Por Javier Suazo | 21/11/2024 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión [Imagen: Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, y Xiomara Castro, presidenta de Honduras.]
Charlas con dirigentes de medianas y pequeñas empresas, campesinos, gremiales y productores de alimentos, zona norte de Honduras.
“Para llegar a un acuerdo en beneficio de Honduras, Anabel debe apartar los apellidos “raros” de su agenda diaria y Xiomara el “sombrero” (Concepción Betanco, dirigente campesina)
A inicios de 2024, los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), especialmente las cúpulas empresariales, sorprendieron a la colectividad nacional al izar una bandera de color negro en señal de luto por la falta de empleo en el país, atribuido, según ellos, a la ausencia de políticas públicas en materia de trabajo e incentivos al capital nacional y extranjero para aumentar los monto de inversión productiva. Se suma la inseguridad jurídica a estar “invadidas” por campesinos cerca de 50,000 manzanas de tierra mayormente en producción y el interés del gobierno por impulsar una Ley de Justicia Tributaria-en poder del Congreso Nacional- que termina con los incentivos creados para generar en forma sostenida puestos de trabajo.
Los empresarios deben estar conscientes que empleos de mala calidad y bajo ritmo de crecimiento económico (Se estima un crecimiento del PIB de 3.5% para 2024) no resuelven los problemas de pobreza y desigualdad, igual se necesita el acompañamiento del gasto de inversión pública del gobierno para contribuir a suplir la demanda de empleo por la población. Este argumento es contrario al defendido por los llamados libertarios como Javier Milei, presidente de la Argentina, donde el problema es el Estado y excesivo gasto del gobierno financiado con emisión monetaria (tesis monetarista no libertaria).
En los años 90s, la apuesta de instituciones como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), era lograr un crecimiento económico con equidad. Estaba demostrado que el simple crecimiento no generaba un efecto derrame en la economía y se concentraba en ciertos bienes y servicios (bienes de exportación primarios, importaciones de insumos, bienes de consumo y servicios comerciales) para beneficio de grupos y actores económicos empresariales con mayor capital, que implicaba también una transformación productiva más amplia.
La propuesta era un enfoque integrado que fuera complementario a los esfuerzos por garantizar un crecimiento del PIB alto en forma sostenida. Había que ejecutar acciones para mantener los equilibrios macroeconómicos básicos (baja inflación y déficit en cuenta corriente manejable); asignar más recursos a inversión en capital humano; generación de empleos productivos y de buena calidad y aprovechar los avances tecnológicos, pero sin dañar el medio ambiente y aceptar salarios bajos como sinónimo de competitividad.[2]
Hoy sea habla de un enfoque más estructural, que ataque de entrada la desigualdad económica y social[3], como un factor causal o manifestación de los altos niveles de pobreza e indigencia, combata el hambre y destrucción de los recursos naturales y fuentes de agua, y apoye políticas de empleo masivo de buena calidad. No implica el abandono de políticas para enfrentar desequilibrios macroeconómicos básicos, pero siguiendo un enfoque heterodoxo, ni la renuncia del Estado a satisfactores sociales como la salud, educación y protección social, buscando los países una menor dependencia de fuentes tradicionales de crédito, bienes tecnológicos e insumos importados, en un marco de democracia participativa.Las demandas y condicionantes enfrentadas
Hay que generar puestos de trabajo es la demanda del sector privado y gremial a la presidenta Xiomara Castro, imputándole a su gestión factores causales explicativos del desempleo. En primer lugar, consideran los empresarios del COHEP, sobre todo la cúpula empresarial,que el gobierno no debió derogar la Ley de Empleo por Hora, un instrumento para la promoción de empleos “espurios” y de mala calidad, hija del golpe de Estado, así como de mecanismos de desprotección social al convertir empleos de tiempo completo en empleos por hora, negándole a los trabajadores el derecho a la organización sindical, vacaciones y acceso a servicios de aseguramiento social.[4]
En segundo lugar, el desempleo se debe a violaciones al derecho de propiedad privada (uno de los bienes preciados de los libertarios) especialmente con las invasiones de tierra por los campesinos que ahuyenta la inversión productiva. Las últimas cifras hablan de cerca de 50,000 manzanas de tierra invadidas (Declaraciones de Santiago Herrera, Director Técnico del (COHEP), por grupos campesinos e “irregulares”, quejándose el sector privado de la lentitud en el cumplimiento de las órdenes de desalojo y la creciente politización del problema agrario por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Las autoridades de esta institución hablan de la ejecución de 26 órdenes de desalojo de tierras y la aprobación de un pacto entre terratenientes y campesinos para resolver la “mora” agraria en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra nombrada por Xiomara Castro, que atienda no solo las exigencias de los empresarios, sino también los vacíos de la política agraria vigente desde 1992[5].
