Por Ernesto Vera Mellado*
La Habana (PL) Los acuerdos rubricados aquí en 2015 por las delegaciones de la mayor y más longeva guerrilla de Colombia y del gobierno de ese país, allanaron el camino para un posible pacto de paz definitivo el próximo año.
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Tras la firma del consenso sobre Víctimas el 15 de diciembre último, los equipos de trabajo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Ejecutivo de Juan Manuel Santos expresaron la disposición de emplearse a fondo para abordar el tema del fin de la guerra.
La asistencia de varias delegaciones de esos afectados directos a la Mesa de Conversaciones de La Habana para presentar propuestas, unido a los criterios vertidos por la población en diversos foros fueron fundamentales para el logro de estos entendimientos.
El mencionado acuerdo, cuarto de la agenda de seis pactada, comprende la conformación de un Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como compromisos con la promoción, respeto, y garantía de los derechos humanos.
Incluye trascendentales iniciativas como la creación de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la jurisdicción para la paz y medidas específicas de reparación.
Este es el único proceso desarrollado en Colombia en el cual se creó un mecanismo con competencias para conocer sobre las violaciones de los derechos humanos e identificar a sus responsables, y un sistema integral para atender el problema de las víctimas, además de combatir la impunidad.
Tras su firma, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, señaló que el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la confrontación pronostica el posible fin de la guerra y el advenimiento de una paz firme.
Aseguró que el sistema brinda justicia para todos de manera equilibrada y equivalente, sin desbalances, y no deja espacios para inequidades presentadas en anteriores intentos pacificadores.
Por su parte, el jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, Iván Márquez, apuntó que sitúa el derecho a la verdad en el vértice superior del sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para conocer sobre lo ocurrido durante el conflicto.
El 15 de diciembre quedó sellado también el convenio parcial sobre justicia firmado el 23 de septiembre, durante un encuentro del presidente Santos y el Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, en La Habana, en presencia del mandatario cubano, Raúl Castro.
En esa ocasión, Santos afirmó que la condición fundamental del proceso es romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y armas, y señaló que la renuncia al empleo de esos instrumentos de muerte debía culminar a la mayor brevedad.
A nosotros como gobierno, dijo, nos corresponde brindar las garantías de seguridad a las FARC y emplearnos a fondo en la implementación de los acuerdos, para poner en marcha las transformaciones que hemos pactado: la reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas, y ahora los acuerdos sobre víctimas.
La jurisdicción especial para la paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario, y un Tribunal para la Paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer testimonios y reconocer responsabilidades.
Esta, afirmó Jiménez, debe impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del acuerdo de paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo, no se acometan los cambios estructurales que brinden garantías de no repetición de lo ocurrido.
Ambas delegaciones establecieron en esa oportunidad un plazo de seis meses para alcanzar un pacto definitivo, para lo cual se comprometieron a acelerar los debates.
Con ese espíritu, establecieron en octubre la aplicación inmediata de medidas para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los desaparecidos, materializadas el 17 de diciembre pasado con la primera entrega de los restos de esas personas a sus familiares.
Las partes decidieron, además, que tras la firma del Acuerdo Final activarán una Unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas.
Más allá de las divergencias que prevalecen dada la magnitud y complejidad de los asuntos a resolver, ambas partes califican como viable e impostergable el esfuerzo por detener la guerra que ha ocasionado más de 300 mil muertos y millones de víctimas directas.
De hecho, el proceso iniciado oficialmente en noviembre de 2012 con sede permanente en La Habana, Cuba y Noruega como garantes y el acompañamiento de Chile y Venezuela, exhibe resultados que lo sitúan como el más exitoso de cuantos se han intentado para Colombia.
Los avances experimentados, así como la colaboración lograda en temas como el de la eliminación de minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados y municiones sin estallar, resultado del compromiso asumido por las partes en marzo pasado, permiten augurar un fin exitoso de estos diálogos.
La esperanza de paz que movilizó a la sociedad colombiana tras 60 años de conflicto podría fortalecerse con la anunciada oficialización de un cese el fuego bilateral que facilite el éxito de este esfuerzo pacificador.
* Periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina.
Em/ale/evm
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