La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.
La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.
Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.
La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.
Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.
El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.
Anuncios en la disputa del consenso
La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.
Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.
Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.
El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.
La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.
Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.
Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.
En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.
No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.
Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.
Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.
Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.
Compensaciones insuficientes
Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.
Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.
Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.
Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.
El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.
Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.
Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.
Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.
El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.
En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.
Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209143
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