Por Miguel Ángel Beltrán V.
El sociólogo e historiador –y actualmente preso político- Miguel Ángel Beltrán Villegas apoyado en fuentes orales y escritas, hace una reconstrucción histórica de la olvidada “Guerra de Villarrica”, sesenta años después que se diera inicio a ésta. En ella analiza la política anticomunista del general Rojas Pinilla y de las élites colombianas, la operación de exterminio que libró el ejército contra estas pacíficas regiones agrarias, así como la resistencia armada popular a esta agresión militar, para concluir en la necesidad de desmitificar la memoria oficial que trata de eludir la gran responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano en el origen y prolongación del conflicto social y armado.
Hace sesenta años, el 4 de abril de 1955, el comando del destacamento “Sumapaz” de las Fuerzas Armadas Colombianas distribuyó entre los pobladores del oriente del Tolima, millares de volantes en los cuales anunciaba que el área comprendida por los municipios de Icononzo, Pandi, Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, Cabrera y Ospina Pérez había sido declarada “zona de operaciones militares”. En dichas circulares se informaba que a partir de la fecha, se decretaba el “toque de queda de la región” entre las 6pm y las 5am, al mismo tiempo que se prohibía la venta de bebidas alcohólicas, el tránsito de personas sin portar el salvoconducto expedido por el comando militar, y se notificaba que quienes incumplieran tales disposiciones serían “tratadas por las tropas del ejército como enemigas de la zona de operaciones en la campaña” (1). Con esta última advertencia de “tierra arrasada” se dio inicio a uno de los más dolorosos capítulos de nuestra historia del siglo XX conocido como “la guerra de Villarrica”.
Esta guerra reviste particular importancia a la hora de analizar las responsabilidades en el conflicto armado colombiano, pues son varios los elementos históricos que allí se conjugan, entre otros: la agresión militar por parte del Estado contra pacíficas regiones agrarias como ya lo había hecho en el sur del Tolima y lo haría de nuevo en Marquetalia; el uso desproporcionado del aparato militar para acallar cualquier expresión de oposición política y social; la mentalidad profundamente anticomunista de las élites bipartidistas y de la jerarquía eclesiástica; la aplicación de tácticas contrainsurgentes contra la población, que incluyen el estímulo a bandas armadas; el papel de los Estados Unidos y de otras naciones en la potenciación del conflicto colombiano; la utilización del sistema jurídico como instrumento de guerra y, el uso legítimo de las armas por parte de un grupo de campesinos para defender su integridad y la de sus familias.
El anticomunismo de Rojas y de las élites colombianas
La instauración del régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla, constituyó una apuesta de las élites económicas y políticas colombianas para hacer frente a la violencia partidista que se afianzó con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán (1948), y que fue el telón de fondo sobre el cual emergieron dos experiencias de resistencia armada con raíces históricas diferentes: por un lado, las guerrillas de filiación liberal que conservaban los efluvios románticos de las guerras civiles libradas por el partido en el siglo XIX; y por otro, las guerrillas comunistas las cuales continuaban una larga tradición organizativa que desde los años treinta habían recurrido a la autodefensa armada para hacer frente al ataque de los latifundistas y de fuerza pública.
Con el apoyo de los directorios políticos tradicionales (salvo la fracción laureanista que había sido desplazada del poder), pregonando una política de “paz, concordia y convivencia nacional” y combinando persuasión con coacción y engaño, el general Rojas Pinilla logró la desmovilización de las guerrillas orientadas por el partido liberal, las cuales tenían en los Llanos Orientales uno de sus mayores bastiones. Así, en el transcurso de pocos meses centenares de combatientes liberales hacen entrega de sus armas, mientras las guerrillas comunistas –asentadas principalmente en Cundinamarca y el sur del Tolima- optan por desmovilizarse conservando sus armas. Durante el primer año de gobierno, la violencia redujo notablemente sus índices, lo que tranquilizó a las élites bipartidistas que anhelaban una “vuelta a la normalidad” para el desarrollo de su actividad política y económica.
