Aldo F. Álvarez
He sostenido siempre que el llamado poder político “partidocrático” –una verdadera distorsión del ejercicio del poder político democrático representativo y del sistema mismo de partidos- se puede ejercer de muchas formas, aun bajo subterfugios “legales”; pero lo que tenemos entre manos en el país, es en realidad un intento perenne de controlar las instituciones públicas -aquí debemos decir que el término “controlar” sólo alude a la intencionalidad de poner las instituciones al servicio de intereses partidarios-, con el exprofeso propósito de preservar los intereses estructurales de los grupos económicos de poder, en su intento por el control del aparato de Estado, lo cual está creando una descomunal crisis institucional y por otro lado está haciendo que nuestro sistema político de democracia representativa se esté tornando en un sistema plutocrático, con un sistema de partidos actuando más como “facciones” y en forma autocrática –adonde el poder interno fluye de la cúpula a la base-, volviendo nuestro sistema de partidos en una especie de plutocracia “por representación”. Es ésta la definición más depurada que puedo hacer de la “partidocracia” desde la perspectiva de las ciencias políticas.
Son al final los intereses de estos grupos los que se encuentran claramente planteados en el intento de “controlar” para el caso, instituciones como la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, etc., para privilegiar los intereses de los grupos de poder económico que “financian” los partidos políticos mayoritarios, sin importar que no se logren modernizar las instituciones, que no se logren realmente investigar casos de posible corrupción, y lo que es peor, que no se cumpla con la institucionalidad y así burlar precisamente el control del poder público. Así de grandes son los intereses estructurales involucrados y así de enormes son las convicciones democráticas de tales grupos económicos de poder.
Recientemente el pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se iniciara el respectivo procesamiento penal contra el diputado y directivo de la Asamblea Legislativa, Reynaldo López Cardoza, por supuesto enriquecimiento ilícito.
Aquí el señor Fiscal General de la República tiene un reto impresionante que le podría dejar frente a la población con un meridiano prestigio, si logra demostrar su verdadera independencia frente a la investigación del delito y a la probable injerencia de grupos fácticos de poder y la “partidocracia” completa. Ojalá que el partido al que pertenece este diputado, no vaya a intentar “canjear” el posible no procesamiento penal de este funcionario, seriamente señalado por supuesto enriquecimiento ilícito, a cambio de los votos de ese partido para la reelección del actual Fiscal Martínez, ya que si de algo sabe dicho partido es de ese tipo de “negociaciones”, baste recordar cómo llegamos a la dolarización y por cual incidente y de qué diputado.
Es ésta la oportunidad real que tiene el Fiscal General de demostrarle a la población que su aspiración a una reelección es merecida y que no pretende seguir haciendo de la institución “tapadera” de la corrupción ni santuario de la impunidad, ni de grupos, ni de partidos, ni de personas, más allá de las intenciones que tenga de lograr los apoyos político-partidarios para su reelección.
Pero en puridad y franqueza, hay que decir que a la “partidocracia” estima que le conviene seguir teniendo el “control” de una institución tan crucial como es la Fiscalía General de la República, pues de esa manera se aseguran de que los grandes casos de corrupción presentes y pasados no sean investigados a fondo y, además de eso, seguir cooptando las instituciones para sus intereses, y más bien, los de los grupos de poder económico detrás de ellos.
Mientras los partidos sigan en su lógica “furibunda” de ver la manera en que controlan la institucionalidad clave del país, mediante argucias retóricas, maniobras “soslayadas”, apariencia de transparencias de procesos -pensando que los ciudadanos no nos damos ni nos daremos cuenta de lo que intenten hacer por ejemplo en el caso de la Fiscalía General- y mientras no sea el interés del país, de la institucionalidad y del combate a la corrupción e impunidad, estarán poniéndose de espaldas nuevamente a las aspiraciones del pueblo que cada vez está menos dispuesto a que sigan comportándose en la forma partidocrática interesada, en que hasta ahora lo han hecho.
¿No quieren una CICIES en el país? ¡ELIJAN ENTONCES UN FISCAL INDEPENDIENTE Y SIN ATADURAS PARTIDARIAS DE NINGÚN TIPO! Un fiscal que esté a la altura de los anhelos más sentidos de la población, sobre el combate a la corrupción e impunidad. Si no, ¡ENCAREN LAS CONSECUENCIAS!
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