Casi un centenar de personas, representantes de distintos asentamientos de varios departamentos del país, marcharon en el centro de Asunción hasta el Ministerio de Obras Públicas para exigir agua potable y saneamiento en sus comunidades.
Agencias
Marchan para pedir agua potable
La marcha de la que participan 85 representantes de 130 asentamientos de distintos puntos del país partió desde la Plaza Uruguaya, en el centro de Asunción, y se dirigió hasta el Ministerio de Obras Públicas, al que exigen urgentes políticas para acceder a agua potable y saneamiento de aguas en sus respectivas comunidades.
Los manifestantes pertenecen a la Coordinadora de Asentamientos, en nombre de la cual se hará entrega de una nota en que detallan las necesidades y los pedidos de los asentamientos, informó la periodista de ABC Color Sandra López.
En Paraguay, casi la mitad de la población, es decir unas 3 millones de personas, no accede al servicio de agua potable. El Ministerio de Obras Públicas había reconocido en enero pasado que un 40% de la población del país no accede a agua potable. Esa no fue la primera vez que se habló de la preocupante situación: el año pasado, la Erssan dijo que el 37% de la población no tenía agua corriente, es decir por tuberías.
Eso implica que unos 3 millones de paraguayos están tomando agua de diferentes calidades, entre las cuales está el "agua segura" de pozos o tajamares, que si bien suele ser de buena calidad, no es potable, como lo recomienda la OMS.
En Paraguay 400 mil niños trabajan a causa de la extrema pobreza En Paraguay existen cerca de 400.000 niños que viven en condiciones de extrema pobreza, según datos de la sección de la ONG Plan Internacional, muchas veces esto genera que los menores salgan a trabajar. Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentado este jueves en Asunción, las causas del trabajo infantil son variadas y entre ellas se incluyen la extrema pobreza o el acceso limitado a la educación.
En Paraguay, cerca del 23,5% de niños y adolescentes realiza alguna actividad laboral, lo que equivale a un total de 436.419 niños y jóvenes.
El pasado 2 de marzo, durante un encuentro latinoamericano de niños y adolescentes trabajadores, la relatora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la paraguaya Rosa María Ortiz, pidió que se diferencien los conceptos de "explotación, que se debe abolir", y "trabajo infantil, que puede ser aceptable".
Por su parte, los niños y niñas trabajadores de diferentes países agrupados en el Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) rechazaron que se erradique el trabajo infantil y reclamaron su derecho a trabajar en buenas condiciones.
El informe de la Unicef además señala que más de 1.700 niños y adolescentes en nuestro país viven en instituciones estatales, que son la principal respuesta del Gobierno ante la ruptura del cuidado de los padres.
Según el documento, los principales motivos de ingreso en una institución son el abandono por parte de los padres (15% de los casos), la orfandad (10%), la pobreza extrema (10%), la indigencia (6%) y el maltrato intrafamiliar (7%).
El estudio reveló además que Paraguay es uno de los países con mayor número de niños sin certificado de nacimiento, con un 24% de los menores de un año no inscritos en ningún registro.
En la población infantil de las comunidades indígenas, esa tasa se eleva hasta el 35%.
El documento señala como posibles causas la "falta de una legislación inclusiva", así como las distancias geográficas que separan a las comunidades rurales de las oficinas del Registro Civil.
Además, seis de cada 10 niños y adolescentes declararon haber sufrido algún tipo de violencia física o psicológica.
En 2010, y según los últimos datos disponibles de Unicef, ingresaron al Ministerio Público 2.298 causas por abusos sexuales a menores, y 804 por malos tratos.
El maltrato infantil fue el tema de una campaña lanzada por Unicef esta semana en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que advierte de la necesidad de "desnaturalizar" los castigos físicos, que aún gozan de aceptación social.
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