Exigimos que se dé solución a las demandas que se plantean con la huelga de hambre, así como hacemos responsables a las autoridades del Estado de Chile de las eventuales consecuencias irreversibles en la salud y vida de los huelguistas.
Santiago, 28 de enero 2024.
Sres. Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia.
Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia.
Las organizaciones y personas que adhieren a esta carta, señalamos lo siguiente:
En primer lugar, planteamos que, hasta el día de hoy, cuatro presos políticos mapuche CAM se encuentran en huelga de hambre desde hace 76 días, exigiendo en primer término, la nulidad del juicio en contra de Ernesto Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villouta Alcaman y Esteban Henríquez Riquelme, quienes, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios, fueron injustamente condenados a más de 15 años de prisión.
Esta huelga de hambre se lleva a cabo con el apoyo de 11 presos políticos CAM, recluidos en el CP Bío-bío y el CCP de Temuco: el vocero histórico de la CAM Héctor Llaitul Carrillanca, José Lienqueo Márquez, Roberto Garling Infanta, Bastián Llaitul Vergara, Óscar Cañupan Calfin, Axel Campos Vivallos, Pelentaro Llaitul Pezoa, Daniel Canio Tralcal, Luis Menares Chanilao, Carlos Mardones Sáez, Jorge Caniupil Coña.
En segundo término, se exige la implementación de un módulo de comuneros en el CP Bío-bío, tal cual como se contempla en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, tomando en consideración los siguientes argumentos:
1. El reconocimiento de los 15 comuneros como miembros del pueblo originario mapuche, y la reivindicación de su condición de prisioneros políticos, toda vez que sus causas dicen relación al conflicto histórico que existe entre el pueblo nación mapuche, el Estado de Chile, y la lucha que se lleva a cabo en contra del extractivismo -principalmente forestal- que depreda al Wallmapu.
2. Existe conocimiento de que la decisión política de frenar y contrarrestar el conflicto histórico, ha agudizado la persecución y criminalización de las reivindicaciones mapuche, durante los últimos 30 años, lo cual ha llevado -inevitablemente-, a centenares de comuneros a las cárceles.
3. Señalamos que, debido a diversas y extensas movilizaciones el pueblo mapuche ha logrado -aunque de manera insuficiente-, el respeto de ciertas condiciones tanto culturales como espirituales, dentro de los diversos centros penitenciarios. Un ejemplo de lo anterior, es la obtención de módulos de comuneros -lugar en el que se puede plasmar de manera mínima la identidad y pertenencia mapuche-, correspondiendo a un espacio respaldado por el Convenio 169 de la OIT, cuya suscripción por el Estado de Chile se encuentra vigente y el cual había sido, en cierta forma, respetado o al menos considerado, por todos los gobiernos, inclusive de derecha.
4. Mencionamos que se ha evidenciado una negación y retroceso en los cuales incurre el gobierno actual, al violentarse constantemente los derechos fundamentales de los presos políticos mapuche en las cárceles concesionadas de alta seguridad. En este caso, nos referimos específicamente al CP Bío-bío, situación de la cual les hacemos responsables en su rol de autoridades máximas en materia intrapenitenciaria.
5. Denunciamos las vulneraciones y transgresiones sistemáticas cometidas, además, contra las familias y miembros de las comunidades que visitan a los presos políticos mapuche, no existiendo ningún trato especial en su calidad de miembros del pueblo originario mapuche, desconociendo, por tanto, lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile.
En tercer lugar, se exige la libertad inmediata de Daniel Canio Tralcal, ya que considerando el tiempo que estuvo encarcelado injustamente por el Estado de Chile entre 2009 y 2013, resultando absuelto de los cargos que se le imputaban, tiene derecho a optar a la libertad condicional.
Consideramos que el hecho de mantener a presos políticos mapuche en una cárcel de alta seguridad, corresponde a una decisión política y no sólo administrativa. Reconocemos que los presos políticos mapuche están privados de libertad, pero en ningún caso dejan de ser sujetos de derechos fundamentales, ni menos pierden su condición de miembros del pueblo mapuche.
Por lo anterior, es que exigimos que el tratamiento y las condiciones intrapenitenciarias sean acordes a su situación de presos políticos y a su condición de miembros del pueblo mapuche.
Exigimos que se dé solución a las demandas que se plantean con la huelga de hambre, así como hacemos responsables a las autoridades del Estado de Chile de las eventuales consecuencias irreversibles en la salud y vida de los huelguistas.
Vocería presos políticos mapuche CAM.
Familiares presos políticos mapuche CAM.
Red de Apoyo PPM CAM, Valparaíso.
Guillermo Meza Riveros, Dirigente sindical.
Haroldo Jorquera, Radio Rebelión, Viña del Mar.
Gladys Barrios, Agrupación de familiares de Ejecutad@s Polític@s y detenid@s desaparecid@s de Valparaíso.
Andrés Figueroa Cornejo, Editor medios independientes.
Sergio Grez Toso, historiador.
Gustavo Burgos, abogado y director de El Porteño.
Alicia Lira Matus, presidenta de la agrupación de familiares de Ejecutados Políticos.
Johannes Vera von Bargen.
Carlos Ruiz Rodríguez, historiador.
Plataforma Anticapitalista y Popular.
Cordón quinta.
Frente Antifascista, Valparaíso.
Colectivo 31 de julio.
Radio Cordón Marga Marga.
Revista El Topo.
REDPI (Red de prensa independiente).
Colectivo En Resistencia.
LibreXpresión.
Debate Público.
Cabildo desde los Derechos Humanos.
Coordinación de Medios de Comunicación Populares Francisca Sandoval.
Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU.
Escuela Permanente PRAIS
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