Por Javier Suazo | 25/11/2024 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión [Imagen: Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, y Xiomara Castro, presidenta de Honduras.]
Charlas con dirigentes de medianas y pequeñas empresas, campesinos, gremiales y productores de alimentos, zona norte de Honduras.
«Para llegar a un acuerdo en beneficio de Honduras, Anabel debe apartar los apellidos “raros” de su agenda diaria y Xiomara el sombrero” (Concepción Betanco, dirigente campesina)
Los esfuerzos por estabilizar la economía utilizando instrumentos de política monetaria contractiva tienen un costo, y es la menor demanda de recursos para inversión productiva y comercial, en tanto se vuelve más caro el crédito, lo que impacta negativamente en la producción y empleo. El costo es doble en países como Honduras con problemas estructurales y rezagos económicos y sociales manifiestos. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro optó por políticas más heterodoxas, o sea no renunciar al gasto de inversión pública orientado a sectores productivos e infraestructura económica-social[1], manteniendo las presiones inflacionarias controladas.
En 2022, ello fue mal visto por empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), prensa mediática y economistas de clara orientación monetarista y neoliberal, al no ajustarse la Tasa de Política Monetaria (TPM) hacia arriba, cuando otros países de la región lo estaban haciendo. En 2023 y parte de 2024, la crítica se hizo más visible por la perdida de reservas internacionales y creciente brecha en el mercado cambiario, al no suplirse la demanda de divisas en su totalidad. Se argumentó que este rezago fue el causante de la fuga de capitales hacia el exterior y el acelerado proceso de disminución de las reservas internacionales.
Honduras ajustó la TPM de 3.00% a 4.00% en agosto de 2024, y la subió a 5.75% en octubre del mismo año. Se le atribuye a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para detener la caída de las reservas internacionales y liberalizar la tasa de cambio, y hacer más visible el proceso de minidevaluaciones acordado en el marco del convenio de préstamo suscrito. El acceso a cerca de 500 millones de dólares de la banca multilateral y un menor riesgo país, al aprobar la revisión del Convenio con dicho organismo, y poder disponer de recursos para financiar el Presupuesto Nacional de 2025, canalizando fondos a inversión productiva y económica, y garantizar el pago del servicio de la deuda externa, es quizá un factor explicativo.
Las críticas de personeros del COHEP al Gobierno abarcan además la oposición a la aprobación por el Congreso Nacional del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, ya que ahuyenta la inversión. Frente a ello, se propone un Pacto por el Empleo (empresarios y Gobierno), lo que congelaría las acciones en favor de la Ley Tributaria. Es un Pacto Oficial, entre ambos actores, y no reuniones parciales entre funcionarios del poder ejecutivo, incluyendo a la presidenta Xiomara Castro, con ciertos directivos de la cúpula empresarial para apoyar proyectos de desarrollo como la construcción de la represa El Tablón, un sueño añorado por empresarios del norte del país, valle de sula, y ciudadanos.[2]
II. El Pacto por el Empleo
El COHEP propone al Gobierno un Pacto por el Empleo[3], orientado a aumentar la inversión productiva, los niveles de empleo (una tasa de desempleo abierto de 7.4% en 2023 con tendencia a aumentar en 2024) y el crecimiento económico sostenido, lo que implica un respeto a la propiedad privada (no importa, en el caso del agro, si la tierra productiva se encuentra ociosa y mal utilizada) y el Estado de derecho. La alta concentración de la propiedad y ociosidad no beneficia a la economía del país y su gente, más bien permite que el agro se deprima y caiga el PIB agropecuario, aumente la deforestación, migración, pobreza y desigualdad.
Ello reviste una importancia de primer orden, ya que la evidencia demuestra que la pobreza registra una disminución para Latinoamérica en 2023, pero en países como Honduras y Perú no sucede lo mismo.