Sin embargo, la naturaleza autoritaria del régimen militar pronto quedó al descubierto con la masacre de 9 estudiantes, a manos de efectivos del Batallón Colombia, el 9 de junio de 1954, cuando protestaban en las calles de Bogotá por el asesinato de su condiscípulo Uriel Gutiérrez ultimado el día anterior en el campus universitario. De inmediato los directorios nacionales de los partidos liberal y conservador expidieron una declaración conjunta donde manifestaban “su apoyo al Gobierno en su firme propósito de mantener el orden, ejercer plena justicia” al mismo tiempo que advertían sobre la “acción de agentes provocadores, interesados en impedir el retorno a la normalidad de paz, libertad y juridicidad que aunadamente propugnan con el gobierno” (2) validando así la tesis oficialista que estos hechos eran el resultado de un “complot comunista” que había instrumentalizado a los estudiantes para colocarlos como “carne de cañón” de su conspiración.
Tres meses después de estos acontecimientos la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) convocada por el general Rojas, clausuraba sus sesiones declarando, bajo el acto legislativo No. 6 de 1954, reformatorio de la Constitución Nacional, la prohibición de la “actividad política del comunismo internacional”. De este modo Colombia se sumaba abiertamente a las políticas de “Guerra Fría” que bajo la administración del Presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower (1953-1961), venía promoviendo su secretario de estado John Foster Dulles. Para este republicano – que había participado activamente con su hermano y director de la CIA, Allen Dulles en el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz- era necesario hacer frente a la “amenaza comunista” que pretendía dominar el “mundo libre” con el fin de imponer su modelo de socialismo de Estado valiéndose no sólo de la propaganda ideológica sino también de la subversión y la confrontación armada.
Como parte de la reglamentación de este acto legislativo se hizo efectivo el decreto que condenaba a quienes tomaran parte en actividades proselitistas de índole comunista a penas de uno a cinco años o su reclusión en una Colonia Agrícola Penal por un tiempo equivalente; al mismo tiempo se le privaba de sus derechos civiles y del ejercicio de funciones públicas por el término de diez años; junto con la prohibición de desempeñar la actividad sindical en ese mismo lapso. Como parte de las actividades políticas de naturaleza comunista se señalaba el decreto a: “Quien ejecute proyectos o cumpla instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas o las divulgue o comunique por cualquiera medios” y “Quien redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier otro tipo de publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o remita como propaganda”(3).
Las medidas recibieron el beneplácito de los partidos políticos tradicionales y fueron posteriormente refrendadas con la visita oficial del secretario de estado de los Estados Unidos John Foster Dulles, y el secretario Auxiliar para los asuntos Latinoamericanos Henry Holland, entre el 24 y 25 de julio de 1956. Por su parte la Iglesia, a través del órgano periodístico de la Curía Primada expresó su complacencia: “Indudablemente, hoy para la civilización cristiana el enemigo mejor organizado, de mística mayor y de más impresionante inminencia es el comunismo […] Valorizar este peligro indebidamente, creyéndolo para Colombia menor, sería un error imperdonable. Por tanto, todos los medios lícitos de que podamos valernos para librar a nuestro país de esa ideología y de esas prácticas que destruyen en lo humano la civilización de que somos hijos […] es no solo oportuno sino una necesidad urgente. Lo contrario sería un suicidio” (4).
La prédica anticomunista se constituía así en un componente fundamental de la propaganda política de las élites colombianas que invocando el supuesto respeto a los valores tradicionales y distorsionando la realidad buscaban despertar un generalizado temor entre la población para impedir cualquier proyecto de cambio social (5). La alocución del presidente Rojas en la celebración del primero de mayo constituye en ese sentido una pieza oratoria, donde describe a los comunistas como “gentes de la más baja escala moral, para quienes no cuenta ni el temor de Dios, ni el acato a la ley, ni la elemental conciencia de los deberes. Verdaderas fieras humanas en quienes se ha pervertido todo sentimiento humanitario y obran solamente en busca de satisfacer bajos instintos”. Alimentando este imaginario en la mente de los colombianos no resultaba difícil que su gobierno justificara esta nueva guerra, aduciendo la presencia en estas zonas de agitadores comunistas “y elementos antisociales organizados armados, [que] han sembrado el terror por medio de atroces asesinatos en masa de indefensos campesinos, ancianos, mujeres y niños”(6).