El INA apuestatambién por reformas a la legislación agraria, caso de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), para permitir volver a la expropiación por sobre techo agrario e incultura de las tierras, igual a una alianza más amplia con el Registro de la Propiedad para revisar los títulos otorgados a particulares en tierras del Estado, campesinos y pueblos originarios, incluyendo las remedidas ilegales.
El ambiente en el Congreso de la Republica para nuevas políticas de reforma agrariano es muy favorable, igual acciones en contra de la LMDSA, denominada Ley Norton, en honor al economista “gringo” contratado por la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) que la elaboró, enfrentando a organizaciones gremiales como la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), miembro del COHEP, y a ciertos Ministros y Asesores del gobierno. La presidenta Xiomara Castro debe explorar otras alternativas, como el Fondo de Tierras (se pueden destinar 200 millones de lempiras para compra de tierras a favor de la mujer campesina y como capital semilla del fondo en 2025), y esperar mejores “vientos” en el Congreso.[6]
A ello se suma la caída en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), atribuido según los empresarios, a la “posible aprobación por el Congreso de la Republica de la Ley de Justicia Tributaria que ahuyenta la inversión al derogarse exoneraciones fiscales y regularse el otorgamiento de incentivos a las empresas que ha vuelto regresivo el sistema tributaria[7] y generado una creciente desigualdad y falta de equidad económica y social.[8].
Se habla también de la ausencia de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el alto costo de los servicios públicos, trámites engorrosos en el gobierno y la inestabilidad política generada por el nombramiento del Fiscal General y Fiscal Adjunto por una Comisión Extraordinaria sin tener LIBRE la mayoría calificada de los 86 diputados, la denuncia del tratado de extradición para narcotraficantes, falta de funcionabilidad y garantías de los órganos de impartir justicia.
Las cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) demuestran que, en el caso de Centroamérica, Honduras junto a El Salvador es el que menos está captando estos flujos de inversión, afectados por la desaceleración de la economía mundial, especialmente la norteamericana. En 2022, Honduras captó 1,082 millones de dólares de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), menor al captado por Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, y solo superado por el Salvador con un flujo negativo de -101 millones de dólares. [9]. Las cifras del Banco Central muestran que lo captado en 2022 por IED fue de 920.3 millones de dólares, menor a las cifras anteriores.
Los empresarios han sido muy pesimistas y muestran cifras de una caída más pronunciada en el primer semestre de 2023, donde el sector más afectado ha sido el textil (maquila) por el cierre de empresas, aunque hay evidencia de una mayor inversión en el sector energético y turístico. No obstante, Honduras captó 1,076.4 millones de IED en 2023, mayor que en 2022. Este pesimismo se extiende a 2024, pero en el primer semestre las cifras muestran un monto de 500.5 millones de dólares, para un cierre estimado de cerca de 950 millones de dólares, aunque el segundo trimestre de 2024 fue muy pobre.[10]
Honduras le apuesta a China, Banco de los BRICs y financiamiento de grandes proyectos con recursos provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF-, pero también a fuentes multilaterales de crédito en el marco del Convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de la banca privada local. Con los chinos es de esperar un ensanchamiento del déficit comercial al legalizarse el tratado, pero también la penetración de empresas en actividades comerciales mayoristas y detallistas visibles en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por lo que la negociación debe ser más amplia (apoyo de los chinos en el desarrollo de proyectos de infraestructura económica de impacto, instalación de empresas tecnológicas, intercambio académico y turismo masivo; otros).