“La disminución de la pobreza a nivel regional en 2023 se explica principalmente por la evolución de su incidencia en el Brasil, país que contribuyó con alrededor del 80% de la variación observada en el promedio regional. Otros países que también experimentaron reducciones de pobreza de al menos 1 punto porcentual fueron Colombia, El Salvador, el Paraguay y la República Dominicana. Solamente Honduras (en comparación con 2019) y el Perú registraron incrementos en los indicadores de pobreza y pobreza extrema, ambos en torno a 1 punto porcentual. En los demás países con información, la situación de la pobreza y la pobreza extrema en 2023 no tuvo variaciones significativas con respecto al año previo.”[4]
De acuerdo a personeros del COHEP, las cifras de desempleo son alarmantes y ameritan solucionen urgentes y de consenso [5].No obstante, se hace poca mención al problema de distribución del ingreso, como un factor causal explicativo de la pobreza, argumentando que empleos espurios y de mala calidad son suficientes para avanzar por la senda del desarrollo, al tener Honduras el porcentaje más alto en Latinoamérica de población entre 15 y 65 años fuera del mercado laboral, subsistiendo en actividades domésticas y de cuidados no remuneradas.[6]
Una mejor lectura de la realidad nacional debe destacar un enfoque más integral para enfrentar el problema del desempleo, en tanto a los empleos de buena calidad generados y mayor efectividad de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), debe sumarse la dotación de activos productivos a la población, siendo la tierra el principal activo de producción. El gasto en inversión productiva y social también es importante, acompañado de mecanismos institucionales que aumenten sostenidamente la productividad del trabajo y beneficios, donde la palabra corrupción sea prohibida.
Los empresarios también cuestionan la parálisis del Congreso Nacional en la generación de leyes a favor del desarrollo del país y democracia, y a la solución de los problemas reales de la población, caso de la falta de empleo. La crítica fuerte es que los diputados ganan mucho y trabajan muy poco, recibiendo fondos que no liquidan y que deberían asignarse a solucionar problemas de salud. Hay poca mención a los conflictos generados por la oposición política en el Congreso, cuestionando toda iniciativa que busque solucionar los problemas heredados, caso de los contratos leoninos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y resistencia a la no aprobación de nueva ley de protección social; otros.
La aprobación de la Ley de Justicia Tributaria apunta a la solución de esos problemas reales, por la liberalización de recursos que no ingresan al fisco, pero todavía no hay consenso, ya que, según funcionarios públicos y del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la clase empresarial corporativa coludida con la clase política de oposición no permite que se avance después de varias reuniones celebradas con empresarios, muchos de los cuales se han beneficiado de regímenes especiales para el pago de impuestos.
El Pacto propone seis (6) áreas de intervención: a) Seguridad Ciudadana; b) Energía Competitiva; c) Mano de obra calificada; d) Infraestructura; d) Acceso al Crédito; e) Gobierno Digital.
Honduras registró en 2022 una tasa de homicidios de 38.2% por cada 100,000 habitantes, siendo uno de los países más violentos de la región centroamericana.[7] Sin embargo, la nueva estrategia del Gobierno en materia de seguridad está teniendo resultados, sobre todo en el control que se ejerce en barrios y colonias del país y tráfico de armas y drogas. Las cifras para el cierre de 2024 son alentadoras, ya que la Secretaria de Seguridad proyecta una tasa de 26.7% homicidios por cada 100,000 habitantes, validada por el Observatorio de la Violencia de la UNAH. La oposición política y medios tarifados no aceptan estas cifras, al considerar más bien un aumento de la violencia y muertes por la falta de empleo y control de maras y pandillas, acompañado de más migrantes.
El problema de los altos costos de la energía se debe, en parte, a la falta de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE [8], lo cual se viene arrastrando desde periodos anteriores. Hay evidencia que las pérdidas se redujeron en 2.3%, cifra alentadora reconocida por el FMI, pero el problema refiere a la deuda total de la empresa estimada en cerca de 75,000 millones de lempiras, lo que orilla a conseguir fondos de la banca nacional y, eventualmente, externa. Es una presión muy fuerte sobre las finanzas del Estado, que implica la vigencia de estrategias mixtas, donde participen países y empresas privadas de afuera.
La ENEE ha venido invirtiendo para aumentar la capacidad del sector y empresa para cubrir la demanda y mejorar la prestación del servicio[9], pero se reconoce un rezago de “arrastre” que ha “asomado” el fantasma de los apagones. Hay un programa nacional en marcha, con exigencias para que las metas (reducción de los porcentajes y erogaciones) se cumplan; también hubo una piñata con los contratos de energía donde se fijaban precios por decreto leoninos para las arcas del Estado y bolsillos del pueblo hondureño, que implicó una renegociación de los mismos.
La crisis internacional y el aumento de los precios del petróleo han impactado negativamente en los costos de la energía, aun cuando el Gobierno ha tenido que absorber parte de estos incrementos con subsidios al consumo para los abonados de menores ingresos.