El operativo militar
Con la amnistía ofrecida por el gobierno militar de Rojas (1953), los ejércitos de Juan de la Cruz Varela hicieron una entrega simbólica de las armas el 31 de octubre de 1953. Por esas mismas fechas llegó a Villarrica una columna de guerrilleros comunistas que se había desplazado, al mando de “Richard” e Isauro Yosa (“Lister”) desde la región del Davis acogiendo las directrices trazadas por la II Conferencia Regional del Partido Comunista en el sur del Tolima, la cual después de analizar las consecuencias políticas del golpe militar del 13 de junio llegó a la conclusión de la inconveniencia de entregar las armas y, por el contrario insistió en la necesidad de luchar porque “todos los campesinos dispongan cada día de mejores elementos de defensa de sus intereses y contra todo intento del gobierno y la reacción de repetir cualquier forma de violencia contra el pueblo laborioso”(7).
Villarrica era una zona de colonización con gran influencia del gaitanismo: contaba además con un importante movimiento agrario que había resistido con las armas a la violencia oficial conservadora para finalmente acogerse a la política de “paz, justicia y libertad para todos” ofrecida por el general Rojas. Desde entonces se habían dedicado pacíficamente al cultivo de sus parcelas. Así lo reconocía el gobernador del Tolima el coronel Cesar Augusto Cuellar Velandia quien al ser interrogado por un periodista sobre la situación de violencia en ese departamento respondió: “Puede Usted informar que, en el momento actual, todos los focos antiguos de violencia en el Tolima han desaparecido. Ni en Cunday, ni en Dolores, ni en Ortega, ni en parte alguna de mi departamento, existen hoy focos de bandolerismo. Todo está en calma; las gentes se hayan dedicadas a su trabajo en forma verdaderamente admirable con el respaldo y el apoyo de las autoridades civiles y militares”(8).
Lo que intranquilizaba al régimen militar era el trabajo político que venía adelantando el Partido Comunista entre la población campesina que siendo mayoritariamente liberal era receptiva a las reivindicaciones que enarbolaba el recién constituido Frente Democrático. En él “se hablaba de la lucha por el mejoramiento de los precios del café y que todos los campesinos debían tener tierra, ayuda de la Caja Agraria y préstamos; de luchar por conseguir cooperativas para los campesinos; puestos de salud y hospitales; una cantidad de cosas, todas las necesidades inmediatas […] Se hacían también planteamientos políticos, se decía también que los liberales y conservadores éramos trabajadores, que no había por qué odiarnos, que la revolución tenían que hacerla los liberales, los conservadores y comunistas y todos los grupos de trabajadores así pertenecieran al partido que fuese o a la religión que quisieran”(9).
Muy pronto se inició el hostigamiento contra el campesinado que participaba del movimiento agrario y expresaba simpatía con el Frente Democrático: se fijó un estricto control sobre las familias; se limitó la compra de los artículos de primera necesidad como la sal y la panela; se estableció el salvoconducto para transitar por la región expedido por el comando militar, el cual debía ser refrendado periódicamente. En cumplimiento de esta última normativa numerosos ex combatientes fueron detenidos, por lo que algunos dejaron de renovar dicha credencial quedando en condición de ilegalidad”. De este modo cuando las comisiones del ejército pasaban haciendo registros por las casas, familias enteras debían huir hacia el monte. En vista de esta situación los dirigentes agrarios enviaron memoriales, numerosas comisiones ante el alto gobierno pidiendo paz”(10), pero las hostilidades no cesaron, y obligó a los campesinos a fortalecer los comités de autodefensa y a prepararse para lo que parecía una inminente operación militar.
A finales de 1954 y comienzos 1955, las escaramuzas entre ejército y campesinos alcanzaron niveles importantes cobrando la vida de pobladores de la región y de algunos soldados. Según la versión oficial -expuesta por el comandante de la Brigada de Institutos Militares, coronel Rafael Navas Pardo- de estos hechos de violencia eran responsables los comunistas que contrariando la política de “convivencia” de liberales y conservadores “han explotado la situación creada en relación con la propiedad de la tierra por grupos de colonos que fueron desalojados de sus antiguas parcelas y que desean recuperarlas”(11). De allí la necesidad de “reducir por la fuerza, como único medio de pacificar radicalmente la región a quienes por su infame proceder y crímenes atroces son merecedores del inaplazable castigo que reclama la sociedad, y lograr con su arresto, que desaparezca la perturbación y el desangre que tan funestamente atentan contra la vida de la patria”, como lo justificara desde Melgar el general Rojas en su alocución presidencial con motivo de la celebración del primero de mayo.
