Por Giorgio Trucchi
La Misión Internacional “Justicia para Bertha Cáceres” presentó su Informe preliminar tras una visita de cinco días a Honduras
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 21 de marzo culminó su visita la Misión Internacional “Justicia para Bertha Cáceres”, que tenía el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Bertha Cáceres, y sostener la urgencia de la liberación inmediata del activista y coordinador de Otros Mundos Chiapas,
Gustavo Castro Soto.
El sociólogo mexicano fue testigo del asesinato y resultó herido durante el ataque mortal que costó la vida a Cáceres. Ahora está siendo impedido de abandonar el país por las autoridades hondureñas.
Integrada por parlamentarios, juristas, defensores de derechos humanos, expertos y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa[1], la Misión arrojó datos muy preocupantes.
De acuerdo con el informe preliminar que fue presentado en una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, Honduras se ha convertido en “uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y hombres defensores de derechos humanos, en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio”.
Para los integrantes de la Misión internacional, en el país centroamericano no se estarían garantizando el respeto a los principios democráticos, ni las libertades fundamentales y derechos humanos establecidos por la normativa nacional e internacional.
Ese contexto crea las condiciones para que haya “sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas”, señaló la Misión.
También evidenció la existencia de “fuertes vinculaciones del gobierno con poderes economicos representados por grandes empresas y entidades financieras nacionales y transnacionales”, que promueven proyectos de explotación territorial que entran en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades que viven en dichos territorios.
No hay voluntad política del gobierno
Los integrantes de la Misión denunciaron la falta de voluntad política de parte del gobierno hondureño “para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país”, en particular hacia los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de derechos humanos, lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del Estado.
“No hemos captado la menor voluntad de transparencia ni de comunicación, pero no solo hacia nosotros, sino hacia la sociedad en su conjunto. Lo que hemos encontrado han sido evasivas, contradicciones (…), en definitva ha sido muy frustrante, en un tema tan importante que genera tanta preocupación y alarma social. Es decepcionante la falta de voluntad de transparencia, de comunicación sincera, clara, proactiva y positiva por parte de esta administración”, dijo el eurodiputado Miguel Urbán Crespo.
Tampoco funciona el sistema de protección de los derechos humanos del Estado de Honduras.
Tanto el asesinato de Bertha Cáceres como el de decenas de activistas, defensores y periodistas que, como la coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh) gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh), evidencian la incapacidad de las autoridades “para acabar con este tipo de crímenes, violaciones a los derechos humanos y la impunidad”.
En este sentido, la Misión consideró el asesinato de la ganadora del Premio Goldman 2015 no como un hecho puntual, “sino en el marco de la represión continua y sistemática de las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras”, se lee en una nota de prensa divulgada la noche de ayer (21/3).
También señaló el impacto sumamente negativo sobre pueblos y comunidades de los Tratados de libre comercio (Tlc) -como el Cafta firmado con Estados Unidos y el Ada firmado con la Unión Europea- que facilitan y promueven megaproyectos “que son aprobados sin evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades”.
No más “Agua Zarca”
Asimismo mostró mucha preocupación por la escalada de militarización que hay en el país, en particular en los territorios en los que surgen conflictos sociales y ambientales, como el de Río Blanco, donde desde hace unos años las comunidades Lenca, organizadas en el Copinh, luchan contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Los integrantes de la Misión alertaron sobre el agravamiento del proceso de criminalización del Copinh, que ratificaría la presunta existencia de vinculaciones entre la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), concesionaria del proyecto Agua Zarca, grupos financieros y el mismo Estado.
A ese propósito, pidieron la suspensión inmediata del proyecto y de todas las concesiones que se han dado en territorio Lenca sin una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo instaron a desmilitarizar dichos territorios y respetar la autonomía territorial y el autogobierno de las comunidades Lenca, reconociendo al Copinh como organización responsable de su autonomía comunitaria.
También pidieron dar cumplimiento al Convenio 169, reconociendo a las comunidades Lenca y a los demás pueblos originarios hondureños “el pleno derecho a ser salvaguardas, protectores y gestores de sus territorios y bienes comunes, de la naturaleza y de su cultura”.
En este sentido exhortaron al Banco centroamericano de integración económica (Bcie), la Compañía financiera holandesa para el desarrollo (Fmo) y a la Finnfund, todos involucrados en el financiamiento del proyecto Agua Zarca, “a transformar la suspensión temporal de sus inversiones en definitiva”.
¡Liberen a Gustavo Castro!
La Misión internacional reafirmó de forma contundente que “no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México. Como testigo directo del asesinato de Bertha Cáceres, su vida corre peligro al permanecer en Honduras”.
Instó a los gobiernos de México y Honduras a emprender un diálogo al más alto nivel “para garantizar la pronta y segura salida de Gustavo Castro del país y su retorno con su familia”.
Asimismo urgió “la inmediata aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica en materia de Derecho Penal entre México y Honduras”, pidió que la integridad física y psicológica, y el respeto a su vida y sus derechos humanos, “sean el centro de todas las acciones en las cuales Gustavo Castro tenga que participar”.
“Gustavo Castro es una figura tan relevante como Bertha Cáceres. La Misión Internacional denuncia su retención ilegal en Honduras”, dijo Gustavo Lozano, académico y abogado de la Coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (Mapder y Rema).
Investigación transparente, independiente e imparcial
Además de recomendaciones de carácter general al Estado de Honduras sobre la necesidad urgente de acabar con la impunidad y la intimidación, persecución y criminalización de las organizaciones sociales y populares, la Misión internacional instó a implementar con carácter obligatorio “las medidas cautelares dictadas por la Cidh”.
También pidió “adoptar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos y agresiones cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”.
En el caso del asesinato de Bertha Cáceres, la Misión instó al gobierno a asumir “los errores y deficiencias” que han conducido a su asesinato y a el de Nelson García, también miembro del Copinh, “sancionando a los responsables materiales e intelectuales, ofreciendo las correspondientes medidas de reparación a su familia y al Copinh”.
Recogiendo la petición de los familiares de Bertha y el Copinh y respondiendo a la amplia desconfianza social que genera la impunidad de los múltiples asesinatos ocurridos hasta la fecha, la Misión manifestó su respaldo a la demanda de una investigación transparente, independiente e imparcial, con la participación de organismos internacionales de derechos humanos, como la Cidh.
También afirmó que el Consejo Europeo debería suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de “alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Finalmente, solicitó al gobierno de Estados Unidos que “aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Bertha Cáceres”.
“Próximamente se preparará un informe final y habrá un trabajo intenso de incidencia política con las instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este caso. El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional es de poner todo su empeño para conseguir justicia para Bertha Cáceres”, concluyó Tom Kucharz, integrante de la Campaña Global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.
Fuente: LINyM
Notas:
[1] Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Candelaria Ochoa – Diputada del Congreso mexicano
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.
Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
http://kaosenlared.net/el-gobierno-de-honduras-no-tiene-ninguna-voluntad-politica-de-luchar-contra-la-impunidad/
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