Un problema que se ha venido acumulando y que destaca el COHEP, es el aumento de los jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIS). Se estiman para 2023 en más de 1 millón de jóvenes. Se les pregunta a estos jóvenes que factores explican su situación, manifestando que no hay empleos privados, pero también pocas oportunidades para estudiar carreras técnicas de corta duración, ya que resultan muy onerosas las carreras universitarias.
Su base de conocimientos en matemáticas es bajo, lo cual no les permite acceder a dichas carreras. Los colegios técnicos de secundaria no han actualizado su currículo y enfrentan problemas de recursos para su mantenimiento y ampliación de las aulas y talleres. Hay un buen manejo del idioma ingles por jóvenes, pero son explotados por las empresas en salarios percibidos y duración de las jornadas de trabajo.[10]
Contrario al Gobierno anterior que penalizó las acciones para aumentar los montos de inversión pública, un porcentaje menor del 4% del PIB, el Gobierno actual ha venido aumentado el monto global de Inversión Pública. En 2023, el monto de la inversión pública ascendió a 71,847 millones de lempira un 8.7%/PIB, y del cual corresponde a inversión pública institucional 23,613.9 millones de lempiras, con un 24.3% destinado a infraestructura vial y ganadería y 22.5% a proyectos de inversión y compensación social.[11]. El problema es la falta de un alineamiento efectivo a las prioridades de desarrollo establecidas en el Plan de Gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) y los niveles de ejecución y productividad del gasto.[12]
La oposición política, con base a cifras del primer trimestre de 2023, estimaron una ejecución de 70% para fines de año, aunque funcionarios del Gobierno la sitúen entre 80% y 85%. Hay que valorar los tiempos de los reportes de gasto de inversión entre unidades ejecutoras y la SEFIN, ya que se observa un retraso.[13]
En el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica 2024, el monto total de la inversión se fijó en más de 96,400 millones de lempiras, de la cual, la Inversión Productiva asciende a 35, 107.6 millones de lempiras, un 36.4% del total.[14] Es un presupuesto que contó con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el financiamiento y apoyo a los programas sociales; sin embargo, necesita de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, caso contrario, el déficit presupuestal de más de 71 mil millones de lempiras se cubriría con financiamiento externo e interno, aumentando los niveles de endeudamiento y pagos del servicio de deuda a futuro.
“El Presupuesto total del Plan de Inversión Pública (Aprobado Ministros) para el año 2025 asciende a L97,650.1 millones, que incluye (Inversión Productiva L28,816.7 millones, Inversión Social L58,830.3 millones; y Formación Bruta de Capital L10,003.1 millones); mostrando la inversión total un incremento de L1,188.6 millones, equivalentes a un 1.2% con relación al presupuesto aprobado para el año 2024 (L96,461.5 millones), representando el 9.7% respecto al Producto Interno Bruto (PIB”.[15]
Un cuestionamiento de los empresarios es que el nivel de ejecución de los proyectos de inversión es bajo y existe una burocracia pública improductiva que consume gran parte de los ingresos del Estado, además de compras sin licitación y denuncias de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Hay poca o ninguna referencia al aumento del gasto de inversión como instrumento para enfrentar rezagos estructurales en salud, educación, infraestructura vial y productiva, sin la cual Honduras no avanza.
El Gobierno de Xiomara Castro decidió reactivar el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA), el llamado banco campesino, que había sido prácticamente cerrado en el Gobierno anterior. Se aumentó el presupuesto de la institución de 458.7 a 1,457.2 millones de lempiras en 2022. En 2023 el banco tenía en cartera para préstamos 2,400 millones de lempiras, destinado mayormente a apoyar la producción de granos básicos con una tasa de interés de 2.5% anual; también se apoyó la producción y rehabilitación de fincas de café, hortalizas, avicultura y piscicultura a una tasa de 7% anual.[16]
El Banco reporta que con estas acciones se han rehabilitado 12,000 has de tierra, beneficiado a 5,400 productores, 700 familias campesinas y desembolsado 840.5 millones de lempiras en 2022.[17] No obstante, al menos, existen tres (3) problemas que deben ser enfrentados con carácter de urgencia: a) la filtración, o sea aquellos productores que pueden pagar una tasa de interés mayor, pero que se les otorga crédito por el banco, dejando por fuera a los “necesitados”; c) La alta mora que a enero de 2023 ascendía a 1,661 millones de lempiras, infectando el 52% de la cartera;[18] c) Los altos costos para el Gobierno que implica aumentar cada año el presupuesto del Banco en una coyuntura donde los recursos públicos no están disponibles en los montos requeridos por ajuste en la TPM, aunque las autoridades manifiesten que las tasas de interés para préstamos se mantendrán.
