspectos más radicales del modelo (impuestos, políticas laborales), como también hacia las medidas políticas que erosionaron el entramado jurídico-político que les permitió constituirse como actores claves en democracia.
El poder de los empresarios se traducía, por ejemplo, en que el gobierno de Patricio Aylwin, aun contando con gran apoyo popular, dependía fuertemente del sector privado para darle dinamismo a una creciente economía, por lo cual tuvo que tender puentes y diálogos hacia el inflexible mundo empresarial. Dicho escenario de concesiones por parte del gobierno hacia el gran empresariado es clave para comprender la trayectoria de SQM durante los inicios de la posdictadura, ya que, tal como señalamos al cierre de la primera parte, Julio Ponce Lerou y SQM se enfrentaban al desafío de consolidar su imperio en un contexto completamente distinto al que lo vio amasar su fortuna. Ahora sin la venia del régimen militar ni de su suegro Pinochet, pero como veremos, gracias a las concesiones de parte del gobierno, a sus nuevos amigos y a las nuevas oportunidades de negocio, no solo lograrían sobrevivir a la transición, sino que además expandirían su imperio y redes de poder.
Así es como, recién iniciada la posdictadura, en 1991, la Cámara de Diputados levantó una comisión para indagar el proceso de privatizaciones ocurrido durante la dictadura cívico-militar. La «Comisión Especial Investigadora de la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y la Privatización de sus Empresas Filiales», presidida por el diputado Armando Arancibia, tenía como objetivo indagar la pérdida patrimonial experimentada por el Estado, el otorgamiento de créditos sin garantía, condonación de deudas y las diversas formas mediante las cuales se subsidió al sector privado en dictadura. Si bien se encontró con varias presiones del mundo político y militar que no le permitieron concluir sus objetivos, dicha comisión alcanzó a verificar que el proceso de privatización desplegado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a Corfo, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A lo anterior se suma que Corfo asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984.
Dichas conclusiones fueron presentadas por Carlos Ominami, ministro de Economía durante los años 1990-1992. En esa presentación frente al Congreso, el 24 de enero de 1991, también deslizó dos afirmaciones que expresan la disposición del gobierno de Aylwin hacia el mundo empresarial, señalando que: «bajo ningún respecto el actual gobierno persigue la re-estatización de los bienes o empresas enajenadas». Además, concluyendo que «la identificación de irregularidades no puede, bajo ningún concepto, asimilarse a un cuestionamiento del sector privado o a una reivindicación del estatismo. Por el contrario, quiero reiterar aquí el respeto y la admiración que sentimos por todos aquellos que, desde el ámbito empresarial, movilizan sus talentos y sus recursos para engrandecer el país».
La Comisión presidida por Arancibia solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la Contraloría General de la República y a la Corfo continuar con las acciones necesarias para esclarecer estos hechos y analizar las responsabilidades correspondientes. Como señalamos, el clima de concesiones por parte del gobierno de Aylwin hacia el mundo empresarial hicieron que dichas gestiones fracasaran y fueran solo retomadas, durante los años 2004 y 2005, por otra comisión investigadora.
En una entrevista, Carlos Ominami señalaba que había tres casos de privatización que despertaban la mayor atención, los de CAP, Inacap y Soquimich. Según Ominami, entregó dichos antecedentes y lo que sucedió fue una operación política. En el marco de un gobierno débil y recién instalándose «la razón que tuvimos fue decir ‘miren, aquí no podemos abrir tantos frentes al mismo tiempo y tratemos, por lo menos, de neutralizar el mundo empresarial sobre la base de una gestión más discreta sobre este tema’, eso es un razonamiento político y de él yo fui parte». En un contexto en el cual el mundo empresarial y los sectores de centro-izquierda comenzaban a reconstruir confianzas, destacamos el rol que jugó Carlos Ominami como ministro de Economía. No solo por ser uno de los socialistas que primero y más se acercó al mundo empresarial, sino que porque dicho acercamiento tuvo sus recompensas.
El año 2015, Ominami declaró ante el SII que, «en el mes de mayo o junio del 2009 concurrí a las oficinas de SQM y me entrevisté con el señor Patricio Contesse, gerente general de SQM, quien comprometió un aporte a mi campaña senatorial». Fueron 60 millones los que recibió Ominami, quien daba fin a una etapa de dieciséis años como senador socialista, buscando ahora su reelección como independiente. No serían los únicos aportes, porque como veremos más adelante, mediante una imprenta de un amigo personal, Carlos Ominami recibiría, entre junio de 2009 y febrero de 2010, ocho facturas por 178 millones de pesos.