Hemos insistido en la necesidad de una estrategia nacional para captar mayores recursos de la cooperación bilateral-no rembolsable- cuyos montos han disminuido y sitúan a valores muchos antes de Covid-19. Honduras tiene tratados bilaterales de comercio con la mayor parte de países latinoamericanos (progresivamente deficitarios), pero los recursos de inversión son menores, con la excepción de Colombia y Panamá, no así México, Brasil y Chile.
La presidenta Xiomara Castro debe ordenar el montaje de una interagencial 2025, o sea la presentación de programas y proyectos de inversión pública y privada masivos ante la cooperación de países y gobiernos amigos, en tanto se crean los espacios en el Congreso Nacional para aprobar la reforma que contempla la Ley de Justicia Tributaria, que liberaría recursos para inversión productiva y social. Estos espacios pasan por un diálogo efectivo y franco a más alto nivel de gobierno y sector privado, liderado por la presidenta Xiomara Castro y Anabel Gallardo, presidenta del COHEP.
Notas:
[2] Ver a Joseph Ramos “¿Es posible crecer con equidad?”. Revista de la CEPAL N. 55, Santiago de Chile, pág. 16.
[3] Hay varias acepciones del concepto de desigualdad. Una atiende, por ejemplo, a los resultados como la distribución de la riqueza, ingresos y situación de pobreza, y otra, a falta de oportunidades relacionadas con la educación y aumento de las capacidades de las personas y familias; entre otras. Ver para ampliación a Anthony b. Atkinson “Desigualdad”. ¿Qué Podemos Hacer? Fondo de Cultura Económica, México, DF, 2016.
[4] Para Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), un 60% de las empresas no pagan el salario mínimo y están en contra de la sindicalización y de otorgar derechos adquiridos según el Código de Trabajo. Criterio.hn, 10 de febrero de 2022.
[5] La vigencia de políticas de corte neoliberal en el agro, especialmente el cercenamiento de las causales de afectación de tierras incultas y ociosas, y el RD-CAFTA, aumentan la concentración de la propiedad y del ingreso, destruyendo la producción de granos básicos y otros bienes alimentarios. Hay muchas familias campesinas en pobreza que demandan tierras para comer y vivir, los salarios que se pagan en el sector no ajustan.
[6] En Venezuela y Bolivia los “vientos “para la vigencia de políticas y leyes agrarias fueron favorables desde el inicio, no solo por la Constituyente y cambio de la Carta Magna, sino también por un mayor control visible de los otros poderes del Estado; pero también por ser una política de base social amplia que dio sustento a un modelo de desarrollo alternativo.
[7] Entre 2019 y 2021, cinco (5) empresas que no se dedican a la producción agrícola, sino a la venta de maquinaria, recibieron L4, 700 millones en exoneraciones, lo que representó el 70% de los beneficios en este régimen. Estos beneficios no se trasladaron a los productores, quedaron únicamente en los bolsillos de los dueños de estas empresas.” Ver Nota de Prensa Servicio de Administración de Rentas (SAR), RRPP009-2023, del 17 de marzo de 2023.
[8] Hay evidencia según la SAR, de una alta concentración de beneficios fiscales y de otro tipo a favor de un reducido número de familias dueñas de empresas acogidas a los regímenes de incentivos. Según el Director de SAR, Marlon Ochoa, “10 familias más ricas pagaron 3 centavos de impuestos por cada 100 lempiras de ingreso”. Ver @MarlonOchoaHN, 17 de abril de 2023. La corrupción es un factor causal que alimenta también la mala distribución del ingreso y desigualdad.
[9] Ver CEPAL “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe” 2023. Santiago de Chile, 2023, pág. 27.
[10] El COHEP manifiesta también su preocupación por el retiro de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo cual amenaza con desatar una huida masiva de inversionistas poniendo en riesgo el crecimiento y desarrollo de Honduras. Ver Comunicado del COHEP, de fecha 4 de marzo de 2024.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en Ciencias Económicas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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