El 15 de abril de 2023 se quebró la alianza entre el general Abdelfatih Burhan, de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), y Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), dirigente de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), y catapultó al país a una guerra sin precedentes.
La guerra comenzó inicialmente alrededor de la capital, Jartum, pero rápidamente se extendió a otras partes de Sudán: a Darfur, Port Sudan y, en diciembre de 2023, al hasta entonces en calma Estado de Gezira, núcleo agrícola del país situado en la confluencia de los ríos Nilo Azul y Nilo Blanco.
La naturaleza de los enfrentamientos, que se desarrollan tanto en zonas rurales como urbanas, y su magnitud han provocado una grave crisis humanitaria. Unos 9 millones de sudaneses y sudanesas han huido, más de un millón a través de las fronteras del país. Human Rights Watch ha denunciado la limpieza étnica en Jartum y en Darfur y ataques contra aldeas y miles de civiles. La crisis se ha agravado por la inseguridad alimentaria que afecta al 60% de la población debido a que los combates impiden la producción agrícola en buena parte del país. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya ha advertido recientemente de que el país se enfrenta a “la mayor crisis de hambre del mundo” 1.
Sobre el terreno, la entrega de ayuda humanitaria se ha visto obstaculizada por bloqueos burocráticos como la denegación de permisos de viaje a las organizaciones de ayuda y la imposibilidad de acceder a las zonas necesitadas debido a los combates. La ayuda que haya podido entregarse corre el riesgo de ser capturada o desviada, tanto por el Ejército como por las FAR, para penalizar a la oposición civil que rechaza la guerra. Las dos partes enfrentadas han tomado como objetivo instalaciones médicas. El 70% de los hospitales e instalaciones sanitarias no están operativas y la gente muere por la propagación de enfermedades curables y heridas operables.
El presente expresa un marcado contraste con finales de 2018-2019, cuando el mundo observaba a Sudán con admiración por el levantamiento popular que derrocó al régimen islamista del presidente Omar Al Bashir, y, a la vez, es su resultado directo. La revolución prometía el inicio de una nueva, aunque frágil, era de democracia después de tres décadas de régimen autoritario. En su lugar, el prolongado conflicto amenaza los cimientos mismos del Estado sudanés y, por tanto, la estabilidad del Sahel y del Cuerno de África.
La crisis económica y las raíces de la protesta popular
En gran medida, la guerra en Sudán es el resultado directo de la poderosa fuerza y magnitud de lo que los sudaneses denominan Revolución Gloriosa de 2018, que traspasó las divisiones sociales, regionales y étnicas.
Uno de los factores clave de las protestas populares que acabaron derrocando al régimen autoritario de Omar Al Bashir fue la secesión de Sudán del Sur el 9 de julio de 2011. Tras más de una década de relativo crecimiento económico, la secesión de Sudán del Sur cortó buena parte de los ingresos petroleros del Estado (dos tercios de los recursos petroleros de Sudán se encuentran en el Sur), lo que condujo a una crisis económica cada vez más profunda. Entre 2000 y 2009 el petróleo suponía el 86% de los ingresos por exportaciones de Sudán 2. La secesión del Sur provocó la pérdida del 75% de los ingresos petroleros de Jartum 3.
La falta de ingresos petroleros erosionó las redes clientelares del régimen anterior e intensificó las rivalidades entre los dirigentes del Partido del Congreso Nacional (PCN) de Al Bashir. Asimismo, exacerbó las injusticias sociales y económicas en amplias capas de la sociedad sudanesa, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que sentó las bases para el levantamiento popular de diciembre de 2018.
Las protestas comenzaron en la ciudad obrera de Atbara, en el Estado del río Nilo, (aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Jartum) y estaban dirigidas por estudiantes de secundaria a los que muy pronto se unieron miles de residentes de la ciudad. La chispa inicial estalló porque el precio del plan se triplicó. Pero en las periferias donde se inició el levantamiento las dificultades económicas eran anteriores a la caída de los ingresos petroleros del Estado. Durante el periodo del boom petrolero, aunque la economía formal de Sudán se expandía, los beneficios se distribuían de forma desigual. La distribución de servicios, empleo y proyectos de infraestructura, diseñada como estaba para apaciguar a las circunscripciones urbanas, siguió concentrándose en el Estado de Jartum. Como observó un estudio, durante las dos décadas previas a la revolución, aproximadamente el 60% del gasto en desarrollo se destinó a cinco grandes proyectos ubicados en el triángulo central del norte 4.