Bajo estos presupuestos la operación militar contra el oriente del Tolima se desarrolló en tres fases: la primera se llevó a cabo entre el 27 de marzo y el 12 de abril, y su propósito fundamental era “limpiar” el eje Cunday-Villarrica-Berlín, esto es aislar del cuerpo enfermo (y por tanto susceptible de ser aniquilado) la parte de la población a la cual se le había inoculado el virus comunista pero que eventualmente podría ser redimida, ya que el gobierno de las fuerzas militares tenía la convicción de que se estaban “utilizando a elementos ajenos a ese partido como auxiliadores de su empresa, mediante la amenaza, la coacción y el atropello”(12).
Cumplida esta primera fase que según el boletín presentado por la oficina de Información y Propaganda del Estado, dejó 11 soldados muertos y la “evacuación” hacia centros de trabajo de 2314 personas, la cuarta parte de ellos niños -como lo admitiera el gobernador civil y militar del Tolima coronel Cuéllar Velandia- se procedió a la ocupación permanente de estas zonas. Esta segunda etapa que se extendió durante las dos primeras semanas de mayo cerró el triángulo Cabrera – Ariari – Núñez, con operaciones de combate que según informes del mismo comando militar dejó 252 prisioneros, los cuales fueron trasladados al campo de concentración de Cunday recibiendo toda clase de tratos inhumanos y degradantes.
A principios del mes de junio se inició, la última fase de la operación militar que estuvo acompañada del lanzamiento de volantes donde se advertía a los habitantes de Sumapaz que si hacían entrega de sus armas las Fuerzas Militares garantizarían sus vidas (ver facsímil). Pero como lo recuerda un combatiente de la resistencia: “Las familias no pensaban en entregarse porque no había ninguna esperanza de que se salvaran entregándose, porque el enemigo le estaba dando a todo lo que viera. Nos atacaban de día y de noche; no nos dejaban descansar. Estábamos defendiendo posiciones y con la plena seguridad que no nos iban a sacar”(13). No obstante la embestida del ejército fue tal que obligó a los combatientes a retroceder y buscar refugio.
Para entonces el uso de bombas de napalm era un hecho, como lo pone de presente en una comunicación del embajador estadounidense Philip Bonsal al secretario de Estado John Foster Dulles. El documento recuperado por los periodistas Silvia Galvis y Alberto Donadío, demuestra el asesoramiento de militares de ese país en la fabricación de dichas bombas así como la participación de gobiernos europeos en el suministro del material bélico: “Comandante en jefe fuerza aérea nos informa privadamente Fuerza Aérea colombiana arrojó aproximadamente 50 bombas Napalm fabricadas aquí, ingredientes de origen europeo, en apoyo a ofensiva militar 7-10 de junio, culminó en la captura de la Colonia centro guerrilla del oriente del Tolima. El presidente Rojas, se informó, dio permiso Fuerza Aérea para el uso ‘discreto’ del Napalm para esta operación solamente”(14).
En cuanto a los efectos devastadores de esta bomba narra un combatiente: “Habían compañeros que lloraban y se arrodillaban, y decían que era el día del juicio final al mirar que había 12 aviones bombardeando y ametrallando, bombas incendiarias. Donde caía una bomba entre el monte se iba prendiendo el monte, casas, todo”(15). Esta fue –en palabras del propio régimen militar- la “contribución decisiva al mantenimiento del orden público interno, único escenario para la verdadera conciliación nacional y para el ejercicio de las libertades fecundas”(16). Acciones “de paz” que se desenvolvieron bajo una rigurosa censura de prensa, al extremo que el delito de sabotaje se hizo extensivo a “quien divulgue informes o noticias que imputen directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas, o a uno o varios miembros de ellas, la realización de hechos cometidos en campaña o en misiones de orden público, que la ley haya erigido en delito o que por su carácter deshonroso e inmoral sean susceptibles de exponerlos a la animadversión, el desprecio o el desprestigio públicos”, delito judicializado con penas entre dos a cinco años de prisión(17).
