Jorge Castillo
Por la inexistencia de una Política Criminal de Estado y el desinterés de los últimos seis gobiernos para fortalecer la inteligencia criminal, ocurre la actual guerra social.
Ésta se libra en dos dimensiones: 1º) La legal, donde se encuentra el régimen político y la institucionalidad democrática. En ese plano operan las entidades empeñadas en perseguir las pandillas criminales. El respeto al orden constitucional y a los procedimientos legales establecidos rige la actuación de miles de hombres (policías, soldados, fiscales y jueces) bajo la inquisidora mirada de quienes protegen los derechos humanos de los delincuentes terroristas.
2º) La extra-legal. Aquí actúan un poco más de 60 mil pandilleros organizados y unos 300 mil familiares dependientes. Su sobrevivencia cómoda (como lo muestra el reciente caso hondureño) se debe a la habilidad para convertir en negocios “lícitos” lo recaudado por la extorsión. El accionar de pandillas, redes de sicarios, extorsionistas y estrategas de su abyecto proyecto criminal, no respeta ningún marco constitucional ni legal, a diferencia de los límites legales a los que se sujetan quienes los combaten.
En la década de los años 80 El Salvador vivió otra guerra bidimensional. La propició el FMLN histórico, cuyos escalones de fuerza (Ejército Popular, Ejército Guerrillero, Ejército Político de las Masas de la Revolución y Comandos Urbanos) actuaron desde una dimensión absolutamente extralegal, enfrentando al estamento militar, a los cuerpos de seguridad para desbaratar el imperfecto sistema democrático. Fue un proyecto ambicioso denominado “estrategia revolucionaria para la toma del poder político”.
Aquí, la Fuerza Armada y la Policía estuvo bajo otras inquisidoras miradas: la del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aunadas por la lluvia de denuncias anti-gobierno emanadas de redes manipuladas por la Comisión Político Diplomática (recaudadora de apoyos políticos y financieros) por políticos taimados (que una vez alcanzada la paz salieron del clóset) y por los infaltables países solidarios (complacientes) con la insurgencia y el terror.
Hoy en día, el accionar de las pandillas y sus redes de sicarios, narcos y extorsionistas, son favorecidos por un factor exógeno a ellos: la polarización política de la clase dirigente. Esa polarización impide alcanzar los mínimos acuerdos para enfrentar tan grave problemática. Es tanto el desespero ciudadano, que tan solo escuchar la posibilidad de decretar un régimen de excepción focalizado mueve a muchos a ver con buenos ojos esa medida extrema, cuya visión cuantitativa (más soldados y policías para recuperar territorios) vendría a ser como colocar un “parche nuevo en tela desgastada”.
Antes de decretar un régimen de excepción, la clase dirigente debería hacer un alto reflexivo y preguntarse: ¿Por qué se tolera la ineficiencia de ciertos funcionarios del área de seguridad? ¿Qué es lo que no funciona de la estrategia? ¿Por qué no se fortalece la inteligencia criminal para evitar que ciegos conduzcan a otros ciegos?. Un alto reflexivo también debería implicar llegar a decisiones radicales:
1º) Desechar la confrontación, lo cual no es opcional sino obligatorio.
2º) Dialogar sin agendas escondidas, para tener posibilidades reales de ponerse de acuerdo en parar el baño de sangre.
3º) Legislar a tono con el fenómeno, golpeando donde duele: guerra económica a las pandillas para cortar de tajo la operación de sus negocios, los flujos de efectivo bancario y la adquisición de inmuebles, que les permite reproducir crímenes y llevar una vida cómoda.
4º) Llamar reservistas, no tanto en función de cantidad (más tropas para acompañar a más policías) sino en función de calidad, convocando a la oficialidad y especialistas de inteligencia expertos, que al final de cuentas son los que realmente contuvieron a los terroristas de ayer, empleando la inteligencia como una efectiva arma de combate.
La guerra es bidimensional. Sin inteligencia criminal jamás se romperá el soporte económico de las pandillas. Un régimen de excepción supone la suspensión de algunos derechos constitucionales, algo que no es justo para la gente honrada. Lo que procede es quitarle el agua al pez.
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