Carlos Martínez
Corresponsal en México
La elección de jueces, magistrados y ministros prevista en la reforma judicial se mantiene intacta después de que la Suprema Corte mexicana sufriera una "fractura interna". Sputnik conversó con expertos sobre las perspectivas que tiene ante sí la aún vigente modificación constitucional.
El pasado 5 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte mexicana resolvió las impugnaciones presentadas en contra de la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial. Aunque siete ministros se pronunciaron a favor de avalar el proyecto del ponente Juan Luis González Alcántara, que invalidaba la elección de jueces y magistrados, no se logró la mayoría necesaria de ocho votos y fue desestimado.
Arturo Ávila, vocero de los diputados del partido oficialista Morena, consideró como un intento de “golpe de Estado” que algunos ministros de la Corte buscaran aprobar un proyecto para invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. Dijo que, aunque pretendían cambiar el “rumbo democrático del país”, en el ministro Alberto Pérez Dayán hubo razón y "no quiso pasar a la historia como un traidor".
"Lo que atentaba contra los derechos humanos era pretender que lo que se necesita para [aprobar] una reforma constitucional, que implica valores esenciales, fundacionales de la República, un grupo de ocho personajes con una toga y un birrete pudieran modificarlo, hubiera sentado un precedente histórico, de hecho, de facto hubiera sido un golpe de Estado", consideró el diputado en entrevista con Sputnik.
En esta sesión, en la que se decidió no "entrar al fondo del asunto" en el proyecto contra la reforma judicial, promovida por el expresidente López Obrador, y ante la falta de votos necesarios, la ministra presidenta Norma Piña consultó al pleno si la invalidez requería de ocho votos, o solamente seis como determina la actual reforma, lo que generó desacuerdo.
5 de noviembre, 17:51 GMT
El vocero de los diputados criticó que la ministra presidenta buscara "tramposamente" invalidar una reforma constitucional sin los ocho votos requeridos —luego de que el ministro Pérez Dayán se pronunció en contra del proyecto— y arremetió contra los otros integrantes del pleno que, dijo, anteriormente habían establecido sus criterios, pero estuvieron "dispuestos a traicionarlos".
El legislador de Morena dijo que "en esta sesión histórica" se reafirmó que no proceden las acciones de inconstitucionalidad o las controversias que sean promovidas en contra de reformas a la Constitución Mexicana.
Ávila Anaya recordó que recientemente los legisladores aprobaron una iniciativa para "dar jerarquía" a la Carta Magna, y evitar que en el futuro los ministros tomen facultades que no les corresponden, y puedan llevar a México a una "crisis constitucional".
"La reforma judicial está intacta, va a haber elecciones el próximo 1 de junio del próximo 2025 [...] No hay más posibilidad de impugnaciones, pueden decir lo que quieran [los ministros] se acabó", sentenció Arturo Ávila.
"Hay un uso político del máximo tribunal"
David Morales, profesor del posgrado en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM, estimó que, aunque esta fue la "última oportunidad" para aprobar el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá en la Corte, la reforma judicial aún puede enfrentar una revisión de convencionalidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La Corte Interamericana, si lo considera y si se inicia un juicio ante esta instancia, por lo tanto, se revisa también la convencionalidad de los actos del Estado mexicano, tendremos que ver si sucede algo", comentó el analista.
El académico consideró que, de cara a la elección de jueces, magistrados y ministros, el país latinoamericano
puede entrar en una fase de "vacío e inoperatividad" de la justicia mexicana. Calificó que la Corte se encuentra
"invadida por la política" y estimó que el máximo tribunal del país no podrá revisar reformas a la
Carta Magna en lo que resta de su periodo.El experto criticó que la Suprema Corte dejara de lado entrar a una discusión y analizar la constitucionalidad de la reforma judicial y que la sesión se centrara en buscar el respaldo necesario de los ministros para la invalidación, como si fuera un "Congreso que requiere votos y no le importa el fondo del asunto".
"Si este bloque de ocho ministros se rompe para este caso, diría que había en la Corte un uso político también de los temas, más allá de su labor de un análisis profundo, técnico [...] como juristas, como expertos, y como Poder, para el control constitucional, lo que vimos es que habían estado votando mediante ese uso", señaló el experto.
Estimó que
la reforma impulsada por la mandataria mexicana,
Claudia Sheinbaum Pardo, podría significar un
"costo económico y político" para el Gobierno ante la elección de
Donald Trump como presidente de
Estados Unidos, y ante la eventual revisión del
T-MEC (tratado comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá) entre ambas administraciones.
Así votaron los ministros
Norma Piña Hernández (presidenta) Jorge Mario Pardo Rebolledo
Ana Margarita Ríos Farjat
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Luis María Aguilar Morales
Juan Luis González Alcántara Carrancá (ponente) En contra de revisar la reforma:
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