Introducción
La guerra contra el narcotráfico que actualmente padece México, unido a los “daños colaterales” que ha venido provocando entre la población civil, sus cuestionados operativos, sus pobres resultados, así como los centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos, para ser comprendidos a cabalidad es menester que sean vinculados con procesos aparentemente distantes en el tiempo; la estrategia de “guerra interna” diseñada por Kennedy contra lo que llamara “la amenaza Castro-comunista” y su posterior reformulación en “Guerra de Baja Intensidad” con Ronald Reagan, así como con los procesos de desnacionalización-transnacionalización de las economías y el Estado en América Latina a favor del sistema financiero mundial y las grandes empresas transnacionales, principalmente de las norteamericanas.
Toda vez que se entienda que los golpes militares e intervenciones extranjeras derivados de la estrategia de guerra interna, han implicado la conquista del poder por los grupos de la clase dominante en la disputa por la explotación de la clase trabajadora para la distribución de las rentas, el pago de intereses, las riquezas privadas y las públicas. Y recordando que las pautas de los golpes militares se vieron relacionadas con las luchas internas por el control del poder militar, económico y político para el control de toda la población. Aumentando durante los periodos de crisis económica y de depresión, y en los prolegómenos de las guerras internacionales. En ambos casos los golpes de estado proliferan en toda la región, o para aprovechar la crisis y concentrar más el capital, o para preparar la guerra y la contra-revolución armada [1].
En este sentido, sin desmarcarse de la lógica de guerra interna, pero reformulada, se ha instaurado la redemocratización de América Latina, puesto que ha estado enmarcada en la ofensiva desatada por USA para, a la vez que enfrentar la crisis internacional, reestructurar en provecho propio la economía capitalista mundial. Desde entonces Estados Unidos ha tenido como interés restablecer las bases de una división internacional que le permitan la circulación plena de mercancías y capitales. Por lo que la presión sobre América Latina ha estado orientada en el sentido de fomentar sus exportaciones, aspecto que ha implicado en mayor o menor medida una reconversión productiva, así como el respeto al principio de la especialización según las ventajas comparativas, un mayor espacio al libre juego del capital y la reducción de la capacidad intervencionista del Estado. De esta manera el capitalismo internacional dentro de su proyecto neoliberal, ha integrado a Latinoamérica a una economía exportadora de nuevo tipo, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, ha refuncionalizado su industria para volverla competitiva en el mercado exterior.
Hechos que han implicado para los países de toda la región la destrucción de parte de su capital social, sobre todo en la industria, pues sólo ramas con ventajas comparativas reales o que absorbieran alta tecnología y grandes masas de inversión fueron viables en la nueva división del trabajo. Asimismo dicha reconversión ha implicado también la redistribución del capital social en favor de los grandes grupos industriales y financieros, redistribución que se ha extendido a aquellas porciones en manos del Estado y para tal efecto el FMI ha dado prioridad a la reducción del déficit público. En tanto que, tal reconversión ha venido implicando para las masas, la superexplotación del trabajo y la generalización del desempleo, en cualquiera de sus formas, como resultado de la destrucción de parte del capital social unida a la rápida elevación de los niveles tecnológicos actuales.
En este contexto de explosión social, pese a los cambios habidos en la política exterior norteamericana bajo los auspicios de la democracia global, Washington no ha abandonado la doctrina de contrainsurgencia, como tampoco la atención concedida a las fuerzas armadas de la región [2]. Por lo que no resultará baladí recordar la manera en que Kennedy en su afán por detener la “cubanización” y observando una crisis de hegemonía y económica de las clases dominantes y el imperio estadounidense, diseñó la estrategia de “guerra interna” contra el nuevo tipo de revolución popular que ha venido amenazando al sistema. En este sentido, la evolución de las empresas económicas, el peso cada vez mayor de los trabajadores asalariados en la agricultura, la industria y los servicios, la importancia creciente de la población urbana y de las clases medias, así como la importancia que tuvo la ideología de la URSS y el entusiasmo revolucionario que culminaron con la victoria de la Revolución cubana (que parecía extenderse en varios países del continente) cambiaron el significado nacional y trasnacional en la lucha por el poder.
