Por Luis Dorado, Rebelión /Resumen Latinoamericano, 9 de febrero de 2024.
Frente al calificativo de “comunista asesino” que le endilgó Javier Milei, presidente de la república de Argentina, Gustavo Petro respondió en tono pedagógico que “Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado”.
No se involucra en un debate con el falso libertario argentino pero si traza una diferencia importante con los llamados “socialistas” y “comunistas” que desde la época de Marx han intentado usar el Estado para “democratizar” la propiedad de los medios de producción, ya sea, mediante la fórmula más radical de “expropiar a los expropiadores” (vía insurreccional) o debilitar en forma gradual a los monopolios capitalistas por medio de políticas de “redistribución de la riqueza social” (vía socialdemócrata y/o progresista tradicional).
Un problema para el gobierno de Petro y el proceso de cambio que intenta impulsar es que sus ideas y planteamientos públicos todavía no cuentan con una estrategia visible y viable, y no tiene una organización política y social que realmente le ayude. Algunos de sus principales funcionarios (ministros) hacen esfuerzos por encontrarse con “ese pueblo” mientras los burócratas de profesión continúan manejando los ministerios y agencias del Estado, y la gran mayoría de organizaciones sociales van detrás de la financiación de proyectos puntuales sin plantearse en lo más mínimo lo que el presidente Petro afirma en sus discursos.
No obstante, es posible inventar e impulsar un camino “alterno” que resuelva o, intente resolver, el problema. A la mano existen algunos movimientos sociales que pueden colaborar con el objetivo de diseñar y desarrollar una estrategia que en forma metódica se proponga un “proceso de apropiación social” de algunos medios de producción, que efectivamente vayan transformando las relaciones sociales existentes, pasando de la propiedad privada y monopólica existente en casi todas las áreas productivas a una propiedad colectiva y cooperativa, sin negar la responsabilidad individual de quienes participen en ese esfuerzo democratizador y solidario.
Un ejemplo de ese movimiento social son los acueductos comunitarios que existen a lo largo y ancho del país (aproximadamente 30 mil) y que tienen una experiencia de más de tres décadas, en incluso, algunos son más antiguos. Entre ellos hay tanto acueductos rurales como urbanos; unos relativamente pequeños y otros interveredales y regionales; algunos que potabilizan el agua y otros que le dan un doble uso (doméstico y productivo, ya sea para pequeño riego o para beneficio del café u otros productos). Sus formas organizativas y maneras de administrar y operar el servicio también son variadas, pero tienen en común que –de una u otra forma– mantienen un espíritu comunitario y se resisten a la visión y práctica comercial que intenta imponer el Estado desde 1994 (Ley 142).
En otras áreas económicas también existen movimientos sociales que tienden y pueden avanzar hacia la “apropiación social de los medios de producción” como es la lucha por la democratización de la propiedad de la tierra o las llamadas “comunidades energéticas”, aunque en este último tema no existe efectivamente mucha experiencia. En sectores de pequeños y medianos productores agrarios existe una importante experiencia en cuanto a gestión empresarial e inicios de industrialización de nuevo tipo, pero falta introducir un espíritu asociativo y colaborativo que sirva de base para que en forma organizada y masiva, estos sectores productivos se apropien de las cadenas productivas y comerciales de sus productos (incluso a nivel internacional), disputándole en todos los terrenos las ganancias que obtienen las empresas transnacionales que explotan nuestras materias primas.
Para lograrlo, el presidente Petro debe impulsar un amplio debate dentro de sus propias filas y seguidores, tanto del Pacto Histórico como de las organizaciones sociales. Necesita con urgencia ir más allá de la acción de los funcionarios estatales y construir sobre la marcha las bases sociales y políticas de un “nuevo progresismo”. El viejo progresismo, centrado exclusivamente en la administración del Estado y el gobierno, y en asuntos legislativos (reformas legales) y electorales, no es capaz de avanzar por el camino propuesto por Petro. Lo más avanzado del movimiento social debe tomar la iniciativa y rodear con propuestas e iniciativas comunitarias al presidente colombiano.
Esa es una de las tareas centrales del momento que pueden ayudar a destrabar los procesos de negociación con los grupos armados que se dicen “revolucionarios”, superando de hecho las formas propuestas de participación formal de las comunidades en los territorios para pasar a acciones concretas de transformación de la vida de cientos de miles de personas que necesitan acceder y apropiarse de medios de producción para resolver problemas de sobrevivencia y de vida digna.
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