La resistencia popular
Si bien la actividad guerrillera continuó en receso como lo había orientado el Partido Comunista, los ex combatientes del sur junto con los comunistas de la región, previendo la confrontación que se avecinaba dieron impulso a las juntas de autodefensa amparados por la política del Frente Democrático(18), implementando medidas de protección para sus vidas y la de sus familias. Sin embargo, para la semana santa de 1955 el enfrentamiento armado resultaba inminente “Eso fue un jueves Santo –relata una campesina de la región- que nos sacaron a todos de las casas, con quince aviones encima. Estábamos en la casa cuando llegó ese poco de aviones ametrallando la finca. Fue por la mañana, tan pronto aclaró llegó la aviación, y al mismo tiempo avanzó la tropa; y el Ejército y los tanques disparando desde el pueblo, con cañones y morteros”(19).
Juan de la Cruz Varela quien desde principios de los años 50 se había desempeñado como comandante y líder político de la lucha armada en el Sumapaz y que, desde entonces, había estrechado sus vínculos con el Partido Comunista tuvo que reorganizar la resistencia para hacer frente al operativo militar que lanzó “lo más poderoso y granado que tenía entonces la dictadura militar: diez mil hombres armados hasta los dientes, cañones, tanques, aviones de propulsión a chorro, [y que] convirtieron nuestras tranquilas aldeas en un infierno”(20). En estas condiciones los campesinos recurrieron nuevamente a las armas, desarrollando una gran inventiva a la hora de enfrentar la agresión del ejército, como los llamados ‘catalicones’ fabricados con tubos y cuya efectividad era tal que “los mandos militares y la prensa nacional, especularon que los guerrilleros tenían armas rusas y que dentro de la guerrilla había instructores militares rusos”(21).
Una de las modalidades utilizadas por los combatientes para proteger a sus familias fue la llamada “cortina”, la cual “iba desde Cunday, pasaba por la Aurora, los Alpes, Villarrica y llegaba hasta Prado. La ‘cortina’, que en otros términos se dice ‘en hilera’, era como una pared de un edificio, pero una pared de gente, de combatientes. Era recta de un extremo a otro, cubierta de gente, con determinada distancia entre los combatientes. Ellos estaban en tierra, en las trincheras, cada uno en su hueco individual. Ahí comía y ahí dormía, día y noche”(22). “Richard”, “Diamante”, “Tarzán” “Gavilán” y “Ave Negra” estuvieron al frente de estas acciones de resistencia que finalmente, ante la magnitud del ataque, adoptaron el carácter de “guerrilla rodada”.
El papel de las mujeres fue fundamental para la organización de la población y el desarrollo de la resistencia, pues en la mayoría de los casos los guerrilleros se movían acompañados de sus familias, siendo las madres encargadas de conseguir la alimentación y en muchos casos brindar protección a los combatientes. Pero no sólo eso, “Las Mujeres –relata quien fuera una destacada dirigente popular del oriente del Tolima y Sumapaz- hacíamos lo posible por conseguir conocimientos de primeros auxilios, si había una persona que supiera algo de esto, pues la utilizábamos para que nos diera clases, se hacían cursillos de enfermería aprendiendo a inyectar, aprendiendo a hacer curaciones(23). Era frecuente, también, que marcharan con niños de brazos y para que el llanto de los mismos no los delatara ante el ejército había que colocarles un trapo en la boca y si estaban en edad de lactancia darles pecho de inmediato (24).
En vísperas de que el régimen conmemorara el segundo aniversario del golpe militar, el ejército se tomó la región de Villarrica, venciendo la resistencia de los combatientes y obligándolos a retroceder. Fue entonces cuando los jefes guerrilleros dieron la orden de repliegue hacia la meseta de Galilea, allí tuvieron que desplazarse con todas sus familias en condiciones bastante dramáticas que –cuenta un testigo de esta marcha- “daba tristeza todo lo que uno veía al lado de la trocha…..y lo más lamentable era la gente muriéndose de hambre en el monte, porque todo lo habían perdido o abandonado y estaban completamente aislados de la zona de abastecimiento, andando con la poca provisión que lograron pasar a espalda”(25), entre tanto, Juan de la Cruz Varela resistía en el alto Sumapaz, hasta donde había llegado eludiendo la acción del ejército. Con él participaba un núcleo de veteranos guerrilleros entre otros Salomón Cuellar (“Vencedor”) y Pedro Pablo Bello (“Chaparral), quienes se alzaron en armas hasta el derrocamiento de Rojas Pinilla (26).
