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25 septiembre 2015

Uribe y el Centro Democrático desvarían en torno a la Paz en Colombia




En la tarde de ayer el Presidente Juan Manuel Santos y el máximo dirigente de las FARC Rodrigo Londoño cuyo nombre de guerra es Timochenko, se estrecharon la mano en La Habana, sobre ellas se posaron las del Presidente de Cuba, Raúl Castro. Con este gesto sellaban un Acuerdo en torno al tema de la justicia, entendida como castigo, la cual era uno de los principales escollos en la Mesa de Negociación. 

Las principales líneas del Acuerdo son: 

· Se firmará el acuerdo final a más tardar dentro de seis meses, es decir, el 23 de marzo de 2016 y a los dos meses las FARC dejarán las armas. 

· Se creará una Jurisdicción Especial, con jueces mayoritariamente colombianos y algunos extranjeros invitados, cuyo marco será el ordenamiento jurídico interno en sintonía con los acuerdos y tratados firmados por Colombia a nivel internacional. “Es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición. [i] Se dará también oportunidad a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos para que participen y se tendrá en cuenta todo lo acumulado por la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de la República. 

· Se otorgarán amnistías o indultos por delitos políticos y conexos por medio de una ley. 

· La nueva Jurisdicción se encargará de los delitos de lesa humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra: arts. 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma), que no serán indultados. 

· Quienes reconozcan delitos no amnistiables o indultables y cuenten la verdad tendrán penas privativas de la libertad que pagarán en granjas agrícolas, de entre cinco y ocho años, y no perderán la posibilidad de hacer política tanto en el tiempo de reclusión como posterior a él, sin desconocer el componente de restauración y reparación a las víctimas. Quienes no se sometan a ello pagarán penas de hasta 20 años en cárceles ordinarias. 

· Esta Justicia Transicional va dirigida también a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a civiles que hayan tenido participación en graves violaciones de los derechos humanos. 

· Los colombianos aprobarán o rechazarán estos acuerdos mediante “refrendación popular” (Santos) 

Ante este hecho histórico, el partido Centro Democrático expresó su posición en cabeza de su líder el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. En un documento titulado “Preocupaciones iniciales sobre el acuerdo entre Gobierno y FARC” [i] se hacen nueve objeciones a lo alcanzado en La Habana. Resumiré, cuando se pueda, cada una de ellas (en negrilla) e inmediatamente daré mi opinión al respecto. 

“1.- No cárcel… Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo…” : Respetable opinión. 

“2.- Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo: El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países… Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia…quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel.”: En cuanto a lo primero, aplicar la misma justicia a soldados y policías de las Fuerzas Armadas gubernamentales es una enorme concesión para ellos, pues el servidor público que porta un arma lleva consigo la confianza que la sociedad le otorgó, es su obligación respetar la ley; en todos los ordenamientos jurídicos del mundo el agente del estado tiene una pena agravada cuando comete un delito. Centenares de militares presos por horrendos crímenes y miles de ellos procesados por “ejecuciones extrajudiciales” (falsos positivos) deben estar sintiendo un enorme alivio. En cuanto a lo segundo, ningún militar tendrá que confesar nada que no haya hecho: el que nada debe, nada teme. 

“3.- Igualación de la sociedad civil con el terrorismo…constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista. Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel.”: Esto va dirigido a los que impulsaron y participaron en grupos de justicia privada o paramilitares mayoritariamente responsables de genocidios (masacres), desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, tortura, desplazamientos…Uribe quiere para ellos total impunidad. En cuanto a la responsabilidad de cualquier ciudadano, lo ya dicho, el que nada debe, nada teme. 

“4.- El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político.”: Las legislaciones y la doctrina jurídica establecen dos componentes básicos para calificar el delito político, uno es el sentido altruista de la lucha que se expresa, entre otros, en el manejo de los recursos económicos, por ejemplo, y el otro es el de la motivación que impulsa las conductas delictivas. Si los bienes jurídicos lesionados, en este caso la salud pública, la libertad de las personas y su patrimonio, sirvieron para financiar a los rebeldes que actuaron sin ánimo de lucro e incentivados por un ideal, no es descabellado declarar al narcotráfico y al secuestro como delitos conexos. Justamente este fue el criterio para que la Corte Constitucional no le concediera el estatus de sediciosos a los paramilitares en la Ley 975/2005 denominada de Justicia y Paz, el ánimo de lucro de éstos combatientes era evidente, contraviniendo así el interés de Uribe en aquel entonces Presidente de la República. 

“5. El Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades.”: Respetable opinión. 

“6. El Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera.”: La política es el arte de lo posible. ¿Quién sabe cuánto y dónde está el dinero de las FARC? ¿Tienen las FARC bienes económicos susceptibles de embargar? El Estado ha hecho lo que ha podido y ha judicializado a sus testaferros, no obstante el Acuerdo habla de reparar y restaurar a las víctimas, habrá que llenarlo de contenido. En cuanto a la dejación de armas es algo que está por acordar. 

“7. La indignante presencia de jerarcas de la tiranía de Venezuela que posan de acompañantes del proceso: Rechazamos la presencia de la dictadura de Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas y hoy anunció más cierres de frontera.”: Respetable opinión el no compartir la presencia del gobierno venezolano, al igual que la calificación que hacen de él, pero lo que sí no tiene presentación es la frase “ayer…[el gobierno venezolano] acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas”. El delito de genocidio, el crimen de crímenes, está tipificado en el art. 101 del Código Penal colombiano y en el art. 6 del Estatuto de Roma, el primero inspirado casi en su totalidad del segundo. 

Veamos: Artículo 101. Genocidio . El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros …[o] cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 2. Embarazo forzado. 3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.Como podrá concluirse nada de lo aquí descrito ha ocurrido en la frontera, es más de la reciente reunión de presidentes en Quito no se aprobó un reproche tan siquiera en cuanto a la violación de los derechos humanos en general, no quiero negar con esto que empujones y palabras vulgares seguramente abundaron en el procedimiento de desalojo de irregulares colombianos en Venezuela, pero de ahí a calificar que hubo un genocidio sobre centenares de familias hay una distancia enorme. 

“8. Las facultades ilimitadas al Gobierno, ley habilitante al mejor estilo chavista, y la suplantación de la Constitución para complacer al terrorismo, constituirán una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo.”: Respetable opinión. 

“9. El Centro Democrático sigue en el compromiso de interpretar a millones de colombianos que quieren una paz estable, esto es, con justicia de verdad, que quieren una refrendación reflexiva, con las reglas vigentes, y no un plebiscito dictatorial, a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de estado que se trama contra la democracia, para lo cual se aprovecha, con oportunismo sin igual, la época electoral, como sucedió en las elecciones de 2014”: Respetable opinión. Uribe va en contravía de los estándares internacionales en materia de responsabilidad penal de los agentes del Estado, quiere total impunidad para los particulares que cometieron horrendos crímenes, afirma que todo colombiano y todo policía o soldado debe declarase culpable de actos que no cometió, desnaturaliza la esencia del delito político reconocida por las legislaciones democráticas del mundo, ve genocidios en la frontera con Venezuela y para terminar “alerta” a los colombianos de un Golpe de Estado que se fraguará en Colombia por parte del poder ejecutivo, con la complicidad del poder legislativo y con el apoyo de las bombas y fusiles del terrorismo. Definitivamente está desvariando.


Notas




http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203688

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