En 2009, una década antes del levantamiento, la incidencia de la pobreza entre la población rural era del 58% frente al 26% entre la población urbana. Además, las estadísticas de este periodo revelan que los niveles de pobreza eran mucho más elevados en Darfur y en el este que en Jartum y en los Estados centrales 5. La desigualdad entre regiones y entre el centro y la periferia del país explican parcialmente por qué las protestas iniciales que desembocaron en el levantamiento popular de 2018 estallaron, por primera vez en la historia de Sudán, en la periferia del país y no en la capital.
Sin embargo, en pocos días, las manifestaciones antigubernamentales se extendieron por muchas ciudades y pueblos de la región septentrional y de la capital, Jartum. Los y las manifestantes coreaban eslóganes como el conocido cántico de los levantamientos árabes: al sha’ab yurid isqat al nizam, “el pueblo quiere la caída del Régimen”.
Nuevas redes de movilización popular
Siguiendo el modelo de las ciudades de la periferia, las manifestaciones de Jartum también surgieron como protestas contra la profunda crisis económica asociada a la subida del precio del pan y del combustible y a una grave crisis de liquidez. Pero sus reivindicaciones evolucionaron rápidamente y se transformaron en llamamientos a la destitución de Al Bashir.
En vísperas de la revolución, los y las dirigentes juveniles sudaneses se unieron a los sindicatos de médicos, farmacéuticos, abogados y profesores de secundaria. La Asociación Profesional Sudanesa (APS) –una red de sindicatos gremiales y profesionales paralelos (o no oficiales) integrada por médicos, ingenieros y abogados, entre otros– asumió el liderazgo en la organización y programación de las protestas. A finales de diciembre de 2018 convocaron una manifestación hacia el Parlamento en Jartum exigiendo al Gobierno un aumento de los salarios en el sector público y la legalización de los sindicatos profesionales y gremiales no oficiales. Cuando las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia contra las protestas pacíficas, sus demandas cobraron impulso hasta reclamar la destitución del Partido del Congreso Nacional (PCN) en el gobierno, la transformación estructural del sistema gubernamental de Sudán y una transición a la democracia.
Sus reivindicaciones eran las mismas que las de las protestas populares anteriores (de 2011, 2012 y 2013), pero las de 2018 y 2019 fueron inéditas por su duración y alcance geográfico. Asimismo, siguieron un proceso sorprendentemente novedoso, innovador y sostenido. Los y las manifestantes aprendieron de los errores de las protestas anteriores que, muy centralizadas, se limitaron principalmente a las y los sudaneses de clase media y carecían de estrategia para enfrentarse a las omnipresentes fuerzas de seguridad del Estado.
Dirigidas por la Asociación de Profesionales Sudaneses y organizadas a nivel de calle por los Comités de Resistencia de Barrio (CRB), encabezados por gente joven, las manifestaciones se coordinaron, programaron y planificaron, dando más relevancia a su sostenibilidad que a la cantidad. Las protestas también se extendieron a barrios de clase media, obreros y pobres, y hubo coordinación con manifestantes de regiones alejadas de Jartum, incluidos los Estados del Mar Rojo, al este, y Darfur, en el extremo occidental del país.
Más allá de la escala regional, las protestas se distinguieron también por unos niveles desconocidos de solidaridad entre clases y etnias. Los y las jóvenes activistas y los miembros de asociaciones profesionales no sólo cuestionaron el discurso político del Estado islamista, sino que, en el contexto de estas manifestaciones, desempeñaron un papel importante en la creación de alianzas entre clases. Los eslóganes utilizados se diseñaron para resonar y movilizar el apoyo más allá de las divisiones étnicas, raciales y regionales.
A lo largo de los seis meses de protestas, las huelgas, paros y sentadas no sólo se llevaron a cabo en los campus universitarios y en las escuelas secundarias, sino también entre las y los trabajadores del sector privado y del público. Entre los ejemplos más importantes quedan las huelgas de los trabajadores de Port Sudan, en el Mar Rojo, que exigieron que se anulase la venta del puerto del sur a una empresa extranjera, y varios paros y protestas protagonizados por empleados y empleadas de algunos bancos, proveedores de telecomunicaciones y otras empresas privadas relevantes del país.