Previo a ello, a finales de 1955 se reunieron los comandantes guerrilleros del oriente del Tolima y Sumapaz, junto con sus asesores políticos y tras examinar la situación política, social y militar del país concluyeron que “Tarzán”, “Cariño” y otros comandantes continuaran en el oriente del Tolima; al igual que Juan de la Cruz y sus hombres en Sumapaz; mientras que Richard continuaría su marcha hacia la región del Pato, ubicada entre Huila y Caquetá(27). Por esta vía los combatientes provenientes del sur y oriente del Tolima serán la semilla para el florecimiento de pacíficas zonas de autodefensa agraria sobre las que, años más tarde, nuevamente el gobierno hará sentir su consabida política de “conciliación nacional”, esta vez impulsada bajo el excluyente pacto bipartidista del Frente Nacional.
Presos políticos y campos de concentración
A las operaciones militares de exterminio y el desplazamiento forzoso de millares de pobladores del oriente tolimense se sumó otra mortífera arma de guerra: la judicialización de centenares de campesinos, cuyas garantías constitucionales fueron violadas al amparo de la vigencia del Estado de Sitio, el cual se mantuvo de manera permanente durante los años en que se prolongó la dictadura (siendo igualmente utilizado por los gobiernos “democráticos” del Frente Nacional para silenciar la protesta popular). De modo tal que ningún habitante de la región podía sentirse seguro ya que los comandantes del Ejército partían de la presunción que “los villarricenses en su gran mayoría dejaban durante el día la población para prestar ayuda a los criminales y regresaban a ella en las últimas horas de la tarde, fingiendo inocencia, lealtad a la guarnición militar y fatiga por el intenso trabajo del campo”(28).
Mucho antes que el oriente del Tolima se declarara zona de operaciones, fueron detenidos en noviembre de 1954 varios ex guerrilleros y dirigentes agrarios de la región como Isauro Yosa, Alonso Sastoque, Ismael García, Vicente Avílez, José Castellanos, Antonio Fino, Vicente Peñuela, Jorge Ruiz, Carlos Avendaño, Miguel Vásquez, varios de ellos capturados en sus propias casas y sindicados de delitos contra el orden público. Pero no sólo fueron privados de la libertad miembros del Frente Democrático, también ciudadanos de filiación liberal e incluso conservadora es el caso del director y propietario del diario Tolimense Tribuna Héctor Echeverry Cárdenas bajo la acusación de estar “aliado” con los rebeldes.
No pocos fueron asesinados por los mismos soldados cuando eran conducidos a los centros de reclusión(29), para lo cual se les aplicaba “la ley de fuga”. Las mujeres no sufrieron menos, una campesina que fue detenida junto con su madre e hija menor fue violada mientras era trasladada al centro de concentración de Cunday “A mí me bajaron –relata la víctima- me rodearon estos soldados, que eran unos diez tal vez, y ellos me violaron….Entonces, yo tirada en el suelo, uno me puso la punta del cañón del fusil así…sobre la garganta…Y ellos diciendo que yo tenía que dejarme…De tal manera que no alcanzó a violarme sino uno…Menos mal que en ese momento llegó el cabo, este que nos había cogido en la casa y que nos iba a entregar a Cunday”(30).
Los que lograban sobrevivir a este trato denigrante eran recluidos en centros improvisados de reclusión que se convirtieron en verdaderos campos de concentración como los ubicados en Casa Blanca (Cundinamarca) y El Hato (región del Sumapaz). Sin embargo, el más conocido fue el de Cunday (Tolima), donde funcionaba la sede del comando operativo el cual era descrito como “un potrero cercado por alambre de púas donde los detenidos tenían que soportar el sol canicular, se les suministraba una pésima comida, más los golpes e insultos que provenían de los soldados; el campo de Concentración de Casa Blanca, situado en una zona sumamente fría, era más pequeño; pasó casi inadvertido para la opinión pública, pues fue disfrazado de un campamento militar, allí llevaban a detenidos de tierra caliente, casi desnudos, los que a las 5 de la mañana eran lavados en una quebrada que pasaba cerca; no pocos detenidos murieron por el trato inhumano que recibieron”(31).