Así, se da la intensificación de las relaciones militares de Washington con América Latina, la revisión de la política destinada a los regímenes surgidos de golpes de Estado, la naturaleza de los programas de ayuda y el concepto mismo de seguridad en el continente. Justificándose la ayuda militar por el señalamiento de que la seguridad de los Estados Unidos es interdependiente de la seguridad y del bienestar del resto del mundo. Constituyéndose dicha ayuda en tres aspectos fundamentales:
1) El aprovisionamiento y donación de material militar;
2) La posibilidad de vender armamento norteamericano a precios reducidos, y
3) La preparación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en los Estados Unidos o en el extranjero [3].
Guerra de Baja Intensidad y la “guerra al narcotráfico”.
Desde los inicios de la administración Reagan surgieron líneas proclives a superar las dictaduras abiertas; éstas debían ser reemplazadas por regímenes democráticos que legitimaran los gobiernos y las guerras de baja intensidad en curso, así como la implicación estadounidense. Desde 1981 se empieza a estimular la instauración de democracias restringidas o contrainsurgentes, especialmente en países asediados por insurgencias revolucionarias y/o involucrados en el acoso a Nicaragua. Así como en los casos de Honduras (1981), El Salvador (1984) y Guatemala (1986). Además se acudió a partidos religiosos como los demócrata-cristianos, visualizados como aptos para reconstruir dicho consentimiento. Por estos motivos la democratización centroamericana emergió, en parte, como respuesta a las necesidades de legitimación para los Conflictos de Baja Intensidad. Teóricos de la “doctrina Reagan” juzgaban que la gente debería creer en su gobierno. Si ello se lograba, la victoria “estaba a la vista”. De forma que, si el conflicto es político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces resulta vital garantizar la credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Lo que ha tenido como resultado que los procesos de democratización en América Central, tan ligados a requerimientos bélicos, agudizaran su dependencia directa de USA al punto de vulnerar la soberanía de los Estados nacionales [4].
Consistente con una “visión democrática de la seguridad”, los Conflictos de Baja Intensidad, opuesta a las dictaduras abiertas, son pioneros en esta área. Profundamente novedosos destacan la importancia de las formas de Estado, de los modelos de sociedad y de las reformas políticas macrosociales. La democracia es esencial para los CBI: si el conflicto es básicamente político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces es vital asegurar la legitimidad y credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Dentro de esta lógica hemos podido observar la manera en que América Central ha experimentado la democratización, en las últimas dos décadas. Donde, con la excepción de Honduras, la autoridad presidencial ha sido respetada y las elecciones se han celebrado de forma periódica. Por lo que a los ojos de autores como Salvador Martí i Puig, en general, en los países de la región opera un Estado de Derecho con una relativa independencia de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), con un notable control civil de las fuerzas armadas. A pesar de ello, aún persisten notables legados autoritarios y la calidad de la democracia es muy pobre [5]. (Sic)
El paradigma LIC ha suministrado una visión geopolítica novedosa (Norte-Sur), una reorientación estratégica de fuerte contenido ideológico, con un remozado patrón de intervención en el Tercer Mundo aceptable en la era post-Vietnam. La administración Reagan convalidó y alentó el sistema LIC expresamente y sin reservas y, a la vez, abrió el espacio y el consenso para acciones militares unilaterales directas. Así se dieron los ingredientes propositivos para un revival intervencionista de nuevo cuño, que postula un involucramiento selectivo. Inspirado en los CBI, propugna una intervención básicamente indirecta a través de la asistencia externa de seguridad, constituyéndose como el recurso estratégico preferido. Los CBI procuran impedir la implicación con fuerzas propias, pero no la excluyen. De ahí que se prevean acciones directas, aunque el uso de tropas estadounidenses es visto como un último resorte, excepcional, limitado, rápido y con daños lo más bajo posibles, sobre todo en vidas norteamericanas.
En este esquema, la introducción de tropas de combate estadounidense constituiría una señal de que USA “ha perdido la iniciativa estratégica”. Para algunos teóricos es preciso evitar la “norteamericación” de los Conflictos de Baja Intensidad. De lo cual se deriva la importancia de las fuerzas armadas locales y la relevancia de la asistencia estadounidense de seguridad, instrumento crucial para prevenir la intervención directa estadounidense. La asistencia incluye educación, entrenamiento, instrucción, asesoría, provisión y venta de armas y equipos. En situaciones de GBI abierta, se incorporan funciones adicionales: inteligencia, contrainteligencia, conducción de dimensiones no militares como acción cívica y guerra psicológica.