Aunque se pone el acento –y con razón– en el papel central de los y las manifestantes en las calles, en los comités de resistencia y en la Asociación de Profesionales Sudaneses, los partidos de la oposición sudanesa también desempeñaron un papel, no sólo en la organización de las protestas, sino también proporcionando apoyo ideológico a las reivindicaciones. Los partidos políticos tomaron la iniciativa para redactar la Declaración por la Libertad y el Cambio, de enero de 2019, en pleno apogeo de las protestas. Junto con la Asociación de Profesionales Sudaneses, las principales coaliciones de partidos políticos de Sudán, sobre todo las Fuerzas de Consenso Nacional y Llamamiento de Sudán (Nida al Sudan), impulsaron la formación de una amplia red de oposición unida bajo la bandera de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC). Las FLC se encargaron principalmente de coordinar a todas las clases sociales, incluidas las que operaban en el sector informal.
De hecho, y lo que es más importante, las FLC no solo incluyeron a asociaciones y grupos de jóvenes de clase media, sino también a comités de resistencia de barrios organizados de manera informal, algunos de los cuales representaban a los barrios urbanos más pobres. Estos comités revolucionarios de barrio ya emergieron durante la desobediencia civil de 2013 contra Al Bashir y actuaron como soldados de infantería de las protestas. Tomaron la iniciativa para alejar a los y las manifestantes de las fuerzas de seguridad y desempeñaron un papel importantísimo en el mantenimiento de las protestas a pesar de la extraordinaria violencia desplegada por las fuerzas de seguridad y las milicias para sofocar el levantamiento.
La relativa fuerza y legitimidad iniciales de los principales partidos de la oposición y su coordinación con los y las manifestantes y con los sindicatos informales, acabó desempeñando un papel crucial para que las protestas que derrocaron a Al Bashir se mantuvieran. Tras la revolución, los comités de resistencia asumieron un papel político más directo, trabajando para construir un consenso de base en torno a un proyecto para la transición legítima y popular hacia la democracia civil, coherente con los objetivos de la revolución.
Violencia contrarrevolucionaria
Sin embargo, tras la caída de Omar Al Bashir en abril de 2019, Sudán siguió siendo, en esencia, un régimen autoritario híbrido.
Inicialmente, a Al Bashir le sustituyó una junta militar en forma de Consejo Militar de Transición. Estaba dirigido por el general Burhan, del Ejército sudanés o Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), y su jefe adjunto era Dagalo, comandante de las Fuerza de Apoyo Rápido (FAR). Como respuesta a la toma del poder por parte de los militares, continuaron las sentadas y protestas que exigían la transición a un gobierno civil pleno. El 3 de junio de 2019, las fuerzas de seguridad del Consejo Militar de Transición, incluida la milicia de las FAR, dispersaron violentamente una de estas sentadas y mataron a cientos de personas e hirieron a miles en lo que se conoció como la Masacre de la Sentada de Jartum.
Los dirigentes civiles, representados por las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, alcanzaron finalmente un acuerdo con los militares en julio. En agosto de 2019, las partes habían firmado un acuerdo de aparente reparto del poder en forma de carta constitucional y las Fuerzas de la Libertad y el Cambio propusieron a Abdalah Hamduk como primer ministro. Esta carta se modificó con el Acuerdo de Juba de 2020, firmado entre el gobierno de transición y varios grupos de la oposición.
Pero el gobierno de transición nunca estableció una clara separación de poderes: a través de la carta constitucional y los militares conservaron el derecho a rechazar cualquier propuesta de los dirigentes civiles de la coalición. Además, se les concedió inmunidad frente a la investigación por crímenes pasados (también por los de la Masacre de la Sentada) y ejercieron poder de veto sobre los nombramientos de ministros civiles, como el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general. Así pues, el gobierno de transición operó con un marcado desequilibrio entre la autoridad de los militares y la dirección civil.