El 26 de mayo de 2022, se aprobó mediante decreto N. 48-2022 la Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa, con el propósito de otorgar “beneficios e incentivos fiscales que promuevan la creación, desarrollo, fortalecimiento y formalización de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), para contribuir con la mejora de la economía y la capacidad de emprendimiento e innovación, así como la generación de nuevas oportunidades de empleo para la población” (Art.1)[19].
El COHEP propone que estos incentivos sean ampliados ya que se otorgaron por uno año, siendo los más beneficiados las pequeñas empresas con más de 11 trabajadores, o sea las empresas en un rango de entre 11 y 50 trabajadores. Hay que trabajar más con las Mi pymes, en especial aquellas no formales y que demandan otro tipo de atención, más allá del certificado de beneficiarios que otorga el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE) creado en el Gobierno de JOH.[20]
Se recomienda valorar la creciente diferenciación que existe en el mercado de trabajo, especialmente lo referido al trabajo no clásico, donde la informalidad es evidente. Implica la vigencia de políticas y acciones institucionales diferenciadas por tipo de trabajo y condición socio-económica y cultural de cada empleador, trabajador y familia a nivel de municipio, departamento y región, con el involucramiento activo de actores locales.
Para el COHEP, la informalidad económica es alta, al representar el 44% del PIB y 7 de cada 10 trabajadores en Honduras son informales[21], lo cual justifica un análisis más de fondo sobre los tipos de informalidad. Hay un tipo de informalidad artesanal, donde el trabajador es a la vez el dueño de su negocio, no estando interesado en formalizarse (registrarse, llevar libros contables, afiliarse a un sindicado y cotizar para recibir atención médica social). Son visibles trabajadores contratados por un dueño de la empresa, pero que no están interesados en formalizar su negocio ni en cotizar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recibiendo salarios “espurios” y por tiempo definido (hora, día, semana).
Se ha fortalecido el programa de vivienda popular que ejecuta el Banco Nacional Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), y que complementa las acciones de apoyo a micro y pequeñas empresas, cuyos beneficiarios son aquellos (as)que provienen de la informalidad y en situación de pobreza. Se contempla el otorgamiento de créditos con tasas de interés entre 4% y 7% y con 0 prima y hasta 30 años de plazo; también apoyo a la producción y seguridad alimentaria a través de cajas de ahorro y micro financieras. Los fondos de inversión aumentaron de 25,000 a 35,000 millones de lempiras, lo que demuestra el éxito del programa[22]. La meta es beneficiar 10,000 familias de bajos recursos.
Honduras lleva un rezago con países latinoamericanos y centroamericanos en lo que respecta al acceso de la población a internet, pero hay evidencia de mejoras. “Hasta diciembre de 2022 hubo 6.4 millones de hondureños con acceso a internet. Esa cifra era de 5.6 millones en diciembre de 2021. Lo anterior se traduce a que hay 840 mil nuevos cibernautas catrachos utilizando esa herramienta. Por tanto, la tasa de penetración de internet subió en un 5.4%, pasando de una tasa de 55.9% a 61.3%, situándose en el cuarto país de la región centroamericana con mayor penetración de internet”[23].
La conectividad y el internet en escuelas y colegias debe convertirse en un cultura de enseñanza y aprendizaje, pero también en un instrumento que ayuda a disminuir el analfabetismo y deserción escolar.
En la medida que se avanza en ello, en forma paralela deben irse descongestionado o eliminado los trámites administrativos para hacer negocios en el país, tanto en el otorgamiento de permisos de constitución y operación como en el pago de tributos y multas, automatizando la mayoría de los procesos. El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) maneja el portal de Mi Empresa en Línea, también SEMPRENDE apoya los trámites para la formalización de la empresa y negocio.
Las Alcaldías de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y Ceiba, han innovado en facilitar el trámite de negocios de persona natural a persona natural, lo cual debe extenderse a todo el país.
Notas:
[1] En el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 se propone un modelo económico alternativo, con crecimiento y desarrollo económico, denominado pan para todos y todas. Hay áreas de intervención como: Desarrollo y soberanía alimentaria, protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal, desarrollo Industrial y turismo, sumado a mayores recursos para energía y telecomunicaciones, vivienda, carreteras, deportes, arte-cultura y turismo. A ello se agregan sectores estratégicos como salud, educación y seguridad. Pero, el rezago mayor, es la pobreza que después del Covid-19 alcanzó a más de 70% de la población.
