El gobierno de Javier Milei sufrió una derrota de consideración antes de cumplir los dos meses de mandato. Su proyecto más preciado volvió para atrás luego de una prolongada discusión parlamentaria.
Frente a la perspectiva de salir perdidosos en la votación en particular de buena parte de los artículos, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) junto con algunos asesores del presidente decidieron enviar de nuevo a comisión al proyecto llamado “Ley Ómnibus”. Una declaración de impotencia, ya que de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, la vuelta a comisión implica regresar a fojas cero, como si nada se hubiera discutido o aprobado en el recinto legislativo.
La frustración del gobierno no sólo no indujo a ningún gesto de autocrítica o conciliación, sino que dio paso inmediato a voces de resentimiento y amenaza. Por empezar la del propio presidente, que tronó en la red X a poco de conocerse el fracaso parlamentario: “La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.” Y agregó “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país.”
No faltaron quienes le recordaran al primer mandatario que la integración del parlamento está también legitimada por el sufragio popular. Y que LLA tiene un conjunto de legisladores tan reducido porque en las elecciones generales obtuvo el 30% de los sufragios, no el 56% de la confrontación a todo o nada de la segunda vuelta.
Y queda la pregunta que cae de su peso: ¿Qué significa continuar sin el apoyo de la dirigencia política? Es posible que se piense en instaurar una suerte de dictadura civil en la que el poder ejecutivo haga y deshaga. Por lo pronto ya se habla de que el presidente y su hermana, ambos hoy en Israel, estarían dispuestos a llamar a una consulta popular no vinculante para tratar de esquivar al parlamento
Algún tweet oficial del partido oficialista fue aún peor: «La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión».
Ese tono de superioridad moral y dignidad ofendida no puede llevar muy lejos a “las fuerzas del cielo”. Han impulsado un proyecto de manifiesta inconstitucionalidad, que aspira a una reformulación de la sociedad argentina. El conjunto de su articulado entraña una agresión a los intereses populares y proporciona carta blanca para que los grandes grupos económicos hagan sus negocios mientras condenan a la mayoría a la pobreza, a la marginación, al hambre.
Con ese “programa” no pudieron ponerse de acuerdo ni con buena parte de los que estaban ampliamente dispuestos a “colaborar”, como los legisladores de la Unión Cívica Radical y los del nuevo bloque “Hacemos Coalición Federal”. Y emergen de esta situación con un enfrentamiento rampante con el poder legislativo. Y con los gobernadores de provincia, incluidos los que tienen origen en Juntos por el Cambio, ya que se acusó y amenazó a los mandatarios provinciales de forma indiscriminada.
Tampoco ayudó en nada al gobierno el espectáculo dado por todo un abanico de fuerzas “de seguridad” que desató un día tras otro la represión en Plaza Congreso contra los manifestantes. Que no eran otra cosa que varones y mujeres cansados de ver empeorar sus condiciones de vida y avasallar sus derechos. Y reaccionan con espanto y rabia contra una norma que preanuncia abusos mucho peores.
Sobre llovido… ahora el decreto.
Para completar una jornada desafortunada para los actuales gestores de la “cosa pública” un juez federal emitió un pedido de informes dirigido al ministerio de Seguridad, con un plazo de 72 horas para responderlo, acerca de la elaboración y aplicación del protocolo que pretende suprimir las manifestaciones públicas.
Esta medida podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad del instrumento represivo pergeñado y aplicado por la ministra Patricia Bullrich. El mismo que seguirá combatido en las calles, como ya ha ocurrido casi desde el mismo día en que fue dictado.
El gobierno de LLA experimentó hoy un traspié importante y hasta ha logrado enemistarse con parte de quienes pueden y quieren ser sus aliados, como ya expusimos.
De todos modos no hay que llamarse a engaño. La derrota no es total ni definitiva. El furioso ajuste que impulsa el ministro de Economía Luis Caputo sigue su curso, como lo mostró hoy mismo el desmedido aumento del transporte público. Continúa asimismo en pie el DNU 70/23, que contiene a su vez un “empoderamiento” del gran capital en cada una de sus cláusulas. En las cuales, entre muchas otras disposiciones, se modifica en sentido regresivo buena parte del derecho laboral y se libera de cualquier restricción todo tipo de contratos. La ley del más fuerte.
Sin duda ahora la lucha popular y las miradas críticas irán contra esa norma, que mantendrá su vigencia hasta que se alcance el rechazo parlamentario o, lo que es más probable, se lo declare inconstitucional.
Las organizaciones que están movilizadas para la protesta es difícil que aguarden a una cosa ni a la otra. Seguirán en el espacio público, persistirán en la exigencia a la CGT para que lance un plan de lucha, sumarán nuevas organizaciones y millares de voluntades para ocupar plazas y calles haciendo oír sus justos reclamos. Desde las agrupaciones sindicales combativas a los partidos de izquierda, pasando por las asociaciones de jubilados y las renacidas asambleas populares, no cejarán en su empeño.
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El gobierno está golpeado, su “proyecto estrella” mordió el polvo luego de largas jornadas de discusión y decenas de heridos después de que comenzó su tratamiento. La mirada mesiánica que lo caracteriza lo llevará con certeza a ser un mal perdedor. Es muy probable que intente redoblar la apuesta, que procure un ajuste aún más desbocado. Y que trate de arrogarse “facultades extraordinarias”, sin el consentimiento de nadie más que sus partidarios más fervientes.
La democracia verdadera, las conquistas sociales, el nivel de vida, se defenderán en la calle. Allí también habrá que dar la disputa para que la libertad no siga revolcada en el barro por quienes creen que los únicos sujetos que la merecen son las grandes empresas. Y para “…que se vayan todos…” recupere su sentido original, después de su absurda apropiación por quienes van en contra del pueblo que se rebeló en 2001.
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