Por su parte, los comités de resistencia de los barrios de Sudán y el movimiento general de protesta siguieron presionando (y lo siguen haciendo ahora) para conseguir cinco prioridades importantes. La primera, la transición a un gobierno civil pleno basado en el rechazo a toda asociación con los líderes militares, plasmada en el lema de los tres noes: no a las negociaciones, no a la asociación, no a legitimar a los militares. En segundo lugar, reclaman replantear el Acuerdo de Juba para que sea más inclusivo con las personas directamente afectadas por la guerra. En tercer lugar, reclaman que se debata la reforma constitucional con el fin de preparar una conferencia constitucional que tenga plenamente en cuenta las desigualdades estructurales y étnicas del pasado y que supervise la celebración de elecciones libres y justas. En cuarto lugar, quieren que rindan cuentas los agentes estatales implicados en la violencia contra la población civil, también los de la Masacre de la Sentada. Y, por último, piden que tras el cese de las hostilidades se establezca rápidamente un consejo legislativo.
En esta red de organizaciones de la sociedad civil hay grupos que habían dado su apoyo al gobierno civil, como la propia Asociación Profesional Sudanesa y las dos principales organizaciones juveniles (Girifna y Sudan Cambio Ahora). Al final, el fracaso de Hamdok y del brazo civil del gobierno de transición a la hora de incorporar las principales reclamaciones, así como la participación de los comités de resistencia de los barrios, entorpeció los avances concretos en lo que respecta a las demandas populares de rendición de cuentas y justicia, limitando su base social y el apoyo a los dirigentes civiles. El retraso en el establecimiento de una asamblea legislativa que preparase las elecciones desgastó aún más la popularidad y legitimidad de Hamdok y de los partidos políticos en general. La cúpula militar, bajo lo que entonces era una sólida alianza entre Burhan y Dagalo, explotó hábilmente estas divisiones y allanó el camino para el golpe de octubre.
El 25 de octubre de 2021 el general Burhan, de las FAS, y el comandante Dagalo, de las FAR, instigaron conjuntamente un golpe de Estado contra Hamdok. Inmediatamente después se produjeron protestas generalizadas y constantes que reclamaban el retorno del gobierno civil. Lideradas por los comités de resistencia popular, obligaron a las FAS y a las FAR a aceptar negociar con la oposición civil. Las negociaciones facilitaron el ahora anulado acuerdo marco, que desató una violenta rivalidad entre Burhan y Dagalo. En concreto, se enfrentaron por la cuestión de la fusión permanente de las FAR en el Ejército nacional regular. Y, además, ambas fuerzas rechazaron los intentos de desmantelar sus vastas fortunas económicas, un objetivo clave de la revolución.
El desacuerdo entre los dos generales sobre la reforma del sector de la seguridad y su mutua ambición por mantener el control sobre importantes sectores de la riqueza del país son dos de los factores más importantes que llevaron a Sudán a la guerra.
Los orígenes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)
Si bien lo que amenaza hoy en día con destruir el Estado es la rivalidad entre los oficiales del Ejército sudanés apoyados por los islamistas y la milicia de las FAR, lo que sustenta la guerra actual es la larga historia de su asociación.
La aparición de las FAR se remonta a la guerra de Darfur a principios de la década de 2000. En respuesta a la insurgencia iniciada allí en 2003, el régimen de Al Bashir aplicó una guerra contrainsurgente de tierra quemada que condujo a la muerte de más de 200.000 civiles. La guerra la libraron principalmente las llamadas milicias Janjawid, creadas, financiadas y controladas por el régimen de Jartum. El propio Dagalo, actual comandante de las FAR, fue comandante de las milicias Janjawid durante esos años (también Burhan estuvo destinado en Darfur para que las Fuerzas Armadas Sudanesas pudieran coordinar la iniciativa contrainsurgente en nombre de Jartum).
En 2013, tras la reestructuración del Ejército que llevó a cabo el régimen islamista, las Janjawid pasaron a ser las FAR bajo el liderazgo de Dagalo. Preocupado tanto por la amenaza de los insurgentes en Darfur como por las reiteradas manifestaciones prodemocráticas en Jartum, Al Bashir institucionalizó las FAR como brazo contrainsurgente del Ejército sudanés. Además de desplegar la milicia contra la insurgencia y las protestas populares, un tercer objetivo era debilitar al Ejército nacional permanente para impedir cualquier intento de los oficiales de rango medio de derrocar al partido de Al Bashir (el régimen del Partido del Congreso Nacional) mediante un golpe militar. Fue Al Bashir quien dio a Dagalo su famoso apodo, Hemedti (mi protector). En 2017, el gobernante legalizó las FAR mediante un decreto que establecía formalmente la milicia como una fuerza de seguridad independiente, más acertadamente categorizada desde entonces como milicia paramilitar estatal.
