Por Enric Llopis | 14/11/2024 | España
Fuentes: Rebelión [Imagen: EntreBarris]
214 víctimas mortales confirmadas en el País Valenciano por la Crisis de la DANA, y 75 municipios afectados en la provincia de Valencia, informó el Gobierno de España el 10 de noviembre; 36.803 personas fueron rescatadas de la catástrofe por las inundaciones.
El daño y la destrucción generados por las grandes avenidas de agua y fango pueden evaluarse desde otro punto de vista; por ejemplo, 149.840 solicitudes de indemnización se habían comunicado –hasta el 9 de noviembre- en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), principalmente por el impacto en vehículos (89.694) y viviendas (48.003), detalló el Gobierno español.
El Ministerio de Transición Ecológica informó –el 8 de noviembre- que 640.000 personas habían perdido el suministro de agua potable en las fechas inmediatamente posteriores al temporal (29 de octubre); consideradas las infraestructuras de saneamiento y depuración en las provincias de Valencia y Castellón, un 36% resultaron afectadas.
El descontento por la gestión institucional pudo evidenciarse en la manifestación del 9 de noviembre en Valencia, en la que participaron 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno; debido a la notable afluencia, se dio el caso de vecinos que no pudieron acceder a la movilización; asimismo en Alicante, cerca de 10.000 personas pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP.
Y centenares de personas se concentraron el 9 de noviembre, para manifestar su solidaridad, en la madrileña Puerta del Sol; mientras la manifestación de Valencia finalizó con cargas y detenciones policiales, Mazón fue reprendido por el vecindario durante su visita –dos días después- al municipio de Torrent (87.300 habitantes).
El PP valoró –en las redes sociales- la marcha en la capital valenciana del siguiente modo: “La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del ‘Països Catalans’ vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas. Sólo la política” (el mismo día de la gran borrasca -29 de octubre-, el PP y Vox pactaron en las Cortes Valencianas la reducción del límite, a 200 metros de la costa, para la construcción de hoteles).
Frente a la propaganda oficial, movimientos sociales, colectivos vecinales y sindicatos del País Valenciano (un centenar convocaron la manifestación de Valencia) han exigido la dimisión de Mazón y criticado la gestión de la crisis (antes y después de la DANA).
La red de asambleas vecinales EntreBarris-Valencia ha participado en las brigadas de apoyo mutuo que partían de las barriadas de Valencia; por ejemplo, el 11 de noviembre salió una brigada desde el colegio Professor Ramiro Jover, en el barrio de San Marcelino.
“Hay pueblos que han tenido que esperar una semana para ver la primera máquina entrar a trabajar; es indignante que el momento que más policía hubo en Paiporta fue el día de la visita del rey y los presidentes (Mazón y Pedro Sánchez, el 3 de noviembre), con el fin de protegerlos de la legítima indignación popular”, criticó EntreBarris.
Además el Sindicat d’Habitatge de Valencia convocó, junto al Kolectivo Parke Alcosa, jornadas de limpieza en Alfafar; se desplazaron caminando hasta este municipio de L’Horta Sud, de 21.900 habitantes, y también han recogido material solidario (tres personas fallecieron a causa de la DANA en Alfafar, a fecha 30 de octubre, según la Agencia Efe).
Las organizaciones CERAI, Mundubat, Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG), Per L’Horta, Justicia Alimentaria, Fundació Assut y SEAE iniciaron el 7 de noviembre la campaña Cultivem solidaritat, para ofrecer apoyo a los agricultor@s afectadas; a menudo se hallan “en una situación crítica, sin seguros ni recursos suficientes para recuperarse”.
La CGT ha presentado una demanda ante la Fiscalía al considerar que el Gobierno Valenciano, “a pesar de tener información precisa, no hizo nada por salvar las vida de decenas de trabajador@s”; ello, añade el sindicato, podría calificarse como “acto criminal”.
Además, la organización anarcosindicalista tramita varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, tras recibir múltiples informaciones de trabajador@s; éstas daban cuenta de patronos que les obligaron a quedarse –pese a las alertas de la gran riada- en los puestos de trabajo; o bien de acudir a laborar en las fechas posteriores.
La CGT-València ha habilitado un teléfono de asistencia laboral para las personas afectadas (691 516 374); y una cuenta solidaria/caja de resistencia para la cobertura de las necesidades y hacer frente a los destrozos (ES78 3159 0018 1127 5519 2826).
Intersindical Valenciana (IV) ha puesto en funcionamiento una cuenta corriente, con el fin de recolectar ingresos para las familias (ES30 2045 6014 6330 0024 7608); asimismo, ha recogido bienes de primera necesidad, que el sindicato trasladó en camionetas a los municipios (palas, mascarillas, productos de limpieza, ropa de trabajo o botas de agua).
#SolsElPobleSalvaElPoble. Van perdre la vida per no perdre la feina. Con este lema, el 8 de noviembre Intersindical, junto a la CGT, la CNT y la Coordinadora Obrera Sindical (COS) dels Països Catalans convocó concentraciones –a las 12.00 horas- en los centros de trabajo; y en la hora del recreo, en los centros educativos no universitarios.
Según los cuatro sindicatos, “los vecinos de Paiporta se vieron sorprendidos de cómo llegaba el agua, que rápidamente pasó de la altura de los tobillos a la cintura; en la Pista de Silla (V-31, autovía de acceso a Valencia), entre Sedaví y Massanassa, centenares de personas que habían salido de sus centros de trabajo ya no pudieron avanzar en coche; algunos buscaron caminando un refugio seguro” (comunicado 6 de noviembre); uno de los empresarios señalados fue Juan Roig, presidente de Mercadona.
En una nota informativa del 10 de noviembre, el Sindicat de Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) señaló la “nefasta gestión” por parte de la Conselleria de Educación, por lo que pidió la dimisión del conseller, José Antonio Rovira, del PP; en concreto, debido a la ineficacia en la reubicación del alumnado, y la falta de envíos de material y equipos profesionales de limpieza a los centros afectados.
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