La acción indirecta recaerá en las fuerzas armadas de los países del Tercer Mundo – y dependiendo de ellas. Juzgándose en consecuencia que es esencial alcanzar una maciza unidad de concepción, así como un neto marco de alianzas con dichas fracciones militares. Para lo cual la asistencia de seguridad es un elemento clave en la construcción de consenso. En las últimas tres décadas, el Departamento de Estado y el Pentágono se han abocado a difundir la reformulación estratégica LIC entre las jerarquías castrenses latinoamericanas. Intentando rejuvenecer un consenso hemisférico alrededor de los nóveles diseños, para lo que se subrayan las acciones de influencia sobre los altos mandos militares del subcontinente. Relevantes en este sentido han sido las Conferencias de Ejércitos Americanos.
Consistentes con el consenso post-Reagan, los CBI han brindado una base sólida, al montaje de hegemonía y al bagaje político-ideológico. Por ser una doctrina militar que da preminencia a dichas herramientas. Toda vez que, los CBI cambian la naturaleza de la guerra, la hacen irregular, la prolongan y la convierten en un embate político-ideológico. Donde el centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la “arena político social”. De manera que los LIC no son sólo ni principalmente una solución militar. Los componentes políticos e ideológicos aparecen como prevalentes (en una guerra integral que abraza instrumentos económicos, diplomáticos, militares, de inteligencia y religiosos). La victoria se define ahora por el logro de objetivos políticos planteados, más que por el éxito militar. Por lo que son preminentes algunos ámbitos específicos: la acción cívica, las operaciones psicológicas, el control de poblaciones y la inteligencia. Destacándose el hecho de que el blanco estratégico es la población, más que el territorio (aunque no lo excluye). Y el objetivo estratégico es la construcción de un consenso activo y organizado.
Si bien se utilizan instrumentos bélicos menos sofisticados y un menor volumen de fuego que en el espectro de una guerra convencional, la diferencia sustancial con los conflictos de baja intensidad reside en la naturaleza de la guerra. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional, por lo que “no es simplemente una versión en escala menor de una guerra convencional. No es menos de lo mismo, ni el estadio preliminar del conflicto real”. Los Conflictos de Baja Intensidad abarcan tres tipos de intervención centrales: el antiterrorismo, la contrainsurgencia y un inédito apoyo, con tramos abiertos, oficiales y públicos, a los movimientos contrarrevolucionarios. No obstante, son los dos últimos los que definen, más cabalmente, las transformaciones en la índole de la lucha. A este respecto Sar Sarkesian expreso:
“Las revoluciones son un desafío fundamental para el orden político existente y para aquellos que controlan el poder en el sistema. La esencia de esos conflictos es ganar el control de la estructura gobernante. Aunque todas las guerras son de naturaleza política, las guerras revolucionarias son únicas porque se focalizan en el sistema político social como la principal arena batalla, más que en las fuerzas armadas. Este foco contrasta duramente con la noción convencional y Clausewitziana de que el centro de gravedad en la guerra es la derrota y destrucción de las fuerzas armadas enemigas…Aunque el conflicto armado es una parte importante de la revolución, no es necesariamente la más importante para el éxito revolucionario. Como se dijo, el centro de gravedad es el sistema político social y su coherencia psicológica. Por lo tanto, el cuadro político y los instrumentos psicológicos son más importantes” [6].
Los CBI son una guerra, aunque se trata de una nueva modalidad que trastoca las nociones tradicionales edificadas sobre supuestos de conflicto tradicional. Los CBI no constituyen una guerra en el sentido usual. La tarea crucial no sería destruir las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el apoyo de la población.
Guerra contra las drogas, excusa para atacar a las guerrillas.
La lucha contra el narcotráfico se incorporó tardíamente como misión LIC, por lo que progresivamente fue visualizada por bastos sectores del Congreso y la administración Reagan como un problema grave. El 11 de abril de 1986 Ronald Reagan firmó una Directiva secreta que identifica al tráfico de drogas como una amenaza de seguridad. Concebida la intervención militar en el marco de asistencia de seguridad, se eluden las misiones de combate y se incluyen tareas como el entrenamiento, la provisión de armas y equipos, la inteligencia e interdicción del tráfico.