Tras la revolución de 2019, Burhan permitió y promovió la expansión de las FAR por los barrios residenciales del gran Jartum, lo que preparó el terreno para que la capital se convirtiera en el epicentro de la violencia al comienzo de la guerra.
Es una ironía fatal de la historia sudanesa que en abril de 2023 las FAR –la milicia aparentemente leal al antiguo régimen islamista del PCN– se levantara en armas contra su antiguo benefactor. Sus principales razones para hacerlo fueron dos: su insistencia en la autonomía de mando y control, y hacer realidad la ambición de Hemedti de conseguir el control económico y político del país.
Una guerra por la economía ilegal
El poder del ejército sudanés, especialmente entre sus altos mandos, tiene sus raíces en la fundación del actual Estado profundo de Sudán y en la vinculación de la economía nacional a los intereses militares y de seguridad.
Tras el golpe de 1989, que llevó al poder al régimen militar de Al Bashir con el respaldo de los islamistas, el gobierno abrió paso a una estrategia económica de tamkin (empoderamiento). Tal política estableció la hegemonía política y económica a favor de las élites islamistas del país organizadas en torno al Frente Islámico Nacional (FIN) y, más tarde, en el Partido del Congreso Nacional (PCN). Bajo una política de reformas aparentemente neoliberales y favorables al mercado, las empresas estatales fueron vendidas a los aliados del régimen. Se coaccionó a los empresarios para que cedieran las acciones de sus empresas a los leales al PCN y se concedieron reducciones fiscales, cuando no exenciones totales, a las empresas favorables al régimen 6.
Además de comprar la lealtad al régimen, el Estado purgó a sus rivales en el gobierno y en la sociedad civil. Cuando asumió el poder, el régimen islamista despidió a miles de militares y funcionarios de la burocracia 7.
Siguiendo un modelo que recuerda al de la guerra actual, los dirigentes islamistas comenzaron a acumular y distribuir selectivamente productos básicos como trigo, harina y petróleo. El petróleo, en particular, jugó un papel clave en la permanencia del autoritario régimen islamista hasta la secesión del sur en 2011. El régimen de Al Bashir, al disponer de los ingresos procedentes del petróleo que alimentaban directamente las arcas del Estado, los utilizó para fortalecer y expandir sus redes clientelares en todo el país, canalizando fondos hacia los sectores leales y sus regiones de origen. Pero si las políticas económicas del tamkin derivaron en el monopolio por parte de los islamistas de los sectores económicos formal e informal de Sudán, también incrementaron el papel de los militares en la economía 8. La creación de la Corporación Industrial Militar (CIM) a principios de la década de 1990 dio a las FAS el control sobre una docena de empresas que producían material militar. Posteriormente, sus actividades económicas se extendieron más allá de la CIM hasta llegar a controlar una serie de industrias civiles.
Con este telón de fondo, la economía se convirtió en un escenario clave de la competencia política tras el levantamiento de 2018-19. Durante la transición que siguió a la revolución, emergieron dos facciones de la élite: los restos de la coalición islamista del FNI, vinculados a miembros del PCN –principales responsables de la construcción del Estado profundo en la década de 1990– y el Consejo Militar de Transición (CMT), compuesto por líderes de las milicias de las FAS y de las FAR.
Si bien en el pasado los islamistas representaron un grupo relativamente coherente, en la transición surgieron diferencias entre los líderes militares que dirigían el Consejo Militar de Transición y un resurgente grupo ideológico islamista que ejercía un control importante sobre los servicios de seguridad del Estado, incluidas las infames y militarizadas kattayib al zil, o brigadas en la sombra 9. En respuesta, el Consejo Militar de Transición asumió el control de muchas grandes empresas de propiedad islamista y limitó el poder de los servicios de inteligencia de Sudán. Operó incluso para desmantelar varias milicias confiscando sus bienes y cerrando sus cuentas bancarias. Sin embargo, tras el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, Burhan se vio cada vez más aislado y sin adeptos significativos ni legitimidad en la sociedad civil, por lo que restableció rápidamente las relaciones con los islamistas, readmitiendo a sus dirigentes en la burocracia y en el aparato de seguridad del Estado. Ambos luchan ahora contra las FAR.
