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Corrupción generalizada en la esfera política por Arnaldo Pérez Guerra. Grandes grupos económicos “invierten” en campañas políticas para obtener privilegios y evitar necesarias transformaciones económicas y sociales. Chile es considerado uno de los dos países con menos corrupción en Latinoamérica, según los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, sin embargo, el flagelo crece aceleradamente.
En noviembre del 2014 una investigación tributaria evidenció un foco de corrupción empresarial: el pago del Fondo de Utilidades Tributarias —creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para que las grandes empresas no pagaran impuestos sobre la mayoría de sus utilidades—, que dio paso a otros, develando una corrupción generalizada en instituciones públicas y privadas, que incluso salpicó al entorno de la presidenta Michelle Bachelet.
Lo que comenzó como un fraude al fisco, terminó siendo una espiral de corrupción que ha involucrado a importantes grupos económicos que financiaron ilegalmente a postulantes al Congreso y a candidatos a la presidencia.
A Penta —que emitió boletas por honorarios y facturas falsas para evadir impuestos y costear las campañas de integrantes de la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI)— , se suman día a día nuevas empresas ligadas a grandes holdings que operan en los sectores financieros y extractivos: Sociedad Química y Minera (SQM), Corpbanca, perteneciente al grupo Saieh, Corpesca, de la corporación empresarial Angelini, y las transnacionales Aguas Andinas, Endesa y otras.
Estos grupos económicos financiaron igualmente las campañas electorales de Andrés Velasco —exministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet (2006-2010)—, del diputado izquierdista Marco Enríquez-Ominami, y a la propia Bachelet. Ha trascendido que Andrónico Luksic, quien encabeza el principal grupo empresarial del país, colaboró dadivosamente con la última campaña de la mandataria, aunque se desconocen los millonarios montos involucrados.
Luksic está implicado en el caso Caval, en el que está involucrado el hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos. El Banco de Chile, de propiedad de Luksic, concedió un crédito de 6.5 millardos de pesos (equivalentes a US$10 millones) a Natalia Compagnon, esposa de Dávalos. El crédito, solicitado a través de su empresa Caval, fue aprobado el 16 de diciembre del 2013, al día siguiente que Bachelet ganara la segunda vuelta presidencial, y fue negociado por Dávalos y Compagnon directamente con Luksic. El dinero fue utilizado para la compra de un terreno agrícola en la localidad de Machalí, en el centro del país, para especulación inmobiliaria. Dávalos y Compagnon son investigados por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
El caso provocó el desplome de la popularidad de la presidenta y una crisis política de impredecibles efectos. Denuncias por colusión No es un misterio que transnacionales y holdings contratan y pagan a funcionarios y políticos para obtener información privilegiada o un trato preferencial.
A fines de octubre se destapó el escándalo del “cartel del confort”, en referencia a una de las marcas de papel higiénico. Dos empresas fijaron ilícitamente precios y se repartieron el 90% del mercado del papel higiénico durante una década. Casos similares son la colusión de farmacias descubierta en el 2008, y la de empresas avícolas destapada en el 2011. Pero las penas de cárcel por colusión fueron derogadas en el 2003 por el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006), sustituyéndose por multas y clases de ética.
El académico Tito Flores, doctor en Gobierno y Administración Pública, señaló a Noticias Aliadas que el principal costo que ha implicado la crisis es la profunda desconfianza e incluso desesperanza que se ha instalado en la ciudadanía.
“Las elites aparecen ante la población como si se hubieran confabulado con el fin de generar beneficios particulares que les favorecieran, y no el interés general con una perspectiva país. Lo complejo es que hablar de confianza es hablar necesariamente de capital social y, a la vez, de fortaleza institucional. La crisis de corrupción ha afectado dos pilares insustituibles para una convivencia y cohesión social robustas”.
“La espiral de corrupción puso en evidencia una relación incestuosa entre política y dinero que acepta como normal los negociados. A eso se agrega una enorme crisis de credibilidad y la inexistencia de una legislación clara. Urge una nueva Constitución, leyes sobre transparencia y probidad que impongan nuevas reglas del juego, endurecer las penas y controles”, comentó a Noticias Aliadas el científico político Rodrigo Guerra.
El costo social de la corrupción se evidencia en que hoy Chile es uno de los países con mayor desigualdad. “Según la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] la pobreza afecta a casi un tercio de la población; el 10% más rico recibe un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre, y el grupo más afectado son los niños, el 23.5% de ellos. La pobreza seguirá reproduciéndose si los ciudadanos no toman en sus manos la responsabilidad de cambiar el sistema”, afirma el periodista y director de revista Punto Final Manuel Cabieses en un editorial.
“Esta realidad —agrega Cabieses— golpea como bofetón en la cara a un pueblo que soporta la precariedad y hasta carencia de servicios públicos de salud, educación, seguridad social, vivienda, transporte, etc. Mientras, las grandes empresas mineras, pesqueras y forestales gozan de privilegios tributarios que hacen de Chile un paraíso del capitalismo. Se necesita un cambio muy profundo que solo puede acometer una Asamblea Constituyente elegida para elaborar y someter a plebiscito una Constitución que estimule la participación y que consulte la revocación de las autoridades y la cárcel para cohechadores y cohechados”.
Según Flores, una lección de la crisis ha sido asumir que “contrariamente a lo que señalaban mediciones internacionales el excepcionalismo chileno en materia de corrupción no es más que una ilusión. Urge reparar y restituir la confianza dañada y establecer medidas preventivas que reduzcan la posibilidad de ocurrencia de casos similares. El poder judicial debe actuar en forma independiente y libre de presiones, de manera tal que los responsables reciban sanciones, caiga quien caiga. En cuanto a lo preventivo, aparecen en la dirección correcta las medidas anunciadas por el gobierno. Implican avanzar en mayor transparencia y aclarar los vínculos muchas veces opacos entre negocios y política”. Necesario control ciudadano Bachelet creó el Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción. Pero la cúpula política desde la centroizquierda hasta la ultraderecha está transversalmente comprometida con el gran empresariado. Muchos no entienden aún cómo la coalición Nueva Mayoría, que llevó a Bachelet al poder, terminó comiendo de la mano de Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet y dueño de SQM, o que los negociados de la nuera de Bachelet involucraran a militantes de la UDI y excolaboradores de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del dictador. Lo cierto es que entre 2012 y 2013, SQM desembolsó al margen de la ley más de $360,000 para financiar la postulación presidencial de Bachelet.
Las últimas investigaciones abrieron otra arista: el millonario pago de parte de los industriales pesqueros (Corpesca) a políticos y parlamentarios para que resguardaran sus intereses en los debates en el Congreso sobre la Ley de Pesca.
En su primera administración, Bachelet promulgó la Ley de Transparencia, pero los últimos casos de corrupción demuestran que poco y nada sirvió.
“Los sectores políticos con representación parlamentaria han comprometido su apoyo a las propuestas anticorrupción del Consejo Asesor. Pero ninguna iniciativa propone atacar el corazón de la corrupción, o sea el sistema que la reproduce. La corrupción es el sueldo que paga el gran empresariado, evitando así las transformaciones económicas y sociales que Chile necesita. El gobierno evita señalar cómo y por qué se produce”, añade Cabieses.
Flores precisó que “para que cualquier esfuerzo sea sostenible es importante fortalecer la capacidad ciudadana de ejercer control y auditoría sobre el actuar de los servicios públicos. Este proceso, denominadoaccountability o control ciudadano, resulta indispensable para establecer contrapesos frente a la acción del Estado”.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206312
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