En Cunday fueron juzgados campesinos, ex guerrilleros, obreros, estudiantes y profesionales detenidos no sólo en la región sino en otros lugares del país, en muchos casos sin investigación previa, sin contar con abogados y dentro de la audiencia sólo podía ejercer la defensa efectivos militares. De acuerdo con los informes oficiales, entre el 1º de abril y el 24 de mayo de 1955 se llevaron a cabo cuatro consejos de guerra: En el primero (1-15 de abril) fueron llamadas a juicio 30 personas y condenadas 23; en el segundo (2-9 de mayo) fueron llamadas 18 y condenadas 14; en el tercero (2-9 de mayo) fueron llamadas a juicio 34 y condenados 4; en el cuarto (21-24 de mayo) llamadas a juicio 88 y condenadas 74, por lo que en menos de dos meses fueron llamados a juicio 170 personas de las cuales 113 fueron condenadas algunos de ellas a penas que sobrepasaban los quince años(32).
Un gran número de los sentenciados en estos consejos de guerra fueron llevados a la temible colonia agrícola de Araracuara sin esperar aún que el Tribunal Militar revisara los procesos y se surtiese la segunda instancia. La remisión a este centro penal enclavado en la selva en la frontera entre Caquetá y Amazonas, era otra forma de dejar en firme la sentencia, por la imposibilidad de ejercer desde allí la defensa, acrecentando las violaciones al debido proceso. Estas arbitrariedades jurídicas motivaron que un grupo de jóvenes abogados en su mayoría de filiación liberal constituyeran un comité para la defensa de los presos políticos, entre los que participaban Francisco Zuleta Holguín, Emilio Aljure Naser y Hernán Valbuena Espejo(33). Junto a ellos desarrollaron una intensa actividad Santiago Peña, Eduardo Gacharná, Poliodoro Pinto, Luis Villar Borda, Raúl Vásquez Vélez y Hernando Garavito Muñoz, este último con una destacada actuación en la defensa de los sindicados de ser autores intelectuales de la muerte del ex alcalde de Villarrica Capitán Ernesto Rojas Saravia.
Epílogo: Memoria y Olvido
Para las élites bipartidistas lo censurable del gobierno militar de Rojas Pinilla no fue la persecución y el exterminio a que sometió a millares de campesinos ni el desplazamiento de comunidades enteras ni su incondicional subordinación a las políticas de la “guerra fría” ni el asesinato de obreros y estudiantes, sino el haber intentado cobrar autonomía frente a las directivas de los partidos tradicionales que vieron en él una fórmula de arbitraje, ante los nuevos rumbos que adquiría la resistencia armada a la violencia conservadora. Por eso, pese a la estela de muerte y sangre que acompañó su mandato, muchos historiadores siguen refiriéndose a éste como un “golpe de opinión” expresión que acuñara en su momento el político liberal Darío Echandía.
La historiografía oficial -de la mano de un visible grupo de estudiosos del conflicto que recubren sus investigaciones con el engañoso manto de la “neutralidad valorativa”- le ha restado importancia a este episodio histórico de la “guerra de Villarica”, y suele referirlo como un capítulo de la “violencia pasada”, superado por las “bondades” que trajo el acuerdo bipartidista tras el derrocamiento del general Rojas Pinilla. No sorprende, entonces que el Grupo de Memoria Histórica en el Informe Basta Ya, en sus 400 páginas de “Memorias de Guerra y Dignidad” apenas dedique dos líneas a este importante evento histórico estrechamente ligado al surgimiento de las FARC. Con razón luego de la publicación de dicho informe el diario El Tiempo –celoso guardián del Stablishment- recomendó en una de sus editoriales que fuera “debería ser leído y estudiado en los colegios y las universidades para que no se olvide nunca por lo que hemos pasado”(34) ¿por qué no habrá reaccionado con el mismo entusiasmo frente al reciente Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas? ¿acaso, porque en éste se concluye que el Estado ha sido el gran responsable del Conflicto Social y Armado?
