El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.Sandra Sebastian / AP
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la fiscal general, Consuelo Porras, protagonizan un nuevo episodio de confrontación después de que el mandatario afirmase que la funcionaria "se niega a cumplir la ley".
"Yo no tengo ningún conflicto personal con la señora fiscal. Sencillamente, ella se niega a cumplir la ley que establece que tiene que coordinar con el presidente de la República en reuniones de ministros", aseguró Arévalo el lunes en rueda de prensa.
Asimismo, aludió a las acciones de Porras "en el pasado". "De manera, que esos serán los parámetros con los que estaremos tomando acciones", afirmó.
Tras estas declaraciones, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que apuntó que la fiscal es "la primera interesada en cumplir y que se cumplan" las leyes.
Nueva controversia
En el texto de la Fiscalía se hace referencia a la invitación que, a finales de enero, hizo el presidente a Porras para asistir a una reunión de Consejos de Ministros. Sin embargo, ella se rehusó participar y desató una nueva controversia política e institucional en el país centroamericano.
Según el comunicado de este martes, aquel encuentro estaba integrado "por personas distintas a las que establece la ley". "Ante esta situación, la fiscal general tomó la decisión de dejar constancia de la irregularidad legal", añaden en la comunicación.
Por último, el MP dijo que la fiscal "envió una invitación al señor presidente, en su calidad de representante de la unidad nacional, a sostener una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito".
Sanciones de Canadá
La semana pasada, Canadá emitió sanciones individuales contra Porras y otros tres altos funcionarios, en virtud de su presunta responsabilidad en la comisión de "actos significativos de corrupción" y por "violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos en Guatemala".
La asunción de Arévalo en enero se mantuvo en entredicho hasta el último momento debido a distintas investigaciones judiciales que abrió el MP contra él y su partido político Semilla.
Estas acciones fueron denunciadas por Arévalo, que alegó que los expedientes creados por el MP en manos de la fiscal general obedecían a una persecución política, que pretendía generar un golpe de Estado y evitar que se formalizara su toma de posesión.
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