Si bien fue una decisión política beneficiar al mundo empresarial quitándole centralidad a la comisión que buscaba investigar el proceso de privatizaciones, también existieron tensiones entre el mundo concertacionista y los empresarios. El 23 de mayo de 1992, una visita de Eduardo y Carmen Frei Ruiz-Tagle a María Elena, tierras de SQM, revelaría otro de los factores que le permitió a SQM consolidar su imperio económico durante los primeros años de la posdictadura: la precarización laboral.
Días antes de la visita de los entonces senadores, Carmen Frei le comentaba a su hermano que en María Elena, «la situación es de extrema gravedad… tratan a los trabajadores como esclavos». Y agregó que la compañía financiaba abiertamente a candidatos a la concejalía por la derecha. Además, «todos sabemos –agregó la senadora– que Ponce Lerou, según él lo admitió, financió a Büchi en 1989». Tras la visita, Eduardo Frei Ruiz-Tagle emitió fuertes declaraciones en contra de SQM, apuntando a que «la gente es perseguida y vive en un ambiente propio de campo de concentración, en cloacas inmundas como animales. No se atreven a saludar y menos a dirigir la palabra a los dirigentes de la Concertación, porque son despedidos». Años después Carmen Frei recuerda que aquella visita: «fue muy difícil porque la gente tenía mucho temor, mucho, mucho temor, porque las casas eran todas de Soquimich y a la persona que hablaba o decía algo obviamente la echaban». Encima, agregó que hasta la iglesia era de la empresa y que los propios trabajadores le habían comentado de un sistema que llamaban «camas calientes», que consistía en dormitorios para los trabajadores solteros, quienes, al terminar su jornada laboral, podían dormir en la cama que dejaba el trabajador que debía ingresar al nuevo turno. Paradójicamente, como veremos más adelante, durante la campaña presidencial de 2009 Eduardo Frei fue financiado ilegalmente por SQM.
Gonzalo Martner, por entonces subsecretario de Desarrollo Regional, visitó la zona en 1992, entrevistándose con distintos actores de María Elena y Pedro de Valdivia. Su informe, entre otras cosas, señalaba que existía una creciente tensión debido a los despidos masivos, que en 1990 llegaban a 1.138 y en 1991 a 395. Además, percibía una suerte de dominio feudal, al constatar que todas las viviendas de María Elena eran de SQM y no había sedes locales, que las radios eran presionadas para no ceder espacio a representantes del oficialismo y que existían equipos de seguridad que vigilaban a sus habitantes. En definitiva, SQM desplegaba en los territorios salitreros un rol similar a un Estado de impronta colonial.
Indultada por las concesiones del gobierno de Patricio Aylwin y alimentada por las dinámicas de precarización laboral, era de esperar que SQM alcanzara números azules durante los primeros años de la posdictadura. En 1990, SQM obtuvo 14 millones de dólares en utilidades. Si bien durante 1991 los números solo llegaron a 4 millones de dólares, durante 1992 repuntaron obteniendo 17 millones de dólares. En 1993, las utilidades subieron a 21 millones de dólares y para 1994 ya alcanzaban los 23 millones de dólares. Así, desde su privatización y durante los primeros años de la posdictadura, SQM fue consolidando su posición económica, a consecuencia de su importante participación en el mercado mundial de fertilizantes tales como el yodo y el potasio.
A estos dos minerales se les sumaría prontamente otro. Durante 1992, SQM anunció el ingreso al negocio del litio. Este hito constituyó un paso clave en la trayectoria histórica de SQM y su consolidación como una de las empresas con mayor proyección, no solo económica, sino que también en lo que respecta a sus redes de poder dentro del Estado.
Anticipándonos un poco, después de su privatización, un segundo hito clave para SQM radicó en la firma de manera irregular de dos contratos con la Corfo que le permitieron obtener derechos exclusivos de explotación del salar de Atacama hasta el año 2030, con posibilidad de renovación y con tasas de impuesto minúsculas.
Entre la impunidad y el crecimiento del negocio: un futuro prometedor para SQM
Los años posteriores al sismo que significó el destape del financiamiento irregular para la clase política en general se vieron marcados por las distintas aristas penales que comenzaban a investigarse y por las estrategias que los acusados comenzaban a desplegar para zafar de las penas penales o, en el mejor de los casos, rebajar cualquier sanción.
Los primeros resultados no tardaron en llegar para las sociedades involucradas en las irregulares operaciones bursátiles. La SVS había oficiado a LarraínVial SA con una multa que correspondía a UF200.000, a Leónidas Vial por UF500.000 y a Alberto Le Blanc con UF100.000. No obstante, en mayo de 2018, el Tribunal Constitucional acogió los requerimientos de inaplicabilidad presentados por los acusados, señalando que las multas impuestas no deberán superar el 30% del valor de la emisión u operación irregular.