Con el pretexto de un creciente consumo de crack en los Estados Unidos, la producción y tráfico de drogas ilícitas es evaluado como un riesgo de seguridad, directo o indirecto. Estimándose que el propio territorio estadounidense queda vulnerado, debido a que su población es la mayor consumidora mundial de drogas ilegales. Lo cual provocaría decadencia moral, aumento de la delincuencia y una enorme dilapidación y uso de recursos (compra de narcóticos, gastos de prevención, cura y represión). Instaurándose en el imaginario común la idea de que los “carteles” poseen un alto poder de corrupción, intimidación, violencia y desestabilización, por lo que según el discurso, han solido conformarse como gobiernos paralelos en América Latina. De forma tal que, durante la administración Reagan, en febrero de 1982, declara la “Guerra contra las drogas” como objetivo urgente de Seguridad Nacional, identificando como objetivo central la contención de la cocaína y como amenaza principal a los países productores de América Latina. Posteriormente, en 1986 el mismo Reagan da inicio al proceso de “Certificación” de países productores y de tráfico. Así, durante los primeros años de la década de los ochenta – a diferencia de lo que ocurría durante la administración Nixon – se responsabiliza del problema a la oferta, es decir a los países productores, y no a la demanda, con lo que se dará pauta a la construcción de un enemigo externo.
Y en línea de continuidad, en septiembre de 1989 George Bush firma otra decisión de Seguridad Nacional que pone en marcha la guerra contra las drogas durante su mandato. Con esta decisión se autoriza al ejército estadounidense y a la CIA para que participe de manera creciente en esta guerra contra las drogas, para lo cual podrán utilizar las bases ya establecidas en Colombia, Perú y Bolivia, pero además no sólo podrán acompañar a las fuerzas especializadas de las naciones latinoamericanas en sus tareas de erradicación de cultivos, sino que también podrán asumir tareas por su cuenta.
Operativos que han tenido como objetivo real la intervención de estas naciones, pero especialmente en aquellas donde se han movilizado fuerzas insurgentes de izquierda como el Salvador, Colombia, Perú, etc. A este respecto en 1987 un coronel estadounidense declaraba:
“Si podemos fusionar en la mente del público y del Congreso esta conexión entre drogas y la insurgencia revolucionaria, nos daría el apoyo necesario para confrontar a los terroristas-guerrilleros-narcotraficantes en este hemisferio. Producir tal apoyo sería relativamente fácil una vez que esta conexión quede clara y la Autoridad Nacional de Mando declare la guerra total” [7].
Dentro de este esquema se deben entender los acuerdos firmados por los gobiernos entre USA y Bolivia, Colombia y Perú en la guerra contra las drogas. Así, los acuerdos entre George Bush y Alan García, donde Washington canalizó a Perú 35 millones de dólares para establecer y equipar una nueva base militar en la zona del Alto Huallaga en el supuesto combate al narcotráfico, tuvo como objetivos reales el establecimiento de tropas especializadas en guerra irregular, provenientes del Comando Sur estadounidense – con sede en Panamá – para asesorar y auxiliar a las tropas del Estado peruano en el combate contra le revolución popular que estuvo comandada por el Ejército Guerrillero Popular. Aspecto que se hizo más urgente al finalizar la década de los ochenta, porque la guerrilla ya no sólo ponía fuera de combate a fuerzas del ejército nacional, sino a agentes del imperio.
Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se ha buscado liquidar a fuerzas guerrilleras para lo cual ha sido funcional la popularizaron de términos como el de “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo” acuñados por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, para dar a entender que quienes hacían el negocio de la marihuana y la cocaína eran los diversos cuerpos de guerrilleros que actuaban en aquel país, y que por lo tanto era necesario intervenir y exterminar a la guerrilla para terminar con la siembra de las hierbas y su transformación en drogas.
Misma lógica en la que se expreso Michael Skel, asistente secretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado Norteamericano al declarar que: “No se puede combatir el narcotráfico sin combatir a Sendero Luminoso”[8]. Siendo tal el éxito de dicha operación conceptual-psicológica, que en para grandes segmentos de la opinión pública internacional (donde se pueden incluir algunos medios políticos y académicos), el narcotráfico y sus términos contiguos como narcoguerrilla, se han transformado en el chivo expiatorio de todas las calamidades.
Así es importante recordar la manera en que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), pese a sus diferencias ideológicas, programáticas y sus correspondientes prácticas políticas y militares, ambas organizaciones fueron señaladas como narcoterroristas. Ocurriendo lo mismo en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al ser acusadas de financiar sus actividades políticas y militares con fondos provenientes de la producción y exportación de drogas (cocaína y heroína) hacia USA.