[2] Es un Mega Proyecto que será construido a un costo de 300 millones de dólares con apoyo del BCIE y la Unión Europea (UE). Esta alegría entre empresarios, comerciantes, productores y ciudadanos de la zona norte debería servir para abrir un espacio al diálogo franco, reconociendo las desigualdades en la distribución del ingreso que enfrenta el pueblo hondureño.
[3] Ver COHEP “Pacto por el Empleo”. Tegucigalpa, 25 de Agosto de 2023.
[4] Ver CEPAL “Panorama Social de América Latina 2024”, Santiago de Chile, pág. 20.
[5] Para Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e industria de Cortes (CCIC), en lo que va del 2023 solo se han generado 619 empleos por el sector privado si se analizan las cifras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el Régimen de Vejez, Invalidez y Muerte, y han perdido 33,000 puestos de trabajo en la industria textil (maquila). Al final, los números de cierre de año que maneja es que solo se generaron 77 empleos directos en 2023.
[6] CEPAL, Op. Cit, pág. 25
[7] Ver Observatorio Nacional de la Violencia, ONV-UNAH, Facultad de Ciencias Sociales, Tegucigalpa, Honduras, 6 de septiembre de 2023.
[8] La empresa que se constituyó en el Gobierno anterior para tales propósitos, no cumplió con las metas establecidas, ya que recibió las pérdidas de la ENEE en un 32% y las dejó en 39%, por que el Gobierno decidió cancelar el contrato.
[9] De acuerdo con el Ministro de Energía y Gerente de la ENEE, Erik Tejada, se han invertido más de 4,000 millones de lempiras en la construcción, ampliación y remodelación de 16 subestaciones de generación de energía. Ver Poder Popular, 5 de Noviembre de 2024, pág. 82.
[10] Muchos jóvenes que cursan carreras universitarias trabajan en Call Center, y se quejan de los bajos salarios y aumento de las jornadas de trabajo sin consentimiento previo y remuneración. Ello les afecta para avanzar más rápido en la carrera, ya que matriculan pocas clases, o se retiran por cuestiones de horario y tiempo y transporte para movilizarse.
[11] Ver SEFIN “ Presupuesto General de la Republica 2023” ( Programa de Inversión Pública), Tegucigalpa, Honduras, Septiembre 2022, pág. 12
[12] Este alineamiento implica la construcción de políticas públicas multisectoriales y municipales, que oriente la conformación de programas y proyectos de inversión con acciones complementarias entre Secretarias de Estado y gobiernos locales, haciendo visible además el rol de actores privados, sociales y cooperación internacional.
[13] Para 2024 se muestran avances en este campo con las funciones de la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) para definir metas e indicadores por gabinetes y resultados sectoriales en el marco del Plan para la Construcción del Estado Socialista y Democrático y el Desarrollo Integral del Pueblo Hondureño 2022-2026, que debería hacerse más visible en el pueblo. En el caso de SEFIN, la profundización del Presupuesto Base Cero (PBC), en teoría, permite también la asignación de recursos a las prioridades de gasto publico donde la salud, educación, infraestructura, agricultura y seguridad son los sectores de punta.
[14] Ver SEFIN “Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2024, Tegucigalpa, Honduras, Septiembre de 2023, pág. 3.
[15] SEFIN “Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2025”, Tegucigalpa, DC, pág. 4.
[16] EN 2024 la cartera del Banco ascendió a 2,900 millones de lempiras, donde se incluyen recursos aportados por la cooperación multilateral, caso del BCIE.
[17] Banadesa.hn
[18] Ver Dinero.hn, 8 de marzo de 2023
[19] Ver Decreto N. 48-2022 del 26 de Mayo de 2022.
[20] Hay Mi pymes y emprendedurismos liderados por personas mayores de 50 y 60 años que están enfrentando problemas para acceder a recursos de financiamiento de instituciones que trabajan con el Banco, teniendo que cerrar sus negocios ya que la banca privada los descarta de entrada.
[21] Ver Pacto por el Empleo, propuesta COHEP, 25 de agosto de 2023.
[22] Banhprovi.hn
[23] DPLnews.com, México, 23 de febrero de 2023.
Primera parte: https://rebelion.org/pacto-por-el-empleo-o-luto-permanente-i/
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en Ciencias Económicas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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