Los líderes militares, respaldados por los islamistas de línea dura, están luchando para retener y reavivar la enorme riqueza financiera y las ventajas políticas que disfrutaban gracias a su monopolio sobre el Estado profundo. Así que, lo que impulsa los objetivos de Burhan en esta guerra son las empresas e inversiones de las FAS y la larga historia de manipulación de la economía informal por parte de éstas y de los islamistas, que fue lo que les permitió controlar el Estado. El que intenten alcanzar juntos este objetivo por todos los medios militares necesarios y sin importar el coste humano explica parcialmente la lógica de la violencia generalizada en esta guerra civil y, en particular, que esté dirigida contra la población civil, la mayoría de la cual ha luchado para desmantelar el legado del Estado profundo. De hecho, uno de los objetivos centrales de la revolución desde el principio fue: tafkik al nizam wa izalat al tamkin (desmantelar el régimen y eliminar sus políticas de empoderamiento) 10.
Del petróleo al oro
Si lo que alimentó el surgimiento del Estado profundo dominado por los islamistas fueron las políticas de empoderamiento o tamkin y el boom petrolero, en la guerra actual lo que alimenta a la milicia paralela de Hemedti, generando violencia política, es la extracción de oro para la exportación.
Tras la pérdida de ingresos del petróleo por la secesión de Sudán del Sur en 2011, Al Bashir recurrió al oro para apuntalar sus debilitadas redes clientelares. Entre 2012 y 2017, la producción de oro se incrementó hasta un llamativo 141% 11. En 2018, un año antes de la revolución, el país era el duodécimo productor mundial.
Pero a diferencia del petróleo, los beneficios de este nuevo auge del oro se han distribuido de manera mucho más descentralizada. La mayor parte de las exportaciones de oro salen como contrabando ilegal del país, sobretodo al mercado de Emiratos Árabes Unidos. El grueso del valor del oro escapa así a la maltrecha economía formal, lo que debilita la capacidad del Estado para generar ingresos y destinar recursos a la ciudadanía. Un estudio reciente revela que la diferencia entre las exportaciones de oro declaradas por Sudán y las importaciones registradas por sus socios comerciales ascendía a 4.100 millones de dólares 12, lo que revela que un astronómico 47,7% de los ingresos procedentes del oro sudanés acaba en manos privadas.
Mientras los militares y el aparato de seguridad dirigido por los islamistas luchan por controlar las empresas de petróleo, goma arábiga, sésamo, armas, combustible, trigo, telecomunicaciones y la banca, Hemedti monopoliza el oro y, en menor medida, el ganado y los bienes inmuebles para extender su iniciativa bélica. La violencia que sustenta la guerra está directamente relacionada con su riqueza personal, fundamentalmente amasada con su participación en el comercio ilegal de oro.
Un informe publicado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2015 reveló que las fuerzas de Hemedti generaban 54 millones de dólares al año por el control de la mina de oro de Yebel Amir 13. Fueron esos ingresos los que le permitieron reclutar en las FAR a jóvenes depauperados y sin empleo de todo el Sahel, de Libia, Chad, Malí y Níger, que son los principales perpetradores de la violencia en Darfur, Jartum y Sudán central. Se calcula que su fuerza paramilitar alcanza actualmente a unos 40.000 efectivos. En comparación con sus homólogos de las FAS, sus tropas disfrutan de un acceso importante a recursos financieros y de formación por parte de actores externos.
La aparición del oro como materia prima más lucrativa de Sudán permite explicar la naturaleza descentralizada de la guerra y los altos niveles de violencia ejercida por las milicias de las FAR, especialmente en las regiones de Darfur y Kordofán, ricas en oro.
Alimentar una guerra por procuración
Aunque las dinámicas principales que impulsan la guerra en Sudán son internas, potencias regionales y otras más lejanas están desempeñando un papel influyente. Entre ellos destacan los países del Golfo, especialmente Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Aquí también, la entrada del oro como mercancía más lucrativa de Sudán es significativa. A diferencia del petróleo, el oro es un recurso saqueable, lo que motiva a intervenir a actores externos, como EAU, del lado de las FAR, independientemente de las consecuencias en términos de violencia contra la población civil. EAU parece estar dando apoyo a Hemedti y sus FAR con su envío de armas a través de Chad y Libia.