Referencias:
1 “Severas Medidas Militares en el Oriente del Tolima” en El Tiempo, abril 6 de 1955
2 El Tiempo, junio 10 de 1954
3 “Drásticas Medidas para Combatir el Comunismo adoptó el Gobierno” en Intermedio, marzo 2 de 1956
4 El Catolicismo, marzo 9 de 1956 (Subrayado MAB)
5 En decreto que regula la prohibición del comunismo señala en su encabezado que “dicha actividad atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la república y perturba la tranquilidad y el sosiego públicos”.
6 Comunicado del Comando del Destacamento de Sumapaz. El Tiempo, abril 6 de 1955
7 “Conclusiones de la II Conferencia Regional del Sur”, Octubre 28 de 1953.
8 “Ni un solo foco de violencia hay en el Tolima” en El Tiempo, octubre 20 de 1954
9 Testimonio de Pedro en Jacques Aprile. La Crónica de Villarrica. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, p. 73
10 Gerardo González. En Busca del Horizonte, Bogotá: Alekos, 1996 p. 136
11 “La Violencia No es Política, Dijo el Coronel Navas Pardo” en El Tiempo, abril 7 de 1955.
12 “La Brigada Insiste en la Penetración de los Comunistas” en El Tiempo, abril 21 de 1955
13 Testimonio de Pedro, en Jacques Aprile, Op. Cit., p. 83
14 Silvia Galvis y Alberto Donadío. El Jefe Supremo: Rojas Pinilla en la Violencia y en el poder. Bogotá: Planeta, 1988, p. 436
15 Testimonio de Pedro en Jacques Aprile, Op.cit., p. 91
16 “El Gobierno Informa Sobre el Orden Público en el Tolima” en El Tiempo, junio 4 de 1955
17 “Contra las Fuerzas Armadas No se Podrá Hacer Publicaciones” en El Tiempo, abril 26 de 1955 (Decreto No. 1139 del 25 de abril de 1955).
18 Rodrigo Granda y Jesús Santrich. Efraín Guzmán. Tras las huellas de nuestros recuerdos. Basado en Relatos del Comandante Efraín Guzmán. Mayo 22 de 2008. http://www.resistencia-colombia.org/farc-ep/memoria-fariana?start=8
19 Testimonio de Teresa en Jacques Aprile, Op. Cit., p. 40.
20Julián Granados Plata, “Nos visita un héroe de la Resistencia” en El Liberal, Barrancabermeja, mayo 10/59, p.7.
21 Gerardo González, Op.cit., p. 137.
22 Testimonio de Manuel Charro Negro en Jacques Aprile, Op.cit., p. 110
23 Entrevista a Teresa Matiz de Prada en Arturo Alape. La Paz, la Violencia: Testigos de Excepción. Bogotá: Planeta, 1985, p. 189
24 Testimonio de María, en Jacques Aprile. Op.cit., p. 130
25 Testimonio de Ricardo “Cantinero”. Ibid., p. 153 y 154
26 Laura Varela. “Juan de la Cruz Varela. Un ejemplo de Esperanza”. Ponencia presentada a las I Jornadas Internacionales de Investigación Histórico Social. Buenos Aires, octubre 30 de 2008. Versión Digital.
27 Gerardo González. Op.cit., p. 145
28 “La Violencia en el Tolima. Comunicado Oficial Sobre la Situación en el Departamento” en El Tiempo, abril 21 de 1955
29 El mismo ejército reconoció la muerte de los ciudadanos liberales Alfonso Herrera Rubio quien era conducido de Melgar a Cunday, así como de Álvaro Orjuela, Simón Herrera y Alfonso Caicedo quienes perecieron por acción de armas de los soldados que los conducían por orden del comando de Sumapaz a Villarrica y a Cunday. En todos los casos los soldados adujeron defensa personal (Cfr. “Los Resultados de la Acción Militar entre el 27 de marzo y el 12 de Abril” en El Tiempo, abril 21 de 1955.
30 Testimonio de Elisa en Jacques Aprile, Op. Cit., p. 198.
31 Gerardo González, Op.cit., p.133
32 “El Gobierno Informa sobre el Orden Publico en El Tolima” en El Tiempo 4 de junio de 1955
33 “Informe a la Dirección Liberal presenta hoy el Comité Jurídico” en El Tiempo, mayo 24 de 1955
34 El Tiempo, 28 de julio de 2013
Fuente: https://anncol.eu/
http://kaosenlared.net/29621/
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