El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, detalló que en la segunda quincena desde esa declaratoria aumentó el volumen de acciones militares y policiales conjuntas, las cuales ya ascienden a más de 80 mil.
De acuerdo con Vela, las Fuerzas Armadas tienen controladas ya 10 de las 35 cárceles del país y siguen en la búsqueda de armas y drogas en estos centros.
El comandante de la Policía Nacional, César Zapata aseguró que «es evidente la reducción de la violencia» y para corroborarlo señaló que a inicios de enero hubo 27,8 muertes violentas por día y tras la declaratoria de conflicto armado el promedio bajó a 10,7 asesinatos diarios.
Además, comparó enero de 2023 con el mismo mes de 2024 y aseveró que los homicidios disminuyeron un 12 por ciento.
A pesar de eso, la ciudadanía se mantiene temerosa, pues aún los crímenes persisten, como por ejemplo el asesianto este miércoles de la concejal del municipio Naranjal, en Guayas, Diana Carnero.
Zapata explicó que los operativos se concentran en los 18 distritos con mayores índices de criminalidad y destacó la captura de “objetivos de alto valor”, en referencia a líderes de bandas narcodelictivas.
Durante el último mes y a medida que aumenta la cantidad de detenidos, crecen las preocupaciones sobre el hacinamiento en centros penitenciarios y también las denuncias sobre posibles violaciones de derechos de los aprehendidos.
De hecho, esta semana la ONU pidió al Gobierno de Ecuador respetar el derecho internacional en el enfrentamiento a la ola de violencia y crimen organizado que vive la nación sudamericana.
Varios analistas advierten que la militarización es insuficiente por sí sola para resolver la crisis de seguridad mientras no se apliquen políticas sociales contra la pobreza y la desigualdad.
Al mismo tiempo, otros expertos alertan de irregularidades en el trato de las fuerzas del orden con menores y adolescentes durante los operativos militares.
Por otro lado, durante el mes que lleva el conflicto armado interno el Gobierno ecuatoriano se mostró a favor de la cooperación internacional para enfrentar a los grupos delictivos, considerados como terroristas.
En ese contexto, Ecuador profundizó su alianza con Estados Unidos y tanto expertos como organizaciones sociales dudan de las verdaderas intenciones de Washington, cuya jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, anunció un plan de seguridad de cinco años para Ecuador de 93,4 millones de dólares.
La posibilidad de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la justificación de que es una medida necesaria para financiar los operativos contra la inseguridad está sobre la mesa a pesar del rechazo del legislativo en un primer momento y las críticas al Ejecutivo por esa intención que afectará los bolsillos de la mayoría.
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