Además del comercio ilícito de oro, Hemedti también se ha beneficiado de los intereses regionales de los países del Golfo y de su malestar por la situación en el Mar Rojo. A Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos les preocupa desde hace tiempo el cerco de Irán a través del estrecho de Ormuz y Bab el Mandeb. Esta preocupación se intensificó con el apoyo iraní al movimiento hutí en Yemen, que produjo la intervención militar de una coalición liderada por Arabia Saudí en 2015. Hemedti recibió millones de dólares, tanto de Arabia Saudí como de EAU, para enviar a sus milicias a luchar en la guerra.
Aunque la mayoría de los efectivos de las FAR han regresado de Yemen, la última escalada de violencia en el Mar Rojo, producida por los ataques de los huties contra buques mercantes en respuesta a la guerra de Israel contra Gaza, ha avivado la preocupación de Arabia Saudí en particular. Riad, junto con EE UU, ha tomado la iniciativa para intentar negociar un acuerdo de alto el fuego entre las partes enfrentadas con la intención estratégica de fomentar una sólida alianza con el régimen de posguerra que surja en Jartum.
Tanto Arabia Saudí como EAU han establecido importantes bases militares en el Cuerno de África: los saudíes en Yibuti y los emiratos en Eritrea. EAU también pretende establecer instalaciones similares en el norte de Somalia. Pero la competencia por la influencia en la región del Mar Rojo no se limita a estos Estados: Qatar, Turquía y Rusia han intensificado sus vínculos con la región mediante propuestas para establecer bases militares frente a la costa sudanesa del Mar Rojo.
Aunque en parte sea estratégico, el interés de los Estados del Golfo por Sudán obedece también a objetivos económicos a más largo plazo. Consideran la inversión en África como un medio para diversificar sus economías y están impacientes por ampliar el comercio en un continente tan rico en recursos y del que Sudán es una puerta de acceso. EAU lleva tiempo detrás de un proyecto de desarrollo portuario frente a la costa sudanesa del Mar Rojo. En 2022 se informó que Jartum había adjudicado formalmente a EAU un contrato de explotación parcial de Port Sudan en el que EAU invertiría 6.000 millones de dólares.
Las tierras agrícolas de Sudán también son cruciales para ayudar a los países del Golfo a satisfacer la demanda ingente de importación de alimentos. En Gezira (en el corazón agrícola de Sudán), por ejemplo, se favorecieron inversiones de los países del Golfo –por un valor total de 8.000 millones de dólares– mediante políticas neoliberales que acabaron endeudando a las y los pequeños agricultores y diezmando el sector agrícola a pequeña escala. Gran parte de las tierras arrendadas por los inversores del Golfo se han transformado en proyectos agroindustriales a gran escala que han cortado las rutas de pastoreo y absorbido parcelas antes dedicadas a la agricultura de subsistencia de secano. A propósito: es el empobrecimiento de las y los agricultores y trabajadores rurales sudaneses lo que ha contribuido al éxito del reclutamiento de las milicias de las FAR, cuyos combatientes proceden de poblaciones rurales ahora desposeídas.
Egipto, por su parte, apoya al general Burhan y a las FAS. El Cairo no sólo está preocupado por que se revitalice la influencia islamista a lo largo de su flanco sur, sino también en la cuenca del río Nilo. En 2020 Etiopía comenzó a llenar el dique del Gran Renacimiento Etíope, una presa hidroeléctrica de 4.800 millones de dólares en el Nilo Azul, que El Cairo considera una amenaza existencial para sus propios recursos hídricos. Hemedti mantiene estrechos vínculos con Etiopía y con EAU, que pese a ser un gran benefactor de Egipto es también un rival regional por su influencia. Por ello, Egipto considera que un Sudán dominado por las FAR es una amenaza para sus intereses nacionales.
El resultado de esta competencia de rivalidades es que hay en marcha múltiples iniciativas de paz que funcionan con fines contrapuestos. En el momento de redactar este informe, hasta cuatro foros diferentes operan simultáneamente para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de paz entre las facciones enfrentadas: las Conversaciones de Riad (lideradas por Estados Unidos y Arabia Saudí), la iniciativa de la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) y la Unión Africana liderada por Yibuti, las conversaciones de El Cairo, que intentan forjar una alianza entre la oposición civil y el aliado egipcio, las FAS, y una iniciativa más reciente liderada por EAU, pero auspiciada por el gobierno de Bahréin.
