De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional, brigadier general Erick Rodríguez, hasta la tarde de ayer unas 19 mil 800 personas se hallaban en albergues o en los sitios destinados para darles cobijo por las alcaldías y la Gobernación de Norte de Santander.
Debido a los enfrentamientos que desde el pasado jueves entablaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Estructura 33, un grupo residual de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, la población civil se vio obligada a trasladarse a las capitales municipales de Cúcuta, Ocaña y Tibú, fundamentalmente.
Abundó además Rodríguez que el Ejército ayudó a evacuar por vía aérea a 320 personas, muchos de ellos líderes sociales y firmantes de paz residentes en el territorio en conflicto.
Con el fin de aliviar las necesidades básicas de las familias desplazadas, la Unidad para las Víctimas de Colombia envió 28 toneladas de ayuda con kits de alimentos, aseo, colchonetas, sábanas, zapatos, ropa y cobijas.
Por otra parte, la defensora del Pueblo, Irín Marín, informó que aun no se ha podido proceder a la extracción de todas las víctimas fatales de los sitios en los que se hallan sus cuerpos.
Reveló que la información proporcionada por las comunidades da indicios para calcular entre 80 y 90 personas muertas.
Adicionalmente, más de 400 hombres del Ejército Nacional refuerzan el pie de fuerza en los cascos urbanos y rurales de esa región, según explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Aseguró el titular que, desde el inicio de la crisis, la Fuerza Pública ha trabajado para proteger a la población confinada y ha intensificado su presencia en las cabeceras municipales.
Ante el deterioro de la situación en el Catatumbo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de conmoción interior y de emergencia económica para esa región.
De acuerdo con la Constitución colombiana, dicho estado es un mecanismo empleado en caso de una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional.
Durante el tiempo que dure la declaratoria, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, según consigna la carta magna.
Tras la crisis desatada en el Catatumbo, el mandatario suspendió además las negociaciones de su Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
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