La misma suerte había corrido semanas antes para los socios de LarraínVial SA, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, quienes fueron multados con UF200.000 y UF100.000, respectivamente, por infracciones a la Ley de Mercado de Valores. Al igual que el caso anterior, el Tribunal Constitucional redujo la multa, aduciendo que no se ajustaba a la Constitución Política de la República. Finalmente, en agosto de 2018, el Juzgado Civil de Santiago decidió dejar sin efecto el fallo del TC, pero fueron más allá y revocaron la totalidad de las multas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
El caso de Roberto Guzmán Lyon fue muy parecido. La SVS lo había sancionado por infracciones a la Ley de Mercado de Valores con una multa de UF 550.000, la que posteriormente fue rebajada –a petición de Guzmán– por el Tribunal Constitucional en 2016. El monto quedaba ahora en UF75.000, lo más alto aplicable por la ley para este tipo de delitos. El otrora ejecutivo de SQM intentó rebajar aún más su multa, pero no tuvo la misma «suerte» que Julio Ponce Lerou, y se mantuvo en los UF75.000. El informe del fallo de la Corte Suprema señalaba que el total de las operaciones imputadas por Roberto Guzmán ascendieron a $179.111.795.878. La arquitectura judicial chilena lo sentenció a pagar solo $2.231.000.
Otro de los principales involucrados en el caso cascadas fue Aldo Motta, exgerente general de las sociedades que componen las cascadas. A principios de 2019, Motta se había convertido en el único formalizado del caso cascadas, al ser condenado a cuatro años de libertad vigilada por los delitos de manipulación bursátil y abuso de posición dominante. No obstante, el 20 de diciembre de 2019, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal lo declaró inocente de los siete casos de delitos a la Ley de Mercado de Valores.
Todos los casos descritos anteriormente fueron claves para construir y cimentar los resultados del proceso judicial que afrontaba Julio Ponce Lerou. Los resultados fueron debilitando a la Fiscalía y a la SVS, dando cuenta de que, en esta coyuntura, el poder decisional radicó en última instancia en el Tribunal Constitucional. Tal como dimos cuenta anteriormente, Julio Ponce Lerou corrió la misma suerte y la multa cursada a raíz de su participación en el «Caso Cascadas» se rebajó de US$64 millones a solamente US$2,8 millones. Decisión autorizada por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema que dejaba en claro la impunidad de los delitos tributarios por parte de las distintas instituciones encargadas de impartir la justicia en Chile.
En términos económicos, aún en un contexto marcado por una crisis económica global, la actividad de SQM, lejos de estar en crisis, se encuentra con ganancias cada vez mayores. El primer trimestre de 2022 fue histórico para la empresa, en el que SQM reportó ingresos por US$2.019 millones, cuatro veces lo facturado entre enero y marzo de 2021. El litio aportó US$1.446 millones –con un alza de 969%– de ese total. Así, contribuyó con un 71% de los ingresos.
El boom se debe al avance de los automóviles eléctricos y el consumo inagotable de baterías de litio. Cerca del 80% de las ventas de SQM de litio se hicieron a China, cuyo mercado de autos eléctricos es vigoroso: en el primer trimestre, la venta de unidades creció 125%. La creciente demanda global, cada vez mayor a la oferta, ha hecho aumentar los precios. El precio promedio del litio al que vendió SQM en el primer trimestre fue de US$38 mil por tonelada métrica. Según los balances de SQM, en el cuarto trimestre del año pasado, el precio había promediado US$14.600. Ello se combinó con los volúmenes más altos jamás vendidos por la empresa: 38.100 toneladas en solo tres meses. Así, la combinación benefició a SQM: el precio saltó 572% y los volúmenes, 59%. El precio de la acción refleja todo ese buen momento de SQM. En 2022, el precio de sus acciones subió 79% desde el año pasado. Así, SQM es, en 2022, la empresa más valiosa en la Bolsa de Comercio local, con una valorización bursátil de US$25.250 millones.
Creemos que la crisis energética que se vive en Europa como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia obligará a reorganizar la matriz energética fuertemente dependiente de los combustibles fósiles hacia un paradigma donde prime el almacenamiento de energías renovables. Gracias a la impunidad y el carácter estratégico del litio cada vez mayor, la empresa encumbrada por Julio Ponce Lerou y blindada por las distintas instituciones del Estado de Chile sorteó con éxito sus distintas crisis judiciales e incertidumbre y parece –ahora en un nuevo contexto político– no haber perdido más de lo que ganó, consolidando su posición dentro del mercado mundial del litio y con sus principales figuras disfrutando entre la impunidad y los beneficios monetarios obtenidos.
Imágenes
1) Fotografía de la portada del libro “SOQUIMICH. El negocio del litio y el financiamiento irregular de la política (1968-2017)”: Ministerio de minería – Dominio público. Sesión Cámara de Diputados.
2) Fotografía de Gabriel Esteffan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
3) Fotografía de Chris Hunkeler de Carlsbad, California, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commonshttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
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