Protegidos por tales pretextos, Washington – y sus efectivos militares distribuidos en la región como los ubicados en Bolivia o en la base militar de Santa Lucia en Perú – prohijaron brutales violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que cometieron las fuerzas militares (o, según fuera el caso, los grupos paramilitares de derecha, tolerados por el Estado) tanto en Bolivia, como en Perú y Colombia. Testimonio de estos hechos lo dan los cerca de 35 000 muertos o desaparecidos que dejó como saldo la lucha contrainsurgente en Perú. También las miles de víctimas de las constantes matanzas de campesinos y los asesinatos selectivos de miles de dirigentes y activistas populares (como promedio 3 500 al año) en Colombia entre 1989 y 1994. Entre los que se encontraron, los pertenecientes a la Unión Patriótica y aproximadamente el 60% de los 5 300 guerrilleros que habían entregado sus armas y se habían reinsertado en la sociedad, después de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del presidente liberal, Virgilio Barco (1986-1990), con el movimiento 19 de Abril (M-19), con sectores del Ejército Popular de Liberación (EPL) y con la organización político-militar indígena denominada Quintín Lame [9].
Dentro de este mismo esquema la administración de William Clinton, hizo evidente la continuidad esencial de sus políticas con las dos administraciones anteriores. Puesta al descubierto por Amnistía Internacional y la sección norteamericana de la organización Human Right Watch. Según estas organizaciones no gubernamentales, entre 1993 y 1997, los Estados unidos le habían entregado “asistencia antidrogas” a unidades de las fuerzas armadas de Perú (entonces virtualmente controladas por el asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos) y colombianas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos en años recientes”. Asimismo en 1997, la Contraloría estadounidense (dependiente del congreso) informó que el gobierno mexicano estaba utilizando helicópteros entregados por las fuerzas armadas norteamericanas para la lucha antidrogas con miras a movilizar tropas contra el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Pese a los acuerdos de paz existentes entre el gobierno mexicano y el EZLN, las tropas mexicanas en la supuesta guerra contra el narco, han sido acusadas de violar flagrantemente los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas y otros estados de la república como Oaxaca y Guerrero.
Denuncias similares han sido realizadas en Bolivia por parte de los campesinos productores de hojas de coca. Al decir de el entonces líder campesino, Evo Morales, las unidades militares y policiales bolivianas, armadas y entrenadas por Washington, bajo el esquema de erradicación de cultivos, habían convertido la región del Chapare en una virtual “zona de guerra”. Resultando de esto que, al menos 63 personas habían sido asesinadas entre 1997-2000. En tanto que otras más habían sido desaparecidas, después de haber sido torturadas en campamentos militares o habían caído en las luchas populares, indígenas y campesinas militares, oponiéndose a los compromisos asumidos en el llamado Plan Dignidad, contra el narcotráfico internacional, asumido por el ex dictador Hugo Bázner y William Clinton.
A esto se le ha sumando desde la administración Clinton una disminución de los llamados flujos de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) hacia América Latina y el Caribe, al concentrarse en la “solución” de asuntos denominados “la agenda negativa” de las relaciones entre Estados Unidos y las naciones de la llamada Cuenca del Caribe. Tales como: el combate al “narcotráfico”, el “lavado de dinero”, el “contrabando de armas”, el “narcoterrorismo” y las llamadas “migraciones incontroladas”. Oficialmente incorporados por la Casa Blanca y el Pentágono a los “nuevos enemigos de la seguridad interamericana”.
Por tales motivos, desde la administración Clinton bajo la denominada Doctrina de la Promoción de la Democracia y el Libre Mercado, han adquirido nueva “legitimidad” los programas de ayuda militar y policial norteamericanos a gran parte de los países latinoamericanos y caribeños, así como para el equipamiento y entrenamiento de sus fuerzas militares y policiales, ya sean preparadas in situ por parte de “boinas verdes” u otros asesores norteamericanos (donde se incluyen contratos particulares, como a ocurrido en Colombia) o las entrenadas en territorio estadounidense. Particularmente en la célebre Escuela Internacional de Policías (SOA), ubicada desde 1984, en Fort Benning, Georgia.