Estas iniciativas reflejan más los intereses de los Estados que las promueven y sus relaciones con las respectivas partes beligerantes que los esfuerzos por apoyar al pueblo sudanés y a la sociedad civil para hallar un marco viable que conduzca al alto el fuego.
La promesa imperecedera de la revolución
En contraste con otras guerras civiles de la historia de Sudán, las partes enfrentadas carecen actualmente de un electorado significativo o de legitimidad en la sociedad civil. Ambas partes están librando una guerra contra el pueblo sudanés porque, precisamente, desde la revolución popular democratizadora de 2018 la sociedad civil sudanesa viene rechazando unánimemente un futuro dominado por líderes militares autocráticos.
De hecho, la revolución de 2018-19 demostró claramente lo que la devastadora guerra actual está confirmando: que la posibilidad de paz y democracia reside en la resistente sociedad civil sudanesa a través de sus asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones juveniles y de mujeres. La guerra no ha hecho más que afirmar la importancia de estas redes. Ahora, y a pesar de sus diferencias, los comités de resistencia dirigidos por la juventud están de acuerdo en que lo prioritario es poner fin a la guerra y restablecer la paz, abordando las causas profundas de los conflictos de Sudán, como pretendía la revolución.
En un contexto de guerra devastadora y de desplazamientos masivos, un influyente movimiento popular dirigido por jóvenes ha demostrado una gran capacidad colaborativa superando divisiones étnicas, de género y sociales en pro de objetivos democráticos. En ausencia de una ayuda internacional efectiva, por ejemplo, los centros de asistencia urgente dirigidos por la gente jóven han movilizado la ayuda mutua en todo el país.
Frente a la merma de legitimidad de las élites políticas en la sociedad civil sudanesa, las y los dirigentes juveniles atesoran un fuerte respaldo de un amplio espectro de la población sudanesa. Dirigentes del movimiento juvenil, organizaciones de mujeres, académicos independientes, artistas y millones de sudaneses y sudanesas en la diáspora son casi unánimes sobre cómo afrontar el reto actual de la guerra: trabajando para fortalecer la sociedad civil en formas que recuperen la confianza, resuelvan el conflicto y construyan una paz sostenible.
Khalid Mustafa Medani, sudanés, es redactor de Middle East Research and Information Project y profesor asociado de Ciencias Políticas y Estudios Islámicos en la Universidad McGill (Montreal, Canadá). Autor de Black Markets and Militants. Informal Networks in the Middle East and Africa (Cambridge University Press, 2021, acceso abierto).
Texto original: Merip. Traducción para viento sur: Loles Oliván Hijós
- 1“Sudan crisis sends shockwaves around the region as displacement, hunger, and malnutrition soar”, PMA, 19/02/2024.
- 2Consejo Nacional de Población, Ministerio de Bienestar Social y Seguridad, “Sudan Millennium Development Goals Progress Report, 2010”, 23/7/2012, p. 67.
- 3Informe por país del FMI nº 13/318: “Sudán: Documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza”, octubre de 2013, p. 6.
- 4“Sudán: Public Expenditure Review, Synthesis Report”, Banco Mundial, Informe nº 41840-SD. Washington DC, diciembre de 2007
- 5Banco Mundial: “The Sudan Interim Poverty Reduction Strategy Paper Status Report”, octubre de 2016, p. 1.
- 6Ahmed Gallab (2008) The First Islamic Republic: Development and Disintegration of Islamism in Sudan. Surrey: Ashgate.
- 7Anne L. Bartlett (2020) “Dismantling the Deep State in Sudan”, Australisian Review of African Studies, 41/1, pp. 51-57.
- 8Harry Verhoeven (2013) “The rise and fall of Sudan’s Al-Ingaz Revolution: The Transition from Militarised Islamism to Economic Salvation and the Comprehensive Peace Agreement”, Civil Wars 15/2, pp. 118-140.
- 9 “Burhan lets the Islamists back in”, Africa Confidential 62/10 (12/05/2022).
- 10“Al Burhan forms s committee to dissociate Al Bashir’s regime in Sudan”, Middle East Monitor, 11/12/2019.
- 11“Analyzing Trade, Oil and Gold: Recomendations to Support Trade Integrity in Sudan”, Global Financial Integrity, mayo de 2020, p. 3.
- 12Ibid.
- 13“UN Panel of Experts Reveals Gold Smuggling and Cluster Bombs in Darfur”, Relief Web, 12/04/2016.
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