Si bien fueron 10 organizaciones políticas y sociales las inscritas para realizar acciones proselitistas, en redes sociales y en las calles diferentes colectivos han expresado en los últimos días su parecer respecto al proceso consultivo impulsado por el presidente Daniel Noboa.
En Quito, por ejemplo, este miércoles ciudadanos colocaron en la avenida Naciones Unidas, una de las más transitadas en el norte de la ciudad, carteles que llamaban a votar No en las 11 preguntas que aparecerán en la boleta.
Asimismo, estudiantes de la Universidad Central de Ecuador (UCE) fueron reprimidos por la Policía mientras protestaban en los exteriores de ese centro educativo contra la consulta, que propone modificaciones legales y constitucionales sobre temas de seguridad, justicia y laborales.
Este jueves está previsto el inicio de la jornada de votación con el sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia, luego, el viernes, podrán ejercer ese derecho en sus casas ciudadanos con discapacidad y finalmente, el domingo, más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas dentro y fuera del país.
Noboa busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Otras de las preguntas de la consulta están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Las dos interrogantes más polémicas son las relacionadas con la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional y la que propone los contratos laborales por horas.
El mandatario llamó a votar Sí en todas las preguntas para “limpiar al país de las mafias, del narcoterrorismo y sus cómplices”.
Esta nueva cita en las urnas tendrá lugar en medio de una crisis energética que ha provocado extensos apagones e indignación en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo acusa a servidores de alto nivel, incluida la exministra del sector Andrea Arrobo, de ocultar intencionalmente información crucial sobre el funcionamiento del sistema energético y así perjudicar su consulta.
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