Donde es importante resaltar que, según el grupo norteamericano School of America Watch, aunque esa “escuela de asesinos” ha abandonado “su estrategia de combate al comunismo y sus agentes” para concentrarse en la “guerra al narcotráfico”, no ha dejado de impartir instrucciones contrainsurgentes. Ejemplo de esto son los 778 militares de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que en 1998 pasaron por sus aulas. En tanto que previamente, entre 1996 y 1997, habían recibido instrucción en la SOA 481 militares mexicanos; entre ellos 167 en técnicas contrainsurgentes y 49 en operaciones antinarcóticos. Unido al entrenamiento en otras instituciones estadounidenses de más de 3 000 soldados mexicanos (entre 1995 y 1999), así como el apoyo norteamericano en la modernización de la estructura y armamento del ejército mexicano. Reforzándose asimismo el Escuadrón Aéreo de Fuerzas Especiales con helicópteros estadounidenses UH-60 y MD-500. Creándose además una Brigada de Reacción Rápida y el FBI impartió cursos de capacitación a policías federales y estatales. En resumen, bajo el amparo de la guerra contra el narcotráfico, nuevas generaciones de soldados y policías mexicanos son educados en el contexto de subordinación de México a la estrategia de Seguridad del Pentágono [10].
A las preocupaciones estadounidenses por los conflictos antes señaladas por las insurgencias sociales, se le sumaron en el caso particular de México el hecho de que las elecciones del presidente Calderón estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral señaladas por parte de la coalición opositora conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Actos que estuvieron acompañados por inmensas manifestaciones populares a favor del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y que culminaron en un fraude electoral a favor del candidato de la ultra-derecha del PAN y en un gran plantón en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para desmovilizar y “apaciguar” el gran descontento popular.
A lo cual se le sumaria en el mismo año del 2006, otro evento tal vez de mayor alcance que las elecciones, en el esquema de las preocupaciones insurgentes de México-USA, que fue la insurrección de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en ese mismo estado, que preparó y organizó la lucha de los pueblos y la clase proletaria contra el estado-capital, hasta enfrentarse directamente a las fuerzas federales de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), a la vez que a los escuadrones de la muerte ulisistas, formados por elementos especializados de los cuerpos legales del estado, así como sicarios, asesinos y criminales de los brazos paramilitares de los capitalistas.
Su trascendencia radica en la formación de grupos paramilitares similares a los escuadrones ulisistas y la ocupación territorial del espacio y las ciudades por parte de las fuerzas policiaco-militares del estado-capital acaecido en Oaxaca, y que se vería después en todo México, la divergencia sería que esta vez el Estado impulsará la contrainsurgencia antes de que la población pudiera levantar y cerrar el paso a la muerte, como sucedió con la APPO, mediante las barricadas, la autodefensa de masas, y la heroica resistencia de los pueblos y la clase proletaria. Ante estas circunstancias, la militarización y paramilitarización, no tienen como objetivo real, el combate a la “delincuencia organizada”, que en realidad es solo uno de los nombres del estado-capital, sino impulsar una estrategia de contrainsurgencia preventiva para evitar que experiencias como la APPO se repitan en el país.
Muestras de esta preocupación fueron expresadas el 14 de junio de 2009, por el General Leonardo González García, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien puntualizo como las dos principales preocupaciones del Ejército Mexicano a la guerrilla y el narcotráfico, en tal orden [11]. De manera tal que la contrainsurgencia preventiva se ha enfilado contra de las numerosas insurrecciones y grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Tendencia Democrática Revolucionaría – Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Comando Jaramillista Morelense (CJM), además del EZLN.
Así, la contrainsurgencia, encubierta bajo la guerra al narcotráfico, se viene derivando del hecho de que son considerados como importantes factores de “inestabilidad” por los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a los grupos guerrilleros que han estado en constante aumento abarcando una gran cantidad de estados al interior de la República, como Oaxaca, Estado de México, Morelos, Veracruz, Distrito Federal y Chiapas. En lo cual tiene gran peso a los ojos de capitales extranjeros y nacionales, el hecho de que la gran mayoría se opone al modelo neoliberal en el cual se incluye la llamada integración profunda en América del Norte. [12]
No debemos olvidar, tal como lo hace Pilar Calveiro al indicar que lo que pasa en la actualidad no puede considerarse una mera continuidad de lo que pasó durante la guerra sucia, que la estrategia de contrainsurgencia preventiva, constituye una práctica histórica del imperialismo estadounidense en la región de América Latina, y de la cual actualmente se ha servido, con la ayuda de los gobiernos panistas o el actual priista en turno para profundizar la subordinación directa de los cuerpos policiaco-militares, con miras de garantizar el avance de la colonización y la agresión del estado-capital contra la población y el proletariado.
Cuanto y más cuando ella misma reconoce que de todas las denuncias de desapariciones durante el periodo de contrainsurgencia en los 70, en México, 82% ocurrieron en Guerrero. El mismo estado donde el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la escuela Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Política de desapariciones que se ha sostenido, aunque disminuyó a alrededor de diez casos “oficiales” por año. Se ha mantenida de manera selectiva por décadas, hasta naturalizarse en el escenario político mexicano. Pero que se ha vuelto a exponenciar a partir del año 2000, particularmente del 2006, de la mano con la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Así, Pilar Calveiro comete un grave error al señalar que las víctimas de las desapariciones de hoy en día ya no son necesariamente los disidentes políticos, sino los miembros periféricos de las redes criminales, personas utilizadas como mano de obra desechable, tal como nos quiere hacer creer el discurso oficial [13].
Pasa por alto la lógica contrainsurgente de viejo cuño a la que viene respondiendo la guerra al narcotráfico, y que en nuestro país toma mayor fuerza a partir de la instauración de la “Iniciativa Mérida”, lanzada en 2008, puesto que ha incluido, además de muchísimo dinero, la intervención cada vez más directa de los cuerpos policiaco-militares imperialistas como la DEA, el FBI, el Departamento de estado, entre muchos otros, manifestación concreta de la tendencia actual de profundizar la dependencia histórica del país que se viene dilucidando en la región de Latinoamérica, a partir de una aguda profundización de la dependencia que se ha venido dando con Norteamérica, desde México, hasta Colombia, incluyendo Centroamérica. Expresiones de esto han sido el “Plan Colombia”, el golpe de estado en Honduras de 2008, la escalada de la violencia narco-paramilitar en Guatemala, y el conjunto de los efectos de la guerra contra el pueblo en México, que también afectan a El Salvador [14].
Así, en el caso particular de México, desde los 80’ por influencia del Pentágono se ha utilizado paulatinamente como pretexto la “guerra contra el narcotráfico”, para aumentar el control estatal sobre las áreas con conflictos entre ciudadanos y autoridades locales complicado aun mas la situación. Aunque especialmente Felipe Calderón, sin noción de la razón de Estado, sitúo al país en una condición de debilidad más profunda ante una eventual intervención del Pentágono. Situación que sea mantenido y agudizado con Peña Nieto, al no contemplar el hecho de que nos encontrarnos en medio de una de las crisis económicas mundiales más severas de la era moderna, y aplicar políticas económicas recesivas, anti-populares y entreguistas en materia petrolera, nutriendo las tensiones de clase y el caldo de cultivo de los males que ambas administraciones dijeron combatirían [15].
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Bibliografía.
Álvarez Gómez Ana Josefina, compiladora. “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. UNAM, FES ACATLAN, 1991.
Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988.
Ezcurra María Ana. “El conflicto del año 2000. Bush: intervencionismo y distención”. El juglar editores, 1990.
González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988.
González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013.
Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980.
Marini Ruy Mauro en; “Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994.
Montiel T. Fernando. “Morir por nada. Narcotráfico y violencia de Estado en México”. L.D. Books, 2012.
Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009.
Hemerografía
Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos
Notas
César Ramón González Ortiz esSociólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
[1] González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988. Pág. 11
[2] Marini Ruy Mauro en: Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994. Pág. 88
[3] Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980. Pp. 121-125
[4] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 99-100
[5] Salvador Martí i Puig, Diego Sánchez-Ancoechea. “La transformación contradictoria: Democracia elitista y mercado excluyente en Centroamérica”. revistas.ucr.ac.cr › ... › Martí i Puig
[6] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 92-94
[7] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pág. 86
[8] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pp. 87-88
[9] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pág. 166
[10] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pp. 168-169
[11] Ibíd. Pág. 11
[12] Boletín de Política Exterior de México Época, Herrera Santana David, “Bases para la comprensión de la Iniciativa Mérida. Seguridad en la Relación México – Estados Unidos. No. 2, FCP y S-UNAM, enero-marzo de 2010. Pág. 10
[13] Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos
[14] rebelion.org/noticia.php?id=163813
[15] González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013. Pp. 100 a 103.
CALPU
http://www.lahaine.org/mundo.php/contrainsurgencia-guerra-de-baja-intensidad
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